¿Quiénes se benefician cada año con las Obligaciones a Cargo del Tesoro?

El 32.7% de los gastos previstos en el proyecto de presupuesto estatal para el 2022 se destina a Obligaciones a Cargo del Tesoro.

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Estos son recursos comprometidos, por ley, y deben entregarse a diversas instituciones y entidades descentralizadas, aunque no haya una visión u objetivo de desarrollo económico.

En la propuesta de presupuesto de ingresos y gastos para el 2022 que está en discusión en la Comisión Finanzas del Congreso por Q103 mil 992 millones, a las Obligaciones a cargo del Tesoro se signan Q34 mil 65 millones, que equivale al 32.7% del total.

En este rubro están las asignaciones que establecen la Constitución y leyes específicas u ordinarias para dotar de recursos públicos tanto para su funcionamiento como para inversión.

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Entidades como el Ministerio Público (MP), Organismo Judicial (OJ), la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), Municipalidades, Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), Tribunal Supremo Electoral (TSE), y Clases Pasivas, son algunos rubros que se cubren con las Obligaciones a Cargo del Tesoro.

Del total indicado, Q20 mil 755 millones se destinan a funcionamiento y Q13 mil 310 millones, a inversión. El monto es menor a los Q42 mil 306 millones vigentes para el 2021, que estuvo influenciado por los efectos de la pandemia, a pesar de que el monto aprobado, según Finanzas, fue de Q33 mil 594 millones.

De acuerdo con un análisis del presupuesto que elaboró el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien en relación al presupuesto readecuado de 2021, los principales incrementos para el 2022 serían: Q1 mil 638.8 millones para el sistema de justicia (MP+OJ+CC); Q1 mil 151.3 millones para las municipalidades.

También Q536 millones para otros aportes del Estado (CHN más Fondo para la Vivienda más Indemnizaciones igual otros aportes para contingencias más resarcimiento Chixoy); Q524.7 millones para servicios electorales (TSE); Q341.3 millones para administración fiscal (SAT más devolución de impuestos); Q228.5 millones para aportes a los Consejos Departamentales de Desarrollo; y Q.202.0 millones para protección social (IGSS más CONADI).

También señala que se propone financiar el 9.3% de los aportes y transferencias totales mediante bonos del tesoro; el 2.6%, con disminución de caja y bancos de recursos del tesoro; el 1.9%, a través de préstamos externos (aunque el 21.9% de los desembolsos corresponden a un préstamo en gestión); y el 0.2%, con donaciones externas.

“Bolsones” para funcionamiento

Los grandes “bolsones” en funcionamiento para 2022 se concentran en varios renglones e instituciones:

A las Clases Pasivas del Estado, se destinarán Q5 mil 225 millones; al MP, Q3 mil 206 millones; OJ, Q2 mil 669 millones; USAC, Q1 mil 899 millones; y TSE, Q686 millones, al que también se asigna un aporte extraordinario de Q500 millones.

Para el Comité Olímpico guatemalteco se proponen Q111 millones; Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, Q447 millones; Congreso de la República, Q599 millones; Instituto de la Defensa Pública Penal, Q328 millones; e Instituto Nacional de Electrificación (INDE) Q360 millones.

Para aportes por contingencias, Q280 millones; Registro Nacional de Personas (Renap), Q160 millones; y Resarcimiento Chixoy, Q107 millones, entre otras asignaciones.

Respecto a los fondos para inversión, las Municipalidades y los Codedes, son los principales ganadores con el monto de sus asignaciones: Las comunas administrarán Q8 mil 771 millones y los Codedes, Q2 mil 937 millones, que totalizan Q11 mil 708 millones.

“Se carece de visión”

El economista Juan Alberto González Jacobo, experto en temas territoriales, remarcó que hay muchas obras que surgen en la comunidad e incentivan la participación social y muchos de los recursos se destinan a inversión, pero su impacto será más social, en cuanto a servicios y construcción.

“Se carece de políticas de gobernanza, en el sentido de desarrollar proyectos de impacto económico y social, con obras que beneficien a varios grupos de municipalidades e incluso de departamentos”.

Entre estas obras mencionó la construcción de terminales de transporte, centros de acopio de productos agrícolas, plantas de tratamiento aguas, mercados, que generan impacto en la actividad de construcción, así como cuando estas ya están en funcionamiento.

Citó como ejemplo, que, en el lago de Atitlán, en Sololá, todas las municipalidades y los Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocodes), podrían trabajar de forma conjunta en plantas de tratamiento de los desechos sólidos que son importantes en la zona, impulsar la reactivación local y crear fuentes de empleo, pero lamentablemente, se carece de esa visión.

“En el área costera del país, también hay varios proyectos que pueden desarrollarse con una visión multiregional, interdepartamental o de mancomunidades, pero no hay condiciones que favorezca esa inversión, ya que cada uno está velando por su propio territorio, a pesar de que los problemas rebasan la competencia territorial.

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Economía informal y migración

González Jacobo, aseguró que si se manejan de forma correcta los recursos para las Municipalidades, Codedes y Cocodes, estos pueden reducir la economía informal, así como los flujos migratorios hacia Estados Unidos.

“Si hay una visión de perspectiva de desarrollo, una clara discusión y un genuino interés, se pueden atender diferentes programas económicos desde los Cocodes y Municipalidades”, aseguró.

El experto sugirió que los mismos Consejos o Municipalidades puede crear condiciones de inversión con los migrantes, para que participen en el desarrollo de proyectos en beneficio de la comunidad, con las remesas que envían desde Estados Unidos. Y con un plan de mixto, crear un clima de inversión sano en desarrollo y no depredatorio.


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