Cacería ilegal, la pandemia de la naturaleza

Con menos visitantes en los parques nacionales, varias especies han salido de sus refugios, lo cual aprovechan los cazadores furtivos. La falta de recursos dificulta el combate de estas mafias que trafican animales vivos o venden pieles y carne.

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En la selva petenera habitan especies como el jaguar, que hoy están en peligro por la caza ilegal. (Foto Prensa Libre: Cortesía Gabriel Urruela)
En la selva petenera habitan especies como el jaguar, que hoy están en peligro por la caza ilegal. (Foto Prensa Libre: Cortesía Gabriel Urruela)

Hace tres semanas, el guardarrecursos Gabriel Urruela conducía de noche por la Reserva de la Biosfera Maya y su automóvil se atascó. Entre la penumbra observó cómo varios hombres, rifles en mano, se adentraban en la selva.

Eran cazadores y esta no fue la primera vez que se topaba con ellos.

Sin la presencia de personas en la selva de Petén, jaguares, jabalíes, tapires, coatíes, venados y faisanes salieron de sus guaridas para asomarse a los parques y senderos naturales, como tomando un respiro de la invasión del hombre a su hábitat.

Mientras los animales se muestran lejos de su refugio, aprovechando la escasez de turistas, la caza furtiva gana terreno, al haber menos ojos que controlen esta práctica ilegal, lo que supone un peligro para mantener el equilibrio biológico.

El incremento de asentamientos humanos cercanos a las áreas protegidas agudiza el problema, pues cada vez más personas penetran en territorio de la vida silvestre y cazan sin control. Las autoridades poco pueden hacer en un área de 21 mil 602 km2 —la extensión de la Reserva de la Biosfera Maya —.

El poco personal para patrullajes, lo inaccesible del terreno y las restricciones de movilidad, por la pandemia, dificultan resguardar el lugar.  Según César de la Cruz, jefe de la División de Protección a la Naturaleza de la Policía Nacional Civil (Diprona), las denuncias de cazadores furtivos aumentaron en los últimos meses, aunque solo se ha podido capturar a uno.

Desde que comenzó el confinamiento, los conservacionistas del mundo advirtieron de esta amenaza, en un escenario en que muchos pobladores perdieron su medio de vida y cazan para sobrevivir, otros aprovechan que la atención está centrada en la pandemia para incurrir en este delito. Se escuchan casos en México, Perú y Brasil, pero la práctica se extiende por Europa, Asia y África.

Cazadores han sido captados por cámaras trampa dentro de los parques nacionales en Petén. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

 

Entre la selva petenera

La  cacería ilegal no es ajena en la región. Ahora, con más personas en la zona y la crisis por el covid-19,   se ha vuelto frecuente. De por sí, en el área rural de Petén el empleo fijo es limitado, la mayoría de  pobladores se dedica  a la agricultura y el trabajo en la ganadería es temporal, situación que agravó la pandemia, con lo que la economía de las familias ha sido fuertemente golpeada.

“Por el coronavirus, todos los proyectos arqueológicos, incluso la actividad con la hoja de xate, de la que dependen muchos comunitarios del área, está  paralizada, entonces  toda esta gente está desempleada, sin ingresos económicos, y se voltearon a la montaña para cazar”, señala Francisco Asturias, de la Fundación para el Desarrollo y la Conservación (Fundaeco) en Petén.

Sin trabajo y sin el dinero que llegaba a sus bolsillos gracias al turismo, muchos comunitarios cazan para consumo personal, lo cual es permitido con autorización. Pero traspasan la línea cuando comercializan la carne de sus presas, cazan de manera ilegal en las áreas protegidas e incluso  se adentran en los parques nacionales, donde está prohibido cazar.

Para practicar la cacería, las personas necesitan   una licencia extendida por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), además de cumplir con los requisitos establecidos por la ley.

El venado es una de las especies más buscadas por los cazadores furtivos, pues venden su carne. (Foto Prensa Libre: Cortesía Gabriel Urruela)

Aparte de no tener licencia, Asturias señala que las personas no respetan la época de veda —tiempo en  que está prohibida la caza—, y esto puede llevar a la extinción de ciertos especímenes. Deben regirse al calendario cinegético que dicta las especies, cuotas, fechas y regiones autorizadas para cazar, a escala nacional.

Al disminuir la población de una especie animal también se atenta contra los depredadores  como jaguares y pumas, que ven diezmada las presas para alimentarse, y se altera el ciclo de la vida en la selva.

“El cazador le dispara a todo lo que se mueve”, denuncia el conservacionista de Fundaeco, y esto es un problema, pues estos meses de pandemia han coincidido con el período en que la mayoría de  aves y  mamíferos tienen crías. Si disparan contra un venado, por ejemplo, puede que sea una hembra que dejó a sus crías escondidas en el nido, las cuales probablemente no sobrevivirán sin  madre.

Todas las especies están en riesgo, por la caza y el comercio ilegal de “carne de monte”, como se le conoce en Petén. Las presas más buscadas para este fin son venado, jabalí, cabro, coche de monte y tepezcuintle, así como las aves silvestres grandes como pavo petenero, cojolita, pajuil y faisán. Pero si  en busca de una de estas especies al cazador se le atraviesa un mono, un jaguar, un puma o un tapir, igual le dispara.

Asturias reconoce que la cacería está descontrolada y que quizá haya personas en pobreza que recurren a ella por subsistencia. No lo justifica, y por ello señala que debe hacerse bajo las normas establecidas. El problema, según afirma, es que en Guatemala la caza no se ve como una amenaza al ecosistema.

El pavo petenero es otra de las especies que peligra dentro de la Reserva de la Biosfera Maya, pues es cazado para comercializar su carne. (Foto Prensa Libre: Cortesía Gabriel Urruela)

“Vamos a reaccionar cuando ya todo esté extinto. Hay comunidades que necesitan comer, está bien (…) es allí cuando los programas sociales del Gobierno deberían actuar, para que no cacen”, agrega.

Fernando Baldizón, del Conap y director regional de Petén, menciona que la cacería es una de las amenazas en las áreas protegidas y ha estado presente, principalmente, en los sitios que son borde de actividades de ganadería y de agricultura, así como asentamientos humanos y puntos de deforestación.

Sin embargo, no tienen reportes de que   haya aumentado en los últimos meses, como efecto de la pandemia. Los registros de los últimos cuatro años de la Unidad de Control y Protección muestran que este ha sido uno de los años con menos decomisos. Solo se tuvo uno en enero, y se incautó un tepezcuintle.

A criterio de Asturias, no hay capturas por falta de denuncias, y se debe a que los guardaparques temen represalias por parte de los cazadores. Además, comenta, la ley no establece un castigo severo, sin dejar a un lado la corrupción.

Amenaza cercana

Juan José Romero  es guardarrecursos del Biotopo El Zotz, en  San José. Indica que han detectado cazadores furtivos de comunidades cercanas que ingresan al área tres veces por semana. Se movilizan en grupos de seis  y salen cargando varias presas.

Ya han identificado la ruta de comercio de esta práctica ilícita: la carne la trasladan desde San Andrés hacia el mercado central de Santa Elena, y de Flores, donde el producto se puede comprar a diario.

“Le hemos dado seguimiento a la ruta del negocio, y hasta hay centros de acopio, almacenes donde enfrían y guardan la carne en las aldeas, y luego la baja a San Andrés y después al mercado”, agrega.

La libra de carne de monte es más barata que la de res. La de venado se consigue a unos Q10, mientras que la de aves como pajuil o pavo, a Q6. El bajo precio hace que las personas la consuman, y la demanda mantiene activa la cacería furtiva.

Carnes como la del coche de monte es comercializada a bajo precio. (Foto Prensa Libre: Cortesía Gabriel Urruela)

En el recorrido de Melchor de Mencos a El Naranjo  es usual encontrar en el menú de los restaurantes platillos a base de venado, tepezcuintle o faisán, especies que solo se encuentran en la Biosfera Maya.

En el Biotopo Dos Lagunas son personas de la comunidad de Uaxactún las que se dedican a la cacería furtiva, según Romero, y los pobladores de esta concesión forestal comunitaria los tienen identificados, pero no los denuncian.

En tanto, en el sitio arqueológico Quemada Corozal son varios los grupos que actúan, cada uno integrado por tres personas, y entran más de dos días por semana al área.

De acuerdo con   Asturias, antes de la pandemia  la presencia de turistas no permitía que los cazadores se acercaran, ahora ya se les ve en los parques arqueológicos. Los ha denunciado a  las autoridades más de una vez, pero todo queda en el papeleo, refiere.

En febrero pasado, cámaras trampa instaladas estratégicamente en el Parque Nacional Biotopo Dos Lagunas captaron a cazadores que ingresaron en motocicletas, acompañados por perros. También los han encontrado en los parques Mirador-Río Azul, Tikal, Yaxhá  y   Laguna del Tigre.

Se han efectuado patrullajes combinados con las fuerzas de seguridad, pero, como dice Romero, “es jugar al gato y al ratón”, el área por cubrir es extensa y no hay suficiente personal para hacer las rondas.

Solo en el Parque Nacional El Mirador, de acuerdo con Fundaeco, se requieren 50 guardaparques más y cinco puestos de control nuevos, además de vehículos para movilizarse en la zona.

La caza furtiva no solo atenta contra la fauna petenera, sino también daña el bosque. Una táctica utilizada por los cazadores para acorralar a sus presas es  prender fuego a la maleza, pero cuando está seca las llamas se salen de control. Así fue como se originó el incendio que en abril de este año arrasó con los árboles y la vegetación en Biotopo San Miguel La Palotada, más conocido como El Zotz.

Estos siniestros tienen un doble propósito, las personas saben que, por el proceso natural de regeneración, la maleza volverá a brotar y los herbívoros se acercarán en busca de alimento, con lo que se garantizan que tendrán presas para la próxima temporada.

El tapir es una especie que se encuentra en la selva petenera. (Foto Prensa Libre: Cortesía Gabriel Urruela)

 

Contra la corriente

Urruela colabora con Fundaeco y Global Conservation, y su área de trabajo es  el Parque Nacional Mirador Río Azul y el Biotopo Dos Lagunas.

Durante sus recorridos  por el área se ha encontrado con los cazadores  y varios de sus compañeros han recibido amenazas de muerte por advertirles de que la cacería en los parques está penada por la ley. Los han denunciado ante  las autoridades, pero   huyen. Como medida de protección, los guardarrecursos suelen usar chalecos blindados.

“Estos cazadores se jactan de que cazan dentro de las concesiones y es difícil comprobar que están dentro del parque. Además, ellos necesitan una licencia de cacería y permiso para portar armas… No las tienen y no hay quién fiscalice eso”, denuncia Urruela.

En Uaxactún, en febrero pasado el Conap autorizó 17 licencias de caza de autoconsumo, pero en la práctica  las personas no se limitan a conseguir presas para alimentar a sus familias, sino para comercializar la carne.

Efecto del covid-19

Baldizón  menciona entre los impactos negativos de la pandemia  la disminución del turismo, lo que representa menos recursos económicos para el Estado y, por consiguiente, para la administración de las áreas protegidas.

El covid-19 también forzó a reducir el personal operativo, hubo necesidad de retirar a los trabajadores mayores de 60 años y que afronten padecimientos crónicos, para protegerlos del contagio.

Pese a ello, asegura, las actividades de campo, los patrullajes y la presencia de personal del Conap en los puestos de control y centros de operaciones interinstitucionales continúan, la dificultad a la que se enfrentan es que deben hacerlo con menos gente.

En campo cuentan con 283 personas  para cubrir la Reserva de la Biosfera Maya. No es suficiente, como tampoco el presupuesto asignado, unos Q30 millones.

“El tema ambiental no es una prioridad para los planes de gobierno. En países como el nuestro hay otras prioridades, como salud, educación y seguridad. El plano ambiental regularmente está siempre relegado en ese sentido, en presupuesto y en prioridades del Estado”, señala Baldizón.

De la Cruz coincide con el director regional en Petén en que tienen la buena voluntad de contrarrestar  la caza furtiva, pero las instituciones del Estado carecen de insumos para hacer el trabajo.

Diprona cubre alrededor de 12 centros de operaciones interinstitucionales en puntos estratégicos dentro de la reserva petenera, en coordinación con el Conap y la Brigada Especial de Operaciones de Selva (BEOS). Cada 15 días, el personal ingresa a la selva y se instala en el campamento para hacer patrullajes cortos y de largo alcance; pasado ese tiempo  es relevado.

La pandemia también afecta el trabajo de instituciones que velan por  el resguardo de la vida silvestre en Petén.

Rony García Anleu, director de Investigaciones Biológicas de Wildlife Conservation Societ (WCS), afirma que entre los obstáculos está la dificultad para trasladarse a los campamentos  y seguir con las medidas de seguridad para mantenerse libres del contagio del covid-19.

Algunos miembros de su equipo han dado positivo al virus, lo que ha obligado a guardar cuarentena a quienes compartieron en los campamentos y en vehículos con ellos.

En el Parque Nacional Tikal, varios proyectos previstos para este año quedaron relegados por la crisis sanitaria, y poco a poco se retoman, con los recursos y el personal   disponibles.

Uno de esos proyectos es la actualización del plan maestro del parque, además de la sustitución de las escalinatas del Templo IV, que tiene más de 10 años, así como continuar con el cambio de los techos de guano natural de los ranchos por palma sintética, indica Jorge Roldán, director del parque.

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