Según el Banco Interamericano de Desarrollo, hay cerca de cien mil aplicaciones educativas disponibles en las principales plataformas, pero aprovecharlas es un reto para el sector educativo, sobre todo ahora que la pandemia sacó a la superficie la necesidad de contar con tecnología para las modalidades educativas a distancia.

Según el Ministerio de Educación (Mineduc), ocho mil establecimientos educativos no cuentan siquiera con red de energía eléctrica, y solo 30% tienen acceso a la red.

Las autoridades del Mineduc justifican que en el modelo educativo nacional no es indispensable el uso del internet o computadoras, ya que utiliza otros materiales didácticos, como guías de aprendizaje.

“Estamos apuntándole a un modelo híbrido, que no descansa en lo virtual pero sí en el uso de materiales educativos con pertinencia cultural”, explica la viceministra técnica de Educación, Saida Aragón.

No obstante, algunos estudios sostienen que el acceso a la banda ancha facilitaría servicios básicos como la educación, a fin de superar la pobreza.

“Puede servir de habilitadora para llevar estos servicios a lugares remotos, mejorar la experiencia del usuario o aumentar la eficiencia en la provisión de los mismos”, indica el documento Economía Digital en América Latina y el Caribe, del BID.

El 4 de marzo último, los diputados de oposición Samuel Pérez y Román Castellanos presentaron una iniciativa de ley que busca liberar y garantizar el acceso a los portales y dominios de internet educativos, así como los portales de información pública de las instituciones estatales.

El proyecto plantea que los proveedores de servicios de internet deberían liberar el acceso a los portales educativos avalados por el Mineduc, y prohíbe la liberación de portales de entretenimiento.

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Pérez asegura que la iniciativa ha recibido comentarios positivos de diputados oficialistas, aunque reconoce como un obstáculo para su aprobación el que durante los últimos meses la agenda legislativa esté paralizada.

La brecha en el acceso a internet es notoria entre el área rural y la urbana. Un estudio del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y Microsoft señala que al menos 77 millones de personas que viven en territorios rurales de América Latina y el Caribe carecen de conectividad con estándares mínimos de calidad.

Mientras en el área urbana siete de cada 10 personas cuentan con ese servicio, en la ruralidad se reduce a cerca de cuatro de cada 10.

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Una encuesta masiva desarrollada por la iniciativa After Access en Guatemala, Perú, Paraguay y Ecuador reveló que de la población rural que no utiliza internet, el 38% dijo no hacerlo porque no sabía usarlo y otro 26% declaró no saber qué era.

Particularmente en Guatemala, 4.6 millones de personas no utilizan celular, 9.8 millones no tienen una computadora y 8.7 millones no tienen acceso a internet, según el último censo, del 2018 (INE).

Existen iniciativas nacionales e internacionales que han procurado en la última década lograr mayor penetración del internet en territorios como Guatemala, donde aún hay hogares que ni siquiera cuentan con una red de energía eléctrica.

Raúl Solares, vicepresidente del capítulo guatemalteco de la Sociedad de Internet (Isoc), una organización mundial de voluntarios que aspira a la inclusión digital, considera que la iniciativa de ley prsentada en el Congreso tiene un buen espíritu, aunque podría encontrar oposición de algunos sectores. Por ello considera necesario discutir estas propuestas y socializarlas entre múltiples actores.

Solares explica que hay iniciativas a escala internacional que podrían imitarse, pero los esfuerzos por diversificar el acceso a internet deben ser liderados por el Gobierno.

“En otros países han creado un gabinete que vela por la inclusión y el desarrollo digital. Este coordina a ministerios para ver cómo avanzar y analizar qué otros actores, como la academia, pueden intervenir. Ahí nacen políticas públicas”, dice Solares.

En muchos casos, el nivel de inversión que se requiere en infraestructura en ciertas comunidades es elevado y el “Estado debe crear las condiciones para que el sector llegue”, afirma el entrevistado.

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Otra ruta para reducir la brecha digital, según Solares, es la búsqueda de financiamiento externo, como el préstamo que recientemente gestionó el Ministerio de Comunicaciones por US$70 millones con el BID, para lograr una mayor penetración de banda ancha en Quiché, Alta Verapaz, San Marcos y Huehuetenango.

“Los beneficiarios del programa serán instituciones educativas, dependencias públicas conectadas y los estudiantes y ciudadanos que hagan uso del acceso a servicios digitales en los sitios públicos conectados de los departamentos de Quiché, Alta Verapaz, San Marcos y Huehuetenango”, se lee en un comunicado del BID. Este préstamo aún debe ser aprobado por el Congreso, dijo el ministro de Finanzas, Álvaro González Ricci.

Verónica Spross, de Empresarios por la Educación, que integra la coalición de organizaciones por un internet asequible (A4AI, en inglés), afirma que es importante tener un plan o estrategia que permita ampliar la cobertura a escala nacional.

Unas de las recomendaciones al Gobierno son definir una entidad coordinadora para impulsar la agenda digital, respaldada con recursos públicos; actualizar el marco normativo vigente y adoptar un plan nacional de banda ancha con objetivos concretos.

+ Cobertura

Uno de los desafíos para un proyecto como se plantea es que exista cobertura total. Las principales operadoras de telefonía, Claro y Tigo, coinciden en que para conseguir expansión de la red en el país deben superar dificultades que van desde permisos de construcción hasta seguridad y proporcionalidad de cobros por instalación en infraestructura.