Revista D

José Mujica, el austero

Reza una anécdota de José Alberto Mujica Cordano, presidente de Uruguay, que cuando este fue electo por primera vez para la Cámara de Diputados llegó a la investidura en su motocicleta Vespa y se parqueó en el lugar reservado para diputados y senadores. La seguridad se le acercó y le preguntó si se iba a quedar mucho tiempo. Él contestó: "Si me va bien creo que como cinco años". La seguridad no entendió y quiso desalojarlo, por lo que Mujica tuvo que mostrar su documentación que lo habilitaba para el Senado.

Junto a su esposa la senadora Lucía Topolansky.

Junto a su esposa la senadora Lucía Topolansky.

“Un presidente humilde”, dicen de él en las redes sociales. Se trata de José Mujica Cordano, quien a sus 77 años también es calificado como el mandatario más pobre del mundo.

El estilo de vida sencillo de Mujica ha llamado la atención de los medios, como lo muestra un reportaje de BBC Mundo, “por no estar acorde al de un jefe de Estado del siglo XXI”.

Mujica prefirió seguir viviendo en la misma granja en las afueras de Montevideo que tenía antes de ser electo que en la residencia presidencial de Suárez y Reyes.

Allí puede verse su ropa tendida y la de su esposa, la senadora Lucía Topolansky, con quien se casó en el 2005, luego de una larga convivencia. La pareja no tiene hijos.

De su preparación académica se sabe que tiene estudios de Derecho, sin concluir.

Tiene tres tractores, dos autos Volkswagen y una perra coja, Manuela. No maneja Twitter ni correo electrónico. La granja está custodiada por tan solo dos policías, y los fines de semana le gusta dedicarse al cultivo de flores y hortalizas.

Ante los señalamientos, Mujica dice: “Pobres no son los que tienen poco. Pobres son los que quieren mucho”. “Yo no vivo con pobreza, vivo con austeridad, con renunciamiento. Preciso poco para vivir”.

Pasado tormentoso

A mediados de la década de 1960, Mujica fundó el Movimiento de Liberación Nacional (MLN, Tupamaros), junto a un grupo de jóvenes guerrilleros. Esto lo llevó a caer prisionero por la dictadura cívico militar de aquel entonces y permanecer preso durante 14 años en distintas unidades militares.

Fue hasta 1985, cuando retornó la era democrática a Uruguay, que Mujica fue liberado, gracias a una amnistía.

Años después se integró a la política formal con el partido Movimiento de Participación Popular (MPP) de la coalición Frente Amplio. Logró ser electo legislador por tres períodos consecutivos, de 1995 al 2005.

Durante el gobierno de Tabaré Vásquez fue nombrado ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca. Finalmente, en los comicios generales del 2009 ganó la Presidencia para el período 2010-2015.

Su fortuna no rebasa los US$200 mil, y su salario como mandatario, de unos US$12 mil mensuales, lo dona en un 90 por ciento a obras de ayuda social.

Aparte de su estilo de vida, las opiniones de Mujica también han dado de qué hablar. Este mes comentó que su gobierno estudia una experiencia piloto en los hospitales, para tratar las adicciones a las drogas que incluya un suministro “acotado y preciso” de marihuana.

Popularidad

La simpatía del presidente uruguayo ha trascendido fronteras, aunque algunos de sus detractores señalan que a mitad de su gobierno, esta ha descendido.

En febrero el jurado del Premio Iberoamericano Libertad Cortes de Cádiz decidió, por unanimidad, concederle el galardón a Mujica, entre otras razones, “por su afirmación en el servicio a sus compatriotas como primer objetivo de su misión presidencial…”.

De acuerdo con las encuestas de marzo, la popularidad del presidente Mujica subió de 50 al 53 por ciento y su gestión es aprobada por el 47 por ciento de sus compatriotas.

En el Informe Global del Programa de Naciones Unidas 2013, Uruguay ocupa la posición 51 en el Índice de Desarrollo Humano (IDH), entre 187 naciones del mundo. Los años de escolaridad promedio son 8.5 y el índice de pobreza multidimensional es de 0.006 por ciento.

Recientemente, la ONG holandesa Drugs Peace Institute propuso a Mujica como candidato a premio Nobel de la Paz por su proyecto de otorgar al Estado el control de la producción, distribución y comercialización de la marihuana para luchar contra el narcotráfico.

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