La nota, en realidad, era el decreto 916, en la cual el entonces presidente Orellana indicaba los motivos por los cuales suspendían las garantías individuales contenidas en la Constitución.
La principal razón era que “actividades insidiosas y antipatrióticas de ciertos elementos” tendían “a interrumpir la tranquilidad pública y el desarrollo del país”, lo que, a la vez, imposibilitaba resolver el problema económico nacional.
Aunque El Imparcial no circuló en forma regular en días anteriores, producto del boicot del Estado, el 26 de mayo dejó de publicarse por tiempo indefinido. El periódico Al Día corrió con el mismo infortunio.
“Orellana demostró todo lo contrario a lo que prometió al asumir el cargo: respetar la Constitución”, consigna el sociólogo Guillermo Díaz Romeu en un estudio publicado en la Historia General de Guatemala.
Sin dar noticia
A partir de entonces, solo los medios afines al Gobierno podían circular.
En la Hemeroteca Nacional se conservan rotativos con informaciones intrascendentes, entre ellos los del Diario de Guatemala. De El Imparcial, ni rastro.
La historia dio un giro repentino el domingo 26 de septiembre, cuando, a las 00.15 horas, murió Orellana, durante un viaje de descanso en Antigua Guatemala. Se encontraba en una habitación del Hotel Manchén. “Un violento ataque de angina de pecho puso fin a la vida del ilustre mandatario”, explicaba el Diario de Guatemala en una edición especial, ese mismo día.
El Imparcial estaba imposibilitado de dar cobertura a aquel acontecimiento.
El general Lázaro Chacón asumió la presidencia y de inmediato levantó la suspensión de las garantías constitucionales y se pudieron volver a publicar Al Día y El Imparcial. Este último reapareció el 1 de octubre y en su edición reconocía el “acto de justicia” de Chacón.
Días más tarde dio a conocer el informe forense de la muerte de Orellana, noticia que nunca pudo informar en su momento.
