Una investigación reveló que diferentes ramas estatales estuvieron involucradas en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, México.

El medio estadounidense, The New York Times, publicó mensajes de texto que revelan la participación de militares, policías, funcionarios y narcotraficantes en la desaparición forzada de los 43 estudiantes.

El grupo criminal llamado Guerreros Unidos que opera en la parte sur del país contaba con la cooperación de diferentes actores políticos claves. Según el medio obtuvieron 43 mil mensajes de texto y archivos de investigaciones.

El 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos desaparecieron mientras trataban de salir de la ciudad de Iguala, Guerrero a bordo de buses que habían tomado.

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Los normalistas buscaban participar en la conmemoración del 2 de octubre en la Ciudad de México, sin embargo cinco de los buses fueron interceptados por la policía municipal y luego desaparecidos.

Los mensajes fueron interceptados por la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por su sigla en inglés), debido a una investigación por tráfico de drogas.

Apoyo estatal

Se señala que comandantes de la policía recibían órdenes directas de narcotraficantes y uno proporcionó armas al grupo criminal.

Militares siguieron el secuestro de los jóvenes, sin embargo no los auxiliaron pues habían recibido soborno. Un miembro del ejército incubrió a elemesntos policiales vinculados en la tragedia y proporcionó armas a hombres de los Guerreros Unidos.

Inlcuso un forense está implicado, pues las pruebas muestran que envió fotografías de los cadáveres como evidencia del crimen.

Las pruebas demuestran la implicación de las autoridades, los sobornos y hasta filtraciones sobre los movimientos de las fuerzas del orden.

Confusión

Según la información del diario estadounidense, los estudiantes irrumpieron en la ciudad en buses similares a los que utilizaba el cártel para el trasiego de drogas, por lo que Guerreros Unidos dio la orden de atacar.

En ese contexto, el grupo criminal tenía riñas internas y estructuras enemigas iban avanzando dentro del Estado.

“Después de matar a algunos de los estudiantes, los traficantes incineraron los cuerpos en un crematorio propiedad de la familia del forense”. Señaló que un integrante del cártel mencionó a las autoridades que los hornos se utilizaban comúnmente “para hacer desaparecer a la gente sin dejar rastro”, se lee en la investigación.

El acto de la organización de derechos humanos Aministía Internacional denunció que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha puesto obstáculos a la investigación para que se esclarezca la suerte de estos 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero (sur), que estudiaban para ser profesores en las escuelas primarias más pobres del país.

Un pequeño grupo de activistas de la organización portaban pancartas con el lema “¡Encuéntralos!”.

“Colocamos estas sillas vacías ante la embajada en protesta silenciosa contra su incapacidad para encontrar a los estudiantes”, dijo a la AFP Tilly Lavenas, que participó en el acto.

Erika Guevara Rosas, responsable de América en Amnistía Internacional, dijo en un comunicado que “la tragedia de Ayotzinapa ha puesto al descubierto como la administración de Peña Nieto no se detiene ante nada para encubrir las violaciones de los derechos humanos que ocurren ante su mirada en México”.

“Las autoridades en Mexico han hecho todo lo posible para obstruir la justicia y proteger su imagen”, añadió Guevara.

Los 43 jóvenes desaparecieron la noche del 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, Guerrero, cuando fueron atacados en el autobús en que viajaban por policías de esa localidad, quienes los habrían entregado al cártel de los Guerreros Unidos.

Las autoridades aseguran que los narcotraficantes los asesinaron y quemaron sus cuerpos en un basurero, pero un análisis forense independiente en el lugar señalado puso en duda esta versión.

Según Amnistía Internacional, más de 28.000 personas desaparecieron en México desde 2006, cuando el gobierno lanzó su gran ofensiva contra el narcotráfico.

En un abierto choque, el grupo de expertos, que trabaja en el caso a petición de los familiares de los jóvenes desaparecidos, rompió el viernes un acuerdo suscrito con la fiscalía para determinar si los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula.

El desencuentro vino después de que la dependencia anunció el viernes que los resultados de un último peritaje arrojaron evidencia suficiente para determinar que la noche de la desaparición, “al menos 17 seres humanos adultos fueron quemados” en un basurero de la localidad de Cocula.

Sin embargo, la fiscalía dijo este sábado en un comunicado que el anunció “de ninguna manera es unilateral” y reiteró que el nuevo peritaje se hizo en base a un acuerdo alcanzado con el GIEI y “que se respetó en todo momento”.

El informe del viernes ratifica la versión oficial presentada en noviembre de 2014, según la cual los jóvenes fueron atacados la noche del 26 al 27 de septiembre de ese año por policías corruptos de Iguala, en el convulso estado de Guerrero (sur) quienes los habrían entregado a integrantes del cártel Guerreros Unidos.

Los sicarios los habrían asesinado e incinerado en el basurero de Cocula, un municipio vecino de Iguala, para luego tirar sus cenizas a un río aledaño.

Además de la investigación oficial, se han hecho dos peritajes adicionales e independientes que rechazan la versión oficial.

Los expertos del GIEI, que llevan cerca de un año trabajando en el caso, concluyeron en 2015 que no existe evidencia de un fuego de esa magnitud en el basurero la noche de la tragedia.

Por su parte, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que también trabaja en el caso presentó en febrero un informe que rechazó la posibilidad de que los 43 jóvenes hayan sido incinerados en ese lugar.

El permiso que gobierno de México otorgó al GIEI para trabajar en el caso expira este mes y aunque los familiares de las víctimas han pedido su permanencia, el gobierno ha dicho que no habrá prorroga para su partida.

Familiares no fueron avisados

En tanto, los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa no fueron informados por la Fiscalía mexicana del resultado del nuevo peritaje realizado en el basurero de Cocula antes de que se diera a conocer públicamente, lamentó el abogado de las familias, Vidulfo Rosales.

Rosales consideró “irresponsable” fijar una postura sobre un “tema sumamente delicado” sin hacer un análisis “exhaustivo y minucioso del dictamen” elaborado por seis expertos y divulgado el viernes en la capital mexicana tras seis semanas de estudios.

Estimó que el lunes próximo estarán en condiciones de “revisar el expediente” para emitir una posición sobre el peritaje, según el cual hay “evidencia suficiente” de que sí existió “un evento de fuego controlado de grandes dimensiones” en el basurero y de que allí fueron incinerados al menos 17 cuerpos.

Estos obstáculos podrían afectar también la determinación de responsabilidades ante unos crímenes considerados como los peores de la historia reciente de México.

En concreto, denunciaron la filtración de declaraciones de algunos detenidos clave “que no responden a la verdad” o han sufrido alteraciones con la aparente intención de alentar versiones que no se sustentan, así como la apertura de nuevos expedientes con información sacada de la investigación central, con lo que los expertos ven bloqueado su acceso a esas nuevas averiguaciones.

El 26 de septiembre de 2014 policías vinculados con el crimen organizado lanzaron una serie de ataques en Iguala, en el sureño estado de Guerrero, contra alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa que se cobraron la vida de seis personas y acabaron con la desaparición de 43 estudiantes cuyo paradero todavía se desconoce.

Ante la conmoción que supusieron tales crímenes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos envió un grupo de expertos para trabajar con las autoridades mexicanas.

Ahora, aunque dicen que existe un nuevo equipo oficial de investigación con el trabajan bien, denunciaron obstáculos desde otros sectores que no identificaron.

Por ejemplo, mostraron su preocupación por el hallazgo de unos restos óseos que no han sido procesados y que no se sabe si tienen que ver o no con los estudiantes desaparecidos aunque se llegó a ellos gracias a declaraciones de los familiares de los 43 y estaban en un lugar llamado La Carnicería, que aparece en varios momentos de la investigación.

Este hallazgo “desapareció” de la investigación central, que es a la que tienen acceso los expertos, para ir a otro expediente, al que no tienen acceso, explicó la colombiana Angela Buitrago. Otras veces, nuevas declaraciones en lugar de integrarse al caso central quedaron en expedientes separados

“Cualquier información relevante que no se allegue a la investigación de los desaparecidos genera pérdida de información fundamental para la elaboración del contexto y para la determinación de responsabilidades”, agregó.

Los expertos también denunciaron que la nueva versión de los hechos que fomenta el gobierno y que dice que un grupo de 17 estudiantes —ya no todos— fueron quemados en el basurero, no tiene sustento.

Además, mostraron su preocupación ante la posibilidad de que parte de la investigación fracase después de que la justicia mexicana haya amparado a 22 policías por falta de pruebas —aunque esta sentencia está recurrida— y dado que hay 50 quejas de inculpados, incluidas denuncias por tortura, pendientes de resolución.

The Associated Press ya adelantó en enero los riesgos de ese amparo en el que la propia justicia mexicana advertía de errores e inconsistencias cometidas por los primeros investigadores que se acercaron al lugar de los hechos y cuyo trabajo es la base de la mayoría de los procesos penales que se encuentran en marcha.

El grupo de expertos denunció también una campaña de acoso contra parte de sus miembros, de reconocido prestigio internacional, cuyo único objetivo es crear confusión y “cerrar el espacio para la búsqueda de la verdad” como parte de los “mecanismos de impunidad” que existen en el país, indicó el médico español Carlos Beristain.

Asimismo, insistieron en que las autoridades todavía no les han permitido estar presentes en declaraciones a los militares que fueron testigos clave de las desapariciones la noche del 26 de septiembre ni les han facilitado videos que podrían esclarecer lo que pasó esa noche.

El domingo por la tarde, la fiscalía mexicana emitió un comunicado en el que reafirma su disposición a trabajar con los expertos, niega que se esté fragmentando la investigación, anuncia que ya investiga las filtraciones de información y reitera que el caso sigue abierto.

Los expertos de la Comisión Interamericana informaron de que las búsquedas de los estudiantes continúan y que ya expusieron a la fiscalía mexicana los problemas con los que se están encontrando con la esperanza de que sean corregidos. El grupo deberá presentar su informe final en el mes de abril.

Además de Adán Zenen Casarrubias, el narcotraficante, y Erick Ulises Ramírez, el alcalde, fue detenido Eloy Flores Cantú, quien se “identificó como asesor jurídico del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD, izquierda) en la Cámara de Diputados”, detalló la fuente.

Los arrestados, añadió, tenían en su poder “un arma larga, una corta, un paquete con polvo blanco con características de cocaína”, objetos que fueron decomisados.

La captura de Sidronio Casarrubias fue clave para descubrir la infiltración del crimen organizado en la alcaldía de Iguala, que recibía del cártel más de US$150 mil mensuales, además de mantener controlada a la Policía de ese y del vecino municipio de Cocula.

Según las investigaciones de la fiscalía general, la noche del 26 de septiembre pasado policías de Iguala y Cocula detuvieron a los 43 jóvenes de Ayotzinapa y los entregaron a Guerreros Unidos.

De acuerdo con el testimonio de varios detenidos en este caso, Sidronio ordenó hacer desaparecer a los jóvenes para defender su territorio, al creer que se trataban de integrantes de Los Rojos, el grupo delictivo rival.

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— La Silla Rota (@lasillarota) October 30, 2015

Los estudiantes fueron asesinados e incinerados en un basurero de Cocula, según la versión de la Fiscalía presentada a principios de este año y cuestionada en septiembre pasado por un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que estudia el caso desde marzo pasado.

Ramírez, del izquierdista PRD, asumió la presidencia municipal de Cocula el 30 de septiembre pasado.

Las autoridades mexicanas han detenido a más de un centenar de personas, entre miembros de Guerreros Unidos y funcionarios corruptos, pero aún falta figuras clave en lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014, como el entonces secretario de Seguridad de Iguala, Felipe Flores.

La Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) ofreció el 6 de octubre pasado recompensas de entre 2.5 millones de pesos (unos US$149 mil) y 1.5 millones de pesos (US$89 mil 605) por información que permita detener a Flores y cuatro implicados más.

Guerreros Unidos es una organización criminal que surgió en 2011 como una escisión del cártel de los hermanos Beltrán Leyva que opera en varias ciudades de los estados de Guerrero y Morelos.

EE. UU. urge avanzar en caso

La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Samantha Power, llamó a México este jueves a mostrar avances en la resolución de la desaparición de 43 estudiantes y de otros casos prioritarios sobre violaciones de derechos humanos.

La funcionaria habló ante periodistas tras una visita de tres días a México, donde se entrevistó con la canciller Claudia Ruiz Massieu y la fiscal general Arely Gómez para tratar diversos temas, incluyendo cooperación en materia de seguridad.

Preocupado por el estado de los derechos humanos en México, Estados Unidos bloqueó 15%  (o cinco millones de dólares) de la ayuda en entrenamiento y seguridad antidrogas que envía a su vecino del sur.

Según Power, las autoridades mexicanas pueden recuperar la confianza de sus ciudadanos si logran resolver casos prioritarios como la desaparición en septiembre del año pasado de 43 estudiantes en Iguala  (Guerrero, sur) .

“Si hubiera avances en el caso Iguala u otros casos (…) si se dedicaran recursos y se hiciera justicia, eso enviaría un mensaje muy importante”, estimó.

Una de las especialistas, la colombiana Angela Buitrago, dijo en la misma audiencia que el Estado mexicano y el grupo de expertos llegaron la víspera a un acuerdo.

“Se ha decidido relanzar la búsqueda con las autoridades competentes con una estrategia basada en las líneas trazadas por el grupo, incluyendo el uso de la tecnología, mapa de fosas y otros lugares identificados, y estableciendo una ruta de acciones acordadas por los familiares”, indicó Buitrago.

La desaparición de los 43 estudiantes de una escuela normal rural el 26 de septiembre de 2014 ha sacudido desde entonces al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

Los familiares de los estudiantes se han rehusado a aceptar la versión del gobierno de que la policía local de la ciudad de Iguala detuvo a los alumnos y los entregó a un cártel del narcotráfico, que los mató e incineró los cuerpos en un basurero.

Los expertos independientes y los padres de los estudiantes han exigido que se pregunte a efectivos militares por qué no intervinieron pese a que el ejército monitoreó de cerca la situación, pero el secretario de Defensa, general Salvador Cienfuegos, se ha negado a que sus soldados testifiquen en ese caso ante otro organismo que no sea la Fiscalía mexicana.

Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación de México, dijo en la audiencia a los expertos que será posible obtener información de los efectivos militares a través del Ministerio Público, pero dio a entender que los expertos no podrán tener un careo.

Buitrago dijo a reporteros después de la audiencia que los expertos se mantienen optimistas sobre la posibilidad de que les permitan interrogar directamente a los militares porque lo considera un elemento crucial para la investigación, ya que los soldados estuvieron presentes en varias instancias durante las protestas ocurridas el 26 y 27 de septiembre.

“No es lo mismo que pregunte un tercero. Va a faltar algo o quedará la duda de por qué no se preguntó algo más”, agregó.

Los expertos designados por la comisión rechazaron los hallazgos y tras revisar la investigación gubernamental durante seis meses aseguran que deben seguirse otras pistas tras concluir que una hoguera de esa magnitud no pudo haber ocurrido en el basurero.

Los expertos habían recomendado remplazar al equipo de investigadores y revisar la hipótesis de que quizá los jóvenes desaparecieron porque habían secuestrado un autobús que transportaba heroína o dinero producto de la venta de drogas.

El acuerdo estipula que el despacho de Betanzos asumirá de forma exclusiva la investigación en reemplazo de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, coordinará con los expertos los objetivos de un nuevo estudio sobre la dinámica del fuego en el basurero y la elección definitiva de los peritos.

Manifestantes se apostaron frente a la sede de la OEA antes de que iniciara la audiencia, demostrando la gran expectativa que la precedió.

La CIDH planea tomar una decisión sobre la renovación del mandato de los expertos —que culmina el 31 de octubre— durante el 156 período de sesiones que celebrará en la capital estadounidense hasta el 28 de octubre.

La CIDH, el Estado mexicano y los parientes de las víctimas concedieron al grupo de expertos un mandato de seis meses a partir de marzo y en agosto lo extendieron otros dos meses.

Segunda necropsia

Miembros del Grupo Argentino de Antropología Forense harán una nueva necropsia a los restos de Julio César Mondragón, uno de los tres estudiantes de Ayotzinapa que fallecieron hace un año en Iguala  (Guerrero, sur) y cuyo cuerpo estaba desollado, informó este martes la abogada de la familia.

Ante las “conclusiones sin sustento”  de la necropsia anterior y después de que un juez de Iguala autorizara la exhumación del cuerpo, enterrado en el estado de México  (centro), se fijó para el próximo 4 de noviembre la nueva autopsia, dijo a la  AFP  la abogada Sayuri Herrera.

El grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  (CIDH) había recomendado que se hiciera un nuevo examen al cuerpo de Mondragón, que apareció desollado y con visibles signos de tortura, una circunstancia que el peritaje avalado por la fiscalía de Guerrero dijo que podía deberse a ataques de animales de la zona.

“Hay que clarificar la causa de su muerte y las condiciones en las que perdió la vida. Va a dar tranquilidad a la familia saber la verdad, por dura que sea” , expresó la abogada, que también entregó al juez 15 fotos que hizo la familia al cuerpo de Julio César antes de ser enterrado y otras 13 de la fiscalía de Guerrero que no habían sido tomadas en cuenta en los primeros dictámenes.

“No podemos descansar en nuestra búsqueda”, dijo a la  AFP  Felipe de la Cruz, vocero de los familiares de las víctimas.

Con carteles que dicen “Crimen de Estado”  o “Fuera Peña”, grupos de amigos y familias enteras marchan por el céntrico paseo de la Reforma, donde un niño sentado en su carriola sostenía una pancarta que decía “Ni uno más”.

“Venimos con sed de justicia, no puede haber más impunidad. Detrás de los 43 están miles de desaparecidos”, dijo Sofía Rojas, alumna de estudios latinoamerianos de la Universidad Nacional Autónoma de México  (UNAM) .

“A un año de distancia de los trágicos hechos en Iguala, reitero el compromiso del úGobMX con la verdad y la justicia”, manifestó el presidente en Twitter, antes de partir este sábado a Nueva York para asistir a la asamblea general de las Naciones Unidas, un viaje que ha generado polémica por el simbolismo de la fecha.

Similares peticiones de justicia tuvieron lugar en otros países como Perú, Bolivia y Guatemala.

Hace unos días, los padres de los estudiantes llegaron desde el convulsionado estado de Guerrero hasta la capital para realizar un ayuno de 43 horas en honor a sus hijos y para entrevistarse el jueves pasado con el presidente Enrique Peña Nieto.

En esa reunión, la segunda del mandatario con los padres desde que ocurrió el crimen, Peña Nieto les aseguró que la investigación sigue abierta y anunció la creación de una fiscalía especializada en localizar a los más de 20.000 desaparecidos que hay en el país.

Pero los desilusionados padres le reprocharon la “mentira histórica”  sobre lo que ocurrió aquella fatídica noche del 26 de octubre de 2014, y exigen la supervisión internacional de las investigaciones.

Un grupo de expertos independientes enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  (CIDH) echó por tierra las conclusiones dadas a conocer por la fiscalía general sobre este caso, atizando la ira y desesperación de los padres que desde hace un año encabezan protestas, a veces multitudinarias y violentas.

De su lado, la ONU México abogó el viernes por un “replanteamiento general”  de la investigación oficial y el esclarecimiento de sus “irregularidades”, que incluyen “informaciones sobre el uso de la tortura para conseguir confesiones y alteración de evidencias”.

El triste aniversario del crimen se hizo sentir desde el viernes en Guerrero, con una manifestación de más de 2.000 indígenas en Chilapa y la toma de dos radiodifusoras en Chilpancingo  (capital estatal) por parte de unos 50 estudiantes de Ayotzinapa.

Más preguntas que respuestas

Asegurando detentar una “verdad histórica”, la fiscalía general concluyó que los estudiantes de magisterio de la beligerante escuela de Ayotzinapa fueron atacados a balazos por policías en la cercana Iguala, asesinando a tres de ellos y a otras tres personas.

Luego, 43 de los estudiantes sobrevivientes habrían sido entregados a narcotraficantes locales, quienes los asesinaron y calcinaron en un basurero cercano, por sospechar que los jóvenes eran miembros de un cártel antagónico.

Pero los expertos de la CIDH concluyeron que “no existe ninguna evidencia”  de que los jóvenes hayan sido incinerados en ese basurero y criticaron que la investigación oficial no explore la hipótesis de que los estudiantes fueron atacados por haber tomado, erróneamente, un autobús que transportaba heroína.

“Estamos en una situación sin salida porque no habrá una versión que sea aceptada por todos”, estimó José Antonio Crespo, analista político del Centro de Investigación y Docencia Económicas.

Las autoridades de México enviaron a un prestigioso laboratorio de Austria 17 fragmentos óseos, de los que sólo se pudo identificar completamente a uno de los estudiantes y parcialmente a otro.

El viernes, la fiscalía informó que analiza cerca de 60.000 restos óseos para enviar nuevas muestras al laboratorio austriaco.

El desempeño de las autoridades mexicanas en este caso ha sido duramente criticado por ONG nacionales y extranjeras, llevando a pique la imagen de Peña Nieto.

Hasta al final del mandato presidencial en 2018, el caso Ayotzinapa “va a quedar como un sello de este gobierno, negativo, como fue (la matanza de los estudiantes en el año) 68 para el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz”, señaló Crespo.

Peña Nieto viajará este sábado a Nueva York para asistir a la asamblea general de las Naciones Unidas.

Los padres de los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos expresaron la tarde de este jueves decepción tras la reunión que tuvieron con el presidente Enrique Peña Nieto, y aseguraron que serán la “piedra en el zapato”  del Gobierno en su búsqueda de justicia.

“El Estado nunca nos ha dado nada, más que golpes sicológicos a los padres”, dijo Mario González, uno de los miembros de la delegación que se entrevistó con el mandatario en el Museo Tecnológico de la Ciudad de México.

Refirió que al inicio de la reunión “volvieron a golpear”  a los padres al reiterarles la versión oficial de que los 43 alumnos de la escuela de maestros de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre del 2014 en el Estado de Guerrero fueron asesinados por miembros del cartel Guerreros Unidos y sus restos quemados en un basurero.

En una conferencia de Prensa en el Zócalo de la capital, dijo que esperaban que la fiscal Arely Gómez “por ser mujer iba a tener un poquito de sensibilidad hacia las madres de los 43 alumnos, pero no la tuvo porque no sabe qué es eso”.

“Y se lo dije hace un rato (a Gómez), confiábamos y esperábamos muchísimo de ella. Pero desgraciadamente hay mujeres que no tienen corazón, por no decir otra palabra”, declaró.

Finalmente, se dirigió a los 43 desaparecidos. “Chamacos, donde estén si nos llegaran a escuchar, no nos vamos a dar por vencidos y los vamos a seguir buscando. Aguántenos tantito”, dijo.

Los asistentes respondieron coreando un grito que ya es lema de las manifestaciones para exigir justicia en este caso: “¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!”.

A su vez, María de Jesús Tlatempa, madre de José Eduardo Bartolo Tlatempa  (uno de los 43) , también expresó decepción sobre la reunión con el presidente y su equipo.

“Nosotros ya sabíamos a lo que íbamos. ¿Cómo iba a responder el Gobierno?”, expresó.

“Desde aquí les digo que si ustedes no pueden resolver el problema, se lo tienen que dejar a los expertos (internacionales)”, ya que “son los únicos que han trabajado con seriedad”, sostuvo.

También advirtió que los padres no van a cejar en su búsqueda de justicia.

“Aunque estemos cansados le vamos a seguir dando guerra (al Gobierno). Vamos a ser su piedra en el zapato, porque no nos podemos ir a casa sin saber dónde están nuestros hijos”, enfatizó.

Refirió que durante el encuentro los familiares expresaron que el Gobierno “tiene que quitarse la máscara, tiene que ser transparente y nos tiene que ayudar a encontrar a nuestros hijos sanos y salvos”.

“Nosotros creemos que los tienen los militares, y por eso no dejan que los entrevistemos. ¿Qué esconde el Gobierno, por qué no dejan que entrevistemos a los militares?, preguntó Tlatempa.

Por eso, añadió, “” el Gobierno tiene que escoger si está con el pueblo o está con la delincuencia organizada. Tiene que decidir ver por la ciudadanía o ver por la delincuencia”.

Los padres presentaron hoy a Peña Nieto una lista con ocho demandas, entre ellas la creación de una unidad especial de investigación con dos instancias: una encargada de buscar a los jóvenes  y otra que indague las irregularidades cometidas por la fiscalía durante las pesquisas.

Además, pidieron que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  (CIDH) permanezca un año más vinculado a las investigaciones y que el Gobierno federal cumpla con sus recomendaciones.

Reunión

El portavoz del Gobierno, Eduardo Sánchez, informó en una conferencia de Prensa que los familiares de los jóvenes presentaron al mandatario un documento con ocho demandas que fue firmado por Peña Nieto “como acuse de recibo”.

Sin precisar esos “ocho puntos”, indicó que el presidente ordenó a la Secretaría de Gobernación, a la Cancillería y a la Procuraduría General de la República (PGR) analizar la “viabilidad” de cada una de las demandas.

Además, pidió a la PGR incorporar “las recomendaciones y líneas de investigación que ha propuesto por el grupo de expertos” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que este jueves entregó al mandatario el informe del caso que presentó a principios de este mes.

Peña Nieto también ordenó a su equipo “continuar los trabajos para saber qué pasó de manera individual con cada uno de los desaparecidos”, y reiteró que la investigación “no se ha cerrado” y “llegará hasta donde tenga que llegar”, dijo Sánchez.

En atención a la recomendación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, “la PGR deberá integrar un equipo de peritos del más alto nivel para analizar los hechos ocurridos en el basurero” el 26 de septiembre del 2014, en el que podrá participar el especialista en incendios José Torero.

Según la versión de la fiscalía, los estudiantes fueron detenidos por policías corruptos de Iguala y entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes presuntamente los asesinaron e incineraron sus cuerpos en un basurero del municipio vecino de Cocula.

Dicha versión fue cuestionada a principios de septiembre por GIEI a partir de un nuevo peritaje realizado por Torero, quien concluyó que es imposible que los jóvenes fueran quemados en el basurero.

Al respecto, el portavoz aseguró hoy que las coincidencias entre el “informe de los expertos y la investigación de la PGR son muy abundantes”, si bien “hay dos hipótesis sobre un mismo tema”.

Por ello, explicó, habrá un tercer peritaje “con el propósito de poder tener mayores elementos para esclarecer con la certeza que sea posible qué fue lo que ocurrió la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre en Iguala, Guerrero”.

En el encuentro de casi tres horas, al que asistieron un grupo de 110 familiares y alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, a la que pertenecen los 43 desaparecidos, la PGR hizo un recuento de los avances del caso -por el que ya hay 111 detenidos- y se abordó la atención a las víctimas.

Peña Nieto escuchó a los familiares, a quienes “dijo que compartía su dolor y comprendía su indignación”, y reafirmó la voluntad del Gobierno para esclarecer lo ocurrido.

“El presidente les dijo textualmente: ‘Estamos del mismo lado, ustedes y yo buscamos lo mismo, saber qué pasó con todos y cada uno de sus hijos'”, añadió Sánchez.

Los asistentes fueron los mismos que el pasado 6 de septiembre, exigieron a Peña Nieto que diera “la cara”  después de que el informe de los expertos de la CIDH pusiera en duda la versión oficial del crimen, que establece que los jóvenes fueron masacrados después de haber sido atacados por policías de Iguala  (Guerrero, sur) mientras tomaban autobuses para una protesta el 26 de septiembre del 2014.

Entre los reclamos a Peña Nieto, los padres pidieron la presentación con vida de sus hijos, la permanencia indefinida -y no del medio año suplementario autorizado- del grupo de expertos de la CIDH “hasta que se llegue a la verdad”  y una investigación profunda del papel del Ejército en el crimen, dijo De la Cruz.

Peña Nieto  (2012-2018) sólo se reunió una vez con los padres, en octubre del año pasado, cuando los recibió en su residencia oficial, presionado por la indignación internacional por este crimen.

Versión oficial

La fiscalía asegura que, después del ataque de los policías de Iguala, los estudiantes fueron entregados a un cártel, que los asesinó brutalmente y calcinó sus cuerpos en un basurero por supuestamente pensar que había miembros de un cártel rival infiltrados en el grupo.

Restos encontrados en bolsas en un río fueron enviados a un prestigioso laboratorio de Austria, que verificó con pruebas de ADN la identidad de uno de los chicos, Alexander Mora, y ahora tiene indicios para posiblemente identificar a un segundo alumno.

El informe de la CIDH ha cuestionado que los estudiantes fueran incinerados en el basurero y pidió al gobierno que investigue si los chicos pudieron haber sido castigados porque en uno de los autobuses que ocuparon había droga.

Renuncia subprocuradora de Derechos Humanos

Después de múltiples denuncias sobre desapariciones forzadas en México y de la crisis desatada por la desaparición de 43 estudiantes de una escuela del municipio de Ayotzinapa, Guerrero, México en septiembre del año pasado, Eliana García Laguna la funcionaria renunció ayer.

Con la renuncia de García Laguna, quien se desempeñaba como subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR, quedan pendientes los resultados en cuanto al tema de personas desaparecidas y el trabajo de la institución en apego al respeto de los derechos humanos.

García Laguna también dejó el cargo que ocupaba en la Dirección General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad por decisión propia, de acuerdo con información proporcionada en la Procuraduría General de la República.

El sitio web de El Informador (www.informador.com.mx) informó que de acuerdo con fuentes oficiales, García Laguna, quien se ha encargado en los últimos meses de ser el enlace entre la dependencia y las personas que tienen familiares desaparecidos en Iguala, Guerrero, presentó su renuncia por motivos de carácter personal.

Apenas el 23 de marzo, la titular de la PGR ratificó a Eliana García, directora General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, como encargada del despacho de la Subprocuraduría de Derechos Humanos.

Al nombrar a su equipo de trabajo, la procuradora Arely Gómez aseguró que el trabajo de la institución se basaría en cuatro ejes rectores, procuración de justicia eficaz; respeto y defensa de los derechos humanos; implementación del nuevo sistema de justicia penal y un marco de estricta transparencia y rendición de cuentas.

Aunque las autoridades ya dieron por muertos a los 43 estudiantes normalistas que desaparecieron el año pasado, cabe destacar que no han localizado sus restos, ni siquiera pruebas de ADN que pudieran dar indicios del lugar donde supuestamente fueron ejecutados.

Por lo anterior, los familiares de los desparecidos se niegan a aceptar la versión de su muerte y reclaman el paradero de los estudiantes, vivos o muertos.

Nombran reemplazo

La fiscal general mexicana, Arely Gómez, anunció hoy el nombramiento del abogado Eber Omar Betanzos Torres como nuevo subprocurador de Derechos Humanos, después de que la encargada de ese despacho, Eliana García, presentara su renuncia por motivos personales.

En un escueto comunicado, la Procuraduría General de la República de México  (PGR, fiscalía) indicó que dicho nombramiento reafirma el compromiso asumido por Gómez a finales de febrero pasado de convertir los derechos humanos en “uno de los ejes vertebrales de la institución” .

Betanzos Torres, doctor en Derechos Humanos, maestro en Políticas Públicas Comparadas y abogado por la Escuela Libre de Derecho, estaba al frente de la Unidad de Ética y Derechos Humanos en la Procuración de Justicia antes de ser nombrado subprocurador.

*Con información de EFE y AP