Quién era Edwin Estuardo Mayén García, el abogado asesinado en la zona 1: Casos, procesos y antecedentes

El abogado Edwin Estuardo Mayén García se destacó por representar a figuras políticas de alto perfil y a clientes vinculados con estructuras del crimen organizado, lo que lo situó en el centro de varios conflictos legales y atentados previos.

la Redacción

2 de septiembre de 2025

|

19:32h

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El abogado Edwin Estuardo Mayén García fue asesinado el 2 de septiembre de 2025 en la zona 1 de Ciudad de Guatemala. Durante su carrera, defendió a figuras políticas y clientes vinculados con estructuras del crimen organizado. (Foto, cortesía)

La tarde del 2 de septiembre del 2025 fue reportada la muerte del abogado Edwin Estuardo Mayén García, luego de un ataque ocurrido en la zona 1 de la ciudad de Guatemala. 

El hecho se registró en la 3a. avenida y 5a. calle, a las 11.50 horas. Un sujeto a bordo de una motocicleta negra se estaciona frente al carro del abogado. El sicario, que viste una playera verde, desciende de la moto, desenfunda su arma y le dispara a Mayén, quien se encontraba frente a un comercio. 

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, explicó que no descartan que el crimen esté relacionado con los procesos penales y clientes de alto perfil que Mayén representó durante su trayectoria.

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Trayectoria jurídica y política 

Edwin Estuardo Mayén contaba con una experiencia en el ámbito jurídico y se había ganado notoriedad por defender a clientes vinculados con el crimen organizado y a figuras políticas de primer nivel. 

Su carrera también estuvo marcada por una breve incursión en la política, cuando en el 2011 se postuló como candidato a diputado en el listado nacional por el partido Unión del Cambio Nacional (UCN), organización señalada en múltiples ocasiones por vínculos con estructuras ilegales. 

Su oficina y perfil profesional 

De acuerdo con la información publicada en su sitio web, la oficina de la víctima estaba ubicada en la 8a. avenida y 19 calle de la zona 1. Desde allí operaba una asociación y ofrecía asesoría en diversas ramas del derecho penal, civil y mercantil. 

Mayén era licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y tenía una maestría en Derecho Procesal Penal. 

Procesos judiciales en su contra 

A lo largo de su carrera, el abogado acumuló al menos cinco procesos penales por distintos delitos: 

• En el 2002 fue acusado de estafa propia, aunque el caso fue sobreseído y archivado un año después. 

• En el 2010 enfrentó otro expediente judicial, que finalmente fue desestimado. 

• En el 2011, el Ministerio Público lo señaló de integrar una red de abogados y notarios que despojaba a terceros de bienes inmuebles, investigado además por lavado de dinero. 

• Ese mismo año, el Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal emitió una orden de captura por defraudación tributaria, debido a que no acudió a declarar. 

Pese a los señalamientos, Mayén continuó ejerciendo la profesión y representando casos de alto impacto. 

Ataques previos 

La violencia contra Mayén no era nueva. El abogado ya había sobrevivido a dos atentados armados antes del ataque mortal de este martes: 

• El 25 de noviembre del 2010, cuando circulaba en la zona 5, fue baleado y herido en el pecho mientras conducía un vehículo con placas de Panamá. 

• En el 2014, en la zona 4, fue víctima de otro ataque perpetrado por sicarios en motocicleta, que le dejó una herida en la cabeza. 

Ambos incidentes habían reforzado la percepción de que su actividad profesional lo mantenía en el centro de conflictos con estructuras criminales. 

Casos y clientes más relevantes 

Edwin Estuardo Mayén representó a clientes involucrados en casos de gran impacto social y mediático en Guatemala: 

• María Marta Castañeda, sobrina de la excandidata presidencial Sandra Torres, capturada en agosto del 2025 por presuntos vínculos con alias “El Lobo”. 

• Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias “El Lobo”, líder de la pandilla Barrio 18 recluido en el Centro de Máxima Seguridad Renovación 1. 

• Roxana Baldetti, exvicepresidenta de Guatemala, a quien defendió en el 2020 en procesos relacionados con su estado de salud en prisión. 

• La banda de Los Topacio, estructura dedicada al despojo de propiedades, cuyo juicio en el 2016 concluyó con la condena de 30 integrantes por delitos de falsedad, estafa, cohecho, usurpación y asociación ilícita. 

• Marvin Montiel, alias “El Taquero”, condenado a 820 años de prisión por la masacre de 15 turistas nicaragüenses y un ciudadano holandés en el 2008. 

• El caso Ángel del Cielo, tercera fase de la investigación Triángulo Criminal, donde exagentes de la Policía Nacional Civil fueron acusados de filtrar información a organizaciones criminales para evadir capturas y operativos. 
• Marlene Blanco Lapola, quien fue directora de la Policía Nacional Civil (PNC). El caso Cleopatra se destapó el 23 de marzo del 2012 con la detención de Blanco Lapola por una investigación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) relacionada con ejecuciones extrajudiciales.

Los Topacio se habrían adueñado de unas 50 propiedades en Guatemala, Sacatepéquez e Izabal, según lo confirmado a través de investigaciones.

El Ministerio Público recibió unas mil denuncias de propietarios y estafados sobre la banda los Topacio, la cual fue desarticulada en 2013 y que habría operado ilícitamente desde el 2000.

• Lea también: Así narraron los testigos lo que vivieron al ser despojados de sus propiedades

Los supuestos estafadores buscaban propiedades deshabitadas o terrenos baldíos, cuya situación de la propiedad era investigada por los colaboradores que tenían en las diferentes instituciones. También se conoce que la agrupación identificaba los inmuebles deshabitados, cuyos dueños fueran mayores o que residieran en el extranjero, ubicaban los datos de los verdaderos propietarios, falsificaban sus documentos de identidad y firmas para hacer el traspaso a un testaferro, quien los vendía a terceras personas.

Condenados

El viernes, cuando casi entraba la noche, el tribunal dictó la sentencia en la segunda parte del juicio a otros integrantes de la estructura, así fueron las sentencias.

• Rómulo Gatica Chacón por el delito de falsedad Ideológica, condenado a cinco años y cuatro meses de prisión.
• Débora Beatriz Mejía Coronado, fue condenada por usurpación de calidad a cinco años de prisión.

• Lilian Elizabeth Rodríguez de Calderón, por el delito de estafa mediante informaciones Contables, a un año de prisión. 

Uno de los 160 testigos que se esperan, de quien por razones de seguridad se omite el nombre, fue contactado por un supuesto comprador cuando manifestó su deseo de vender un terreno y una casa valorada en Q1 millón.

Sergio Aníbal Rosas Vargas, el supuesto comprador, lo llevó a una casa en donde conoció al abogado Antulio Ávila Avelar. “Está lista la escritura”, le informaron, pero el nombre que aparecía en la documentación era el de otra compradora, Leslie Denise Rosas López, quien apareció como propietaria de otros inmuebles en el curso de la investigación.

La víctima no firmó, pues se negaron a pagarle al momento de hacer la transacción y a cambio, le ofrecieron terrenos. Después de este encuentro los integrantes de la banda comenzaron a acosarlo hasta que bajo amenazas lo obligaron a firmar.

“No denuncié porque tenía miedo”, admitió ante el tribunal el testigo.

En una ocasión recibió una llamada amenazante de otro de los integrantes, quien le informó: “Estoy en la casa de sus papás, es lamentable el estado en el que están”.

Después de varios años el testigo recobró el inmueble. “Recuperamos su propiedad. Vaya al registro, inmovilícela”, le recomendaron los integrantes de la banda. En efecto, el testigo comprobó en el Registro General de la Propiedad que el inmueble había vuelto a estar a su nombre.

Unos meses después,  el hermano del testigo le informó: “Vino el dueño de la casa y quiere que la pinte”. “¡Pero si el dueño soy yo!”, le increpó su familiar.

De acuerdo con las investigaciones hechas por los fiscales del Ministerio Público (MP), los integrantes de Los Topacio  contaban con la ayuda de 17 notarios y prestamistas que compraban las propiedades, las cuales eran vendidas una y otra vez, o las hipotecaban.

“¡No he vendido!”

Otro de los testigos relató que por medio de una llamada telefónica  le informaron de la venta de su propiedad, una casa ubicada en un residencial.

“No he vendido ningún lote”, dijo a su interlocutor. “Es que aquí —en el Registro de la Propiedad— aparece que usted lo vendió”, le insistió.

El testigo relató que se dirigió al Registro  y al recibir la certificación se percató de que la propiedad estaba a nombre de Ángel Tepaz, según una escritura pública extendida el 22 de octubre del 2009 y “operada” por la abogada Alicia Valenzuela Alvarado.

“Fui una y otra vez a hacer pruebas para demostrar cuál era mi firma”, indicó el testigo.

La red criminal falsificaba las firmas de los legítimos propietarios en las escrituras públicas de compra venta autorizadas por los notarios que trabajaban para esta.

El terreno tenía un valor original de Q5 mil, y después de siete años para tratar de recuperar la propiedad el costo ascendió a Q200 mil, indicó el afectado al tribunal.

Así fueron los  primeros relatos de algunos de los 160 testigos que rendirán declaración para probar el robo de 29 propiedades.

El debate comenzó el pasado 11 de julio, luego de casi dos años de que Los Topacio fueron enviados a juicio. El retraso se debió a la agenda saturada del tribunal.

Según  el MP, la banda operaba desde el 2000.

En voz de las víctimas  

A continuación, una breve recopilación de frases vertidas durante la primera jornada de relatos.

• “Hermano, vino el dueño de la casa y quiere que pinte”. -“¡Pero si el dueño soy yo! le dije”. Testigo 1, al narrar el despojo de su propiedad.

• “No he vendido ningún lote, le respondí”. -“Es que aquí  —en el Registro  de la Propiedad— aparece que usted lo vendió, me respondió”. Testigo 2, cuando cuenta del robo de su terreno.

• “No denuncié porque tenía mucho miedo, conocían a mi familia y sabían quién era”. Testigo 3, cuando explica cómo le robaron un inmueble.

El debate comenzó este lunes, luego de casi dos años que Los Topacio fueron enviados a juicio; el retraso se debió a la saturada agenda del Tribunal.

Al menos la mitad de la estructura de Los Topacio fueron capturados el 5 de diciembre de 2013, entre el grupo figuraban ocho abogados.

La fiscalía a través de unas mil denuncias de estafados y legítimos dueños, acusó a la estructura de apropiarse de inmuebles, a través de abogados, testaferros, intermediarios y empleados públicos que facilitaron las operaciones ilícitas.

Los Topacio, según la fiscalía, se habrían apropiado de casi medio centenar de propiedades en la capital, Sacatepéquez e Izabal.

Forma de operar

El grupo a partir del número de contador de casas que estaban abandonadas, o terrenos baldíos que estaban cubiertos con maleza, llegaban a las distintas instituciones públicas a solicitar información sobre los dueños de los inmuebles.

La banda habría tenido la capacidad de saber quiénes eran los propietarios, herederos o si estaban fuera del país.

Estafaban a personas que compraban inmuebles, a través de la falsificación de documentos usados por esa estructura criminal para operar inscripciones en el Registro General de la Propiedad.

Falsificaban las firmas de los legítimos propietarios en escrituras públicas de compraventa autorizadas por notarios que integraban la red criminal. En algunos casos los dueños fueron asesinados, para evitar persecución legal.

Al grupo un colaborador eficaz del MP lo implicó en el asesinato de la abogada Lea de León, el 14 de febrero de 2013.

Carol Patricia Flores, jueza de Mayor riesgo A, ordenó al MP abrir una investigación para determinar los nexos de Los Topacio con el crimen de la abogada y el asesinato de la jueza del Ramo Laboral Flor María Gil Ovalle, muerta a tiros en 2009.