Cierre de operaciones del campo Xan expone falta de planes estatales de desarrollo comunitario

El fin del contrato entre el Estado y Perenco dejó a cientos de habitantes de Petén sin empleo. Mientras el Ejército resguarda los activos petroleros, las comunidades afectadas enfrentan incertidumbre económica.

Carlos Gómez

8 de septiembre de 2025

|

00:04h

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El campo Xan se ubica en San Andrés, Petén. Consta de 59 pozos que luego del vencimiento del contrato, que fue el 12 de agosto, serán cerrados. (Foto, Prensa Libre: Juan Diego González).

El 12 de agosto marcó el fin de 40 años de explotación en el área petrolera Xan, en Petén: el contrato 2-85 entre el Estado de Guatemala y la empresa franco-británica Perenco llegó a su término, dejando atrás incertidumbre por los efectos ambientales y en el desarrollo de las comunidades en aquel territorio.

Desde entonces, el Ministerio de Energía y Minas comenzó a recibir los activos de la operación en los 59 pozos, el oleoducto, una pista de aterrizaje, una refinería en La Libertad, Petén y un ferry en el río San Pedro.

Todo quedó bajo resguardo del Ejército. Pero mientras el Gobierno evalúa pasos técnicos y ambientales, miles de familias enfrentan una nueva y preocupante realidad: el desempleo y la falta de ingresos.

Lo único que queda activo es el ferry que opera el Ejército al servicio de la comunidad.

Xan operaba dentro del Parque Nacional Laguna del Tigre (PNLT), que forma parte de la Reserva de la Biosfera Maya, al norte de Petén. El primero de los contratos para la activida extractiva se firmó en 1985 antes que la zona fuera declarada como área protegida.

La distancia

Tras más de diez horas de viaje por carretera, Prensa Libre llegó a La Libertad, donde hasta inicios de agosto funcionaba la refinería. Hoy, las calles lucen vacías. Los negocios han perdido clientela. “Todo ha estado bien tranquilo… ya no hay gente comprando”, lamenta Luis Caal, comerciante local. Como él, decenas de vecinos intentan adaptarse a la pérdida repentina de actividad económica.

El derrame económico de las actividades extractivas se puede entender desde diferentes miradas. Solo en ese municipio, se calcula que más de 600 empleos directos se perdieron.

A nivel departamental, la empresa generaba unos 4 mil empleos directos e indirectos, según cifras del MEM.  Y la operación directa, demandaba 281 plazas directas, de acuerdo con el Ministerio de Trabajo.

 Para el Observatorio de Industrias Extractivas, el impacto se debe entender a partir de que la mayoría de las personas locales trabajaban de forma temporal e informal

En zonas como El Naranjo o Santa Marta, comerciantes relatan la caída en ventas y el temor a tener que migrar ante la falta de opciones laborales.

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Condiciones de ruralidad

El trayecto hacia el Campo Xan evidencia las condiciones precarias en la región: caminos de terracería, caseríos sin agua ni luz, escuelas cerradas y ausencia de la Policía Nacional Civil. A lo largo de más de 80 kilómetros de oleoducto, el paisaje rural contrasta con la millonaria producción de crudo que el país explotó durante años.

En el Campo Xan, actualmente custodiado por paracaidistas y kaibiles, no hay indicios de actividad. El acceso está restringido. Las instalaciones, antes vitales para la producción petrolera del país, están inactivas. El presidente Bernardo Arévalo visitó el sitio el 27 de agosto y anunció que el lugar pasará a ser un puesto de mando militar. También se desplegó un contingente de la PNC y se anunció un diagnóstico de pasivos ambientales.

Pero mientras se habla de cierres técnicos y resguardo militar, poco se menciona sobre las comunidades que quedaron sin sustento.

Escobar, el extrabajador del área social de la empresa, resume el desempleo como el principal de los impactos. “Toda esa gente se quedó sin trabajo. Ese es el mayor impacto que tiene la salida de la empresa de aquí de Petén”, dijo.

Escobar recuerda que Perenco apoyó durante años proyectos en salud, educación e infraestructura. “Había tres ejes: salud, infraestructura y educación. Más de 60 comunidades se beneficiaban directamente. Eso hoy ya no existe”, lamenta.

Se reducen actividades comerciales

“Estos días todo ha estado bien tranquilo. Antes —cuando operaba la refinería— el movimiento que se veía a diario era grande. Siempre venía gente a comprar a la tienda y en el comedor que está allí —en la esquina— siempre tenía clientela. Ahora no sabemos qué va a pasar, porque hay gente de aquí —La Libertad— que se quedó sin trabajo y ahora están viendo qué hacen”, comenta Luis Caal —quien atiende una tienda frente a uno de los pocos hoteles en La Libertad.

Durante una reunión de jefes de bloques en el Congreso, el diputado del partido Viva, Edin Mejía, insiste en que el Estado debería continuar con la explotación responsable del recurso para evitar el colapso económico regional. “Desde Petén podemos hacer de este país uno de primer mundo”, afirmó.

No todos están de acuerdo. Gabriela Muñoz, del Observatorio de Industrias Extractivas, advierte que durante 40 años el Estado fue incapaz de monitorear el impacto ambiental y social.

Asegura que el contrato representó pérdidas económicas —unos US$77 millones— y que la empresa dejó pasivos que el Estado ahora debe asumir. “Es una contradicción seguir apostando por un recurso que no genera energía para el país y deja pérdidas”, dijo.

Carencias: informalidad e inseguridad alimentaria

Durante el recorrido hacia el campo Xan no se observa operativos ni patrullajes del Ejército, encargado de resguardar tanto las instalaciones como el oleoducto, visible a lo largo del trayecto. También se observa ganado en pastizales, y caseríos donde los pobladores cultivan maíz y hortalizas. Hay algunas tiendas de víveres, pero estas comunidades carecen de servicios básicos como agua potable y energía eléctrica. Dos escuelas estaban cerradas por falta de maestros.

En el departamento de Petén, el 79.8 % de la población vive en condiciones de pobreza multidimensional, es decir, experimenta al menos tres privaciones significativas en su calidad de vida, de acuerdo con el índice más reciente.

Las principales carencias se concentran en dimensiones como la educación, donde el 79 % de los niños y adolescentes presenta rezago escolar por edad; el empleo digno, con una tasa de 78.5 % de informalidad laboral.

En cuanto a los servicios básicos, según los indicadores, el 80 % carece de un sistema adecuado de recolección de basura, y el 75.8 % no cuenta con saneamiento adecuado. Además, 4 de cada 10 personas enfrentan inseguridad alimentaria, mientras que el 37.9 % no tiene acceso confiable a agua potable.

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El Ministerio de Energía y Minas (MEM) estima que el campo produjo 146.4 millones de barriles en total. En 2024, la producción alcanzó 1.8 millones, con un promedio diario de 5 mil barriles.

Los ingresos estatales sumaron más de US$1,300 millones en cuatro décadas, según el MEM.

 La cifra equivale a Q10 mil 400 millones al tipo de cambio actual y es apenas un 7% del presupuesto total del Estado para 2025, que asciende a Q148 mil 526 millones.  

El costo del cierre técnico se estima en US$50 millones y podría extenderse hasta por ocho años.

El 27 de agosto, el presidente Bernardo Arévalo, junto con otros integrantes de su gabinete de Gobierno, visitó las instalaciones del campo Xan, en San Andrés, Petén, con el objetivo de verificar la restauración del ecosistema, así como la seguridad en la localidad, luego del cierre de operaciones de la empresa Perenco.

En cuanto a la seguridad en el área, el subdirector general de la Policía Nacional Civil (PNC), Esvin Jacinto, informó que ya se desplegó un contingente inicial de 20 agentes, quienes realizarán patrullajes preventivos, así como la custodia de la infraestructura petrolera. Además, confirmó que será desplegado un pelotón de fuerzas especiales ante posibles emergencias o contingencias de tipo social.

Según indicó la ministra de Ambiente, Patricia Orantes, durante una reunión con jefes de bloques en el Congreso, realizada el 20 de agosto, harán diagnósticos para identificar “posibles residuos de derrames de petróleo u otros productos químicos, determinar si existen aguas residuales contaminando tanques, piletas u otros sistemas de contención de aguas residuales que puedan tener fugas”.

En medio de este panorama, las comunidades siguen esperando respuestas. Las autoridades confirman que hay diagnósticos y convocatorias a empresas para liderar el cierre técnico, pero no hay planes visibles de apoyo económico, generación de empleo o continuidad de programas sociales.

Estado distante

 Parte de la deuda con las comunidades de la zona, de acuerdo con Gabriela Muñoz, investigadora del Observatorio de Industrias Extractivas, (OIE), tiene que ver con la ausencia del Estado.

“El gobierno se ha enfocado en equiparar a los asentamientos humanos en la Laguna del Tigre con actividades ilegales o del crimen organizado… creemos que hay que hacer una distinción clara, ya que hay comunidades que se han dedicado a realizar planes reales de reforestación en la localidad y que no han sido tomadas en cuenta dentro de los planes del gobierno” aseguro.

Además, indica que la solución a estas situaciones debe pasar por un diálogo que permita definir “qué es lo que ellos – el Estado – ven como una definición de desarrollo real”.

Análisis

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Urias Gamarro

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00:10h

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Desde el 1 de mayo del 2023 el CIV es el administrador de la Autopista Palín-Escuintla. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Del 2023 al 2025, el Estado de Guatemala ha retomado el control de dos activos que habían sido entregados en concesión y operados por empresas privadas. Sin embargo, una vez devueltos, dichos bienes no han seguido en funcionamiento, a pesar de contar con factibilidad técnica y financiera para continuar operando.

En los casos recientes, el Estado tiene a su cargo la administración de la autopista Palín-Escuintla, concesionada a la firma Marhnos y entregada el 1 de mayo del 2023 al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV). Y, el pasado 12 de agosto, la compañía Perenco Guatemala Limited culminó el contrato de explotación petrolera en el campo Xan, en Petén, el cual fue traspasado al Ministerio de Energía y Minas (MEM).

Ambos contratos finalizaron dentro de los plazos establecidos de las concesiones otorgadas. No obstante, se trata de activos con potencial de operación y generación de ingresos públicos y actividad productiva bajo distintos modelos. Según expertos consultados, esto evidencia la falta de visión o estrategia nacional para atraer inversiones públicas, mixtas o privadas.

En ambos casos, se conocía con antelación la fecha de finalización de las concesiones durante distintas administraciones de gobierno central. Sin embargo, los activos pudieron seguir operando, lo que pone en evidencia una falta de planificación y comprensión institucional sobre estos procesos desde el ámbito estatal.

Activos públicos regresan al Estado, sin ruta técnica para su uso

Las relaciones contractuales que el Estado establece en la concesión de activos públicos, al vencer, suelen quedar en el abandono o fuera de operación debido a una evidente falta de planificación. No se prevé el momento en que estos contratos concluirán ni cómo será el proceso de recepción de los bienes.

La reversión de los derechos otorgados pasa nuevamente al Estado una vez finalizados los contratos. Sin embargo, estos no se amplían automáticamente ni se retoma la ruta conceptual original. En su lugar, suele recurrirse a salidas jurídicas alternativas, sin considerar el enfoque técnico.

La viabilidad legal de estas relaciones contractuales termina pesando más que la planificación técnica y financiera, lo cual refleja que, por lo general, estos acuerdos no están respaldados por una estrategia estatal clara.

Al momento de su conclusión, estos contratos aún presentan un potencial operativo comprobado. No obstante, el potencial no puede aprovecharse si el Estado carece de equipos técnicos especializados o de una capacidad de planificación que contemple una proyección sostenible del activo a futuro.

El Estado pierde rentabilidad por no prever fin de contratos

Tanto la conclusión de la administración de la autopista Palín-Escuintla como de la explotación petrolera en los campos Xan son ejemplos concretos de lo que ocurre cuando no existe una planificación oportuna o se intenta actuar a última hora. En ambos contratos había posibilidad de continuar con la operación de forma habitual.

Desde el punto de vista técnico, estos procesos de planificación deben iniciarse entre dos y tres años antes de que concluyan los contratos, a fin de realizar los estudios técnicos, financieros y jurídicos que permitan aprovechar al máximo el potencial del activo. Esto puede implicar que el Estado lo retome directamente —si cuenta con la capacidad técnica— o bien que se impulse un nuevo proceso de licitación, contratación tradicional de obra pública o una alianza público-privada (APP).

Incluso podrían considerarse otros esquemas contractuales específicos para la explotación de activos estatales, pero, lamentablemente, esto no sucede, coincidieron el exviceministro de Economía Óscar Erasmo Velásquez y el consultor en infraestructura crítica Enrique Godoy.

Fin de concesiones expone debilidad técnica y presión política

Por lo general, cuando concluyen este tipo de contratos, se evidencia nuevamente la falta de planificación. No se valoran adecuadamente las obras que se reciben, lo cual deteriora su capacidad operativa y genera conflictos, no solo jurídicos, sino también sociales.

Además, hay otro factor que interfiere y se impone: el político, que no debería influir en decisiones de carácter técnico, financiero o jurídico. Esta intromisión impide que los procesos arrojen los resultados esperados.

Estado debió prever alternativas antes del fin de los contratos

“En el caso de Perenco, hubo discusiones y análisis sobre las dificultades que dicho contrato representaba para el país, pero lamentablemente no se hizo nada. Esto debe servir como ejemplo para futuros contratos que el Estado suscriba, en particular los relacionados con la explotación de recursos no renovables”, apuntó Velásquez.

Agregó que, en adelante, es necesario diseñar una estrategia que permita la explotación de recursos con participación estatal, como ocurre en otros países, donde se asumen conjuntamente los riesgos y beneficios a través de empresas público-privadas. Además, dijo, se debe velar por el cumplimiento y respeto de las condiciones medioambientales.

Godoy reiteró que hubo una falta de previsión, y aunque se trataba de contratos con plazos perentorios no renovables, era necesario anticiparse, ya que existían opciones para continuar y generar otros tipos de convenios.

Planificación anticipada puede asegurar valor y continuidad de proyectos

En los futuros contratos, una de las recomendaciones es contar con una planificación activa antes de la culminación de los proyectos en concesión, lo que se conoce como gestión contractual, una práctica poco desarrollada en el manejo de activos públicos o estatales.

La gestión de contratos implica establecer alertas en distintas etapas: cuando concluyen, cuando atraviesan una fase intermedia o cuando surgen sanciones al concesionario que explota los recursos.

Una gestión y planificación efectivas permiten realizar estudios que devuelvan valor al activo, recepcionarlo como Estado, operarlo y, eventualmente, aplicar otros mecanismos para aprovecharlo.

Todas las decisiones técnicas deben prevalecer sobre factores políticos o electorales, pues la planificación y los estudios pueden prolongarse hasta 10 años, a lo que se suma el tiempo de ejecución del ciclo de proyectos de infraestructura.

Regalías, peajes y contratos: la confusión entre lo estatal y lo general

Olav Dirkmaat, de UFM Market Trends, brindó una perspectiva general sobre la situación actual.

A su juicio, ¿Por qué el Estado pierde en la realización de contractos contractuales de activos como la explotación petrolera o la concesión de la Auto pista Palín Escuintla que son los casos recientes?

El interés estatal no debe prevalecer, sino el interés general. Como afirmaba Manuel F. Ayau Cordón, el derecho individual es el que mejor sirve al interés general. Entonces, ¿es en función del interés estatal o del interés general que se explotan económicamente los recursos de una sociedad? De esa respuesta depende la perspectiva sobre las concesiones: ¿qué es mejor para el interés general? ¿Carreteras de calidad al menor costo posible? ¿Preferimos un peaje bajo o una regalía alta?

En Guatemala parece haber confusión: una regalía alta responde al interés estatal, mientras que un peaje bajo acompañado de una buena carretera responde al interés general. Lo mismo ocurre con la explotación de recursos naturales: ¿constituye interés general la creación de empleos y la inversión que implica, por ejemplo, la extracción petrolera? La respuesta es sí. Sin embargo, la queja más frecuente en Guatemala es que “no pagan suficientes regalías”, lo cual es falso en el caso específico de Perenco. Más relevante aún: esa lógica responde al “beneficio estatal”, pero no necesariamente al beneficio general.

Aunque las concesiones resultan preferibles a la explotación directa por parte del Estado, el verdadero problema sigue siendo el criterio de asignación: ¿se otorgan para servir al interés general o al interés estatal?

A su entender, ¿Qué se necesita para evitar estas actuaciones de explotación de los activos?

El problema es que el Estado no tiene ni los incentivos ni la disciplina de mercado para maximizar valor, lo que realmente responde al interés general. Cuando entrega un activo en contrato —sea una carretera o un campo petrolero—, las decisiones no se guían por incentivos económicos alineados con ese interés, sino por incentivos políticos: beneficiar o castigar a ciertos grupos, negociar mal, estructurar contratos deficientes, actuar con poca transparencia o incluso con corrupción para que el político de turno se enriquezca.

La única forma de evitarlo es limitar la discrecionalidad estatal. Mientras los activos sigan siendo “del Estado”, siempre correrán el riesgo de convertirse en botín político. Lo que se necesita son reglas claras, verdadera competencia —no solo en el discurso— y, sobre todo, abrir espacio a la propiedad privada.

En lugar de concesiones arbitrarias, se deben privatizar activos y dejar que los precios, la competencia y la inversión privada asignen recursos. Solo así se evitará que los políticos utilicen los contratos como moneda de cambio y se garantizará que los activos generen verdadero valor económico en beneficio del interés general, y no únicamente del interés estatal.

Asentamientos ilegales se expanden en Laguna del Tigre tras salida de Perenco

El retiro de Perenco del Parque Nacional Laguna del Tigre no frenó la expansión de asentamientos ilegales, impulsada por el crimen organizado y la debilidad institucional. Autoridades reconocen la crisis y analizan aplicar políticas para regular ocupaciones en áreas protegidas.

Luisa Laguardia

19 de agosto de 2025

|

08:11h

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Área cercana al área donde Perenco operaba en Petén. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Una fuente experta en conservación natural, que solicitó el anonimato y se encuentra en el departamento de Petén, advirtió que el retiro de la empresa Perenco del Parque Nacional Laguna del Tigre no resolvió los problemas estructurales de la zona. Por el contrario, los asentamientos ilegales continúan expandiéndose, favorecidos por la falta de gobernanza y la presencia del crimen organizado.

“El verdadero problema no es que Perenco se haya ido o no, porque todas las demás amenazas siguen presentes en el territorio”, afirmó el especialista, quien explicó que la debilidad institucional ha dejado el área sin control efectivo.

Consultado sobre esta situación, el presidente Bernardo Arévalo aseguró que ya existe un plan en marcha para la recuperación del territorio, el cual comienza con la rehabilitación del pozo Xan.

El entrevistado agregó que la situación trasciende a una sola entidad: “No es únicamente responsabilidad de una institución, sino de una política de Estado. El crimen organizado tiene mejores mecanismos de acción en el territorio que las propias autoridades”.

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La fuente también señaló que la usurpación de tierras, el tráfico de influencias y la manipulación de campesinos son prácticas frecuentes. “Hay terratenientes que manipulan a estas comunidades para realizar acciones como la venta ilegal de tierras”, comentó.

Por su parte, la ministra de Ambiente, Patricia Orantes, informó que en el este de la reserva existen asentamientos regulados y otros ilegales, y que se está evaluando cómo enfrentar este fenómeno. Recordó que desde hace 20 años existe una política de asentamientos humanos en áreas protegidas que podría aplicarse para regular a algunas comunidades.

Aunque Laguna del Tigre es sitio Ramsar y sus inundaciones naturales funcionan como defensa frente al cambio de uso de suelo, los bosques altos siguen siendo vulnerables a la deforestación y a la expansión agrícola.

“El fin del contrato petrolero no resuelve nada por sí mismo”, concluyó la fuente.

Planes de seguridad

Víctor Hugo Ventura, ministro del MEM, informó a principios de agosto, que durante el proceso de entrega y resguardo de las instalaciones que dejó Perenco, será coordinado con varios ministerios e instituciones gubernamentales para iniciar la tarea correspondiente al Ministerio de Ambiente, que es la recuperación del Parque Nacional Laguna del Tigre. En esta área, solo una parte corresponde al polígono petrolero; el resto está ocupado por actividades no autorizadas, como la ganadería, entre otras, según el funcionario.

La pista aérea será totalmente administrada por el Ejército. Los pozos, la refinería y el oleoducto quedarán bajo supervisión del MEM, afirmó el ministro del MEM, en ese momento.

Otra de las medidas es evitar que ingresen invasores, por lo que la seguridad será clave, y tanto la Policía Nacional Civil (PNC) como el Ejército tendrán un papel importante en el resguardo del sitio petrolero y en la recuperación del parque, aseguró Ventura.

*Con información de Rosa María Bolaños

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César Pérez Marroquín

15 de agosto de 2025

|

20:50h

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Familias pretenden instalaron viviendas improvisadas en terrenos anteriormente operados por la empresa Perenco, en Sayaxché, Petén. (Foto Prensa Libre: César Soler)

Luego de la salida definitiva de la empresa Perenco del bloque petrolero en el Parque Nacional Laguna del Tigre, diversas áreas de la infraestructura quedaron sin resguardo. Esto permitió que unas 250 personas, en su mayoría familias de escasos recursos, ocuparan zonas clave como el caserío Nuevo Cobán, en Sayaxché, y el pozo Yalcanix, en el municipio de La Libertad.

Desde el 12 de agosto, cuando venció oficialmente el contrato entre el Estado de Guatemala y Perenco, se reportan ocupaciones ilegales en puntos estratégicos de oleoductos y pozos. En los terrenos se han instalado refugios improvisados, se observa tala de árboles y alteraciones en estructuras de operación.

Ante estos hechos, la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) emitió un comunicado en el que expresó su “total desacuerdo con las ocupaciones ilegales en el área antes ocupada por la empresa Perenco”, al considerar que estas representan “múltiples riesgos sociales, económicos y ambientales” y “comprometen además la seguridad de los guatemaltecos de la zona”.

La organización empresarial advirtió que la presencia de personas en esos terrenos “pone en riesgo la integridad de la infraestructura y obstaculiza un cierre técnico que requiere manejo especializado”. También subrayó que “corresponde al Gobierno garantizar un cierre ambientalmente responsable”.

Finalmente, la CIG instó a las autoridades a actuar de inmediato: “Exigimos a las autoridades competentes implementar de inmediato las medidas necesarias para proteger el área, resguardar la infraestructura, restablecer el orden y sancionar, conforme a la ley, a quienes cometan estos actos ilegales”.

Justifican invasiones

Las familias que ocupan el área argumentan que necesitan tierras para vivir y cultivar. Autoridades locales han confirmado que se presentaron denuncias y se ha iniciado un proceso de diálogo con los ocupantes para evitar mayores conflictos.

Las zonas afectadas forman parte de la infraestructura petrolera que operó Perenco durante más de dos décadas en una de las áreas naturales más sensibles del país.

Perenco, empresa de origen franco-británico, comenzó a operar en Petén en 2001, bajo condiciones controvertidas, al explotar un bloque ubicado dentro de un área protegida. A lo largo de los años, el contrato fue objeto de múltiples acciones legales y señalamientos por parte de organizaciones ambientalistas, debido a los riesgos ecológicos y sociales.

Tras la finalización del contrato, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) asumieron el control del área con el objetivo de ejecutar un cierre técnico. Sin embargo, la falta de resguardo inmediato provocó un vacío operativo que ahora enfrenta consecuencias legales, sociales y de gobernabilidad.

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Unas 250 personas ocuparon áreas cercanas al oleoducto, tras el vencimiento del contrato con la empresa petrolera. Las autoridades ya recibieron denuncias y buscan dialogar.

César Pérez y César Soler

14 de agosto de 2025

|

17:50h

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Familias pretenden instalaron viviendas improvisadas en terrenos anteriormente operados por la empresa Perenco, en Sayaxché, Petén. (Foto Prensa Libre: César Soler)

Unas 250 personas ocuparon el área que era administrada por la empresa Perenco en el caserío Nuevo Cobán, Sayaxché, donde se encuentra el oleoducto que transporta petróleo desde la región norte del país.

Según las autoridades, los ocupantes aseguraron que son de escasos recursos y que necesitan las tierras para trabajar y vivir.

Otro grupo de familias se instaló en el pozo Yalcanix, en el cruce El Toro, ruta al Naranjo, municipio de La Libertad. En ese lugar, decenas de personas improvisaron refugios en terrenos también vinculados a la operación de la empresa petrolera.

Las autoridades indicaron que ya se han presentado denuncias formales por las invasiones, y que se ha iniciado un proceso de diálogo con los ocupantes, quienes llegaron a la zona desde el martes 12 de agosto, fecha en la que venció el contrato de Perenco.

En el área se observan árboles derribados y estructuras improvisadas.

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