Los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades (CDC) dio luz verde oficialmente a este inmunizante el martes por la noche, después de la autorización a fines de la semana pasada por parte de la Agencia de Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

La vacuna siempre se administrará en dos inyecciones, con tres semanas de diferencia. La dosis se ha ajustado a 10 microgramos por inyección, menos que los 30 microgramos que reciben por dosis los grupos de mayor edad.

El martes por la tarde, un pequeño grupo de seis niños recibió su primera dosis en un hospital de Hartford, en el estado Connecticut.

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“Realmente no me duele”, dijo Kareem Omar, de 6 años, a la AFP, afirmando que lo hacía “para ayudar a Estados Unidos”.

“Podría llorar sólo de pensar en este momento”, dijo Liz Cronin, una madre que fue a vacunar a dos niños de seis y ocho años. “Llevamos mucho tiempo esperando que nuestros hijos recuperen cierta sensación de normalidad”, añadió.

La vacunación “permitirá a los padres poner fin a meses de preocupación por sus hijos”, elogió el presidente estadounidense, Joe Biden, después del anuncio de los CDC, calificándolo de “importante paso adelante” y “punto de inflexión” en la lucha contra la pandemia.

“Sabemos que millones de padres quieren vacunar a sus hijos”, reconoció Rochelle Walensky, directora de CDC, en un comunicado.

“Como madre, animo a los padres que tengan preguntas a conversar” con los profesionales de la salud para “aprender más sobre la importancia de la vacunación”, agregó.

El gobierno ya se había anticipado en gran medida a la decisión al adquirir dosis suficientes para inmunizar a todos los niños de ese grupo de edad, y al comenzar a enviar millones a todo el país.

Desde la aprobación de la FDA el viernes, “no ha habido un solo momento en que los equipos no hayan recogido, empacado y enviado las vacunas”, aseguró el lunes el coordinador de la pandemia de la Casa Blanca, Jeff Zients.

La campaña de vacunación para niños pequeños “alcanzará su máxima capacidad la semana del 8 de noviembre”, calculó.

57% vacunaría a sus hijos

Entre los niños de 5 a 11 años, se han registrado más de 1,9 millones de casos de covid-19 en Estados Unidos, más de 8.300 hospitalizaciones, más de 2.300 casos de MIS-C (síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico) y un centenar de fallecidos.

Según los ensayos clínicos realizados por Pfizer en miles de niños, se ha demostrado que la vacuna tiene una eficacia del 90,7% en la prevención de formas sintomáticas de la enfermedad en este grupo de edad.

Además de protegerlos de enfermarse, existen otros beneficios como menos cierres de clases y una posible reducción en la transmisión de la epidemia a la población en general.

Las dosis estarán disponibles en farmacias, hospitales pediátricos, consultorios de pediatras, médicos de familia y algunas escuelas.

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Según una encuesta de septiembre realizada por los CDC a 1.000 padres, el 57% dijo que “definitivamente” o “probablemente” vacunaría a sus hijos.

“Si tuviera un nieto, definitivamente lo vacunaría”, dijo por su parte Beth Bell, especialista en enfermedades infecciosas y miembro del comité de expertos convocado por los CDC que recomendó unánimemente la vacuna de Pfizer para las edades de 5 a 11 años.

“Tenemos una excelente evidencia de eficacia y seguridad. Tenemos un análisis beneficio-riesgo favorable”, insistió.

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“El fin de semana anterior rechacé a 16 familias para las que no podía prestar servicios”, dice la propietaria Candy Boyd. “Es triste. Pero así es como es ahora”.

En las últimas dos semanas el coronavirus azotó la ciudad de Los Ángeles y alrededor del 80% de los fallecidos que atravesaron sus puertas murieron a causa del virus.

Uno de cada 10 residentes de la segunda ciudad más grande del país se ha infectado desde que comenzó la pandemia, y casi 300 personas murieron diariamente la semana pasada a medida que aumentaban los contagios.

En la recepción de Boyd, los teléfonos no paran de sonar, pero quienes llaman no obtienen respuesta. El abrumado personal ahora les dice a los clientes que simplemente se presenten y hagan fila.

Incluso está recibiendo llamadas de familias desesperadas de otros condados, a más de una hora en auto.

Muchas morgues de hospitales también están llenas, con forenses locales que utilizan camiones refrigerados para acomodar víctimas. Algunos cementerios advierten de listas de espera de dos semanas. “Las cosas están cada vez más fuera de control”, dice Boyd.

Durante la visita de AFP esta semana, un ataúd con una pequeña corona de flores ocupaba la sala de descanso de los empleados. Llevaba allí una semana.

“Esta habitación es nuestra área de almuerzo, sin embargo, tenemos que usar esta sala como espacio para ataúdes”, explica la propietaria. “Hemos hecho los servicios, pero el cementerio está tan ocupado que tenemos que retenerlos aquí hasta que tengan tiempo de hacer el entierro”.

Cuerpos en el garaje

Como gran parte del sur de Los Ángeles, en el vecindario de Westmont viven principalmente comunidades de clase trabajadora negra y latina, que residen en hogares densamente poblados.

Estas zonas se han visto particularmente afectadas por la pandemia, con tasas de mortalidad dos o tres veces más altas que las de las comunidades cercanas.

La cámara frigorífica de la funeraria de Boyd ha estado constantemente llena.

Hace dos semanas, Boyd trajo carpinteros para que contruyeran dos grandes estructuras de madera en el garaje de la empresa para almacenar cuerpos embalsamados.

“Ni siquiera ha tenido la oportunidad de terminar realmente porque necesitábamos (almacenar) estos”, dice, señalando los cadáveres envueltos en bolsas que yacían en los estantes. “Nunca me hubiera imaginado tener que construir eso, ni en mis sueños más locos”.

Algunas funerarias han informado de una escasez de ataúdes debido a la falta de madera, aunque el proveedor de Boyd se mantiene al día con los pedidos siempre que se realicen con suficiente antelación.

“Pesadillas”

Preocupada porque sus cinco empleados se contagiaron del virus al comienzo de la pandemia, Boyd se negó inicialmente a aceptar a las víctimas de covid. “Tenía pesadillas. No podía comer, no podía dormir”, recuerda.

Desde entonces, Boyd ha creado protocolos de seguridad y ahora se siente cómoda lidiando con la afluencia, aunque insiste en que “no se trata de un tema de dinero”.

“Se trata de ayudar a las familias”, dice.

“Me pasa factura todos los días, estoy lidiando con esto”, agrega Boyd. “Y tengo que mantener una cara impasible porque tengo que estar ahí para la familia”.

A veces, los clientes son personas a las que conoce personalmente desde hace mucho tiempo.

Otras veces, Boyd se encuentra con familias que aún se niegan a usar mascarillas o respetar la distancia física, incluso cuando hacen los trámites para enterrar a sus seres queridos.

“Los números no mienten. Es verdad. Es real”, dice Boyd sobre la enfermedad.

Los casos en California se han más que duplicado desde principios de diciembre a 2,8 millones.

“Si no te lo tomas en serio”, advierte a un periodista de la AFP, “podrías ser una de las personas que están en mi última fila”.

El actor estadounidense Bruce Willis pasó un mal momento al ser echado de un comercio en Los Ángeles, Estados Unidos.

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De acuerdo con Infobae, que cita a Page Six, las personas dentro de la tienda se molestaron porque Willis, de 65 años, se paseaba dentro del recinto sin mascarilla.

Tras el enojo de los clientes, la tienda le pidió que se protegiera, pero este se negó y fue expulsado del lugar.

De hecho, el actor fue captado afuera del comercio sin ninguna protección más que un pañuelo colocado en el cuello.

Los Ángeles es una de las localidades estadounidenses más golpeadas por el coronavirus, con más de 10 mil muertes registradas, según la publicación de Infobae.

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Recientemente, resalta el sitio, Rumer, una de las hijas del protagonista de “Duro de matar”, instó a la población a usar siempre la mascarilla, después de que estuvo en contacto con otra persona infectada.

Incluso el mismo Bruce debió de cumplir una cuarentena junto a sus tres hijas mayores y su exesposa, Demi Moore, con quien estuvo casado desde 1987 al 2000.

De acuerdo con la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos registró este martes un récord de casi cuatro mil 500 muertos por covid-19 en 24 horas.

“No hay comercio, no hay ventas y las calles están muertas. Es lo mismo a las 3 PM que a las 3 AM”, dijo Wayne Fournier, alcalde de esa ciudad de mil 800 habitantes del estado de Washington; al noroeste de Estados Unidos.

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“Estábamos recibiendo muchas llamadas de empresas que nos decían no estar seguras de poder continuar”, dijo a la AFP.

Como el museo de la ciudad tiene una impresora que data de los años 1890, la utilizaron para hacer US$10 mil en rectángulos de madera, cada uno con un valor nominal de US$25.

El billete tiene una imagen del presidente George Washington y una expresión en latín que traducida al inglés significa: “Lo tenemos bajo control”.

Ese dinero es entregado como subvención a residentes que demuestren que están siendo perjudicados por la pandemia. Cada uno puede recibir hasta 300 dólares mensuales.

Conocidos como “Dólares Tenino” o “Dólares covid” o, incluso, como “Dólares Wayne”, por el apellido del alcalde, los billetes son aceptados en casi todos los negocios de la ciudad a una tasa fija equivalente a casi un dólar.

Esa madera solo vale dentro de los límites de Tenino.

Tiempos de desesperación

La idea no es nueva. La ciudad la utilizó durante la aún peor devastación causada por la Gran Depresión de los años 1930.

La escasez de dólares en aquel tiempo, llevó a directivos de bancos de Tenino a imprimir dinero en corteza de picea.

“El concepto se hizo viral en los años 1930”, dice Fournier y otras comunidades, empresas y cámaras de comercio lo emularon.

La atención de los medios provocó la curiosidad de inversores y a lo largo de los años la moneda de madera se tornó en objeto de colección a la venta en eBay y Amazon.

La versión contemporánea, al igual que su edición previa, apunta a tender una mano durante la crisis económica que ha provocado el cierre de negocios en todo el país.

“Es más que nada una promoción de la propia ciudad”, dijo Chris Hamilton, gerente de la principal tienda de alimentos. “Mucha gente que llega a la ciudad ni siquiera sabía que existe Tenino y quiere conocer cómo es ese lugar que imprime su propia moneda”, añade.

“Podrían detenerse un rato, comprar un helado o recorrer las calles y comer una hamburguesa”, comenta.

Monedas complementarias similares existen en muchos lugares de Estados Unidos y Europa. No buscan reemplazar la moneda nacional sino apoyar a la economía local; lo cual es una clara diferencia en tanto las autoridades estadounidenses nunca ven con buenos ojos crear un billete que compita con el poderoso dolar.

El departamento del Tesoro rehusó hacer comentarios sobre su posición ante las monedas locales.

El sistema suizo WYR, creado en 1934, es considerado como la moneda local más antigua del mundo, y es usado a diario en miles de pequeños negocios.

Respuesta a la globalización

Con un desempleo de 11.1% en junio, una de las mayores tasas desde la Gran Depresión, los estadounidenses que abogan por las monedas complementarias dicen que este es un momento para considerarlas como una forma de ayuda a la gente.

“La crisis en el financiamiento de los municipios impulsa la creatividad. Los administradores están explorando emitir su propia moneda en vez de emitir bonos para financiar su respuesta al covid”, dijo Susan Witt, directora del centro de estudios económicos Schumacher.

Ese centro desarrolló los BerkShares, una moneda en circulación desde 2006 en la región de Berkshires, al oeste de Massachusetts, y es distribuida por bancos locales. Witt está asesorando a varios municipios estadounidenses interesados en iniciativas similares.

Muchos consideran a las monedas locales como un baluarte contra la desenfrenada globalización.

“La gente se empezó a dar cuenta que nos tornamos demasiado globales, demasiado rápidamente y perdimos nuestras características propias”, dijo Chris Hewitt, fundador de Hudson Valley Current, una moneda del Upstate Nueva York y que opera como un sistema de crédito mutuo.

Los entusiastas de este tipo de monedas aspiran a generar un movimiento nacional.

“Si eso se hace orgánicamente en todo el país, podría salvarnos de una seria recesión”, dice Fournier.

La pandemia se ha cobrado la vida de más de 112 mil 900 personas en Estados Unidos, el país con más infecciones en el mundo con dos millones 464 según la universidad.

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A este número de casos en Estados Unidos -que representan más del 27 % de los declarados en todo el mundo- le siguen los 772 mil 416 de Brasil y los 493 mil 23 de Rusia.

El estado de Nueva York ha sido el gran epicentro de la pandemia en Estados Unidos con 380 mil 156 casos confirmados y 30 mil 542 fallecidos, una cifra solo superada por el Reino Unido, Brasil e Italia.

Tan solo en la ciudad de Nueva York han muerto 21 mil 960 personas.

A Nueva York le siguen la vecina Nueva Jersey con 165 mil 346 casos confirmados y 12 mil 377 fallecidos, California, que ha reportado 139 mil 715 contagios y 4 mil 854 decesos e Illinois con 129 mil 837 positivos por coronavirus y 6 mil 95 muertos.

Otros estados con un gran número de fallecidos son Massachusetts con 7 mil 454, Pensilvania con 6 mil 62, Michigan con 5 mil 955 o Connecticut, con 4 mil 120.

El foco de la pandemia en Estados Unidos se ha desplazado ahora de la golpeada Costa Este a California, que está experimentando en los últimos días un crecimiento acelerado de casos.

El balance provisional de fallecidos -112 mil 924- ha superado ya la cota más baja de las estimaciones iniciales de la Casa Blanca, que proyectó en el mejor de los casos entre cien mil y 240 mil muertes a causa de la pandemia.

Por su parte, el Instituto de Métricas y Evaluaciones de Salud (IHME) de la Universidad de Washington, en cuyos modelos de predicción de la evolución de la pandemia se fija a menudo la Casa Blanca, calcula que para inicios de agosto habrá dejado más de 145 mil muertes en Estados Unidos.

EL CENTRO, California — Fue testigo de malas temporadas de gripe que causaron un aumento repentino en las hospitalizaciones, fines de semana en los que colisiones de vehículos todoterreno en el desierto dejaron lesiones traumáticas y días de verano abrasadores en los que trabajadores agrícolas con golpes de calor necesitaron reanimación intensiva. Entre los pacientes siempre había un puñado de estadounidenses que vivían al otro lado de la frontera.

“Somos un hospital muy pequeño, pero siempre hemos podido arreglárnoslas; convocamos a todo el personal a laborar o trasladamos a uno o dos pacientes al día a instalaciones más grandes”, explicó Cruz, directora del departamento de urgencias del Centro Médico Regional de El Centro. “Había lapsos de 24 o 48 horas en los que había tal incremento de pacientes que todos debíamos poner manos a la obra”, agregó.

Pero llegó el coronavirus.

El hospital, que cuenta con una unidad de cuidados intensivos de veinte camas, se ha visto desbordado por los enfermos residentes de Valle de Imperial, así como por estadounidenses y gente con green cards que huyen de las clínicas y hospitales abarrotados de Mexicali, una ciudad de 1,1 millones de habitantes ubicada al otro lado de la frontera.

Para aliviar la presión, los hospitales de los condados cercanos de San Diego y Riverside comenzaron a aceptar a pacientes transferidos en abril, pero la intensificación de la crisis hizo que California activara una respuesta extraordinaria la semana pasada, por lo que ahora hospitales tan al norte como Santa Bárbara, San Francisco y Sacramento aceptarán pacientes de este remoto rincón del sureste del estado.

La semana pasada, se trasladaba cada dos o tres horas a un paciente desde el hospital de El Centro, en comparación con los diecisiete transferidos en todo un mes antes de la pandemia de COVID-19, comentó Cruz una mañana reciente mientras un helicóptero se preparaba para transportar por vía aérea a un paciente y cinco ambulancias dejaban pacientes en un trío de tiendas de campaña instaladas afuera del hospital para clasificar a los recién llegados.

El creciente número de pacientes con COVID-19 que ingresan a Estados Unidos provenientes de México se presenta en un momento en el que muchas partes de California han disminuido sus tasas de infección, lo que ha permitido a muchos condados levantar las restricciones de confinamiento y reabrir los negocios.

“Trabajamos duro para aplanar la curva en California”, afirmó Carmela Coyle, presidenta de la Asociación de Hospitales de California, quien hizo un llamado a los sistemas hospitalarios de todo el estado para que prestaran ayuda. “Ahora tenemos un aumento repentino en el Valle de Imperial porque la situación es muy grave en Mexicali”, añadió.

Otras partes de la frontera, como el condado de San Diego, también han estado luchando con una ola de pacientes provenientes de Baja California, el estado mexicano que colinda con California. Los pueblos fronterizos de Arizona están experimentando un aumento de las infecciones que los funcionarios de salud creen que está relacionado con las personas que entran al país por el estado de Sonora.

“Por lo general recibimos en nuestra sala de urgencias a pacientes de México por cuestiones como complicaciones de cirugías bariátricas y cirugías plásticas y cuidados alternativos para el cáncer, pero esta pandemia ha generado una dinámica totalmente diferente”, comentó Juan Tovar, ejecutivo de operaciones médicas del Hospital Scripps Mercy en Chula Vista, al otro lado de la frontera con Tijuana, una ciudad que ha sido muy afectada por la pandemia.

“Estamos viendo llegar a nuestra sala de urgencias a pacientes con COVID cuyo estado es grave, y en esos casos la enfermedad llegó a una etapa avanzada porque no tuvieron acceso inmediato a la atención médica en Baja California”, agregó Tovar.

Es probable que el influjo de la frontera sea la razón por la que Chula Vista tiene más casos per cápita que San Diego, una ciudad cinco veces más grande.

Chris Van Gorder, presidente de Scripps Health, un sistema de salud sin fines de lucro en San Diego, informó que casi la mitad de los pacientes con el virus que ingresaron al hospital de Chula Vista entre el 24 y el 30 de mayo habían estado en México hacía poco. Esa proporción se elevó al 60 por ciento entre el 31 de mayo y el 2 de junio.

Van Gorder y otros administradores de hospitales han pedido a las autoridades federales que tomen la temperatura en las garitas de la frontera y que aconsejen a quienes presentan síntomas de tener el virus que permanezcan en cuarentena.

“Es bastante evidente que, mientras el condado en general está manejando bien las cosas, hay personas enfermas que cruzan la frontera todos los días”, manifestó.

Un vocero de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos dijo que la agencia estaba siguiendo las directrices de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y remitía a los viajeros que necesitaban ser examinados a las autoridades sanitarias locales.

El número de casos en el condado de Imperial alcanzó los 2540 el viernes, en comparación con los 1076 que se registraron dos semanas antes. El condado tiene la tasa de infección más alta de California, con uno de cada 71 residentes contagiados con el virus. El área de El Centro ha ocupado el segundo lugar en número de casos per cápita de todas las áreas metropolitanas de Estados Unidos durante las últimas dos semanas.

En el condado cercano de Yuma, Arizona, que también colinda con la frontera, los casos se han más que duplicado desde el Día de los Caídos, pues el 5 de junio llegaron a los 1510. El condado tiene menos casos per cápita que algunos condados del este de Arizona, donde hay brotes graves en las reservas de nativos americanos, pero tiene tasas más altas que los condados que incluyen a Phoenix y Tucson.

La crisis sanitaria a lo largo de la frontera ha subrayado la profunda interconexión entre Estados Unidos y su vecino del sur. Miles de millones de dólares en bienes y millones de personas se trasladan en ambas direcciones todos los años.

Desde marzo, se les prohibió la entrada a Estados Unidos a los solicitantes de asilo y otros migrantes, ya que el presidente Donald Trump cerró la frontera a todos los viajes que no fueran esenciales. Sin embargo, muchos de los 275.000 estadounidenses y poseedores de una green card que viven en Baja California, incluidos jubilados y adultos que trabajan, siguen viajando de un lado a otro.

“Me temo que no hay fronteras cuando se trata de una pandemia como esta”, explicó Adolphe Edward, director ejecutivo del hospital El Centro. “Estamos juntos como una sola comunidad, ya se trate de estadounidenses, ciudadanos con doble nacionalidad o mexicanos”, afirmó.

Entre los residentes de toda la vida de las comunidades fronterizas, prevalece un sentimiento de destino compartido.

“Estamos unidos por nuestras economías, familias y cultura”, manifestó Efraín Silva, alcalde de El Centro, que nació al otro lado de la frontera, en México, y todavía tiene parientes allí. “Eso es en su mayoría positivo para nosotros, pero también a veces tiene consecuencias negativas, como con la COVID”, explicó el alcalde.

Mexicali, un centro manufacturero, ha caído en una espiral creciente de casos.

A fines de mayo la crisis llegó a su punto más álgido, unas dos semanas después de que las familias de ambos lados de la frontera se reunieron en grandes cantidades para celebrar el Día de la Madre. Los administradores del hospital de Mexicali alertaron al hospital de El Centro que iban a enviar a Estados Unidos a los pacientes estadounidenses.

“Hemos visto personas que lograron caminar o conducir hasta el cruce fronterizo”, comentó Sergio A. Beltrán, el agente estadounidense a cargo de los puertos de entrada en Calexico, la ciudad de California que colinda con la frontera. Agregó que algunos habían hecho arreglos para que una ambulancia los recibiera y otros llamaron al 911.

En medio de la creciente crisis, los dirigentes de la Asociación de Hospitales de California enviaron un correo electrónico pidiendo ayuda a los centros de salud de otras partes del estado.

“El estado está haciendo un promedio de cuarenta llamadas telefónicas para encontrarle lugar a uno solo de estos pacientes de COVID, lo cual significa que se están efectuando al menos 400 llamadas telefónicas diarias en busca de hospitales receptores”, decía el correo electrónico.

En ese correo también se señalaba que el 27 de mayo la ciudad de Mexicali había reportado 180 muertes, el doble que en todo el estado de California.

Ron Werft, director ejecutivo del Cottage Hospital, un hospital universitario de 400 camas en Santa Bárbara, donde se ha aplanado la curva, estaba en una reunión virtual por Zoom con su junta directiva y el director médico cuando recibió el correo electrónico.

“De inmediato decidimos que lo haríamos. En veinte minutos nos comprometimos a recibir un paciente por día durante los siguientes seis días”, explicó.

La autoridad de servicios médicos de urgencias del estado también ha transferido pacientes a Los Ángeles, Newport Beach, San Francisco, Sacramento y Palm Springs.

“Nos preparamos para una oleada que no experimentamos”, dijo Randall McCafferty, neurocirujano de los hospitales Desert Care Network de Palm Springs, quien coordina los traslados a esas instalaciones. “Ahora tenemos bastante capacidad para ayudarlos en su lucha”, comentó.

Junto a su madre, viajó a la frontera entre México y Estados Unidos y finalmente se presentó sola ante la autoridad migratoria estadounidense.

Ingresó en un refugio administrado por el gobierno de ese país y creyó que tendría posibilidades de pedir asilo y de ser liberada para reunirse con un familiar cercano que vive en EE.UU.

En cambio, fue deportada a Honduras en medio de la pandemia mundial del coronavirus.

Arribó a su país para reencontrarse con el temor de recibir las mismas amenazas de familiares que la culpan por haber denunciado a su padre, quien a raíz de ello fue encarcelado, según describe el abogado de Natalia en EE.UU.

La joven forma parte de un grupo creciente de migrantes menores de edad que cruzaron solos la frontera y han sido deportados o expulsados de EE.UU. de forma expedita, algo cuya legalidad es cuestionada por organizaciones locales e internacionales y por políticos del Partido Demócrata.

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Al menos 915 menores de edad fueron expulsados de la frontera sur de EE.UU. entre marzo y abril, y al menos 60 fueron deportados desde el interior del país en el mismo periodo, de acuerdo con cifras oficiales.

De acuerdo con reportes de diversas organizaciones y representantes legales, algunos menores de edad han sido deportados en plena madrugada y sin que sus guardianes legales fuesen notificados, en acciones que han forzado a abogados a introducir demandas y mociones urgentes ante tribunales para detener las deportaciones.

Otros cientos de menores de edad han sido expulsados en cuestión de horas o días de la frontera de EE.UU., sin posibilidad de solicitar la protección de asilo ni de pedir ayuda legal.

El gobierno de Donald Trump justifica las medidas en el marco de la emergencia del coronavirus.

“Esta enfermedad no conoce edad”, declaró el mes pasado el funcionario Mark Morgan, de la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés).

“Cuando [menores de edad] cruzan la frontera, representan un absoluto y concreto riesgo de salud para este país y para todo aquel con quien entren en contacto”, agregó.

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Pero los que se oponen reclaman que la pandemia no puede justificar medidas “sin un antecedente conocido o un claro fundamento legal2, dice una carta firmada a principios de abril por una decena de senadores demócratas, quienes además denunciaron al gobierno por su secretismo.

“Para empeorar las cosas, esta expansión sin precedentes de los poderes ejecutivos parece estar completamente oculta del público y de la supervisión del Congreso”, señala el escrito.

¿Qué es lo inusual?

Históricamente, los menores de edad que cruzan la frontera sin un acompañante adulto gozan de protecciones especiales amparadas en una ley aprobada en 2008 para víctimas de trata.

Bajo la ley, no pueden ser deportados inmediatamente y deben tener acceso a asistencia legal, cuidado médico, educación y refugio.

También se les permite vivir con patrocinadores o familiares cercanos en EE.UU. mientras sus casos se resuelven en las cortes de inmigración, un proceso por lo general largo.

Lo inusual es una nueva orden emitida el pasado 20 de marzo a raíz de la pandemia por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que suspende el ingreso de “ciertas personas de países donde existe un brote de una enfermedad transmisible”.

Aunque al principio fue catalogada como una medida de emergencia, fue recientemente prorrogada de forma indefinida.

Amparado en esta orden, el gobierno expulsó en abril a 14.416 migrantes indocumentados en la frontera sur, 85% del total que ingresó ese mes, incluidos menores de edad sin acompañantes.

En el mes de abril, 600 menores de edad que cruzaron solos fueron expulsados, muchos más que los 166 que sí fueron admitidos.

El gobierno de EE.UU. ha desistido en hacer públicos los criterios utilizados para expulsar a unos y a otros no.

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Un vocero de CBP le explicó a BBC Mundo que la modalidad de las detenciones en la frontera también ha cambiado.

“Ahora, en lugar de detenciones, se les llama ‘encuentros’. Los procesamos [a los migrantes sin documentos] en el terreno y nos aseguramos de su estado de salud, que no estén muriendo, y luego los expulsamos al puerto de entrada fronterizo más cercano o los deportamos a sus países, lo que sea que esté disponible”, explica.

“Esto podría pasar en cuestión de dos horas o una hora y media“, especifica.

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De igual modo, explica que a los niños que viajan solos ya no les califican oficialmente como unaccompanied minors, un término legal, sino que “bajo la autoridad de salud (los CDC), les llamamos menores de edad solos (single minors)”, aclara.

¿Qué pasa con estos niños?

Desde que el primer caso de covid-19 se registró en EE.UU. el pasado enero, el diario The New York Times reportó que, según datos oficiales, 239 niños y adolescentes que ingresaron solos a la frontera fueron retornados a Guatemala, mientras que 183 fueron enviados de vuelta a Honduras.

Pero de los menores de edad expulsados desde el 20 de marzo se conoce poco, advierten diferentes organizaciones de apoyo legal a los inmigrantes en EE.UU.

“Esos niños ni siquiera entran en el sistema“, dice Kaavya Viswanathan, de la organización de apoyo legal a inmigrantes The Door.

Han ocurrido casos como el de un niño de 10 años que cruzó la frontera y no se supo más de él durante seis días hasta que la madre recibió una llamada de un primo en Honduras para decirle que el menor estaba con él, según reportó el New York Times.

Estas expulsiones exprés han causado preocupación a organizaciones internacionales como Oxfam y Amnistía Internacional que en un documento conjunto firmado con otras cinco agrupaciones advierten que las políticas de “expulsiones automáticas (…) violan las obligaciones jurídicas de EE.UU.“.

“La Agencia para Refugiados de las Naciones Unidas aclaró que los estados no pueden promulgar ‘medidas generalizadas’ que restrinjan el asilo durante el covid-19 y la nueva política fronteriza del gobierno [de Estados Unidos] es exactamente eso”, dice el informe del 21 de mayo.

La agencia estadounidense ICE, a cargo de ejecutar las deportaciones, le dijo a este medio que no divulgan información sobre los vuelos programados de repatriación de migrantes a sus países, pero sí aclaró que los vuelos a Guatemala, previamente suspendidos, están activos.

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BBC Mundo consultó con autoridades de EE.UU. y México acerca de qué pasaba con los niños no acompañados que no fuesen de nacionalidad mexicana tras ser expulsados por la frontera que comparten ambos países.

La información brindada por EE.UU. fue inicialmente contradictoria.

En principio, un portavoz de CBP informó que el gobierno de México acordaba “recibir a ciudadanos expulsados de países del Triángulo Norte, incluidos menores de edad solos“.

Un funcionario mexicano, sin embargo, respondió que el acuerdo de recibir a menores de edad solos “no existe” y que su país “no está recibiendo niños migrantes no acompañados de otros países que han sido expulsados de Estados Unidos”.

“El gobierno de EE.UU. no tendría, por ley, por qué canalizar a un niño que no sea mexicano en México, a menos de que sea alguna excepción. Pero es muy difícil que se dé”, dijo Jorge Salcedo Flores, director de área de la Dirección General de Representación Jurídica y Restitución de Derechos de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

El Instituto Nacional de Migración, por su parte, dijo que entre las autoridades migratorias de ambos países no ha habido registro de entrega de ningún niño menor no acompañado y no mexicano.

Confrontado el CBP acerca de lo dicho por México, el portavoz rectificó lo previamente declarado al afirmar que México actualmente no acepta a individuos menores de 18 años que no vayan acompañados de un adulto y que, bajo este esquema, deben permanecer bajo custodia de ICE y ser repatriados por vía aérea a su país de origen.

Como muchos de los niños expulsados son guatemaltecos, este medio consultó con Carlos Eduardo Woltke, titular de una de las defensorías de la Procuraduría de Derechos Humanos de ese país, quien confirmó “extraoficialmente“la existencia de menores de edad guatemaltecos expulsados de EE.UU. en México.

“Por información de personas deportadas y organizaciones, se sabe que es una práctica en este momento de emergencia [por el coronavirus]. Luego son trasladados a Guatemala por las autoridades mexicanas”, indicó.

Este medio no pudo comprobar la presencia de estos menores migrantes en México tras comunicarse con dos refugios que suelen recibir menores de edad en la frontera.

Uno contestó que no recibe a niños que vengan sin acompañante y el otro que lleva dos meses sin recibir a nuevos migrantes por la emergencia de la pandemia.

¿Qué pasa con los 60 niños que ya vivían en EE. UU.?

Otro elemento inusual es el de la deportación de menores de edad que ya han pasado meses en territorio estadounidense, por lo general en refugios del gobierno y con casos de solicitud de asilo en proceso.

Estos no entran en la orden de emergencia emitida por los CDC, sino que son menores de edad que ya habían intentado ingresar en EE.UU. con algún familiar o adulto y fueron obligados a permanecer en México y presentar sus casos de inmigración bajo el Protocolo de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés).

“Pasa que muchos pierden, a veces por faltar a sus audiencias, y de este modo los niños terminan teniendo una orden de deportación por ese procedimiento”, explica Kaavya Viswanathan, de The Door.

Ese fue el caso de Natalia.

A su madre y a ella les negaron su solicitud debido a que no pidieron primero asilo en México, considerado como tercer país seguro, según explica su abogado, Stephen Blake.

“Vivían en un campamento con unas condiciones horrorosas, sin agua, con actividad delictiva y de drogas. Ella se sentía amenazada allí”, describe.

Tras ser admitida en EE.UU. y luego de dos meses viviendo en un refugio, a principios de abril le avisaron que la deportarían.

“Le decían que no deshiciera su mochila porque en cualquier momento iba a suceder”, explica Blake.

Agrega que, desde un punto de vista legal, “había confusión porque normalmente no pasa en estos casos que se haga una deportación inmediata”.

Después de agotar todos los recursos legales, Natalia terminó siendo deportada.

Otros menores han corrido con más suerte y las mociones que han introducido sus abogados en medio de la noche ante jueces en todo el país han detenido temporalmente las deportaciones. Pero han tenido que trabajar con menos de seis horas de margen, según varios describieron a BBC Mundo.

También ha ocurrido que los representantes legales reciben notificaciones de negación de mociones previas días después de que ya ICE se ha enterado y se ha movido más rápido para ejecutar la deportación.

Fue el caso de una joven de 16 años guatemalteca, cuyos abogados se enteraron a última hora de los planes de ICE de deportarla.

La joven, que tenía familia directa en EE.UU. y huyó por ser perseguida en Guatemala, estuvo bajo custodia de ICE en hoteles sin que sus abogados supiesen dónde ni tuvieran cómo comunicarse con ella, explica a BBC Mundo Esther Sung, de la organización Justice Action Center.

Los abogados consultados coinciden en que las condiciones del MPP han provocado como efecto colateral que los padres decidan enviar a sus hijos solos a cruzar la frontera.

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La ley estadounidense impide que CBP procese a los migrantes menores de edad sin acompañante bajo el MPP.

“Algunos padres lo ven como la única forma de que sus hijos puedan estar a salvo“, dice Sung, quien describe tener una clienta que dijo haber sido agredida dentro de un campamento para migrantes en México.

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Bajo este protocolo, los migrantes esperan meses hasta recibir noticias de sus pedidos de asilo y se han registrado incidentes de violencia, extorsión y hasta secuestro contra esta población.

De los casi 45.000 casos registrados bajo el MPP que no tienen estatus por determinar, solamente a 517 se les ha otorgado algún tipo de protección, según cifras de la Universidad de Syracuse, que monitorea estadísticas del gobierno, reportadas por el medio Documented NY.

Y solo el 4% de los migrantes que esperan por sus audiencias judiciales en México han obtenido representación legal, de acuerdo a Human Rights Watch.

Posturas enfrentadas

Sobre las deportaciones intempestivas de niños que ya han pasado meses bajo custodia del gobierno de EE.UU., ICE dijo en un comunicado enviado a BBC Mundo que se toma “muy seriamente la responsabilidad de cuidado de niños bajo custodia sin acompañantes adultos, hasta que puedan ser retornados a su país de origen”.

Añadieron también que la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR, por sus siglas en inglés) “trabaja con los consulados para identificar a la familia en el país de origen que recibirá” al menor.

Pero organizaciones internacionales como Oxfam y Amnistía Internacional advierten que “muchos están siendo repatriados de manera sumaria a sus países de origen donde no tienen acceso a servicios básicos y están en riesgo extremo de trata y otros daños serios”.

Pese a ello, la agencia CBP defiende que “la mayoría de sus instalaciones no están equipadas para mantener la distancia social” y que no conocen el historial de viaje de los migrantes y no quieren que los niños enfermen del covid-19.

“Los defensores de los inmigrantes dicen que deberíamos liberarlos bajo fianza. Pero no podemos hacer eso, eso significaría tener una frontera abierta”, indicó un vocero de la agencia a este medio.

Acerca de los niños que ya estaban en EE.UU. antes de que se detectaran los primeros casos de coronavirus y han sido deportados, el portavoz argumenta que las familias están aprovechándose de la ley estadounidense que ampara a los niños migrantes que cruzan solos la frontera.

“Ese no es el propósito original de la Ley de Trata. ¿Cómo vas a ser una víctima de trata si tu madre está en México, tu padre en Houston y están pagando miles de dólares para que cruces? Esta es una nueva forma de tráfico de personas a través del uso de la ley estadounidense”, afirmó.

“No puedes volver a solicitar asilo cuando ya tienes un caso andando”, añadió. “Si los deportan [a los menores] nada les impide volver. Pero no puedes perder tu caso estando en EE.UU. y empezar uno nuevo mientras sigues en el país”, dijo.

Los representantes legales consultados, sin embargo, coinciden en que los menores de edad deportados no están teniendo acceso al debido proceso y la pandemia está siendo usada como “un pretexto“para que el gobierno de Trump impulse su agenda migratoria “como no había podido hacerlo antes”.

*El nombre verdadero de Natalia no es este y ha sido inventado para proteger su identidad.

La Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, aprobada en 2012) les dio a estos jóvenes la oportunidad de trabajar y estudiar legalmente en EE. UU., pero el presidente Donald Trump quiere revocarla.

Y muchos de los que están en riesgo son trabajadores de la salud que se enfrentan a la pandemia de coronavirus.

A principios de abril, una larga fila de autos de policía rodeó un hospital en Winston-Salem, en Carolina del Norte, con sus luces azules parpadeando.

Era un tributo, dijeron, a los trabajadores sanitarios que arriesgan sus vidas para tratar a los pacientes de covid-19.

Pero a Jonathan Vargas Andrés, un enfermero de la unidad de cuidados intensivos que trata a pacientes de coronavirus en ese hospital, le parecen, de alguna manera, gestos vacíos.

Lleva cuatro años trabajado en la misma unidad que su esposa y su hermano, también enfermeros, y la semana pasada ha visto un aumento en el número de casos.

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Jonathan también es indocumentado y en las próximas semanas sabrá si el país por el que está arriesgando su vida decidirá deportarlo.

“Trato de no pensar en eso, porque si lo pienso mucho me canso”, dice Jonathan en su suave acento sureño. “Básicamente, tuve que desconectar por mi propia salud”.

“Es el miedo más que nada”.

El programa DACA

Jonathan se benefició del programa DACA, una norma de la era Obama que protegía de la deportación a los jóvenes que fueron traídos ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños y que les proporcionó permisos de trabajo y estudio.

Jonathan llegó de México cuando tenía 12 años.

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En 2017, Donald Trump detuvo el programa y actualmente está siendo revisado por la Corte Suprema estadounidense.

En cualquier momento, a Jonathan se le podría decir que ya no tiene derecho a trabajar o vivir en Estados Unidos.

Hay aproximadamente 800.000 beneficiarios de DACA en Estados Unidos. El Centro para el Progreso Americano, un think tank de izquierda, estima que 29.000 de ellos son trabajadores de atención médica en primera línea (médicos, enfermeros, paramédicos) y otros 12.900 se desempeñan en otros sectores de la industria de la salud y el cuidado.

Jonathan describe su trabajo como una vocación.

Le encanta ser enfermero a pesar de enfrentar una pandemia a los cuatro años de haber iniciado su carrera.

“Obviamente, da miedo cuando estás allí”, dice. “Te vuelves muy, muy, muy paranoico con lo que tocas”.

“Pero tienes que dejar ese pensamiento de lado, porque estás allí para ayudar a estas personas. No se trata de ti”.

Su hospital tiene suficientes equipos de protección personal. Los están usando con moderación, lo que lo pone nervioso, pero lo que es más difícil, cuenta, es tener que ver a la gente morir sola.

“Es muy triste, muy deprimente ver a las familias tener que despedirse a través de un iPad”, dice.

“No solo es estresante, sino emocionalmente agotador“.

Al menos en la unidad hay solidaridad, pero a veces siente que está viviendo una doble vida.

“Cuando voy a trabajar y hablo con mis compañeros de trabajo, ellos no saben sobre mi estatus”, dice.

“Pero luego regreso a casa y me doy cuenta de que, ya sabes, estoy viviendo fuera del radar”.

“Ni siquiera sabes si algo de lo que estás haciendo para ayudar a tu país será apreciado. Y en un par de meses, podría ser deportado“.

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Cambio de vida

Jonathan nació en México, en un pequeño pueblo cerca de Puebla, en 1990.

Su padre manejaba un autobús para ganarse la vida, pero apenas podía mantener a la familia.

Él recuerda la casa en la que vivían: no tenía ventanas, el piso era de tierra, y no había agua corriente.

Su padre se fue primero a Estados Unidos, en el año 2000, y trajo a su familia dos años después.

Junto con su hermano y su madre, Jonathan cruzó el río que separa a México de Estados Unidos y el desierto, entrando a territorio estadounidense ilegalmente.

Hasta 2012, toda la familia vivía fuera del radar. Como niños indocumentados, podían asistir a la escuela pública, pero no a las universidades públicas ni a las universidades privadas, que eran demasiado caras.

Cuando terminó la escuela secundaria, consiguió trabajos ocasionales. Trabajaba reparando neumáticos cuando se anunció el programa DACA.

“Fue un cambio de vida”, dice. “No sé cómo describirlo. Saber que iba a tener la oportunidad de trabajar legalmente y tener la posibilidad de ir a la universidad”.

Llevaba en Estados Unidos 10 años en ese momento y aunque dice que se sentía estadounidense, no tenía la documentación para demostrarlo.

Cuando se aprobó el programa DACA, él y su hermano inmediatamente intentaron inscribirse en el ejército, pero fueron rechazados por su estatus de ciudadanía.

Su deseo de servir los llevó a la enfermería.

“Vuelve a cruzar el río”

Aunque le encanta su trabajo, los últimos cuatro años han sido un período de mucha ansiedad.

Jonathan ha comenzado a apretar la mandíbula mientras duerme. A veces lo hace tanto que la articulación se hincha y le duele cuando come o habla. Es una condición que generalmente está vinculada al estrés.

“He estado lidiando con este estrés desde 2015, cuando Donald Trump anunció que se postulaba para presidente y lo primero que hizo fue atacar a los mexicanos“.

“Se volvió muy, muy real cuando asumió el cargo”.

Desde entonces, dice que ha sentido más animosidad hacia él y ha experimentado un racismo manifiesto. Cree que algunas personas ahora se sienten con el derecho a mostrar intolerancia.

Describe un incidente fuera de su gimnasio, antes de la cuarentena, en el que un hombre le gritó improperios racistas y le dijo que “volviera a cruzar el río” porque había estacionado incorrectamente.

Camuflaje

Jonathan se casó hace dos años y su esposa es ciudadana estadounidense. Ha solicitado una green card -residencia temporal-, pero no es un hecho que se la vayan a dar.

Su entrada ilegal al país siendo niño podría jugar en su contra.

Si un niño indocumentado no abandona Estados Unidos en el año antes de cumplir su mayoría de edad, asume la responsabilidad legal de su ingreso.

Y si la decisión de la Corte Suprema detiene el programa DACA, podría perder su derecho a trabajar.

Jonathan está tratando de no pensar en lo que sucederá si la decisión va en su contra. Dice que no volverá a México, ya que no cree que la profesión de enfermería sea valorada allí, pero él y su hermano han estado investigando para mudarse a Canadá.

Tendría que dejar a sus padres y su vida de los últimos 18 años atrás. Actualmente está estudiando a tiempo parcial para obtener una calificación adicional en enfermería, y es posible que también tenga que dejarlo.

Aunque el miedo a la covid-19 y la decisión de la Corte Suprema se ciernen sobre él todos los días, tiene una sensación de seguridad dentro de su uniforme de color azul oscuro.

“A veces siento que mi uniforme de trabajo es un tipo de camuflaje”, dice.

“La gente me ve con la bata y asumen que soy de los ‘buenos’ o que estoy aquí legalmente”.

“Pero tan pronto como me cambio, no hay forma de que sepan que soy enfermero, así que me vuelvo un ‘espalda mojada’ como suponen sobre todos los demás que parecen hispanos”.