“Un acto de represión de las voces críticas”.

Así ha descrito Cristosal, la principal organización dedicada a la defensa de los derechos humanos en El Salvador, la detención de una de sus directivas, Ruth López, en la noche de este domingo.

López, quien como jefa de la Unidad de Anticorrupción y Justicia de la entidad encabezó varias investigaciones sobre el gobierno de Nayib Bukele, fue reconocida por la BBC como una de las 100 mujeres más influyentes e inspiradoras del mundo en 2024.

Según publicó la Fiscalía General de la República en la red social X, está acusada de presunto “peculado” o apropiación indebida de fondos del Estado antes de iniciar su trabajo en Cristosal.

La FGR, que no da detalles sobre los presuntos hechos, se remonta en su acusación a la época en la que López fue “asesora de confianza y mano derecha de Eugenio Chicas durante sus dos períodos en el Tribunal Supremo Electoral” (TSE).

Chicas, quien también fue arrestado en febrero acusado de enriquecimiento ilícito, había presidido el TSE y después se desempeñó como secretario de Comunicaciones de la Presidencia de la República durante el mandato de Salvador Sánchez Cerén (FMNL, 2014-2019).

“Según las investigaciones y la información recabada en los allanamientos realizados en el caso de Eugenio Chicas, se ha identificado su participación activa (la de López) en los hechos que se le imputan”, señala la publicación del FGR.

Especialista en derecho electoral

Nacida en San Salvador el 27 de septiembre de 1977, López pasó 26 de sus 47 años fuera del país.

Durante la guerra civil que asoló El Salvador (1980-1992), su familia decidió mudarse a Nicaragua, donde viviría durante 11 años, y, posteriormente, tras la separación de sus padres, López permaneció 16 años en Cuba.

Fue allí donde estudió para ser abogada, graduándose en Ciencias Jurídicas por la Universidad de La Habana en 1999. Recibió el título con honores, como la mejor alumna extranjera y mejor estudiante de su Facultad de Derecho.

En 2008 regresó a El Salvador, con el desafío de adaptarse al entorno académico y laboral de un país que aún lidiaba con las secuelas del conflicto armado y las transiciones políticas.

Y en su país natal se especializó en derecho electoral, derechos humanos y derecho comercial, comenzando su carrera en las instituciones públicas.

De 2008 a 2014 trabajó en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), centrándose en el fortalecimiento de los procesos democráticos. Y entre 2014 y 2019 participó en la supervisión legal y administrativa en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).

López también se ha dedicado a la enseñanza en instituciones de educación superior. Es consultora y profesora asociada del Departamento de Ciencias Jurídicas en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).

La docencia la ha compaginado con su cargo al frente de la Unidad de Anticorrupción y Justicia de Cristosal, una organización regional comprometida con la defensa de los derechos humanos.

Desde su cargo en la organización, López lideró una serie de investigaciones, como la que denunció el presunto uso de fondos públicos para espiar a periodistas y defensores de los derechos humanos o la supuesta corrupción a la hora de entregar contratos públicos durante la pandemia de covid-19.

A través de los medios de comunicación y redes sociales, la abogada siempre mantuvo una postura crítica con el poder.

“Desde la perspectiva del poder, es mejor que la gente no sepa, porque en la medida que la gente no sabe, ejerce menos sus derechos”, declaró en una entrevista con el medio Alharaca en marzo de 2024.

“Acto de represión”

“Tengan decencia, esto un día se va a acabar. No se pueden prestar a esto”, les dijo López a los policías que llegaron a detenerla hacia las 11 de la noche de este domingo a su vivienda, según una grabación a la que hace referencia el medio local El Diario de Hoy.

“Aquí la única razón de la detención es que soy defensora de derechos humanos y trabajo en una ONG incómoda al gobierno. Ese es el único problema. Aquí no hay nada que explicar: eso de peculado, de corrupción, si aquí la que investiga corrupción soy yo”, sostuvo.

Cristosal, en un primer comunicado publicado después de conocerse el arresto de López, lo tachó de un “acto de represión a las voces críticas”, al tiempo que exigía la garantía a su integridad física y el respeto a su debido proceso.

A través de una serie de informes, Cristosal ha denunciado las violaciones al debido proceso en El Salvador en el marco del régimen de excepción que ya dura más de tres años.

En un segundo comunicado publicado ya de madrugada, la entidad informó que hasta ese momento ni la familia ni el equipo legal de López habían logrado obtener información sobre su paradero.

Activistas y organismos internacionales se pronunciaron sobre la detención.

“Seguimos con preocupación la captura de Ruth López, quien ha denunciado con valentía la corrupción y las violaciones de derechos humanos del gobierno de Bukele”, escribió Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch.

Amnistía Internacional también se pronunció a través de su cuenta oficial de X, exigiendo la liberación inmediata de López.

El arresto tiene lugar días después de que el presidente Bukele anunciara que enviaría a la Asamblea Legislativa, que controla su partido Nuevas Ideas, una nueva “ley de agentes extranjeros” que busca asfixiar financieramente a las ONGs, reteniéndoles el 30 % de sus ingresos.

También se da en el contexto de la detención de otro activista, Alejandro Henríquez, del Foro del Agua, acusado de los delitos de desórdenes públicos y resistencia, tras haber mostrado su apoyo a uno grupo de campesinos que protestó frente a la casa del presidente pidiendo que no los desalojen de sus tierras.

Después de la detención de López, el comisionado presidencial de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, Andrés Guzmán Caballero, hizo pública su renuncia a través de su cuenta personal en X y sin explicar los motivos.

“Renuncio con gratitud y admiración, consciente de que el camino hacia grandes cambios nunca es recto ni simple, pero siempre necesario”, escribió, adjuntando una carta con fecha 15 de mayo dirigida al presidente Bukele.

El grupo de derechos humanos Cristosal, que asiste a las familias de los 252 migrantes venezolanos presos tras ser deportados por Estados Unidos, denunció este lunes 19 de mayo el arresto de su dirigente Ruth Eleonora López.

La activista y abogada, de 47 años, fue detenida por la Policía el domingo 18 de mayo en la noche, por una orden de la Fiscalía General de El Salvador, que la acusa del delito de peculado cuando trabajaba hace una década para el tribunal electoral, según un comunicado de esa institución.

“Se ha hecho efectiva la orden de detención administrativa contra Ruth Eleonora López Alfaro bajo el cargo de peculado”, dijo la Fiscalía en X.

“Ruth López fue asesora de confianza y mano derecha de Eugenio Chicas durante sus dos períodos en el Tribunal Supremo Electoral, durante su gestión como magistrado y en su período como presidente del TSE”, agregó la Fiscalía en la misma publicación.

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Según las autoridades salvadoreñas, López presuntamente colaboró en la sustracción de fondos de las arcas del Estado.

López dirige la unidad Anticorrupción y Justicia de Cristosal y es crítica de la política de seguridad del presidente Nayib Bukele.

Hasta este momento, ni su familia ni su equipo legal han logrado confirmar su paradero ni el centro de detención en el que se encuentra recluida, informó Cristosal en un comunicado.

“Su detención ocurre en momentos de profunda preocupación sobre el creciente riesgo que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos en El Salvador, y en un contexto de debilitamiento institucional y represión”, agregó la oenegé.

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Cristosal asiste a familias de detenidos en el marco de la “guerra” contra las pandillas lanzada por Bukele en 2022, y también a las familias de los migrantes venezolanos presos desde hace dos meses en una cárcel de máxima seguridad salvadoreña.

La organización habilitó recientemente una aplicación en línea para obtener información de los familiares de los venezolanos presos.

Con base en las respuestas de sus familiares, Cristosal concluyó que el 78% había emigrado en busca de mejores oportunidades económicas, un 35% para huir de la violencia y un 9% por persecución política.

López fue arrestada dos días después de que abogados de los migrantes venezolanos denunciaran que sus clientes son víctimas de torturas físicas y morales.

#Captura | Este día, se ha hecho efectiva la orden de detención administrativa contra Ruth Eleonora López Alfaro, por el delito de peculado.

Ruth López fue asesora de confianza y mano derecha de Eugenio Chicas durante sus dos períodos en el Tribunal Supremo Electoral, durante su… pic.twitter.com/0w83JMGR3u

— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) May 19, 2025

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Bukele es un aliado clave del presidente estadounidense Donald Trump en su política contra los migrantes.

Contexto de autoritarismo

Recientemente fueron detenidos en El Salvador, durante una manifestación de familias campesinas, el abogado ambientalista Alejandro Henríquez y el pastor evangélico José Pérez.

En febrero fue detenido el activista de derechos humanos Fidel Zavala, a quien la Fiscalía acusó de integrar agrupaciones ilícitas.

Además, Cristosal denunció el 28 de abril que agentes de la Policía ingresaron a su sede durante una conferencia de prensa y procedieron a grabar y fotografiar las instalaciones, así como vehículos del personal y de los medios de comunicación presentes.

URGENTE
DENUNCIA INTERNACIONAL

Denunciamos la detención de nuestra jefa de Anticorrupción y Justicia, Ruth López. #AlertaDerechosHumanos pic.twitter.com/sHhTKjwCFz

— Cristosal (@Cristosal) May 19, 2025

La ONG sostuvo entonces, en un comunicado, que el ingreso de la Policía a sus oficinas se inscribe en el actual contexto de autoritarismo y cierre de espacios democráticos en El Salvador.

Asimismo, la semana pasada, nueve organizaciones internacionales denunciaron que el gobierno de Bukele ha adoptado un patrón autoritario frente al descontento social.

Las organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional, también criticaron un proyecto de ley de “agentes extranjeros” de Bukele, que contempla un impuesto del 30% a las donaciones que reciban las oenegés.