El Ministerio de Gobernación lanzará un nuevo concurso para echar a andar finalmente el control telemático en el Sistema Penitenciario (SP) en los primeros meses del 2023, según confirmó el jefe de la cartera, Napoleón Barrientos.

Ante esto se han generado diversas reacciones de que por fin avance algo que se planteó desde 2016 en la Ley de Implementación del Control Telemático en el Proceso Penal.  

Corine Dedick, analista en temas penitenciarios del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), se refirió al proyecto del Mingob que plantea retomar la adquisición de dispositivos electrónicos para darle salida a privados de libertad de las prisiones de Guatemala siguiendo mecanismos y criterios que estarán bajo la tutela del Organismo Judicial (OJ).  

 ¿Qué significa que el Mingob haya retomado este proyecto de la Unidad de Control Telemático? 

Es muy importante. Es positivo que se haya retomado ese proyecto porque existe una ley desde el 2016 que manda a la implementación del control telemático en el Sistema Penitenciario y que hasta el momento no se ha cumplido.  Esto puede ser un beneficio para el sistema de justicia y las personas que están enfrentando proceso penal o ya cumplen una condena.  

LE RECOMENDAMOS

Emerson Marroquín es condenado a 66 años de cárcel por la muerte de Gabriela Barrios y por intento de femicidio

Piqué: se revela una nueva infidelidad del futbolista (el viaje a Mónaco, la reacción de Shakira y la misteriosa identidad de su presunta amante)

¿Qué espera usted de esta Unidad? 

Que lleve a cabo la implementación de la ley y eche a andar el sistema de control telemático, que funcione debidamente. Primero hace falta hacer la licitación del servicio y esperaría que se llevara a cabo bajo los estándares técnicos en la materia y que se cumpla con todo el marco legal y se escoja realmente la mejor oferta en beneficio del país.  

¿Qué resolverá la creación de esta Unidad? 

En alguna medida evitar la sobrepoblación en las prisiones del país. La implementación del control telemático y, definitivamente, va a liberar espacios en los centros carcelarios, sin embargo, no va a resolver el problema del hacinamiento, eso hay que verlo muy claro. 

¿Cuál debería de ser la prioridad para la UCT a partir de que inicie sus funciones? 

Lo primero es conformarla para que cumpla con los requisitos de ley, luego contratar al personal que reúna con los requisitos específicos para los puestos y luego llevar a cabo esa licitación lo antes posible para empezar a implementar. Sería bueno que desarrollaran un plan piloto primero y luego ampliarlo a todo el país para que ya dentro de un tiempo prudente esté el sistema funcionando en su totalidad.  

¿Cree que el trabajo de la UCT ayudará para liberar en alguna forma espacios en las 23 prisiones del país? 

Los niveles de sobrepoblación que existen en Guatemala, en el sistema carcelario, son muy altos, prácticamente cuatro veces más de población reclusa, para los cuales hay pocos espacios y servicios. Hay que estar claro que aliviará un poco, pero no eliminará el hacinamiento porque no todas las personas que están hoy recluidas en algún centro carcelario podrán aplicar al control telemático. La ley deja claro qué categorías de personas pueden obtener este beneficio aun cuando están condenado o en prisión preventiva.  

¿Cuáles serían los criterios para darle este beneficio a los privados de libertad? 

Las personas deben de llenar criterios, ya sea por la etapa judicial en la cual están, por su perfil y las diferentes características que representa el caso. No todas las personas aplicarán a una medida de control telemático y por eso mismo, según cálculos que hemos realizado desde hace un par de años en el Cien, habrá aproximadamente entre dos mil 500 a tres mil personas que podrían usar un dispositivo de control. Eso no significa que el juez automáticamente concederá la medida porque al final será su criterio el que defina esta posibilidad. Yo hablo de la cantidad de personas que por sus características podrían aplicar, pero eso no significa que automáticamente se les vaya a aprobar la medida.  

¿Piensa que solo los prisioneros con capacidad económica podrán acceder al beneficio de usar una pulsera electrónica? 

Esperaría que no sea así porque la ley deja claro que se va a hacer una evaluación socioeconómica de la persona que tiene el derecho a recibir una medida de control telemático y en el caso de que la persona no pueda costear el monitoreo, la legislación ordena que el gasto será asumido por el Estado. Esto es precisamente para que no haya una discriminación por razones económicas y que solo privados de libertad con poder económico puedan acceder a esta. Es importante que las personas entiendan que esta medida está abierta para todos y todas quienes cumplen con los requisitos de la ley. El criterio económico no es parte de los que reciban esta medida.  

¿Qué elementos básicos considera que debe tomar en cuenta la Unidad de Control Telemático a la hora de licitar la adquisición del equipo, software y hardware? 

Es importante que se aprenda de otros países que ya han implementado el control telemático. Hay varios en Latinoamérica que tienen experiencia con medidas y supervisión de control electrónico. Hay países donde funciona bastante bien. Es muy importante que se tomen en cuenta esas lecciones aprendidas para no repetir los mismos errores. Prevenir factores que pueden causar un obstáculo en la implementación del control telemático y luego, obviamente, que la empresa que se va a escoger cumpla con todos los criterios técnicos y administrativos. Se debe de escoger a la compañía que presente la mejor oferta para el beneficio del país.  

¿Qué otros proyectos deberían retomar el Mingob junto con esta Unidad de Control Telemático?  

Es importante que sigan ampliando la infraestructura carcelaria. Acaban de licitar la cárcel de máxima seguridad con capacidad para tres mil privados de libertad, sin embargo, hay que estar claro que solamente con la construcción de esta cárcel no será suficiente para eliminar el hacinamiento que hay. Hace falta una modernización de la infraestructura penitenciaria, por eso considero que es importante que el Ministerio de Gobernación no se quede solo con sacar esa única licitación, sino sigan planificando otros nuevos espacios carcelarios o remodelaciones, para que se pueda avanzar en este tema de infraestructura que está tan abandonado. A parte de eso es de suma importancia retomar el Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, que administra en forma diferente las prisiones y en el cual se trata de eliminar la sobrepoblación. Se debe trabajar con personal con una adecuada formación, capacitación y especialización en temas de rehabilitación y temas penitenciarios. Sería una gran lástima que se construyeran nuevos espacios carcelarios y no se cambie la manera de administrarlas y se conviertan en lo mismo desordenado y descontrolado como hasta ahora. 

En un vuelo de deportados procedente de Los Ángeles, Estados Unidos, la Policía Internacional entregó a Walter Guillermo Reyes quien fue arrestado por autoridades guatemaltecas el 17 de julio de 2015, en cumplimiento a una orden de aprehensión que giró el Juzgado de Primera Instancia Penal de Jutiapa, por su presunta vinculación con el asesinato de una persona.

Luego de 86 meses aún está pendiente de desarrollarse la audiencia en la que se determinará si enfrentará juicio, durante todo este tiempo ha permanecido en el sector 7 del Centro Preventivo para varones de la zona 18, a la espera de que la diligencia se desarrolle.

Los atrasos responden a el constante cambio de abogados de la Defensa Pública Penal y la prórroga para el plazo de la investigación que solicita el Ministerio Público al Juzgado de Primera Instancia Penal de Jutiapa.

De acuerdo con las pesquisas Reyes es el presunto responsable de la muerte a balazos de Juan Antonio Linares Granillo, ocurrida el 28 de julio de 2011 en Asunción Mita, Jutiapa; luego de cometer el crimen, Reyes supuestamente se dio a la fuga con rumbo a Estados Unidos, con el fin de evadir a la justicia.

LE RECOMENDAMOS

Prisión preventiva: un banquero, a la espera de juicio, lleva 10 años recluido en una cárcel

Prisión preventiva: la delgada línea entre la justicia y violaciones a derechos humanos

El ente investigador lo identifica como supuesto líder de una agrupación dedicada al sicariato, no obstante, es el único aprehendido por la muerte de un joven, no se le atribuyen la ejecución de más asesinatos y en la carpeta judicial no figura como querellante o tercero interesado algún familiar de la víctima.

El país norteamericano descubrió que el sindicado residía ilegalmente en California, por lo que verificaron en la base de datos en el que lograron detectar que Walter Guillermo Reyes tenia una orden de captura vigente en Guatemala.

Hermanos a la espera de juicio

Los hermanos Obed Alexander y Hugo Alexis ambos de apellidos García Méndez, están a la espera de que se desarrolle la audiencia en la que se determine si enfrentarán debate oral y público, por su presunta responsabilidad en haberle dado muerte a un joven.

Obed Alexander y Hugo Alexis fueron privados de su libertad el 23 de octubre de 2015, tres días después se desarrolló la audiencia de primera declaración en el Juzgado de Primera Instancia Penal de Jutiapa, en el que resolvieron ligarlos a proceso penal por el delito de homicidio y homicidio en grado de tentativa, además fueron enviados a prisión preventiva.

Los hermanos García Méndez se encuentran recluidos en el Centro Preventivo para Varones de la zona 18, están aislados del resto de la población reclusa. La audiencia en la que se debe resolver si enfrentarán juicio ha sido suspendida por incomparecencia de representantes del MP y de los abogados defensores, en más de nueve ocasiones, en estos seis años y 11 meses.

De acuerdo con las investigaciones a los hermanos García Méndez se les responsabiliza de la muerte de un joven, en la aldea el Jícaro Grande, Jutiapa en julio de 2015. En el expediente judicial se detalla que Hugo Alexis, al momento de su aprehensión estaba de alta en la Dirección General del Sistema Penitenciario como guardia y su hermano Obed Alexander en proceso de formación para ese mismo cargo, en la Academia de Presidios.

La aprehensión de los sindicados se ejecutó en la entrada principal de la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón, ubicada en Fraijanes, reportaron en esa oportunidad las autoridades de la Policía Nacional Civil.

Los plazos legales

Tomando en cuenta la fase de investigación inicial y complementaria, el proceso penal de principio a fin puede durar de ocho meses a un año; sin embargo, en cualquier etapa procesal se puede optar por un mecanismo alterno de solución de controversias, como la mediación, la conciliación o la aceptación de culpabilidad.

Una de las etapas cruciales en los procesos es la fase de investigación, debido a que el MP recaba todos los indicios, profundiza en las pesquisas, solicita peritajes, entrevista testigos, puede solicitar documentos e investigación necesaria, que le permite establecer la existencia de un hecho delictivo y determine la participación del imputado.

El Código Procesal Penal en su artículo 290 regula la extensión de la investigación, en su último párrafo establece: El Ministerio Público debe también procurar la pronta evacuación de las citas del imputado para aclarar el hecho y su situación. El incumplimiento o la demora injustificada en la investigación será considerada falta grave y hará responsable al funcionario de las sanciones previstas en la ley.

Mientras que en el artículo 323 establece la duración de la investigación y se lee en la normativa: El Ministerio Público deberá dar término al procedimiento preparatorio lo antes posible, procediendo con la celeridad que el caso requiera. Dentro de los seis meses de dictado el auto de procesamiento del imputado, cualquiera de las partes podrá requerir al juez que controla la investigación la fijación de un plazo prudencial para la conclusión de la investigación. El juez emplazará al Ministerio Público, según las circunstancias particulares del caso.

También existe un plazo que comienza a correr luego de que el ente investigador entregue la acusación formal y solicitud de la audiencia de apertura a juicio, el cual regula en el artículo 335 que “las actuaciones quedarán en el juzgado para su consulta por el plazo de seis días comunes”; en dicho período el acusado podrá señalar algún vicio en el escrito, plantear excepciones, formular objeciones contra la solicitado por el MP y requerir la incorporación de medios de investigación omitidos.

Además, dicha ley también contempla la figura de acusación alternativa, esto si el MP no logrará demostrar todos o alguno de los hechos que fundan la imputación “podrá indicar alternativamente las circunstancias de hecho que permitan encuadrar el comportamiento del imputado en una figura delictiva distinta”.

Es importante resaltar que el fin principal del proceso penal es la averiguación de un hecho señalado como delito o falta y de las circunstancias en que pudo ser cometido; el establecimiento de la posible participación del sindicado; el pronunciamiento de la sentencia respectiva, y la ejecución de esta, como lo establece el artículo 5 del Código Procesal Penal.

¿Necesita datos actualizados sobre Guatemala para tomar decisiones? Suscríbase a Microdosis, un servicio de contenido de estadísticas de alto valor de Prensa Libre, producido en alianza con ProDatos.

El 20 de octubre del 2006 Guatemala recibía la noticia de que el Banco del Café (Bancafé) se había declarado en quiebra.

La entonces presidenta del Banco de Guatemala, María Antonieta del Cid, junto al ministro de Finanzas, Hugo Beteta, y el superintendente de Bancos, Willy Zapata, salieron a garantizar que los clientes tenían protegidos sus ahorros.

“Si hubiera un ilícito se procederá según las leyes guatemaltecas”, dijo Zapata días después, preguntado sobre las capturas.

Transcurrieron 16 años, pero las respuestas no llegan y la justicia no avanza a la velocidad que se espera. Un letargo judicial mantiene desde hace más de nueve años en prisión a Manuel Eduardo González Castillo, quien fungía como presidente de Bancafé en el 2006.

LE RECOMENDAMOS

Prisión preventiva: Qué significa que Gobernación reactivara la compra de pulseras por control telemático

Prisión preventiva: la delgada línea entre la justicia y violaciones a derechos humanos

El caso de la quiebra de Bancafé es otro ejemplo de cómo la prisión preventiva incurre en excesos que son señalados como una violación de los derechos humanos.

En la actualidad, González Castillo guarda prisión en la cárcel de Mariscal Zavala sin que se haya agotado la etapa intermedia, por lo que no ha sido enviado a juicio. El Ministerio Público (MP) sigue en la fase de investigación para presentar una acusación formal.

González Castillo es señalado de quiebra fraudulenta de forma continuada, un delito por el cual la pena máxima es de 30 años, si se trata de autoridades bancarias o financieras.

Atrasos

A lo largo de 15 años y 11 meses, a partir del anuncio de la quiebra de Bancafé, el proceso penal ha pasado por cuatro juzgados de Primera Instancia Penal, y desde el 9 de abril del 2021 está a cargo de Miguel Ángel Gálvez, en el Juzgado B de Mayor Riesgo.

El MP dirigido por Consuelo Porras decidió trasladar la investigación a la Fiscalía de Delitos Internacionales, a la que ahora le corresponde reunir los indicios suficientes para dar respuesta a más de tres mil personas que invirtieron sus recursos por medio de una financiera de ese banco y determinar la participación de los sindicados.

En la actualidad se encuentran ligados a proceso por el delito ya mencionado los exdirectivos Aída Desiree Soto Vettorazzi, Ariel Estuardo Camargo González, y los hermanos Manuel Eduardo y Jorge Alfredo, de apellidos González Castillo. Este último se encuentra prófugo de la justicia.

Eduardo González había recobrado su libertad el 5 de mayo del 2021 luego de recibir el beneficio de arresto domiciliario. Sin embargo, por la evasión de su hermano, en diciembre del 2021 el juez Gálvez ordenó revocar la medida sustitutiva y dictar prisión preventiva de nuevo.

Durante estos casi 16 años de investigación fallecieron Eduardo Antonio Palomo Escobar y Eduardo Manuel González Rivera, padre este último de los hermanos González Castillo.

Desde Mariscal Zavala

Eduardo González Castillo está convencido de que sus derechos humanos han sido vulnerados y detrás de la persecución penal subyace una intención política.

El equipo de Prensa Libre visitó a González Castillo en la cárcel de Mariscal Zavala. Allí el señalado aseguró que el caso “se originó con fin económico y alcanzó lo político”, lo que afectó su economía, los lazos familiares y repercutió con un castigo social.

A criterio de González Castillo no existen medios de prueba que demuestren que él cometió el delito del cual es sindicado. Además, Bancafé nunca quebró, como lo encuadra el delito de quiebra fraudulenta de forma continuada, porque la entidad “suspendió sus operaciones y las razones fueron económicas”, lo que se pudo haber resuelto con otras rutas no penales.

Asimismo, argumenta en su defensa que renunció como presidente ejecutivo de Bancafé en el 2001, debido a su participación política con la Gran Alianza Nacional (Gana), de la cual, según expone, en esa época era el precandidato con mayor oportunidad de ganar las elecciones primarias.

El no estar al frente de la entidad bancaria tampoco lo implicaría en lo sucedido en el 2006 ni se podría aplicar la pena con agravantes, por lo cual, en el peor de los escenarios, enfrentaría una pena no mayor a 10 años de cárcel, lo que está a punto de cumplir sin haber sido sometido y vencido en juicio.

“He revisado mi vida entera y me pregunto, ¿qué va a pasar?”, reflexionó González Castillo, al manifestar que su plan de vida incluía ser empresario, político y académico, pero poco a poco ha visto frustradas todas sus aspiraciones.

Ahora se encuentra recluido en la cárcel Mariscal Zavala, pero antes estuvo en el Centro Preventivo para Varones de la Zona 18. “Ahí el fichaje es una parte muy traumática”, recordó, junto con la experiencia de agresiones verbales que recibía su familia al hacer la fila para visitarlo en dicho recinto.

Desde el lugar donde guarda prisión, dividido por una reja, de pie y con la vigilancia de dos guardias del Sistema Penitenciario, González Castillo hace énfasis en que ha estado privado de su libertad por más de nueve años. “Si me condenaran, la pena ya la cumplí. Me destruyeron la vida”, subrayó.

Por el momento, el avance del caso es poco probable porque el Juzgado de Mayor Riesgo B tiene saturada su agenda de trabajo y no se ha fijado fecha para la próxima audiencia, en la cual se debe resolver si hay suficiente evidencia que determine que los sindicados deben enfrentar juicio.

LE RECOMENDAMOS

Prisión preventiva: por cada reo hay cinco personas afectadas por esta medida

La prisión preventiva se ha convertido en el detonante del hacinamiento carcelario en Guatemala

El origen del caso

Bancafé fue fundado el 16 de octubre de 1978, con el propósito de apoyar la producción y exportación del café. En ese entonces contaba con 165 agencias. En 1998 adquirió los derechos de Multibanco, una entidad pequeña especializada en atender créditos personales.

La decisión de suspender Bancafé fue comunicada por el mandatario Óscar Berger en el 2006 a directores de los medios de comunicación, en una reunión en la Casa Presidencial.

De acuerdo con la fiscalía, entre 1997 y 2006 los sindicados efectuaron trasferencias monetarias ilegales con fondos de Bancafé y los invirtieron en Bancafé International Bank (BIB), una entidad no registrada en la Superintendencia de Bancos, la cual tenía sede en Barbados.

La Fiscalía sostiene que el dinero llegó a Vipasa, en Islas Caimán, y esta emitió un pagaré al Bancafe International Bank (BIB), pero el dinero nunca regresó. La imputación hecha por el MP señalaba que los procesados utilizaron US$204 millones de depósitos de inversionistas y cuentahabientes, que suman unas 3 mil 336 personas afectadas por el supuesto fraude.

Vipasa comenzó a funcionar en Bancafé el 1 de junio del 2002, sin que se informara a la Junta Monetaria o Superintendencia de Bancos. Un peritaje contable a las finanzas de Vipasa determinó que su situación económica era deficiente y que desde el 2002 presentaba una causa para disolverse, pues el 60 por ciento de sus activos se habían perdido.

¿Necesita datos actualizados sobre Guatemala para tomar decisiones? Suscríbase a Microdosis, un servicio de contenido de estadísticas de alto valor de Prensa Libre, producido en alianza con ProDatos.

La Ley de Implementación del Control Telemático en el Proceso Penal fue aprobada y cobró vigencia en el 2016. Desde entonces, se han llevado a cabo dos intentos fallidos por adjudicar el proyecto para la compra de dispositivos de control – brazaletes o tobilleras –, software y hardware correspondiente.   

El objetivo de este proyecto, según el Ministerio de Gobernación (Mingob), que tiene a su cargo la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), es resolver el problema carcelario del país en materia de hacinamiento y sobrepoblación. 

Para el Interior es importante implementar el control telemático y construir la cárcel de máxima seguridad en Masagua, Escuintla, que le fue adjudicada el 11 de agosto pasado el contrato por US$87 millones 906 mil 419.43 a la empresa Itecsa, parte del consorcio Grupo Tradeco con sede en México, señalada de casos de corrupción e incumplimiento de contratos en varios países de Latinoamérica.  

El Mingob planea ahora lanzar un nuevo concurso para echar a andar finalmente el control telemático en el Sistema Penitenciario (SP) en los primeros meses del 2023, según confirmó el jefe de la cartera, Napoleón Barrientos.  

LE RECOMENDAMOS

El Matazetas y la MS-13 rompen acuerdos y se disputan el control de Pavoncito

Estampida en Xela: Calavera Producciones afirma que concierto de Independencia contaba con seguro y detalla que había tres puntos de egreso

Los dos eventos anteriores se los habían adjudicado a Innova Outsourcing, que había ofrecido brindar el servicio por Q214 millones.  

Sin embargo, según Barrientos, no se lo otorgaron porque había inconsistencias en los procesos y porque no se había creado todavía la Unidad de Control Telemático (UCT) que exigía la ley.  

El 25 de marzo de 2022, se creó UCT, y eso les permitió, según el funcionario, continuar con el proyecto, “porque así lo establecía el Acuerdo Gubernativo 68-2022”.  

Innova Outsourcing antes de ganar las licitaciones había hecho donaciones al Estado y una de las entidades beneficiadas fue el desaparecido Centro de Gobierno dirigido por Miguel Martínez, cercano al presidente Alejandro Giammattei.  

“A la fecha vamos bien con el proyecto. El 11 de septiembre fue nombrado uno de los subdirectores de la UCT. Se trata de David Raymundo Donis, ingeniero industrial que será el responsable de la Unidad. Tiene una gran responsabilidad por ser algo nuevo y crucial para el Sistema Penitenciario”, resaltó el jefe del Interior.  

Agregó que “en las siguientes semanas nombrarán al resto de funcionarios. Vamos bien, con un proceso ordenado. Hicimos análisis minuciosos, visitas a las UCT de El Salvador y Costa Rica. Estamos por levantar el nuevo evento de licitación de la manera más responsable y seria para desarrollar este proyecto”.  

La idea, según Barrientos, es contratar a la empresa que les dote del servicio, el hardware, el software y los dispositivos que usarán los procesados.  

Según el jefe del Mingob la UCT levantará el proyecto de licitación en las próximas semanas, “bajo todas las normas legales correspondientes”.  

Proceso serio 

El analista en temas penitenciarios, Eddy Morales, aseguró que la creación de la UCT es importante y vital en medio de la crisis que vive el Sistema Penitenciario (SP) en materia de hacinamiento, sobrepoblación y la precariedad de los espacios carcelarios desde hace años.  

Morales detalló que quienes dirijan la UCT deben ser personas que tenga suficiente experiencia no solo en tecnología, sino en leyes y administración penitenciaria. Además de tener experiencia en seguridad electrónica y física y conocimiento en criminología.  

“Deben hacer un diagnóstico real de quiénes pueden acceder a este beneficio tomando en consideración factores como la edad, estado de salud, el delito cometido y la situación legal actual”, apuntó.  

Aunque lo consideró un paliativo, como la construcción de la cárcel de máxima seguridad en Escuintla, explicó que no está mal que se haga y se debe implementar lo antes posible.  

El problema citó Morales es que quienes podrán acceder al control telemático serán aquellas personas que “tienen capacidad económica, porque hay que pagar por esto, y los que la tienen son aquellos que están en las cárceles de Matamoros, Mariscal Zavala y otros centros penitenciarios del país.  

Eso sí, argumentó, esta medida, por ley, no se le podrá dar a reclusos que hayan cometido delitos mayores, de alto impacto, que están vinculados con homicidios y asesinatos.  

La UCT expresó Morales surge en medio de la mora judicial que arrastra el país desde hace años. “Es una Unidad vital porque va a servir como medida alterna a la prisión, para des hacinar las prisiones y controlar a las personas por medio de un localizador, “que es un proceso muy delicado”.  

De acuerdo con el analista penitenciario con el uso de la tecnología quizás se desocupe las prisiones entre dos mil y tres mil reclusos, tomando en cuenta que tengan la capacidad de pagar por la colocación del brazalete.   

Morales reveló que el asunto es que el SP tiene capacidad para 6 mil reclusos en los 23 centros carcelarios.  

“Hoy hay más de 24 mil privados de libertad, pero con la aplicación del control telemático dará la posibilidad de reducir entre dos mil y tres mil reclusos. Más otros 3 mil de la cárcel de máxima seguridad, hablamos de 6 mil. De todas formas, seguirá habiendo sobrepoblación y hacinamiento”.  

Unidad de Control Telemático

• El 9 de octubre de 2020 el Ministerio de Gobernación (Mingob) publicó algunas reformas al acuerdo 457-2016 sobre la Unidad del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria (UNMGP).  
• En la publicación en el diario de Centro América el Mingob detalló que las reformas conllevan que la UNMGP diseñará y ejecutará planes, programas y proyectos para garantizar la reeducación y readaptación social de las personas privadas de libertad. 
• Además, implementará el control telemático para garantizar el cumplimiento de las medidas sustitutivas de prelibertad y libertad controlada, asimismo de las de seguridad en el caso de protección de las víctimas de delito o de violencia contra la mujer. 
• La UNMGP también deberá “formular lineamientos para la administración, mantenimiento y operación de los centros de detención que se crearen al amparo de las siguientes disposiciones. 
• Junto con todo esto crearon la Unidad de Control Telemático (UCT) bajo la supervisión de la UNMGP. 
• Entre las reformas se contempla las funciones de la UCT, que será el enlace de comunicación con las entidades públicas y privadas que tenga relación con el que hacer de la UNMGP. Deberán también informar al juez si el sindicado, condenado o presunto agresor adquirió o no el dispositivo de control telemático, así mismo cuando le sea retirado. 
• Debe regular el procedimiento para que el sindicado, condenado o presunto agresor haga efectivo el pago referente a uso del dispositivo en los casos que aplique. 
• También elaborar una ficha por cada portador del dispositivo, como coordinar la activación y desinstalación de este. 
• Ordena que se debe coordinar con la Dirección del Sistema Penitenciario la logística para el trasladado da la persona sujeta a proceso penal que se le instalará el dispositivo por orden de juez. 
• Coordinar con las víctimas del delito o víctimas de la violencia contra la mujer la manera en que se llevará a cabo el control de presencia y localización a distancia. 
• El control telemático servirá para vigilar a los sujetos portadores del dispositivo, almacenar los registros de los archivos electrónicos, como reportar los incidentes en la utilización del dispositivo y las acciones a tomar en caso de incumplimiento. 
• Excepcionalmente cuando el condenado, sindicado o presunto agresor soliciten la práctica de los estudios socioeconómicos y la resolución del juez en la que establezca que no cuenta con la capacidad económica de sufragar el gasto del dispositivo, el Mingob cubrirá el costo del mismo, de acuerdo a la disponibilidad financiera. 
• Las personas que porten el dispositivo tienen la obligación de responder al Centro de Control Telemático cuando sea requerido y cumplir con los regulado en la ley de implementación de control telemático. 

Algunas organizaciones defensoras de los derechos humanos y asociaciones encargadas de realizar diagnósticos del sistema de seguridad y justicia de Guatemala coinciden que existe mora judicial producto de un desorden que redunda en un sistema que abusa de la prisión preventiva y se suma a un criterio de jueces que optan por dictar auto de prisión preventiva, ante la falta de certeza que se cumplan las garantías de otras medidas alternativas.

De acuerdo con los registros de la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) hasta el 17 de agosto de 2022 suman 24 mil 620 personas privadas de libertad, de estas unas 11 mil 947 están en prisión preventiva, lo que representa un 49 por ciento y unas 12 mil 673 están en cumplimiento de condena, es decir un 51 por ciento.

Desde el 2010 el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) ha realizado diversos diagnósticos sobre la prisión preventiva en Guatemala, en los cuales concluye que desde el 2008 se ha evidenciado un crecimiento de población reclusa y este fenómeno responde a los cambios que se dieron en algunas leyes, los casos de alto impacto que se han manejado de manera mediática y los criterios de los jueces para enviar a prisión a los sindicados.

La problemática se agrava derivado a que el alza de los reclusos ha empeorado las condiciones de las cárceles por la escasez de los espacios y servicios, lo que ha generado un descontrol en los centros carcelarios y provocando que la mayoría de los reos cumplan una condena privativa de libertad, sin haber sido sentenciados.

LE RECOMENDAMOS

La prisión preventiva se ha convertido en el detonante del hacinamiento carcelario en Guatemala

Prisión preventiva: por cada reo hay cinco personas afectadas por esta medida

En julio de 2022, el Cien detalló que los ingreso a las prisiones reflejaron una reducción en 2020, esto derivado a las restricciones que se tomaron en el marco del Covid-19 y que el funcionamiento de los diversos órganos jurisdiccionales fue irregular. Entre 2014 y 2019 hubo un aumento de población reclusa de un 7 por ciento cada año.

Deficiencia y aplicación no excepcional

Las deficiencias dentro del sistema de justicia para asegurar el uso de la prisión preventiva con una aplicación sin excepción, careciendo de argumentación “resulta en una violación a los derechos de la libertad y la presunción de inocencia” aseveró Gerardo Villamar, defensor de las Personas Privadas de Libertad, de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).

Villamar considera que se podrían aplicar medidas sustitutivas con la verificación de dos requisitos, como lo son el peligro de fuga y/o la obstaculización a la averiguación de la verdad; aunado a que el criterio de los jueces “no siempre se toma en cuenta la situación personal del imputado, su situación socioeconómica y muchas veces se someten a una condena social” lo que genera una grave violación a sus derechos.

El defensor de los privados de libertad identifica que algunos derechos violentados a las personas que están en una situación preventiva como “el derecho al debido proceso, presunción de inocencia e igualdad porque muchas veces no rinden primera declaración y esto se debe a la carga de trabajo de los jueces” además deberían respetar el plazo de investigación y evitar a que se extienda a varios años.

El hacinamiento en las cárceles es evidente y provoca “un trato cruel e inhumano dentro de las prisiones porque no hay control por parte de las autoridades penitenciarias y algunos centros carcelarios son controlados por parte de los reos” y agregó que el impacto de la prisión preventiva en la persona abarca lo económico, psicológico, familiar, salud física, entre otros.

Prisión preventiva infinita

De acuerdo con el investigador Walter Menchú, del Cien, las personas que han sido privadas de su libertad se enfrentan a “una prisión preventiva que puede ser infinita, derivado a las ampliaciones que se pueden solicitar y eso nunca termina porque la ley lo permite” y agregó que en los últimos 14 años se ha reflejado un incremento de población reclusa “.

El analista señala que el agravante es que “muchos de los casos se tarda un montón de tiempo y los jueces se lavan las manos y al final terminan creando un gran problema que es más grande de lo que quieren solucionar” y recuerda que le fin de la pena según el Código Penal es la reparación de las victimas y lo que “se termina haciendo es victimizar al mismo victimario y la prisión preventiva termina convirtiéndose en una pena anticipada” advirtió.

Menchú explicó que “muchos casos no deberían de ser judicializados, podrían buscar alguna salida alterna en algunos delitos no muy graves” mientras que para algunos tipos penales también podrían beneficiarse con otro tipo de medidas sustitutivas hasta que una persona sea declarada culpable. El investigador agregó que se violentan los derechos humanos a las personas derivado a que “la prisión se ha convertido en el recurso legal más fácil”.

Los invisibles

En febrero de 2022 el Colectivo Artesana realizó un diagnóstico con la asistencia técnica y capacitación a los sistemas penitenciarios de El Salvador, Guatemala y Honduras, a fin de conocer las condiciones de los adultos mayores que se encuentran en prisión y para ello realizaron 200 entrevistas a reclusos guatemaltecos, las cuales evidenciaron la necesidad “de hacerlos visibles y brindar las condiciones que merecen con áreas específicas” dijo Andrea Barrios directora de dicha organización.

Barrios detalló que para dicho grupo etario no existe atención especializada, tampoco existen programas para adultos mayores, no hay alimentación adecuada, carecen de atención médica y terapia ocupacional que “les pueda facilitar una mejor calidad de vida, puesto que hay mucha gente que por el tiempo que tienen de condena, pues claramente van a llegar a fallecer dentro de los centros de detención” explicó que es una condición en general a nivel de América Latina.

En dicho análisis se puntualiza que al 31 de diciembre de 2021 han cumplido 65 años unos 872 encarcelados, de estos un 43 por ciento fue privado de su libertad entre un mes a tres años; mientras que un 45 por ciento entre cuatro a 15 años, quienes no cuentan con centros carcelarios específicos para adultos mayores.

“La condena no puede ser más dañina que la propia cárcel, no puede llevar más impactos negativos hacia las personas adultos mayores y que surge cuando las necesidades especificas no son atendidas” y agregó que una libertad por temas de edad o por enfermedad en Guatemala “no se da como tal sino porque las libertades se obtiene por el beneficio de redención” advirtió Barrios.

LE RECOMENDAMOS

“El Mochaorejas”: Quién es y por qué un juzgado invalidó su sentencia en prisión

HRW observa un “declive muy grave” en cuanto al respeto a los derechos humanos y la justicia en Guatemala

Medida de última ratio

A criterio de María del Carmen Peláez, analista Diálogos, la medida de prisión preventiva dentro de la doctrina del derecho establece que “debe ser de ultima ratio, salvo que no exista otra opción pues debería decretarse esta medida” y agregó que uno de los aspectos más preocupantes es que en el Código Procesal Penal se establecen delitos para los cuales no se puede discutir ninguna otra medida y “en automático se debe dictar prisión preventiva y eso vulnera el principio de igualdad al determinarse ciertos delitos ya de cajón” dijo.

Peláez considera que debe encarcelarse a las personas que no han logrado desvanecer el peligro de fuga y la posibilidad de obstruir a la justicia, de lo contrario podrían buscarse medidas sustitutivas y las cauciones económicas que un juez imponga “debe ser con proporcionalidad respondiendo a los parámetros derivado a que muchas personas se quedan en prisión porque no cuentan con los recursos” indicó.

“Un juez en el sistema penal es de garantías que debe buscar la máxima protección de los derechos del sindicado y garantizar la seguridad y justicia efectiva, por lo que debería hacer una interpretación proporcional” y la prisión preventiva exista un peligro a la averiguación de la verdad y de fuga.