El Acuerdo Gubernativo 317-2019 entró en vigor en diciembre de 2019 y contiene reformas al Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental (Recsa), y establece que toda obra, proyecto u empresa, desde una pequeña tienda de barrio, mediana empresa y hasta las grandes industrias, deben contar con un estudio de impacto o instrumento ambiental de sus actividades.

El plazo que tienen las empresas para cumplir con la disposición es el próximo 16 de diciembre e indica las multas en caso de incumplimiento.

Carmen Rosa Barillas, directora ejecutiva de la Gremial de Restaurantes, adscrita a la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), ahonda sobre la normativa, sus alcances y penalizaciones e indica que lo que busca dicha normativa es cumplir con el espíritu de la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, que trata de prevenir la contaminación ambiental y mantener el equilibrio ecológico.

Esto, porque la Ley de Protección del Medio Ambiente, en su artículo 8 señala que, para todo proyecto, obra, industria o cualquier empresa que por su actividad pueda producir deterioro a los recursos naturales o al ambiente, tiene que presentar un estudio de evaluación de impacto ambiental realizado por expertos en la materia y aprobado por la Dirección de Gestión Ambiental y Recursos Naturales (Digarn) del Marn.

¿Quiénes deben cumplir?

Existe un documento orientador denominado Listado Taxativo, el cual clasifica actividades desde un alto impacto en la categoría A o bien actividades de mínimo impacto en categoría de Registro.

Este listado está basado en el código denominado Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIUU) que enlista a muchas actividades. En el caso de Guatemala, abarca a más de mil actividades y cualquier pequeña, mediana y gran empresa puede conocer su categoría.

Es importante mencionar que la obligación de Licencia ambiental solo aplica a las categorías ambientales, A, B1 y B2. Las C y CR son opcionales. Toda actividad que esté establecida legalmente, debe contar con instrumento ambiental, desde un local comercial, una gasolinera, un salón de belleza, restaurantes, gimnasios, centro de distribución, hospitales y centros comerciales, entre otros.

Costo y sanciones

La experta indicó que cumplir con dicha normativa no tiene que ser algo caro, ya que, para los pequeños negocios o empresas de menor categoría como C, B1 o B2, basta con presentar un diagnóstico ambiental sencillo, mientras que las grandes industrias en categoría A, sí deben presentar un estudio de impacto ambiental para sus obras o proyectos.

“Esa inversión favorece a la empresa, porque contar con una licencia ambiental que garantice que sus actividades no dañan el ambiente, tiene beneficios”.

Pero los negocios que incumplan la normativa, pueden ser multadas con montos que van desde Q5 mil hasta Q100 mil. La sanción puede ir a más, pues si no paga la multa en un término de seis meses, el negocio será clausurado.

Las empresas que ya operan y no cuentan con el instrumento correspondiente, deben presentar el instrumento ambiental antes del 16 de diciembre del 2022 y la única forma de evitar la multa sería que la actividad o empresa esté operando antes del año 1986, pero de igual forma, debe cumplir.

Las compañías que aún no están en operación, deben planificar y realizar la gestión ambiental antes de iniciar sus actividades productivas.

Por otro lado, muchas empresas tienen instrumentos ambientales aprobados antes de 2010, época en la que no era necesario contar con licencia de este tipo. Sin embargo, luego de algunas reformas al Recsa, también deben cumplir con la licencia ambiental el 16 de diciembre o actualizar su instrumento ambiental.

Otras disposiciones

Barillas añadió que muchos consideran que el instrumento ambiental es un trámite administrativo, pero lo importante es leer cada uno de los compromisos ambientales que se adquieren, desde gestionar los residuos sólidos hasta el manejo de aguas residuales.

“Es oportuno que todos los entes generadores de aguas ordinarias o especiales implementen su Estudio Técnico de Aguas Residuales, su monitoreo y plan de aguas, de acuerdo con lo preceptuado en el Reglamento de Aguas Residuales 236-2006 vigente desde ese año”.

Ese reglamento establece que los entes obligados deben cumplir con los parámetros establecidos a más tardar en mayo de 2024. Entre otros requerimientos, hay que adecuar los sistemas de tratamiento de aguas residuales para cumplir con la normativa, ya que el incumplimiento, además de sanciones de tipo administrativo, puede conllevar denuncias penales por contaminación industrial.

“No podemos tomar decisiones si no medimos. La gestión ambiental debe partir desde una planificación ambiental, en la que pueda identificarse cuáles son los impactos, tanto positivos como los que deben mitigarse. Siempre es importante que nuestras acciones sean de prevención y no de corrección, por lo que es necesario que las empresas incluyan en su presupuesto anual las inversiones pertinentes”.

Jorge Campins, consultor ambiental individual, indicó que los acuerdos 137-2016 y 121-2018 del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) establecen que el plazo para la regularización vence el próximo 3 de enero del 2020.

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Las que se presenten de forma voluntaria se les rebajará la multa, la cual está establecida entre Q5 mil hasta Q100 mil, y solo se les impondrá una multa de Q5 mil, sin importar la categoría a la que pertenezca la empresa la que pertenezcan (según el tipo de actividad que hagan y el tamaño del proyecto, o empresa), según los reglamentos del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), explicó el experto.

La regularización se debe hacer para los proyectos, producción, obras, industrias o actividades que no cuenten con ninguno de los dos instrumentos.

“Puede tratarse de un edificio, de unas bodegas, un carwash, un restaurante, una industria” y otros, explicó.

“Las empresas no se deben confiar ya que elaborar un instrumento ambiental lleva trámites, papelería legal, planos, desarrollar instrumento” y todo eso lleva tiempo dijo Campins.

La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) ha impulsado el cumplimiento de estas normativas generó herramientas para que los socios puedan contar con el instrumento ambiental, , en este caso el diagnóstico ambiental, y su licencia ambiental, indicó Daniel García, Asesor Político Ambiental de esa entidad.

En el 2018 esa Cámara apoyó la presentación de más de 700 instrumentos ambientales de socios de dicha organización que han buscado regularizar sus actividades, agregó.

Se ha hecho encuestas con los socios y en el sector que representa la CIG que son alrededor de 1 mil 200 industrias entre el 90% a 95% de empresas ya cuentan con ese instrumento ambiental, explicó el directivo.

¿Quiénes están obligados?

Todas las empresas que no cumplan con el decreto Ley 68-86, Ley de mejoramiento y protección contra el ambiente tienen la oportunidad de regularizarse.

García explicó que esa ley establece en el artículo 8 la descripción de quiénes deben cumplir con esa obligación.

“Lamentablemente la ley en su redacción quedó de forma muy ambigua porque dice que para toda actividad, industria o proyecto que pueda o no producir un impacto al ambiente debe contar con un instrumento ambiental”

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Hay un listado taxativo emitido por el MARN que dice cuáles deben contar con ese instrumento, e incluye desde un pequeño comercio o una tienda de venta al detalla hasta una hidroeléctrica, explicó.

“Según esa redacción y el listado mencionado toda empresa formalmente establecida en el país debería de contar con este instrumento ambiental” dependiendo de su categoría.

La CIG considera que la excepción debería ser la actividad forestal ya que ese control está establecido en la Ley Forestal y el Instituto Nacional de Bosques (Inab), comentó García.

¿Qué es el diagnóstico ambiental?

Para los instrumentos ambientales hay términos de referencia establecidos por las leyes nacionales, reglamentos y el MARN.

Hay dos modalidades. Uno es un estudio de previsión de impacto ambiental y el otro es correctivo.

• Estudio de Impacto Ambiental (EIA): se debe emitir para las actividades o proyectos que no se han efectuado, y se va a predecir su impacto ambiental.  Aquí se proyecta cómo se va a mitigar el impacto, desde la construcción hasta llegar a la operación.
• Diagnóstico ambiental: Es la evaluación del impacto de todas las actividades que ya están construidas u operando y que ya generaron el impacto ambiental.  En este se presenta la forma en que va a mitigar el impacto que ya está generando (en agua, ruido, aire, y otras).

Conozca la legislación

Los expertos recomendaron a las empresas a conocer la legislación vigente para cumplir con las obligaciones.

• Decreto Ley 68-86, Ley de mejoramiento y protección contra el ambiente tienen la oportunidad de regularizarse.
• Reglamento de Evaluación y Control de Seguimiento Ambiental (conocido como Recsa), acuerdo 137-2016 y modificado por el acuerdo 121-2018 del MARN.
• Otras normativas: Tener claro las diferentes normativas que deben cumplir como el reglamento de descarga de aguas residuales, reglamento para salud y seguridad ocupacional y otros, por ejemplo.

En el caso de proyectos nuevos deben cumplir con el instrumento de Evaluación Ambiental y no tienen multa, explicó Campins.

“Uno de los objetivos es que al tener una industria casi totalmente regularizada en la Cámara de Industria, estamos buscando que vayan más allá de lo que la ley establece, por eso estamos promoviendo herramientas para el tema de ciclo de vida de los productos, el desempeño ambiental, que no se enfoquen solo en un cumplimiento legal” expuso García.

Herramienta para hacer un autodiagnóstico

Independientemente del Diagnóstico Ambiental que necesite la empresa para cumplir con las normas del MARN, la Cámara de Industria (CIG) ha creado otras herramientas que son útiles para las empresas.

Luis Muñoz Director Ejecutivo Centro Guatemalteco de Producción más Limpia comentó que cuentan con herramientas digital dentro del Programa de Desempeño Ambiental, para facilitar la labor de las empresas por medio de internet.

La primera es el Diagnóstico de Desempeño Ambiental (DDA) la cual empezó a operar desde 2018 y por medio de la cual las empresas pueden hacer un autodiagnóstico para medir o revisar sus actividades en ese ámbito.

La herramienta, de uso gratuito para las empresas, genera el reporte automático e identifica cuáles son los puntos buenos, y en los que tiene riesgo, y se emite una nota de 0 a 100.

Con esa información la organización está creando un ranking para dar seguimiento a los avances, refirió.

A la fecha ya han participado casi 200 empresas, de las cuales 75 han efectuado de forma adecuada su autodiagnóstico. De estas 60% son grandes empresas y el restante 40% son micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

No se publican nombres de empresas, pero si se generan estadísticas. El promedio de puntaje que se ha registrado a febrero de este año, 52 puntos. “Eso significa que vamos a la mitad del camino” dijo Muñoz.

Expuso que “Nuestra interpretación en que las empresas si están haciendo cosas interesantes en el medio ambiente, y están muy preocupadas en cumplir con la ley y su esfuerzo va en tratar sus desechos y emisiones y aguas residuales, pero nuestra experiencia eso sale muy caro, y entonces las empresas se empiezan a desmotivar en el tiempo y ahí es donde surge el riesgo de que no se cumpla con la ley, que tengan problemas ambientales”.

Los 7 ejes

En el autodiagnóstico se evalúan 35 puntos divididos en 7 ejes:

1. Planificación ambiental
2. Cumplimiento Legal Ambiental
3. Riesgo Legal Ambiental
4. Uso de recursos (producción más limpia)
5. Gestiones de emisiones y desechos
6. Perspectiva del ciclo de vida
7. Gestión de la información

Los tres expertos participaron este jueves en el III Foro de Sostenibilidad Industrial, organizado por la CIG y un grupo de empresas.

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No obstante, la mujer, que estuvo al frente de MARN entre enero de 2014 y mayo 2015, confirmó que autorizó que su cartera transfiriera más de Q2 millones de espacio presupuestario para la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán (AMSA).

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“Rina Sanchinell –exasesora de Roxana Baldetti– me dijo que debía localizar los espacios presupuestarios que ya no serían utilizados por la cartera para ponerlos a disposición. Era un procedimiento usual que se nos expresara oralmente que debían hacer transferencias”, dijo. “No supe para que era la transferencia a AMSA, solo me dijeron que era para algo del lago”, añadió.

Además, la exministra comentó que el proyecto de limpieza no contaba con un instrumento ambiental ni aval de su cartera. “Cuando me entere de la existencia del proyecto –en marzo de 2015– hice la consulta y se me indicó que no tenía uno. Más adelante se me informó que ingreso uno, pero al poco tiempo este fue descartado”, aseguró.

Martínez fue cuestionada sobre su destitución. Sin ofrecer muchos detalles, la mujer comentó que el expresidente Otto Pérez Molina le expuso que se habían dado inconvenientes con la gestión del Lago de Amatitlán. “Me dijo que identificaba cierta afinidad con la vicepresidenta y por lo mismo debía prescindir de mis servicios”, señaló,

El caso

De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, la exvicepresidenta Roxana Baldetti lideró una estructura criminal, que operaba desde instituciones estatales claves para el tema ambiental y en empresas privadas, con el objetivo de conseguir de forma ilícita la licencia de un proyecto de limpieza y saneamiento del Lago de Amatitlán con el cual se beneficiaría económicamente.

De esta forma habrían logrado que el 28 de noviembre de 2014, de forma fraudulenta, se adjudicara un contrato de saneamiento y limpieza del Lago de Amatitlán a la empresa M. Tarcic Engineering Limited por Q137.8 millones.

Del total, el Estado de Guatemala desembolsó a M. Tarcic un monto de Q20.7 millones antes de que fuera rescindido el contrato. Estos recursos terminaron en las cuentas bancarias de un conglomerado de empresas y personas particulares, de acuerdo con el MP.

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Nuevo cambio

En el 2016 el actual Gobierno dio dos años para que se efectuara la regularización, el plazo vencía mañana el 11 de julio, y a partir del 12 se empezaría a pagar la multa de Q100 mil según las disposiciones del acuerdo 137-2016 que establece el reglamento de evaluación, control y seguimiento ambiental.

La modificación actual, que entra en vigencia este martes, se establece en el acuerdo 121-2018 emtido por el MARN y firmado por el presidente Jimmy Morales.

El proceso de regularización se establece en el artículo 119 de ese reglamento, las empresas deben acudir al MARN para regularizarse su situación de licencias y herramientas ambientales como el IEA.

El Ministerio indicó que el período de regularización se extendió hasta el 2020 y que toda persona individual o jurídica que cumpla con las obligaciones establecidas y presente las herramientas que le correspondan obtendrá la reducción de la multa en mención.

Buscan que empresas cumplan

En el comunicado de ese ente, firmado por el ministro Alfonso Alonzo, se refirió que la finalidad de la prórroga es “incentivar el cumplimiento de la normativa ambiental además de contar con la información sectorial que permitan generar indicadores adecuados en materia de ambiente y recursos naturales”.

Aparte del plazo en mención, fueron modificados nueve artículos más, que entran en vigencia a partir de este martes.

El MARN explicó en su boletín que pedirán a la Comisión de Ambiente del Congreso que se analice la ley de protección y mejoramiento del medio ambiente para reformar el artículo 8, ya que según ese ente “vulnera a distintos grupos en virtud de que la  normativa viene desde 1986 y debe ser actualizada”.

El listado taxativo establece las diferentes categorías de actividades según el impacto ambiental, localización, tamaño de la empresa según el número de empleados, tecnificación y otros.

Sin embargo, dentro del sector empresarial se ha cuestionado que aparte de estar desactualizado, no se clasifica adecuadamente a las empresas según su tamaño e impacto ambiental.

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Un experimento realizado en 1978 en un bar de cócteles de Seattle encontró que el simple hecho de sonreír podría más que duplicar la propina. Para que esto funcione es necesario, por supuesto, que la sonrisa parezca sincera.

Del mismo modo, en un estudio realizado en un restaurante llamado Charlie Brown del sur de California, se les pidió a la mitad de los meseros que se presentaran por su nombre al comienzo de la comida y a la otro mitad se les dijo que no lo hicieron.  Las propinas tornaron alrededor de un 15% para los que no se presentaron y un 23% para los que lo hicieron.

En los últimos años, algunas tácticas más discretas han sido probadas. Dos psicólogos franceses Nicolas Gueguen y Celine Jacob han llevado a cabo muchos estudios diferentes sobre las propinas.

Concluyeron que si las camareras llevan camisetas rojas, eso incentiva a los hombres a dejar más dinero, aunque no tenga ningún efecto sobre las clientas mujeres.

Esta no es la primera vez que la cuestión de los géneros llega a estos estudios. El dibujar una cara sonriente en la factura o escribir gracias por detrás, les ha favorecido mucho a las camareras, pero no a los camareros.

Michael Lynn, profesor que estudia el comportamiento de los consumidores, sin embargo no aconseja dibujar las caras sonrientes en restaurantes de clase alta, ya que podrían no parecer adecuadas para una cena de lujo. El profesor sugiere que dibujar una langosta podría funcionar mejor.

Incluir en la nota una tarjeta con una broma puede hacer una gran diferencia.

También es importante la forma del plato en el que se sirve la comida. Platos en forma de corazón obtuvieron más propina que los de forma redonda o cuadrada.

Para valientes, Gueguen y Jacob descubrieron que un ligero toque en la parte superior del brazo también subía la suma. Una investigación llevada a cabo en la década de 1980 había descubierto que en general, si tocas a alguien en el brazo mientras le pides un favor son más propensos a decir que sí.

El ligero contacto físico parece demostrar que eres una buena persona y que estas centrando toda tu atención en el cliente.

En el estudio francés, los participantes eran clientes sentados en un bar de Vannes, en la costa de Bretaña. Ese día, solo el 10% de los clientes dejo algo para el servicio.

Su manifestación se produce en momentos que el país centroamericano vive serios problemas de conflictividad social por la oposición que despiertan la explotación de minerales y otros megaproyectos, principalmente en comunidades indígenas, por considerar que son una amenaza a recursos naturales como las fuentes de agua.

De acuerdo con Samuels, aunque la cartera de Energía y Minas es la encargada de extender las licencias, el ministerio a su cargo emite opiniones y recomendaciones para alertar del peligro que generan los proyectos extractivos en el medio ambiente.

“Ahora estamos recabando información de qué está pasando con estas empresas (mineras), y si realmente están causando un daño, por supuesto lo vamos a suspender”, recalcó el funcionario.

El Estado guatemalteco ha otorgado en los últimos años decenas de licencias de explotación minera, sobre todo oro y plata a cielo abierto, que según ambientalistas, campesinos e indígenas, han provocado graves daños ecológicos y generado conflictividad social por la imposición de los proyectos.