Los datos recientes de la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI 2022) dan cuenta que, en Guatemala, la población ocupada en el sector formal representó el 28.9 por ciento del mercado laboral, lo que equivale a 1.9 millones de trabajadores, en tanto que María Isabel Salazar Urrutia, viceministra de Trabajo, informó que solo hay 172 inspectores para el cumplimiento de las leyes laborales.

Eso significa que hay un inspector de trabajo para cada 11 mil 200 trabajadores ocupados en el sector formal; es decir, para verificar el cumplimiento de las prestaciones de ley, salario mínimo, seguridad social, industrial y ocupacional, entre otros.

Sin embargo, la mayoría de los trabajadores ocupados en Guatemala está en la economía informal, y no cuenta con cobertura de protección social o salario mínimo. Según la ENEI, este segmento representó el 71.1 por ciento en 2022, que equivale a 4.8 millones de personas.

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El estudio determinó que la población ocupada es de 6.9 millones de personas, entre el mercado informal y el formal.

La funcionaria explicó que cuando tomó posesión del puesto había 172 inspectores de los cuales, 52 realizaban funciones administrativas y no salían al campo; pero ahora con el personal asignado, se llevan a cabo funciones más eficientes, en el sentido de hacer tres verificaciones por día, ya que anteriormente era solo una.

Programa de modernización

Por otro lado, está en curso un proceso de selección de la convocatoria que se realizó en enero de este año para la contratación de nuevos inspectores y llenar de nuevo las plazas, ya que mucho del personal decidió hacer retiro voluntario. El año pasado fueron contratados 17 inspectores y para 2023 se prevé otros 49.

En los planes de modernización de la Inspección General de Trabajo (IGT) está la adquisición de una flota de vehículos, 149 computadoras, que permitirán tener un flujograma de trabajo de los procesos de verificación y una rendición de cuentas mucho más inmediata.

Pero también habrá un efecto externo con el usuario, para que pueda revisar los expedientes y conocer su estatus, revisar su caso, el personal lo tiene asignado, etc.

Nueva disposición

Es viernes 3 de marzo se publicó el acuerdo gubernativo 33-2023 del Mintrab en el Diario de Centro América, en el cual se establece el “reglamento para la emisión de solvencias de faltas de trabajo y previsión social” e indica el procedimiento de solicitud y emisión.

El mecanismo será de forma electrónica, por la IGT a través del Registro de Faltas y Previsión Social, el que mantendrá la información de las personas individuales y jurídicas que hayan sido sancionadas por un periodo de un año a partir de la notificación, que cause estado en sede administrativa o firmeza en sede judicial, por incumplimiento de legislación laboral y previsión social.

La solicitud de la solvencia tendrá un costo de Q100, según la publicación, y los ingresos constituirán fondos privativos para las operaciones de la IGT.

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Desde el inicio de la pandemia en marzo último, las denuncias se multiplicaron por parte de los trabajadores a la Inspección General de Trabajo (IGT), entidad responsable de darle el seguimiento y brindar los mecanismos sancionatorios o preventivos.

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Del 17 de marzo al 7 de julio último –es decir, en 112 días–, la IGT lleva un registro de 15 mil 296 denuncias. Eso significa que, en promedio, esa dependencia adscrita al Ministerio de Trabajo (Mintrab) está recibiendo 137 denuncias diarias.

Hace aproximadamente mes y medio, el Mintrab había recibido 3 mil 968 denuncias por despidos a partir del 17 de marzo, cuando fue decretada la suspensión de labores por el gobierno para evitar la propagación del coronavirus, hasta este 2 de junio. Eso quiere decir que, aproximadamente 25 días hábiles después se habían presentado 11 mil 328, casi cuatro veces más que las registradas al 2 de junio.

Principales causas

La viceministra María Isabel Salazar, –encargada del área de administración de trabajo–, confirmó que existe un pico de denuncias asociadas a los efectos del coronavirus en las empresas.

A los expedientes, expuso la funcionaria, se les está brindando el tratamiento operativo, así como el proceso de depuración, pero que hasta la fecha hay más de 15 mil denuncias planteadas por los trabajadores.

Las principales denuncias se centran en el incumplimiento del pago de salario mensual, despido, suspensión de contratos sin autorización o convenio, incumplimiento de las medidas de salud y seguridad ocupacional y la falta de transporte.

Recordó que se activan los derechos de los trabajadores a la terminación de la relación laboral, y cuenta con derechos y prestaciones irrenunciables.

El otro porcentaje de denuncias se asocia a la implementación de normas de seguridad ocupacional, y en conjunto con el viceministerio de Prevención Social, están realizando las verificaciones y cumplir con el reglamento para la prevención y control de brotes de SARS COV 2 en los centros de trabajo.

Subregistros

Para el sindicalista Rigoberto Dueñas, las cifras que presenta el Mintrab pueden “quedarse cortas ante la realidad que está pasando los trabajadores afectados”.

“Esto es poco; porque hay trabajadores que no pueden manejar los sistemas de denuncias por internet, hay obreros y personas en el campo que no pueden operar los sistemas electrónicos, ya que las denuncias se están recibiendo por medio de una página web”, expresó Dueñas.

Consideró que puede haber más denuncias que no han podido llegar a la IGT por la falta del conocimiento, y para ellos es más fácil acudir personalmente para que se levanten las actas y facilita al trabajador.

Dueñas aseguró que conoce casos en los cuales los empleadores hacen los despidos y no liquidan a sus trabajadores por la falta de recursos económicos, pero no es una justificación.

“Hay lógica desde el punto de vista del estado de Calamidad, pero esto es aprovechado por algunos empleadores de deshacerse de algunos trabajadores y no pagar sus pasivos laborales aduciendo la crisis financiera en sus empresas”, subrayó Dueñas.

Otras complicaciones, según el sindicalista, apuntan a la modificación de los contratos de trabajo, que son consecuencias colaterales de la pandemia.

Golpe directo

Guido Ricci, integrante de la comisión laboral del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), afirmó que esta crisis vino a golpear a todos los empleadores, a unos más que otros, y son muy pocos los que no han visto impactadas sus operaciones.

En otros casos las empresas han tenido que reducir sus planillas y hacer uso del programa del Fondo de Protección del Empleo, que permite suspensión de los trabajadores y que gocen de bonificación.

Pero desafortunadamente en otros, las empresas han disminuido al mínimo o han despedido y “creo que ahí están la mayoría de los casos que está reportando el Mintrab” indica.

“Nuestra apreciación ahí es utilizar los mecanismos que brinda el Gobierno y en la medida que se pueda, hacer suspensiones y que los trabajadores gocen de un ingreso mínimo; y los que han realizado despidos no hay de otra más que cumplir con lo que dice la ley, y si hay que pagar indemnizaciones deberán ser liquidadas”, enfatizó Ricci.

Sin embargo, aseguró que son muy pocos los empleadores que puedan tener una provisión de ese tamaño para dar por terminada una planilla; entonces insta a las empresas negociar con los trabajadores en los términos más beneficiosas entre ambas partes y una salida decorosa.

Ricci explicó que se está llegando a consecuencias dramáticas para empleadores y trabajadores y se espera llegar a una apertura de la economía.

Presentación de guía

La viceministra confirmó que cuentan con la guía para la implementación de las normas de seguridad ocupacional, que fueron elaboradas en conjunto con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), y en las cuales los patronos deberán de presentar un plan y hacer los chequeos de cumplimiento.

“El patrono tiene una obligación de un plan de seguridad ocupacional, y esta guía institucional complementará para que el plan se haga operativo”, afirmó la viceministra, quien dijo que se espera en los siguientes días hacer la publicación respectiva.

Resolución

La Corte de Constitucionalidad suspendió el acuerdo 250-2020 del Mintrab, que se refiere al pago del bono 14 a los trabajadores, y las empresas que no puedan hacerlo acudir a préstamos bancarios, presentar una declaración jurada y mostrar la insolvencia de las empresas para cumplir con la obligación.

El abogado Ricci aseguró que el Mintrab fue claro desde un principio en que esa prestación se debía de pagar, y que es un derecho adquirido para los trabajadores, por lo que se establecieron otros procedimientos que establece la Ley de Bonificación Anual para Trabajadores del Sector Privado y Público -decreto 42-92.

Reiteró que no se trataba de eximir el cumplimiento del pago.

“La preocupación es que se tienen que mantener las fuentes de empleo ante las actuales circunstancias y muchas empresas están realizando los esfuerzos necesarios para mantener sus planillas”, recalcó.

Los trabajadores de la inspectoría de dicho ente denunciaron que no se les ha dado el apoyo necesario en capacitación, equipo, oficina y más personal para cumplir con esa ley y que, en esas condiciones no se responsabilizarán de las consecuencias legales.

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El colocar sanciones a trabajadores creará un colapso, porque estarían sancionando a quien denunció que se le están incumpliendo sus derechos, comentaron.

Las sanciones para el trabajador o sindicato van desde dos a 20 salarios mínimos diarios del sector no agrícola, mientras que para el empleador o patrono son entre dos y 18 salarios mínimos mensuales, del sector no agrícola.

Mientras las autoridades brindaban una conferencia de prensa para dar a conocer datos de las nuevas disposiciones legales los inspectores se reunieron afuera del despacho y denunciaban que no se les ha dado el apoyo necesario en capacitación, equipo, oficina y más personal para cumplir con esa ley. Por ello, refirieron en grupo, que no se responsabilizarán de las consecuencias legales. Aunque aclaraban que no están en desacuerdo con las reformas sino con la falta de apoyo.

Plazo de 30 días hábiles

De este 6 de junio en adelante se tiene un plazo de 30 días para resolver cada denuncia, aspecto que las autoridades califican de positivo. Explican que en promedio cada caso tardaba entre 30 a 45 días, ahora la ley establece un plazo específico lo cual ayuda a tener más certeza.

Sin embargo los inspectores refieren que en las condiciones de falta de personal, equipo y apoyo no se podrá cumplir con ese plazo ya que hay casos que están en lista de espera y tardan hasta cuatro meses para la fijar una audiencia.

Carlos Sandoval, inspector general de trabajo, expuso que cuentan con 241 personas en inspectoría además que buscan lograr contratar 125 más en el  2018, para lo cual necesitarían unos Q9 millones. Los funcionarios aseguran que sí se les brindó capacitación, y esperan que la resistencia a las nuevas disposiciones disminuya y desaparezca. 

Sin embargo los trabajadores también se quejaron que no todos se dedican a la labor de inspectoría y ejemplificaron que para el departamento de Guatemala solo hay 17 personas asignadas para visitaduría y el número total mencionado por Sandoval se debe a personal también asignado a diferentes regiones del país. Agregaron que la única capacitación o directriz que les dieron es que les dieron a leer las nuevas reformas.

Los trabajadores indicaron que no están en desacuerdo con el decreto en mención sin embargo dijeron que en las condiciones que denuncian no se responsabilizan de las consecuencias legales que pueda traer esa legislación.

El otro cambio es que así como hay denuncias a las cuales se les puede dar seguimiento con visitas, ahora con la nueva ley les permite citar a la sede administrativa (en el Ministerio) a los patronos o empleadores para hacer la inspectoría, entre estos como la denuncia por falta de emisión de un certificado del IGSS o inspecciones por posmorten.

Denuncias

En el 2016 el Mintrab recibió alrededor de 40 mil denuncias e hizo igual número de inspecciones, y en cinco meses del 2017 se reportan ya 25 mil dijo Sandoval.

Las denuncias más constantes que se dan son por no pagar el salario mínimo, y prestaciones como el bono 14 y el aguinaldo agregó.

Las empresas con más constantes denuncias en contra son del sector de seguridad privada, se añadió.

Las denuncias que entraron hasta el 5 de junio, antes de la vigencia de las reformas, se le aplicará la ley antigua, refirieron.

En la conferencia participaron el secretario general del Ministerio Felipe Sánchez y Marcelo Richter asesor del despacho.

Richter respondió que analizaron la ley que reforma el Código de Trabajo debido a las dudas que generó un posible error de redacción en el Congreso respecto al artículo que se refiere a la derogatoria de las leyes, pero indicó que el criterio es que esta ley cobró vigencia este 6 de junio y  no se autoderoga, además que se necesitaría una ley posterior para derogarla total o parcialmente.