La Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) organiza el encuentro empresarial, y este año plantean un tema diferente dando paso a una nueva era de temáticas, dijo Jorge Benavides, investigador asociado de Fundesa.

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El tema de este año busca encontrar el camino para lograr instituciones gubernamentales que respondan a las necesidades de los ciudadanos.

Los temas que se abordarán se encaminan a fortalecer las oficinas públicas analizando la legitimidad de los representantes electos y perfil profesional de los funcionarios. Asimismo, la supervisión de los fondos públicos con calidad y la independencia judicial en todo el proceso.

Al ENADE está invitado el presidente electo, Alejandro Giammattei, informaron los representantes de Fundesa, además de diputados actuales y electos.

“Con la presencia de autoridades actuales y electas, en los tres poderes del Estado y a nivel Municipal hagan un aporte y compromiso de lo importante que es tener un Estado que funcione”, expresó el investigador de Fundesa.

El ENADE 2019 se centrará en cuatro ejes que son la legitimidad de los representantes electos, perfil profesional de los funcionarios públicos, supervisión de los fondos públicos con base a calidad e independencia del sistema de justicia. @Economia_pl @prensa_libre pic.twitter.com/ZeCRFJU7p5

— Natiana Gándara (@ngandara_pl) August 27, 2019

Benavides comentó que el fortalecimiento del Estado es donde la aplicación de las leyes es igual para todos, donde no hay privilegios para las autoridades, donde brinden seguridad en la aplicación de la legislación, contando con funcionarios competentes, éticos e imparciales.

“Fundesa a través de la propuesta Mejoremos Guate planteó una serie de temas importantes para el país, pero caen en la cuenta que por más que sean buenas propuestas, experiencias exitosas en otros países, el elemento clave es que el Estado funcione y eso implica trabajar en los aspectos que se necesita para que funcione bien”, resaltó Benavides.

Juan Carlos Paiz, presidente de Fundesa, agregó que abordarán la importancia del desempeño que tendrán los diputados trabajando en una agenda económica institucional para lograr el fortalecimiento institucional.

Los exponentes del ENADE 2019 son:

• Vicent Onyemah: Director del proyecto de Ecosistema Empresarial de la Universidad de Babson y facilitador de Scale Up Xela.
• James Robinson: Reconocido economista y científico político co-autor del libro: “Por qué las naciones fallan”.
• Moisés Naím: Periodista, columnista y escritor autor del best-seller: “El fin del poder”.

La presencia del profesor Onyemah se debe también a que compartirá los resultados del programa de aceleramiento de empresas Scale Up Xela, quien por un año trabajó con diferentes pequeñas y medianas empresas del altiplano con el objetivo de hacer crecer sus negocios.

Foros previos

Los organizadores del Encuentro organizan seis foros previos al ENADE en diferentes departamentos estratégicos.

Los temas que abordarán en mencionados foros se centran en cuatro áreas:

• La elección de los representantes, modificando la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
• El funcionamiento del recurso humano del Gobierno, con la reforma a la Ley de Servicio Civil.
• La supervisión de los fondos públicos al discutir la reforma de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas y
• La solidez del Estado al discutir la Ley Orgánica del Organismo Judicial.

Paiz agregó que es importante que los líderes se comprometan a generar instituciones más fuertes que los intereses particulares, “porque si no se logra nunca se tendrá un país que resuelva los problemas de fondo”, enfatizó.

Al ENADE están invitados representantes de diferentes sectores del país para lograr una hoja de ruta que conduzca al desarrollo y crecimiento nacional.

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En su informe anual sobre los derechos humanos en el mundo, publicado este viernes, el Departamento de Estado de EE. UU. también constató numerosas acusaciones de ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad, en muchos casos contra supuestos miembros de organizaciones criminales.

La violencia contra las mujeres, niñas, lesbianas, gay, bisexuales y transexuales también fue generalizada en la región en el 2017, según el informe.
La situación en los países centroamericanos en el 2017 fue, según Estados Unidos, la siguiente:

Honduras

Los problemas de derechos humanos más graves registrados por Estados Unidos en Honduras son las acusaciones de “ejecuciones ilegales y arbitrarias”, las duras condiciones penitenciarias que suponen un riesgo para la vida y los asesinatos y amenazas a los integrantesde los medios de comunicación.

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El informe del Departamento de Estado también se refirió a “la extendida corrupción gubernamental, incluido el sistema judicial” y las amenazas contra las comunidades de origen africano, así como violencia contra lesbianas, gay, bisexuales y transexuales.

Las organizaciones criminales, tanto locales como internacionales, cometieron también un número “significativo” de delitos como asesinatos, extorsión, secuestros, torturas y tráfico de personas.
Pero EE. UU. también reconoció que el Gobierno hondureño “tomó medidas para juzgar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos”, aunque constató la impunidad “en muchos casos”, como en el asesinato del zar antidrogas Julián Aristides González en 2009.

Nicaragua

Como en Honduras, EE. UU. señaló que las autoridades civiles nicaragüenses tiene dificultades en determinadas circunstancias “para mantener un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad” y que los principales abusos de derechos humanos son ejecuciones ilegales, tortura y las duras condiciones penitenciarias.

Guatemala

Las principales violaciones de derechos humanos en Guatemala, donde las autoridades a veces fueron incapaces de “mantener un efectivo control sobre las fuerzas de seguridad”, son la “extendida corrupción gubernamental”, violencia contra personas con discapacidades y asesinatos de mujeres, según el informe.
EE. UU. también se refirió a “la corrupción e intimidación de jueces”, las duras condiciones penitenciarias y las amenazas contra periodistas por parte de organizaciones criminales y funcionarios corruptos.

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El informe denunció la “violencia policial” contra lesbianas, gay, bisexuales y transexuales en el país, el tráfico de personas, “las peores formas” de trabajo infantil y violencia contra sindicalistas y activistas laborales.
Además el Departamento de Estado dijo que la corrupción provocó que “la impunidad siguiese siendo extendida” y destacó que el presidente Jimmy Morales intentó expulsar del país, sin éxito, al comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, (CICIG),  Iván Velásquez.

El Salvador

En el país, donde las autoridades civiles a veces fueron incapaces de “mantener un efectivo control sobre las fuerzas de seguridad“, se produjeron ejecuciones ilegales de supuestos criminales, desapariciones por parte de militares y torturas.
EE.UU. reconoció que en el caso de las desapariciones realizadas por personal militar, el Gobierno presentó cargos.
Pero las fuerzas de seguridad también fuero responsables de torturas y ejecuciones ilegales de supuestos criminales.

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Además de la “extendida corrupción gubernamental”, el país sufre duras condiciones penitenciarias, arrestos arbitrarios, falta de respeto gubernamental por la independencia judicial, violencia de maras contra mujeres, niñas, lesbianas, gay, bisexuales y transexuales.
El informe también denuncia “las peores formas de trabajo infantil” en El Salvador

Costa Rica

El informe señala que “no hay informes de graves abusos de derechos humanos” en Costa Rica y que el Defensor del Pueblo recibió 132 quejas de abusos policiales, detención arbitraria, torturas y otros abusos en los seis primeros meses del año, pero que “pocos de los acusadores” registraron sus quejas con las autoridades.
La sobrepoblación penal provocó duras condiciones penitenciarias y dificultó la atención sanitaria.

Panamá

Estados Unidos destaca que las autoridades civiles panameñas “mantuvieron un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad” de ese país y que los mayores problemas de derechos humanos fueron el uso de la fuerza excesiva en prisiones, la “extendida corrupción” incluido el sistema judicial, y la violencia mortal contra mujeres.
El informe constata que la Administración del presidente Juan Carlos Varela “siguió investigando acusaciones de corrupción contra funcionarios”.

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Con nueve votos a favor y tres en contra el magistrado José Antonio Pineda Barales será el próximo presidente del Organismo Judicial.

“Que mi corazón siempre esté encaminado al bien”, fueron parte de las primeras declaraciones del magistrado luego de ser elegido.

Palabras del #PresidenteOJ electo, Magistrado José Antonio Pineda Barales. #OJEnVivo pic.twitter.com/oNdA8tvA52

— Organismo Judicial (@OJGuatemala) 6 de octubre de 2017

Por su parte, la actual autoridad de OJ, Nery Medina, refirió: “Estimo que el Organismos Judicial va a estar en buenas manos”. 

El vocero del OJ, Ángel Pineda, dijo que ningún magistrado recibió dietas durante las seis reuniones del pleno, pues están incluidas en el salario que cada uno de ellos recibe por parte de esa institución.

La toma de posesión de Pineda Barales será el próximo 13 de octubre, pero aún no se ha definido la hora, según el vocero.

Etapa profesional

Pineda Barales comenzó su labor en el Organismo Judicial como comisario del Juzgado Primero de Primera Instancia de Familia.

Fue nombrado Juez de Paz civil en 1995. En 1997 se convirtió en juez de Primera Instancia en el Tribunal de Sentencia de Amatitlán.

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En 1999, asumió como magistrado titular de la Corte de Apelaciones, fue designado magistrado Vocal II de la Sala Cuarta de Corte de Apelaciones de Trabajo y previsión Social en Suchitepéquez.

En 2004, fue designado magistrado vocal I de la Sala Segunda de Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente.

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Trayecto  académico

• Tiene una licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales como abogado y notario en la Usac.
• Doctorado en Derechos Humanos, Derecho Penal y Procesal Penal
• También tiene una Maestría de Especialización en Derecho Penal del Instituto Andaluz Interunivesitario de Criminología de Sevilla, España.
• Magíster en Derechos Humanos en la Universidad Rafael Landívar
• Diplomado en Derecho Constitucional, auspiciado por la Embajada de México

Se ha desempeñado como catedrático de Derecho Laboral y Procesal Laboral en la Universidad Mariano Gálvez y Derecho Laboral y Procesal Penal, Universidad Panamericana. 

Antejuicios, denuncias y señalamientos a integrantes de los tres poderes del Estado generan un clima de inestabilidad a lo interno y fuera de esos organismos, por lo que representantes de diversos sectores estiman que el país se encuentra en un momento de enfrentamiento entre la actual clase política —“corrupta e impune”— y una nueva lucha contra la corrupción.
El coordinador general del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), Édgar Gutiérrez, destacó que los tres poderes del Estado —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— “se mueven sobre un piso frágil” que en cualquier momento puede quebrarse y desatar “una crisis política institucional”.
Según Gutiérrez, la fragilidad del 2015 no se ha superado debido a que “no cambia la conducta de administrar el Estado como un botín” y a que las autoridades “todavía no hacen el cambio de chip y no entienden que deben cambiar sus conductas reñidas con la Ley”.
Para el director del Ipnusac, lo que más preocupa es la “simultaneidad de la crisis”, pues en el 2015 los señalamientos eran en el Ejecutivo, pero ahora en los tres poderes del Estado se observa “complicidad de agentes” para mantener sus privilegios.

Evidente lucha

El analista político Manuel Villacorta consideró que el país se encuentra entre “dos modelos institucionales, uno corrupto que se niega a morir y uno que pretendemos que no sea corrupto, pero no termina de nacer”.
Para el experto, se trata de un desafío complicado el romper un modelo que se ha basado en corrupción e impunidad y esto es lo que tratan de hacer la Cooperación Internacional y sectores de la sociedad civil. 
“Llega el momento en que  estos sectores —los corruptos e impunes— pasaron del temor al ataque, y por eso luchan en contra de organizaciones como la  Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público (MP)”, señaló.
El analista manifestó que los sectores que luchan contra la corrupción deben “fortalecerse y unirse”, porque del lado contrario esto ya se hace como parte de su resistencia a morir.
Villacorta opinó que las movilizaciones sociales del 2015 fueron un ingrediente para comenzar el cambio en la forma de hacer política, pero aseguró que esta no fue la principal fuerza para ello.

Piden cambio moral

Representantes de las iglesias Católica y evangélicas coincidieron en que es necesario que los líderes políticos del país retomen la moral y la ética para el ejercicio de su labor.
César Vásquez, presidente de la Alianza Evangélica, dijo que  continuarán orando a favor de los líderes del país. Pero “cada uno de ellos debe hacer su trabajo con honestidad, para que vivamos sana y responsablemente”, expresó.

Vásquez afirmó que cada uno de los señalados debe analizar su propia conciencia y, si son íntegros, tomar la decisión que lleve un mensaje positivo, pues el país, y en general las autoridades, debe recuperar sus valores.
“En casi todos los niveles hay señalamientos”, lamenta el religioso.
Por su parte, el arzobispo metropolitano Oscar Vian comentó ayer, al terminar la misa en la Catedral Metropolitana, que el Congreso “todavía tiene que ser depurado”, e hizo mención de las denuncias  contra  magistrados de la Corte Suprema de Justicia. “Todos tenemos que presentarnos si hemos faltado, ponernos en manos de la justicia y seguir con los procesos, como se hace con cualquier otro guatemalteco”, manifestó.
El 20 de enero pasado, la Conferencia Episcopal de Guatemala hizo público un pronunciamiento con el que se une al clamor ciudadano para que el Organismo Judicial “recupere su dignidad  moral”, y respaldó al MP y a la Cicig en sus esfuerzos para combatir “el crimen incrustado en los órganos del Estado y otras instituciones sociales”.

Esperar juicios

La presidenta de la Junta Directiva de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, Raquel Zelaya, cree que de los tres organismos el Congreso es “el más complicado”, pues no se trata solo de señalamientos sino también de las acciones de los diputados, como la creación de 16 comisiones extraordinarias cuya integración.
Para Zelaya, la democracia y la justicia “van encontrando su camino”, por lo que considera incorrecto que con base en señalamientos se exijan condenas sin pasar por el debido proceso, en especial cuando esto se replica en las redes sociales, aunque, aclaró, eso se debe en parte a que la sociedad ha sido defraudada por la clase política.
La opinión de los empresarios organizados es que el país atraviesa por un proceso de justicia y búsqueda de la institucionalidad.
El presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), José González Campo, manifestó que los problemas se ven en los tres organismos del Estado, y lo importante es que “la institucionalidad funcione y que los retos se aborden con responsabilidad”, por lo que es importante   aportar y apoyar a las instituciones que luchan contra la corrupción.
Sin embargo, para González Campo se debe recordar que en el país hay problemas económicos y sociales que también requieren la atención de las autoridades.
“Las instituciones velan por la lucha contra la corrupción y la justicia y no se le puede quitar importancia, pero el país tiene otras necesidades, como inversión social, para reducir el nivel de pobreza”, puntualizó.

Un reporte de la comuna de Villa Nueva estableció que en la actualidad hay unos 371 vehículos considerados chatarra judicial, los que se retirarán de las calles y serán remitidos a los predios a cargo de la Policía Nacional Civil (PNC).

Según el registro hay 220 motocicletas, 128 automóviles de diferentes marcas y modelos, cinco camiones, tres picops y el mismo número de cabezales.

Además, dos furgones, dos camionetas, dos paneles, dos bicicletas, un mototaxi, un microbús, una pipa de agua, un bus, entre otros.

El jefe edil de la comuna, Edwin Escobar, informó a través de su cuenta oficial de twitter sobre la limpieza. “Hace algunas semanas vecinos exigían volviéramos a limpiar nuestras calles de la chatarra judicial que invade ilegalmente nuestras calles”, aseveró.

Agregó que la actividad será en todas las colonias y residenciales de ese municipio. “Avisados y así no reclamen cuando se lleven su vehículo chatarra, macetero, descompuesto o en reparación en vía pública”, manifestó el alcalde de Villa Nueva.

Una usuaria a través de las redes sociales denunció que en la colonia San Mateo de ese municipio hay varios vehículos en mal estado en las calles.

Si. Avizados y así no reclamen cuando se lleven su vehiculo chatarra, macetero, descompuesto o en reparación en vía pública. @gaviota2801

— Edwin Escobar (@EdwinEscobarVN) January 8, 2017

La decisión fue dictada por el magistrado Luis Fux, uno de los once miembros del Supremo, mediante una medida cautelar que anula una votación realizada por la Cámara de Diputados de ese paquete anticorrupción, proyecto que nació de una iniciativa de la sociedad civil luego modificada por los parlamentarios.

El presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, dijo que esa decisión es “al menos extraña”  y supone una “interferencia clara de un poder en los asuntos de otro” , por lo que este jueves presentará una apelación al pleno del Supremo.

Los cambios introducidos en el proyecto ya habían provocado fuertes polémicas, pues entre otros puntos introducen un párrafo sobre los “abusos”  en que incurran jueces y fiscales, que pudieran ser condenados a prisión por causas genéricas, como actuar con “motivaciones político-partidarias” .

En su decisión, el magistrado Fux sostuvo que el proyecto de ley, que fue promovido por el Ministerio Público y enviado al Congreso con apoyo de dos millones de firmantes, fue “desfigurado”  por los parlamentarios, por lo que ordena que sea discutido nuevamente.

“Hay apenas un simulacro de participación popular cuando un texto gestado por un significativo número de electores es sustituido de forma extraña o incluso fulminado”  y “atropellado por propuestas que sólo le interesan a la clase política” , indicó Fux.

Aunque no lo aclara, el magistrado pareció aludir así a las críticas hechas a la modificación del proyecto por el Ministerio Público, que ha considerado las alteraciones como un intento por obstruir la acción de la justicia e inhibir a los jueces.

La Fiscalía ha afirmado incluso que esas “maniobras”  son un intento de “contener”  las investigaciones sobre la red de corrupción que operaba en la estatal Petrobras, en la que hasta ahora están implicados decenas de políticos de todo el arco partidario.

Las alteraciones en el proyecto contra la corrupción fueron aprobadas en la Cámara de Diputados en vísperas de que comenzara el proceso de cooperación judicial pactado por 77 antiguos directores de la constructora Odebrecht, que han acordado revelar detalles del funcionamiento de la trama corrupta en la petrolera.

Esos testimonios, aún bajo secreto judicial, han empezado a causar inquietud en Brasilia, donde se asegura que el escándalo puede alcanzar a unos 200 políticos de todos los partidos, incluidas decenas de senadores y diputados.

Se pronunció a favor de la creación de un Consejo de la Carrera Judicial de carácter permanente, que no esté integrado por magistrados  ni tampoco sea dirigido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El Consejo de la Carrera Judicial —que decide  nombramientos, traslados y destitución de  empleados judiciales— no debe ser dirigido por el presidente de la CSJ, opinó Velásquez.

Hasta ahora, hay dos iniciativas propuestas: una  diseñada por la CSJ y la otra por la sociedad civil.  “Esperamos que magistrados entiendan que la reforma pretende fortalecer el sector justicia”, agregó.

La propuesta

El foco del proyecto que proponen organizaciones, encabezadas por el Movimiento Pro Justicia, es la separación de funciones administrativas de las jurisdiccionales de la Corte.

La plataforma, también respaldada por la Cicig y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, propone que se ascienda desde los juzgados de Paz.

El Consejo de la Carrera Judicial se transformará, según este planteamiento, en uno de carácter mixto, con personal del Organismo Judicial y otros tres integrantes “externos” que tengan diversas especialidades.

Este órgano tendrá  la característica de que no estará integrado por magistrados titulares, para garantizar la independencia de sus decisiones, y quienes lo formen estarán dedicados a evaluar, nombrar,  trasladar y destituir con causa justificada.

La nueva propuesta promueve la evaluación constante, incluso para magistrados, además de crear el registro personal público de jueces y magistrados.

El Consejo estará en funciones durante cinco años, y no solo uno, como en la actualidad.

Ven riesgo

“Estamos de acuerdo en que el Consejo tenga funciones administrativas; pero no estamos de acuerdo en que ingresen personas externas a la Corte para integrarlo”, manifestó el presidente de la Asociación de Jueces, Mario Taracena.

“No sabemos de dónde vienen o qué vínculos tienen, y eso es un riesgo”, advirtió.

Nueva distribución

El Consejo de la Carrera Judicial ya no sería presidido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ni  magistrados. Quedaría así:

• Un representante   titular  y un suplente electos por el pleno de la CSJ, que no sean parte de la misma.
• Un magistrado  titular y un suplente electos por la asamblea de magistrados de la Corte de Apelaciones.
• Un juez  titular y un suplente.
• Tres funcionarios  judiciales y tres suplentes, expertos en Administración, Recursos Humanos y en Andragogía.
• Los tres  últimos  deberán tener 10 años de experiencia en instituciones del Estado, y  no haber sido sancionados.
• Serán seleccionados por medio de un proceso de convocatoria.
• La presidencia  se definirá por sorteo.

El trabajo de los peritos será elaborar informes, que le sirvan a los abogados defensores como pruebas de descargo. 

La audiencia de apertura a juicio estaba programada para este día, pero la jueza Judith Secaida decidió solo juramentar a los tres peritos en materia de aduanas. 

La acusación la tendrá que presentar el MP el próximo 30 de diciembre y será el 20 de enero de 2016 que se sabrá si los señalados enfrentarán juicio.

De acuerdo a la investigación inicial del MP, refiere que entre el 2009 y 2015 fueron estafados Q80 millones al Estado.

Rudy Villeda Vanegas, exsuperintendente de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), es uno de los vinculados en este caso, señalado de exoneración de impuestos a las tiendas en el Aeropuerto Internacional La Aurora, zona 13.  El MP lo señala de los delitos de caso especial de defraudación tributaria, incumplimiento de deberes y usurpación de atribuciones.

Los otros señalados son: Óscar Humberto Funes Alvarado, exintendente de aduanas; Mayra Patricia Rodas Ruano, ex jefa de normas de Aduanas; Raúl Guzmán Marroquín y Lidia Lucrecia Roca Morales. El órgano investigador los acusa de los delitos de casos especiales de defraudación tributaria e incumplimiento de deberes.

Aunque el grupo quedó ligado a proceso, cada uno pagó una caución económica de Q50 mil para evitar ir a la cárcel mientras durante la investigación. También tienen medidas cautelares como arresto domiciliario y arraigo.

En agosto de 2012, la Corte de Constitucionalidad declaró inconstitucional un acuerdo de la SAT que exoneró de impuestos a la empresa Tiendas Libres de Guatemala, S.A., conocida como La Riviera, de capital panameño. La acción fue interpuesta por la Asociación Pro Derechos del Contribuyente (Asprodeco).

El comunicado se publica en un momento en que la mesa de reformas al sector justicia integrada por representantes del Gobierno, sociedad civil, el Congreso y por supuesto la CSJ discuten cambios para mejorar el acceso y aplicación de la justicia en Guatemala.
El Organismo Judicial (OJ) y la CSJ resuelven con total  apego a derecho  de forma imparcial y objetiva y bajo ningún tipo dehttps://twitter.com/CICIGgt/status/623144485266964482

presión, por lo que el soberano pueblo de Guatemala puede tener certeza de que está trabajando por la justicia, dice una parte del comunicado.
El miércoles 8, con la ausencia de los magistrados de la CSJ, semanas atrás el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) Iván Velásquez, presentó las propuestas de reformas a la Ley de la Carrera Judicial.
Las modificaciones fueron planteadas a los miembros de la mesa de reformas al sector justicia.

La propuesta

La CICIG propone para el sistema de justicia que se dividan las funciones administrativas de las judiciales. “Que la Corte se dedique a lo que le corresponde”.
Con los cambios, el Consejo de la Carrera Judicial asume con exclusividad todas las funciones relacionadas con la carrera judicial, por lo que debe consolidarse la separación de funciones administrativas de las jurisdiccionales de la CSJ y también de su presidencia.
Otro de los cambios incluye modificaciones a la integración del Consejo de la Carrera Judicial, donde se pretende incluir a unhttps://twitter.com/CICIGgt/status/614123721775693824

experto en políticas públicas, uno en recursos humanos y otro en androgogía.
Además, aumenta el período de funciones, para garantizar continuidad de las acciones.
Otros aspectos son el ingreso de los profesionales a la carrera y la estabilidad en el cargo, en la que buscan más precisión, claridad, y evaluaciones de pertinencia, cultural y lingüística.
En este proceso acompaña a la CICIG y Ministerio  Público personal de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Derechos Humanos (OACNUDH).

CSJ toma otra ruta

Ocho días antes que la CICIG presentará las modificaciones, los magistrados de la CSJ en ausencia del presidente de ese organismo Josué Baquiax, entregaron al presidente del Legislativo una lista de propuestas para reformar la ley que los rige.

Según Velásquez, no existe consenso con los magistrados. “Aunque las discusiones se realizaron en la misma instancia, hay 80 por ciento de acuerdos”, indicó.

Luego de una decisión por mayoría, los magistrados de la CC decidieron este jueves amparar a Gámez, jueza de Primera Instancia Penal de Sacatepéquez, y a Molina, jueza de Familia de Santa Rosa.

Ambas juzgadoras habían sido trasladadas por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a otras judicaturas sin explicar los motivos.

El 4 de marzo último, Josué Felipe Baquiax, presidente del Organismo Judicial (OJ), mencionó que los traslados correspondían al fin del periodo constitucional de cinco años para los cuales ellas fueron nombradas.

Un día después Gámez y Molina llegaron a la CC para presentar dos acciones de amparo argumentando que los traslados ordenados por la CSJ fueron injustificados.

Según las profesionales, represalías por las críticas hechas a la última elección de magistrados de la CSJ y Sala de Apelaciones, señalando anomalías en los procesos. 

La CC este jueves confirmó la resolución provisional que beneficia a las juezas y suspende su nombramiento, decisión por mayoría. Solo se opusieron los magistrados Roberto Molina y Héctor Hugo Pérez Aguilera. 

Expone en la CIDH

Este jueves también expuso sus argumentos, señalado temores por amenazas y represalías hacia su persona la magistrada Claudia Escobar, que por decisión de la CSJ goza de una licencia temporal de un año para ausentarse de sus labores. 

Escobar resaltó ante los comisionados de la CIDH en Washington, Estados Unidos, que los traslados de ambas juezas eran represalías por sus posturas y argumentos en contra de la CSJ. 

Hellen Mack, en representación de la sociedad civil también apoyó los argumentos de Escobar y además señaló que la última elección de magistrados estuvo viciada, obedeciendo a interés de organizaciones políticas. 

Claudia Escobar y en representación de la sociedad civil Hellen Mack, expusieron los motivos por los que se duda de la independencia judicial en el país, mientras que en representación de la Corte Suprema de Justica expusieron las magistradas Vitalina Orellana y Delia Dávila.

Escobar señaló que existen amenazas para su persona por las denuncias que efectuó durante el proceso de elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), además de represalías directas hacia otras dos juristas que la apoyaron y fueron cambiadas de judicatura.  

Mack en representación de la sociedad civil resaltó que en Guatemala se necesita una independencia judicial y durante el último proceso de comisiones de Postulación para magistrados de CSJ y Sala de Apelaciones, distintas organizaciones informaron sobre “las violaciones graves que se estaban haciendo”. 

Según Mack la integración de la CSJ y la Sala de Apelaciones “fue un acuerdo de impunidad entre dos partidos políticos, uno saliente y el otro supuestamente entrante”. 

Sobre los traslados de judicatura, Mack apoyo a Escobar en que las decisiones fueron por represalias, acciones que supuestamente se pueden evidenciar en el traslado de algunos otros jueces que se han manifestado en contra de las disposiciones de la Corte. 

Niegan acusaciones 

La magistrada Vitalina Orellana y Orellana, en defensa del Organismo Judicial, señaló que el traslado de judicaturas se hizo de forma obligada porque se necesitaba el traslado de jueces y no obedece a represalias. 

Orellana y Orellana, reconoció que “la población actúa -por su propia cuenta- porque no creen en la justicia, ni los jueces”. 

La magistrada también señaló que Escobar ha recibido algunos beneficios personales como una licencia para ausentarse de sus labores por un año, además de protección personal pagada por el OJ. 

La magistrada Delia Dávila, que trabajó en la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (Cicig) y la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), también respaldó a Orellana y señaló que existe una fortaleza en el poder judicial y la integración de la última Corte se hizo conforme a la Ley, aunque se necesitan reformas que ya se discuten en el Congreso. 

Dávila cuestionó: “La magistrada Escobar se refiere a amenazas pero la CSJ le brinda vehículo blindado y agentes que nadie más tiene. Será esto una represalia”.

Agregó: “Un juez es juez en cualquier lugar de la República”, concluyó Dávila en clara referencia a la oposición de Escobar al traslado de judicatura.