Roxana Baldetti, exvicepresidenta de Guatemala no se presentó este 18 de julio al Juzgado de Mayor Riesgo B en el que procedería a aceptar los cargos en el caso de corrupción denominado Cooptación del Estado, debido a una situación médica.

Según se conoció, Baldetti no se presentó al juzgado y se excusó por cirugía a la que fue sometida recién.

La jueza Eva Recinos pospuso la audiencia de petición de aceptación de cargos para el próximo 16 de agosto.

El 12 de julio pasado, la exvicepresidenta pidió al Juzgado de Mayor Riesgo B que le permita someterse a la aceptación de cargos en el caso de corrupción denominado Cooptación del Estado.

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La vicemandataria fue condenada a 15 años y seis meses de prisión en octubre de 2018, cuando el Tribunal de Mayor Riesgo C la halló culpable de fraude en el proyecto de saneamiento del Lago de Amatitlán.

Además, en 2022 fue condenada junto al expresidente Otto Pérez Molina a 16 años de prisión en el caso La Línea y se le impuso una multa de Q8 millones 709 mil.

Caso Cooptación del Estado

El 16 de abril de 2015, se presentó el caso de corrupción denominado La Línea, que según la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público, era una estructura de corrupción que había tomado el control de aduanas del país para generar beneficios económicos ilegales que era dirigida por el entonces presidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta, Roxana Baldetti.

“Al hacer un ordenamiento minucioso de la documentación incautada físicamente, así como en dispositivos electrónicos, se encontró un inmenso esquema financiero, aparentemente inconexo, que incluía nombres, empresas, cheques, bienes, movimientos financieros etc., el cual reportaba operaciones incluso desde el año 2008, 4 años antes que el Partido Patriota asumiera el poder”, se lee en el comunicado de la Cicig el 2 de junio de 2016.

Según la información de la Cicig, los nombres de personas y empresas que aparecieron en la investigación de La Línea, TCQ y Lago de Amatitlán y que tenían bastante información de la participación de estos en otras investigaciones en curso.

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Las investigaciones revelaron, según la Cigig, “un complejo esquema que detallaba toda una maquinaria de lavado de activos meticulosamente diseñada para captar fondos durante la campaña electoral del Partido Patriota del año 2011, que lleva a la Presidencia de la República a Otto Pérez Molina y a la Vicepresidencia a Roxana Baldetti Elías”.

Esta estructura habría sido fundada en 2007, luego que el Partido Patriota perdió las elecciones, y siguió funcionando durante el Gobierno de Pérez Molina y Baldetti.

“Esto llevó a la conclusión que no se trataba de un Gobierno cuyos miembros cometían actos aislados de corrupción, sino una estructura criminal mafiosa que había cooptado el poder por la vía de las urnas en Guatemala y cuyos principales dirigentes eran Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti”, se lee en la información en el sitio de la Cicig.

“Así, varias instituciones claves del Estado fueron cooptadas por la red mafiosa que utilizó un esquema financiero -con apariencia de legalidad en muchos casos pero cuyo fin principal era el enriquecimiento ilícito de los miembros de la estructura, sin importar siquiera la precariedad financiera de las instituciones.  Esta estructura mafiosa utilizó los canales electorales que ofrece la democracia en Guatemala para hacerse con el poder a través de un partido político denominado Partido Patriota”, dice el comunicado de la Cicig en ese entonces.

La separación de Miguel Ángel Gálvez del Juzgado de Mayor Riesgo B podría significar atrasos de hasta 18 meses para unos 78 procesos asignados a dicha judicatura.

El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) conoció y aceptó la renuncia de Gálvez al juzgado y avalaron lanzar la convocatoria para quienes estén interesados en optar al cargo.

Actualmente el Juzgado de Mayor Riesgo B tiene asignados 78 procesos que involucran a más de 1 mil personas, algunas en prisión y otras con medida sustitutiva.

Gálvez oficialmente tomó su periodo vacacional a partir del 2 de noviembre y dos días después viajó a Costa Rica, donde permanece actualmente. De acuerdo con la calendarización del Organismo Judicial, el periodo de vacaciones de Gálvez concluye el 30 de noviembre próximo y de no contar con un juez titular, la CSJ deberá nombrar a un suplente.

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Gálvez declaró el pasado martes que por el momento el país no le ofrece condiciones para regresar, además refirió que “en ningún momento estoy exiliado y en determinado momento cambiaria mis actividades, ya sea que me quede en otro país o regrese a Guatemala, esto previo a hacer un análisis con los abogados a fin de determinar que es lo prudente” dijo.

De los procesos

La mayoría de los casos se encuentran en etapa intermedia, algunos otros están pendientes del desarrollo de la audiencia de la presentación de los medios de prueba, lo que determina cuales de estos serán aceptados y presentados ante un Tribunal de Sentencia Penal de Mayor Riesgo.

Entre los casos se encuentra el que se le denomina Los Lemus, el cual acusa a 14 sindicados por, supuestamente integrar una red criminal dedicada al tráfico de drogas y de influencias que operaba en Izabal; entre los sindicados se encuentran agentes policiales, civiles y dos jueces, Julio Vásquez Xol y Édgar Aníbal Arteaga López.

También se encuentra Cooptación del Estado el cual acusa a 59 personas, entre ellas exfuncionarios del gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti; en este proceso está pendiente de ejecutarse la suspensión de la orden de detención contra Alba Elvira Lorenzana Cardona, esposa de Ángel González y prófuga de la justicia desde 2016, por su vinculación en dicho proceso.

Además, se encuentra el proceso por la masacre de la Cumbre de Alaska, en el que se encuentran sindicados el coronel Juan Chiroy y ochos soldados más, señalados de la muerte de siete personas que manifestaban en el km 169 de la ruta interamericana, contra el alza a la energía eléctrica y en defensa del derecho a la educación.

El proceso denominado Cancerbero señala como a supuesto líder a Haroldo Mendoza Matta, quién espera audiencia en la que se deberá resolver si enfrentará debate oral junto a 13 personas señaladas de supuestamente integrar una estructura criminal que se dedicaba a realizar patrullajes, control de entrada y salida de personas, vigilancias periféricas, y delitos como homicidios, quema de cosechas, robo y matanza de semovientes, allanamientos a domicilios, matanzas y desapariciones de personas y despojo de tierras en los departamentos de Izabal y Petén.

El titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, informó ayer que presentó su renuncia al cargo por escrito ante la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), aduciendo que no existen condiciones de seguridad en Guatemala que le garanticen su integridad física y la de su familia.

El juzgador indicó que se encuentra gozando de su período de vacaciones en San José, Costa Rica.

Expuso que su salida responde a “la constante sistematización y criminalización” que se ha emprendido contra jueces, fiscales, abogados defensores, periodistas y defensores de derechos humanos, lo que da “una impresión de que uno deja peor el país”.

El jurista compartió, por videoconferencia, que desde el 6 de mayo del 2022 fue objeto de ataques y amenazas a través de redes sociales y de persecución vehicular. “Me estaban dando seguimiento y la mayoría de las veces eran de carros que me daban la impresión de que estaban en la Corte, y me dieron seguimiento hasta llegar a la casa”, refirió.

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Gálvez tiene una trayectoria de 23 años en el Organismo Judicial (OJ), donde se ha desempeñado como juez del Ramo Penal, y desde el 2011 estuvo a cargo del Juzgado de Mayor Riesgo B.
Dijo que durante ese tiempo se desempeñó conforme a las normativas vigentes y trató de consolidar el estado de Derecho. “Dejo Guatemala en condiciones lamentables”, añadió.

Por su parte, el portavoz de la CSJ, Rudy Esquivel, confirmó que la carta de renuncia de Gálvez se recibió a las 12.55 horas, pero no brindó detalles sobre la fecha en que la misma podría discutirse en el pleno de la CSJ.

Sin embargo, cada miércoles los magistrados de la Corte en mención se reúnen para discutir y analizar documentos administrativos y judiciales, por lo que no se descarta que hoy conozcan la dimisión del juez.

Gálvez hizo énfasis en que de no aceptar su renuncia, el OJ lo estaría obligando a regresar a Guatemala, donde a su criterio no existen las garantías de seguridad y se atenta contra el estado de Derecho.

Antecedentes

La solicitud de retiro de antejuicio contra el juez Gálvez surgió a partir de una denuncia presentada por la Fundación contra el Terrorismo (FCT) el 11 de mayo de este año, por un supuesto abuso de la figura de prisión provisional, al considerar que pudo haber incurrido en prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y realización de detenciones ilegales con causas agravantes en forma continuada.

El 4 de noviembre, Herbert Pérez, abogado de Gálvez, presentó por escrito en la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo las pruebas de descargo por el proceso de desafuero.
Sobre el caso en cuestión, Gálvez manifestó que le dará seguimiento y que no compareció a la audiencia porque cuando se presentó la excusa, uno de los requisitos fundamentales para garantizar la transparencia del proceso era la publicidad, a lo cual no se dio cumplimiento.

La denuncia fue asignada a la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público y se nombró como juez pesquisidor a Roaldo Chávez, quien tuvo a su cargo el caso de la jueza Erika Aifán, quien salió de país el 23 de marzo último.

El juzgador pidió apartar a Chávez de su caso porque en el pasado fue analista jurídico de militares y compañero de universidad de Raúl Falla, el abogado que tramita los casos de la FCT.
El 15 de junio de este año, la CSJ dio trámite al proceso de retiro de inmunidad de Gálvez, decisión que fue respaldada por 12 magistrados.

El juez puntualizó ayer que al aceptar su renuncia, el antejuicio promovido en su contra perdería materia.

Si el OJ acepta la renuncia, Gálvez se convertiría en el tercer juez titular que renuncia a tener el control de un órgano jurisdiccional de Mayor Riesgo.

El juez del Juzgado de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, también ordenó arresto domiciliario, arraigo y le prohibió comunicarse con otros procesados del caso.

De acuerdo con el ente investigador, Castellanos Rojas tenía contratos de servicios de la empresa en la que trabajaba con el Gobierno del Partido Patriota.

En la audiencia fue señalado de financiamiento electoral ilícito por haber otorgado recursos al Partido Patriota antes de ser electos en las elecciones de 2011.

La cooptación

Con la evidencia que arrojó el caso de defraudación aduanera La Línea, el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), consideraron que era el caso más grande de corrupción detectado.

Conforme avanzaron en las escuchas telefónicas en ese caso, los investigadores detectaron que se trataba de una organización que llegaba hasta el entonces presidente Otto Pérez Molina y vicepresidenta Roxana Baldetti.

Entre los documentos encontraron un esquema financiero, aparentemente inconexo, que incluía nombres, empresas, cheques, bienes y movimientos financieros, que reportaba operaciones desde 2088, cuatro años antes que el Patriota ganara las elecciones de 2011.

“Esta actividad, típica de redes político-económicas ilícitas, se habría diseñado durante la campaña del Partido Patriota, justo después de perder las elecciones del año 2007 y seguía funcionando durante el ejercicio de gobierno”, reveló la Cicig.

Instituciones importantes del Estado fueron cooptadas por la red que implementó un esquema financiero con apariencia de legalidad, cuyo fin principal era el enriquecimiento ilícito de los miembros de la estructura.

En ese proceso fueron involucrados funcionarios, empresarios y particulares, por haber colaborado en el financiamiento electoral ilícito al partido, y posteriormente negocios como pago de favor.

La secretaría de dicha judicatura confirmó que aunque la defensa de Pérez Molina, a cargo del abogado Moisés Galindo sí presentó la petición, Gálvez no autorizó la entrada de los aparatos, los cuales hacen cómoda su estadía en el centro carcelario desde el pasado 4 de octubre.

Aunque hizo el anuncio, la judicatura no especificó  la fecha que se  notificará  al  director del Sistema Penitenciario (SP) Alexander Toro la solicitud del informe.

Presidios  permitió  el ingreso, luego que a través de una carta  el ex mandatario apelaba  al Derecho de Igualdad como lo tienen todos los guatemaltecos que guardan prisión en las carceles del país.

Pérez Molina señalado de liderar de la estructura criminal La Línea, envió desde el 1 de octubre una carta al director del SP para que le permitieran tener algunas comodidades en la celda que lo alberga desde septiembre último.  La petición fue autorizada dos días después por esa dependencia del ministerio de Gobernación.

El vocero del SP Rudy Esquivel dijo que amparados en el artículo 33 de la Ley del Sistema Penitenciario, le permitieron a Pérez Molina tener en su celda la computadora portátil, hasta ahora sin acceso a internet que pidió, un televisor, el reproductor DVD, un radio, también un microondas, una refrigeradora pequeña y un dispensador para agua.

Pérez Molina también logró tener un mueble para guardar su ropa, además de un calentador para ducharse.
Esquivel mencionó que se autorizó  ingresar una mesa de comedor con su respectiva silla, beneficios que el SP ha otorgado a otros presos.

Cronología 

Desde el momento que se dió a conocer la posible implicación de Roxanna Baldetti en la red de defraudación aduanera, Pérez Molina inició un declive contínuo que ahora lo ha llevado ante la justicia.

• 8 de septiembre | El juez ligó a proceso y dejó en prisión preventiva al exmandatario.
• 4 de septiembre | El juez aplazó la audiencia para este martes, Pérez Molina fue ligado a proceso penal y espera conocer si será envíado a prisión.
• 3 de septembre | Pérez Molina rinde declaración ante el juez y negó su vinculación con La Línea.
• 2 de septiembre | Congreso aceptó la renuncia del expresidente Pérez Molina. La Presidencia confirmó la renuncia a la 1.20 de la madrugada. Ese día Pérez Molina se presentó ante el juez del caso para conocer el motivo de la sindicación.
• 1 de septiembre | Con 132 votos a favor el Congreso en una votación histórica le retiró la inmunidad al presidente Pérez Molina. el Ministerio Público y la CICIG presentaron un antejuicio contra el mandatario.
• 25 de agosto | La ex vicepresidenta Roxana Baldetti en ligada a proceso y enviada a prisión preventiva por los delitos de defraudación aduanera, asociación ilícita y cohecho pasivo, por su presunta vinculación con La Línea, el MP spone que Baldetti junto a Pérez Molina era los cabecillas de la organización.
• 21 de agosto |  El Juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, ordenó la captura de la exfuncionaria por los delitos de asociación ilícita, caso especial de estafa, defraudación aduanera y cohecho pasivo. Baldetti está internada en el Centro Médico, en la zona 10 capitalina.
• 20 de agosto | El MP y la Cicig catearon una de las propiedades de Baldetti en busca de evidencias en relación al caso La Línea.

La ilustración es acompañada de frases del poema Uno no escoge, de la escritora nicaragüense Gioconda Belli. La oficina está rodeada de estanterías con libros y   expedientes judiciales que contienen historias de asesinato, extorsión, corrupción y narcotráfico, de los casos de alto impacto que conoce.

La pasión de Gálvez por la justicia comenzó en su niñez. Creció con series de televisión y películas que relataban aventuras de abogados y criminales.

Papillón, del francés  Henri Charrière, o La isla de los hombres solos, del costarricense José León Sánchez, que narran cómo dos hombres son condenados a prisión por hechos que no cometieron, formaron el interés de Gálvez en leyes y justicia.

Trayectoria

Gálvez es capitalino, bachiller en Ciencias y Letras. Egresó de la Universidad de San Carlos como licenciado en Ciencias Jurídicas, tiene una maestría en Derecho Penal y está pendiente su tesis para otra en Derecho Procesal Penal por la Universidad Rafael Landívar (URL). Se ha especializado en criminalística y género.

Los últimos 16 años ha trabajado como juez. Es común verlo con saco y corbata mientras está en su juzgado, pero al llegar a su casa usa  algo más cómodo, como él mismo dice. Así comparte con su familia después del trabajo. Los fines de semana ve partidos de futbol por televisión, aunque no muchos  y no completos.

Gálvez es aficionado al  Municipal y en ocasiones mira los juegos, aunque está atento a los resultados y la posición que la escuadra ocupa en la tabla. No le gusta ir al estadio.

Gálvez no habla mucho de su familia. Eso dicen quienes lo conocen. Su padre aún vive y su madre falleció hace algún tiempo.

La lluvia, el sonido del agua al caer en los techos, el olor a tierra mojada, la grama y los árboles le recuerdan su niñez.

Transformación

Gálvez está convencido de que por medio de la educación se puede cambiar el estado actual de la sociedad, por lo que le gusta dar clases a futuros abogados. Impartió cátedra hace tres años en la URL, a la que podría reincorporarse el próximo año,  según sus ocupaciones en el juzgado.

El Ministerio Público solicitó al juez Miguel Ángel Gálvez del juzgado de Primera Instancia Penal de Mayor riesgo B, que se ligue a proceso a los 11 sindicados de integrar la estructura que además de lavar dinero, habría financiado al partido político Gran Alianza Nacional (Gana).

La Fiscalia Especial Contra la Impunidad (Feci), sostiene que se habría financiado al menos a la Gana con dinero proveniente del narcotráfico, en una estructura encabezada por Francisco Édgar Morales Guerra, alias Chico Dólar.

Durante cinco días, el MP presentó varias pruebas para sustentar la acusación, entre ellas varias escuchas telefónicas donde se trata de demostrar los vinculos y negocios de Chico Dólar con los hermanos Manuel y Édgar Barquín, el primero diputado y el segundo candidato a la vicepresidencia por el partido Libertad Democrática Renovada (Líder), además de Jaime Martínez Lohayza, parlamentario de la misma organización política.

El MP ha solicitado se retire el antejuicio a los tres políticos.

La Feci también explicó durante la presentación de purebas cómo habría triángulado dinero Morales Guerra para financiar también al Partido Patriota.

El MP pidió se ligue a proceso a 11 sindicados:

Cohecho pasivo –cuando un funcionario solicita o acepta cualquier objeto de valor, beneficio o dadiva a cambio que omita actos en el ejercicio de sus funciones públicas – y defraudación tributaria son los dos delitos que el ente investigador solitó que se le sumen a los integrantes de esta red de defraudación.

El último delito, el fiscal aseguró es porque los funcionarios no cobraban el impuestos establecido en Ley. Debido a lo amplio del expediente la audiencia se desarrollará toda la semana.

Como operaban

La omisión de pruebas, la alineación de productos, así como la presentación de mercadería que no corresponde y las revisiones inconclusas de contenedores fueron los métodos que utilizó en las principales aduanas del país la red denominada La Línea, para defraudar al Estado.

Para el ente investigador, la organización estaba al mando de funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y personas ajenas a la institución

Según el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), la red estaba liderada por Juan Carlos Monzón Rojas, ex secretario privado de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, quien se encuentra prófugo de la justicia.

Un informe del MP revela que entre los mecanismos que utilizaron los exfuncionarios aduaneros se encuentran la omisión de pruebas de lo que

trasladaban los contenedores, alineación de marcas de productos para reducir el valor del impuesto y presentación de pruebas de mercadería que no corresponde a lo transportado.

Además, revisiones inconclusas de contenedores, alteraciones en la mercadería para cuadrar el producto y cambio de mercadería en las facturas y documentación.

Pruebas falsas

En el caso de pruebas falsas, se presume que los clientes acordaban con los miembros de la red reportar repuestos de mototaxi en sustitución de repuestos de motocicleta, a cambio de soborno. Incluso se presentan fotografías de archivo de suministros de mototaxi para sustentar el expediente, a fin de que no causara problemas.

La investigación cita que el producto del contenedor no coincide con lo reportado en la declaración, pues en los documentos se indica que son repuestos para mototaxi y según las evidencias son para motocicleta. “El evento sucede entre el 21 al 25 de mayo”, detalla el expediente del MP.

Otro de los mecanismos era ingresar zapatos de alta calidad por sandalias de “cuarta categoría”, para reducir el valor. “Las pesquisas revelan que se coordinan para la defraudación fiscal, pues estas personas ingresan el contenedor poniendo que este trae sandalias de cuarta calidad cuando, como podemos probar en la sesión 142, realmente trae zapatos”, establece el informe.

Más argucias

Para el ajuste de mercadería, los miembros de la red se comunicaban para agilizar el procedimiento a través de la alineación de producto seleccionado. “El técnico de aduana únicamente ajustó seis líneas de mercadería para no compl¡carse, lo cual refuerza la conclusión anterior y pone en evidencia que el técnico no realizó la revisión de todo el contenedor”, especifica el expediente.

El subdirector de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil  (PNC) , Nery Ramos, comentó que tienen indicios de que Monzón, prófugo de la Justicia desde abril, se mueve por las regiones de Sacatepéquez, Chimaltenango y Quetzaltenango.
 
Agregó Ramos que después de las prendas de vestir y tarjetas de crédito de su propiedad que se encontraron en un hotel de la ciudad colonial de Antigua Guatemala, a mediados de mayo pasado, cree que Monzón se encuentra en alguna región del occidente de Guatemala.

Hasta ahora las autoridades han realizado 14 allanamientos en busca del exsecretario privado de Baldetti.

La Línea

Juan Carlos Monzón ejerció como secretario privado de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti hasta el pasado 16 de abril cuando trascendió una investigación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), de una estructura dedicada a la defraudación aduanera, donde Monzón supuestamente era el cabecilla.

Monzón tiene una orden de captura internacional y el Ministerio de Gobernación ofrece una recompensa de Q100 mil por cualquier información que permita su captura.

La Línea en prisión

Este jueves a 14 de los procesados por supuesta defraudación aduanera que habían solicitado su libertad se les denegó, mientras que dos están con arresto domiciliar y otros dos más que serán llevados a un centro asistencial.

El argumento del juez Primero B de Mayor Riesgo Miguel Ángel Gálvez, para negarles la libertad condicional fue que “persiste la obstaculización a la verdad”.

Los magistrados argumentaron que existe riesgo para fiscales, abogados litigantes, jueces para llevar el proceso en Mazatenango, ya que se investiga a una estructura criminal que opera en Suchitepéquez y Retalhuleu.

El caso lo conocerá ahora el Juzgado de Mayor Riesgo B, a cargo de Miguel Ángel Gálvez. La diligencia se llevó acabo en la Sala de Vistas de la CSJ.

El Ministerio Público solicitó el traslado del proceso a la capital, ya que expuso que la Fiscalía Distrital de Suchitepéquez recibieron una llamada telefónica en la cual les advierten a los fiscales que no investiguen, que de continuar con las pesquisas seguirían matando a más periodistas en Suchitepéquez.

Dos testigos protegidos fueron trasladados de Mazatenango, ya que también fueron víctimas de intimidaciones.

El pasado 10 de marzo, los periodistas Danilo López, corresponsal de Prensa Libre y Federico Salazar, de Radio Nuevo Mundo, fueron muertos a balazos en el Parque Central de Mazatenango, frente a la Gobernación Departamental.

El día del ataque fue capturado Sergio Valdemar Cardona Reyes, quien huía del lugar y conducía una motocicleta y fue detenido en Cuyotenango. Dos días después fue aprehendido Artemio de Jesús Ramírez Torres, sindicado de ser quien disparó contra los periodistas.

Ambos son señalados de ser sicarios de la banda criminal que opera en ambos departamentos.