Ley de Anadie

Congreso reforma la ley de alianzas público–privadas y mantiene la representación del sector empresarial

Wed, 26 Nov 2025 01:19:39 +0000

Guatemala

Congreso reforma la ley de alianzas público–privadas y mantiene la representación del sector empresarial

La iniciativa quedó en pausa la semana pasada, cuando quedó expuesta la diferencia de criterios entre las facciones oficialistas de Semilla y Raíces.

Douglas Cuevas

25 de noviembre de 2025

19:19h

Las reformas a la ley de Anadie encabezó una propuesta de moción del oficialismo. Fotografía: Prensa Libre.

El pleno del Congreso reformó la ley de alianzas público–privadas con las que esperan agilizar proyectos del Estado. Las modificaciones habían quedado en pausa tras una discusión protagonizada por las dos facciones oficialistas.

La noche de este martes 25 de noviembre, con el voto a favor de 129 diputados, se emitió el decreto legislativo 21-2025, que da vida a las nuevas reglas de la ley de alianzas público-privadas, que todavía deben de ser sancionadas por el presidente Bernardo Arévalo.

Los diputados priorizaron estas reformas antes del proyecto de presupuesto general de la nación para el 2026, al estar como primer punto de una moción impulsada por el oficialista José Carlos Sanabria.

El diputado, que es visto como el “negociador” del presidente en el Congreso, impulsó una moción para alterar el orden del día. Destacando como primer punto retomar el articulado final de la ley de alianzas público–privadas.

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Seguidamente, se enlistó una iniciativa de ley, para ser aprobada de urgencia nacional, que transforma la Comisión Nacional contra la Corrupción a la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia.

También en ese nuevo orden del día, que fue apoyado por la mayoría del pleno, se detallaron cinco préstamos que en conjunto ascienden a US$1 mil 350 millones.

El @CongresoGuate alteró el orden del día, sugerido por el oficialista José Carlos Sanabria y antes del presupuesto 2026 aprobará la ley de Anadie; convertirá la comisión contra la corrupción a una secretaría; y aprobaran 5 préstamos qué ascienden a 1 mil 350 millones de dólares. pic.twitter.com/3d06YYisCN
— Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) November 26, 2025

“Préstamos usados para más gastos. Es preocupante y lamentable escuchar como esta administración con saldos de caja, sin ningún proyecto emblemático, y que no ha cambiado las condiciones del país, ahora busca un paquetazo de préstamos que solo va a financiar una administración que no responde a las necesidades”, criticó el diputado Ronald Portillo, del bloque Vamos.

También los opositores Héctor Aldana y Hellen Ajcip se manifestaron en contra del préstamo y hasta algunos artículos del presupuesto nacional, que quedó en la parte final de la moción aprobada, pero sus argumentos no hicieron eco.

Se mantiene al sector privado

La semana pasada la aprobación del articulado final de la ley se frenó cuando el diputado Samuel Pérez, de la facción oficial Raíces, intentó expulsar de un consejo directivo de la ley a la representación del sector privado.

Esto generó molestias entre algunos diputados, indicando que el tema ya había llegado a un consenso, pero las diputas fueran tales que algunos diputados decidieron desmarcarse.

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Ahora que se retomó la ley, el artículo nueve de las reformas no fue aceptado, dejando el texto original que ya existe en la ley, que mantiene la representación del sector empresarial en la ley.

Tras esto, cada uno de los 46 artículos consiguió su aprobación sin reproches, incluso se presentaron algunas enmiendas para incluir artículos nuevos o alterar parcialmente los detallados en el dictamen.

Uno de ellos permitiendo que estudios y asesorías de proyectos puedan ser de carácter internacional, respetando los modelos de contratación del Banco Mundial; Banco Interamericano de Desarrollo; y Banco Centroamericano de Integración Económica.

También se aprobó el modelo para la evaluación y aprobación de proyectos, detallando en el dictamen cuáles son los pasos para concretar un plan de alianza público – privada.

En caso de que algún proyecto en marcha enfrente algún tipo de controversia, el mismo no quedará suspendido, excepto que este punto haya sido plenamente acordado al momento del contrato.

Otro cambio en la normativa es incluso la forma en como hasta el día de hoy se habían conocido los proyectos de esta entidad, la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, conocida como Anadie, se sustituye por Agencia Nacional de Infraestructura, que será conocida como ANI.

La nueva ANI contará con una asignación presupuestaria de Q50 millones como fondo de capital privativo; tendrán otros Q100 para proyectos de preinversión; Q400 millones para la contingencia de proyectos; y Q2 mil millones para la garantía de proyectos.

Semilla responde tras intento fallido de excluir al sector privado de la Conadie

Thu, 20 Nov 2025 01:03:15 +0000

Política

Semilla responde tras intento fallido de excluir al sector privado de la Conadie

El Movimiento Semilla se pronunció tras la polémica en el Congreso por la reforma a la ley de Anadie. Una facción oficialista intentó sin éxito excluir al sector privado del consejo que regula las alianzas público-privadas.

César Pérez Marroquín

19 de noviembre de 2025

19:03h

Diputados del Movimiento Semilla evidenciaron posturas divididas durante la discusión sobre la ley de Anadie en el Congreso. (Foto Prensa Libre: EFE)

La bancada oficialista Movimiento Semilla emitió este miércoles 19 de noviembre un pronunciamiento en el que reafirma su respaldo a las reformas a la Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (iniciativa 6433), conocidas como reformas a la ley de Anadie, luego de una tensa jornada legislativa marcada por intentos fallidos de excluir al sector privado del Consejo Nacional de Infraestructura.

El comunicado de los diputados y diputadas de Semilla subraya que han legislado “con responsabilidad y transparencia” desde 2024, junto con el Ejecutivo y otras bancadas, para modernizar el modelo de alianzas público-privadas y facilitar el desarrollo de infraestructura de alto impacto.

Durante la discusión en el pleno del Congreso, una facción del oficialismo presentó sin éxito una enmienda para eliminar al sector privado del Consejo Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Conadie). Esta propuesta, impulsada por el diputado Samuel Pérez, planteaba una integración únicamente con representantes del Ejecutivo. La enmienda no superó los 40 votos, de los 107 requeridos.

La propuesta modificaba el artículo 9 del dictamen, el cual establece que el Conadie esté integrado por cinco miembros, incluidos dos del sector privado: el presidente del Cacif y el de la Cámara de la Construcción.

“El país necesita reformas profundas, pero con negociaciones responsables”, dijo Semilla en su comunicado. “Romper el consenso habría comprometido meses de trabajo serio”, agregaron.

La discusión subió de tono cuando Pérez acusó a algunos diputados de “ponerse de alfombra” ante intereses empresariales. Su compañera Andrea Reyes se unió al rechazo de la participación del Cacif en la directiva del consejo.

Sin embargo, legisladores de bloques como Vamos y el presidente de la Comisión de Finanzas, Julio Héctor Estrada, defendieron la participación del sector privado y criticaron que los mismos diputados que dictaminaron favorablemente la iniciativa con esa integración, ahora se manifestaran en contra. “Firmaron donde se avala al Cacif, y ahora con indignación lo rechazan”, expresó Estrada.

El debate se extendió hasta que se pidió revisión de quorum. Al no alcanzar el mínimo de 107 diputados, la sesión se suspendió y la ley quedó en pausa en el artículo 9.

Información importante: pic.twitter.com/UvFZa9tbI5
— Movimiento Semilla (@msemillagt) November 19, 2025

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Oficialismo pierde el pulso para sacar al Cacif de la ley de Anadie

Wed, 19 Nov 2025 01:17:52 +0000

Guatemala

Oficialismo pierde el pulso para sacar al Cacif de la ley de Anadie

El Congreso buscó avanzar en las reformas para agilizar proyectos de alianza público–privadas en el país, pero un artículo dividió a los diputados y finalmente se detuvo la aprobación por artículos y redacción final.

Douglas Cuevas

18 de noviembre de 2025

19:17h

Los diputados consensuando una de las enmiendas a la Ley de Anadie. Fotografía: Prensa Libre (Juan Diego González).

Una facción del oficialismo intentó sin éxito excluir al sector privado representado en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), de la ley que busca agilizar proyectos contenidos en alianzas público-privadas.

La iniciativa en discusión es la 6433, Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura, conocida también como la ley de Anadie, que fue aprobada en su tercera lectura el pasado 2 de septiembre.

Para la sesión de este martes 18 de noviembre, el pleno priorizó su aprobación que estaba en la parte final del orden del día, colocando la redacción final de la norma en uno de los primeros puntos de la jornada parlamentaria.

La ley busca que el Estado tenga mayor agilidad para aprobar proyectos en alianzas público-privadas, en donde se estaría eliminando una segunda autorización que recaía en el Congreso para que las obras se realizaran.

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Para hacerlo más ágil, los diputados incluyeron un artículo nuevo que fija a todas las entidades del Estado que emiten autorizaciones, permisos y licencias un plazo de 30 días para responder.

Las autoridades podrán solicitar, por una única vez, información adicional, añadiendo que un eventual silencio administrativo hará que la solicitud sea tomada como positiva.

Una iniciativa para convertirse en ley necesita ser aprobada en tres lecturas ordinarias, por artículos y redacción final. En cada una de las fases se necesita el voto de la mayoría de diputados.

Este martes, en medio de la aprobación por artículos se presentaron varias propuestas de cambios, algunos peligrosos a consideración del diputado Orlando Blanco, del bloque Voluntad Oportunidad y Solidaridad (VOS).

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En una enmienda, según Blanco, se intentó “meter goles”, con una redacción que permitía operaciones en áreas protegidas. “Somos un país con una cultura milenaria, con muchos vestigios de la cultura Maya, pero con eso prácticamente allanamos el camino para que cualquier ente privado pueda distorsionar un patrimonio cultural”, advirtió Blanco.

Esta trampa, a criterio del diputado de VOS, iba a estar incluida en una enmienda al artículo cinco, que tras su argumentación no hizo eco entre el pleno del Congreso y finalmente fue rechazada.

La integración de Conadie

El dictamen de las reformas a la Ley de Anadie contiene 46 artículos, y los diputados lograron aprobar ocho de ellos; al llegar al artículo nueve la tensión subió y finalmente se terminó el intento de aprobación.

El artículo nueve regula la integración del Consejo Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Conadie), que en el dictamen favorable daba tres de los cinco puestos al sector privado de la siguiente forma:

Ministro de Economía, quien lo preside
Ministro de Finanzas
Director Ejecutivo del Programa Nacional de Competitividad – Pronacom-
Presidente del Cacif
Presidente de la Cámara de la Construcción

Sin embargo, el oficialista, Samuel Pérez, presentó una enmienda para que ese consejo estuviera integrado sin la presencia de ningún representante del sector privado, sugiriendo al pleno una nueva integración para el Conadie:

Ministro de Finanzas, quien lo preside
Ministro de Economía
Ministro de Comunicaciones
Ministro de Energía y Minas
Secretario de Planificación y Programación de la Presidencia

La enmienda de Pérez se presentó en dos ocasiones ante el pleno, pero la propuesta no alcanzó ni 40 votos de los 107 que necesitaba para aprobarse, ya que antes se había acordado dispensar la tercera lectura de la iniciativa, por lo que la Ley Orgánica del Organismo Legislativo requiere en estos casos el acuerdo de las dos terceras partes del Congreso, una mayoría calificada.

Se enfrentan

Para Pérez, la respuesta de la mayoría del Congreso, que apoyo la presencia del sector privado en la Conadie dejó claro como algunos legisladores responden a ese grupo empresarial.

“Se pone en evidencia a un grupo de diputados vendidos, se pusieron de alfombra. Están dejando en la directiva de esto al Cacif, esto es ridículo, es igual a cuando un marero presentó un amparo a la ley antimaras”, dijo Pérez al razonar su voto.

La también oficialista, Andrea Reyes, cuestionó la integración del sector privado en ese consejo: “En la Junta Directiva de una entidad que va a distribuir proyectos, no pueden decidir las mismas personas que van a recibir los proyectos, hay un conflicto de interés que el Cacif esté integrando esta Junta Directiva”.

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En respuesta a los argumentos del oficialismo, Ronalth Portillo, del bloque Vamos, dijo que los argumentos de los diputados lejos de ser técnicos son ideológicos, por lo que no apoyaría el cambio propuesto.

“No hace sentido tener una ley así, destruyendo a sector privado. Su ideología no les deja ver más allá del desarrollo de una nación, lo tiene bloqueado, destruido y lo están sacando”, dijo Portillo.

También el diputado Julio Héctor Estrada, presidente de la Comisión de Finanzas, instancia que emitió el dictamen favorable a la ley, defendió al sector privado y cuestionó al grupo de oficialistas, asegurando que el visto bueno de la propuesta contó con el aval de Pérez y Reyes, que estuvieron en la discusión de la iniciativa.

“Ellos dictaminan y firman donde dejan al Cacif, inclusive dejan más votos a favor del sector privado. Lo que nosotros hicimos fue priorizar y dejar la institucionalidad hasta ahora, pero con su voto y firma confirman una estructura, y ahora con mucha indignación plantean lo contrario”, les cuestionó Estrada.

Pérez respondió a Estrada, quien todavía tiene en sus manos sin dictaminar la iniciativa del Presupuesto 2026, señalando que él mismo podría tener un conflicto de interés con la ley, porque tiene familiares que integran entidades privadas que están enlistadas en este consejo directivo.

Más diputados se sumaron a la discusión hasta que, finalmente, se pidió revisión de quorum y se confirmó que no había la cantidad mínima de 107 diputados para seguir aprobando la ley, por lo que se dejó en pausa en el artículo 9 y se continuó con la sesión.

Otros temas

Los diputados siguieron con la agenda, superadas las 20 horas, y aprobaron de urgencia nacional una iniciativa que busca subsanar errores en el Presupuesto del 2025, en la Ley Contra la Delincuencia Organizada, y la reciente Ley Antipandillas.

Entre los cambios modificaron el nombre de dos organizaciones no gubernamentales incluidas en el Presupuesto del 2025, ya que iban con errores de redacción, lo que impide que puedan recibir el dinero asignado.

Se trata de Plataforma de Mujeres Indígenas y el Centro para el Desarrollo de los Pueblos Ixwa (Ixiwa–ONG). La primera tendrá que recibir Q3 millones y la segunda Q5 millones.

También añadieron nuevos incisos en el artículo dos de la Ley Contra la Delincuencia Organizada. Añadiendo los delitos de hurto de fluidos, robo de fluidos y atentado contra la seguridad de servicios de utilidad pública.

Así mismo se añadió violación, actividades sexuales remuneradas con personas menores de edad, femicidio y reclutamiento de personas menores de edad; en otro inciso se enumeraron extorsión, exacciones intimidatorias y más cargos atribuidos a pandillas.

Entre las correcciones legislativas del pleno también añadió un nuevo párrafo a la ley antipandillas que permite al Estado obviar los procesos de la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, para cumplir con el fortalecimiento de los centros de privación de libertad.

También aprobaron un subsidio temporal para los dueños de viviendas que sufrieron daños por los sismos de este año. El subsidio será de Q10 mil a Q70 mil, siendo el Ministerio de Desarrollo Social el encargado de evaluar a los solicitantes y administrar los recursos.

Municipalidades podrían construir plantas para gestionar desechos en alianza con empresas

Fri, 17 Jan 2025 12:00:00 +0000

alianzas público-privadas

Municipalidades podrían construir plantas para gestionar desechos en alianza con empresas

Reformas que se discuten en el Congreso a ley de alianzas público-privadas daría autonomía a alcaldías para grandes obras. Expertos ven desafíos en ejecución de recursos para contratar estudios técnicos y personal calificado.

Ximena Fernández

17 de enero de 2025

06:00h

Plantas de desechos sólidos podrían sumarse a los proyectos realizados entre municipalidades y privados, si pasan las reformas a la ley respectiva. (Foto Prensa Libre: Amsa)

Aunque las municipalidades han trabajado poco con la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie) desde que esta última cobró vigencia, con las nuevas reformas que se están planteando en el Congreso podrían originar un portafolio que incluya obras como las plantas de gestión de desechos sólidos.

Según Cecilia Pivaral, directora del Fondo Privado para la Preinversión de proyectos de infraestructura (FIP), uno de los mayores desafíos para las municipalidades para contratar proyectos en alianza con privados sería la creación de los estudios necesarios para ejecutarlos.

El 11 de enero pasado los integrantes de la Comisión de Economía del Congreso dieron el dictamen favorable a las reformas a la Ley de Alianzas Público-Privadas, conocida también como Ley de Anadie. Aprobada en 2010, esta normativa cuenta con un único proyecto vigente, la obra de la Autopista Escuintla-Puerto Quetzal, la cual se encuentra aún en proceso de construcción.

Actualmente, la mayoría de los proyectos que se encuentran dentro del portafolio de la Anadie se ubican en el área metropolitana, según explicó Kevin Valencia, director ejecutivo en funciones de la Anadie. No obstante, a partir de las reformas, se tiene como propósito encontrar nuevas oportunidades en el interior del país a partir del apoyo de las municipalidades. “Hay una oportunidad latente en que la Anadie pueda apoyar a los equipos de las municipalidades y de ahí, comenzar a estructurar y darle forma a diversos proyectos que se tienen”, declaró Valencia.

A pesar de que las reformas facilitarían mayor autonomía a las municipalidades para aprobar proyectos que califiquen como alianzas público-privadas, también otorga un mayor compromiso en la estructura de los proyectos, explicó Pivaral, es decir, deberán hacer estudios para que los proyectos se encuentren bien planteados y permitan el repago. Además, deben contar con un buen conocimiento de causa para cualquier ejecución a partir de un raciocinio técnico, indica la experta.

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¿Qué necesitarán las municipalidades?

El desafío se profundiza, según Pivaral, en cómo se generarán los estudios necesarios para convocar procesos licitatorios competitivos. Para esto, aseguró la directora del FIP, las municipalidades tendrían que invertir en personas con los conocimientos necesarios para trabajar en los estudios, esto, para tener la claridad del alcance y de lo que quieren llegar a lograr.

“Esto es un enorme desafío a nivel nacional puesto que no todas las municipalidades tienen las capacidades técnicas para poder afrontar esto: Primero contratar los estudios y segundo al personal con las capacidades para darle seguimiento y evaluar todos los estudios que van a hacer para la licitación”, argumentó Pivaral.

Además de esto, las municipalidades deberán estar conscientes del repago que deben realizar a la empresa ejecutora. “El pago de los productos es, al final de cuentas, donde está el valor agregado de una Alianza Público-Privada. Es una manera en que el sector público (en este caso las municipalidades) puede adquirir la infraestructura bajo ciertas condiciones de repago”, señaló la directora del FIP.

Pivaral agregó que esos pagos se pueden realizar por disponibilidad o por costo de utilización de la infraestructura. Además, recalcó que en cuestión a proyectos sociales estos no pueden ser cobrados a los usuarios.

Nuevas formas de aprobación

En la actualidad, las alcaldías ya pueden solicitar proyectos en esta modalidad. No obstante, según Pivaral, pocas manifestaban interés puesto que el procedimiento de aprobación debía pasar por el Congreso, haciendo del procedimiento más extenso.

Lo que busca la reforma, explicó el director de la Anadie, es agilizar los procesos de aprobación de los proyectos. “Antes había rezago porque el Congreso aprobaba el contrato en un procedimiento que estaba enfocado más a la aprobación de un decreto y no en la aprobación de un proyecto”, sentenció Valencia.

En cambio, a partir de las reformas, se buscará que la aprobación de los proyectos sean más expeditos. En el caso de los proyectos provenientes de una municipalidad, podrán ser evaluados directamente por los directivos de Anadie para luego ser aprobados por las Junta Directiva de su respectiva municipalidad o el Concejo Municipal.

Para aumentar el número de proyectos e inversiones, dentro de las reformas se agregó la opción de “iniciativas no solicitadas”, las cuales pueden ser formuladas desde el sector privado. Según Valencia, para todos estos cambios, se requerirá de nuevas directrices y reglamentos, los cuales se comenzarán a formular en el momento en el que las reformas sean aprobadas.

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Proyectos en portafolio

Para el director de la Anadie, enumerar la cantidad de proyectos que podrían agregarse a la cartera de trabajo es aún prematuro, pero menciona dos en particular.

Centro Administrativo en San Marcos: Para este se están preparando los primeros pasos para los estudios de preinversión. “Esto es importante porque podríamos replicarlo en Aguacatán”, resaltó Valencia. Además de esto, recalcó que el centro servirá de base para tomar decisiones de los estudios y específicamente sobre los modelos de contratación.
Plantas de desechos sólidos: En este tema, Valencia aseguró que se han incorporado varias municipalidades y mancomunidades y que actualmente cuentan con la cooperación del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Añade que están trabajando las bases para lanzar los estudios por fases para poder conocer de mejor manera el proyecto y replicarlo en diferentes regiones del país. Argumentó que se están realizando planes piloto tomando en cuenta los entornos diferentes de los distintos departamentos.

Según una presentación publicada por Anadie llamada “La solución al problema de desechos sólidos a través de las APP”, se buscaría la construcción de una planta de tratamiento de residuos sólidos que ayude a mitigar los impactos ambientales y de salubridad. Asimismo, esta contaría con una planta de biogás que apoya a la generación de energía, lixiviados que se pueden convertir en fertilizantes y los desechos inorgánicos podrán clasificarse y reciclarse.

Del mismo modo, una presentación proporcionada por Pivaral titulada “Iniciativa 6433: Reformas a la Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica”, señala que a partir de estas reformas, las alcaldías podrán solicitar la creación de centros de acopio y procesamiento, oficinas de gobierno, teleféricos, hospitales y escuelas.

Por otro lado, Valencia mencionó que se incorporaron dos proyectos que cuentan ya con sus estudios, los cuales son la terminal de cruceros y la terminal de graneles líquidos, ambos pertenecientes al Puerto Santo Tomás de Castilla.