Representantes de varios sectores productivos y usuarios de los servicios portuarios han reaccionado positivamente ante el anuncio de la gerencia general de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) sobre el avance de la conciliación local con APM Terminals Quetzal, en la cual se ha planteado un contrato de transición o temporal por un período de dos años.

Además, el   8 de septiembre último, APM Terminals Barcelona, una de las empresas socias de Maersk, propietaria de APM Terminals Quetzal, activó en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) un mecanismo de conciliación contra el Estado de Guatemala.

Ambas acciones se derivan del complejo proceso legal que existe por el contrato que permitió las operaciones de APM Terminals Quetzal —antes TCQ—, el cual se conoce   en la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y cuya sentencia podría ordenar la nulidad del contrato original y, por ende, el inmediato desalojo.  Dicha resolución    está pendiente de ser notificada.

Transición ordenada

Carla Caballeros, directora ejecutiva de la Cámara del Agro (Camagro), afirmó que ven positivas las acciones que permitirían una transición ordenada y   la continuidad de las operaciones, aunque dijo desconocer detalles sobre la conciliación entre las partes.

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Reconoció que el proceso muestra una hoja de ruta que habían solicitado. “Asumiendo, con la información disponible, lo vemos con buenos ojos, además de que se envía un mensaje de orden, de una transición con certeza jurídica”, indicó.

La Cámara de Comercio Guatemalteco-Americano (AmCham) expuso que lo ideal sería que, desde la vía legal, APM Terminals pudiera seguir operando la infraestructura portuaria, porque es de conocimiento que “existe equipo técnico y físico difícil de sustituir de manera inmediata, como, por ejemplo, los escáneres”.

Amador Carballido, director general de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), comentó que durante el actual    gobierno se tuvieron cuatro años para buscarle una salida a la eventual nulidad del contrato, a pesar de que no hubo un daño,  en el sentido de que no se paralizaron las operaciones de atención a la carga del comercio exterior.

“Hemos manejado, desde que empezó este gobierno para acá, una situación en la que la condición legal ya era clara y ya se sabía; por lo tanto, las posibilidades de llegar a un acuerdo en el que APM Terminals tuviera que cambiar las condiciones en la concesión eran factibles. Entendemos que en este período hubo propuestas para renegociar las condiciones, pero el Gobierno se manejó durante cuatro años sin cerrar el tema. Al final se estuvo operando y no se dio un daño, porque nunca se detuvo la operación, pero la pregunta para el que invierte es: ¿cuál es la certeza?”, explicó.

A su juicio, fue demasiado tiempo de inseguridad, tanto para los usuarios como para los que invirtieron en esas instalaciones e incluso para la misma EPQ.

Luis Pedro Cazali, abogado especialista en comercio exterior y atención a inversionistas, explicó que una conciliación es cuando las partes acuerdan someter sus diferencias en una comisión o puede ser directamente.

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“En la conciliación se asume que hay un conflicto entre las partes, hay acercamientos entre ambas y, si llegan a acuerdos, las partes renuncian a sus derechos de seguir el proceso, y se da una compensación económica para uno u otro lado”, dijo.

En este caso, desde 2018 APM Terminals había anunciado su intención de acudir a un arbitraje,  y con esta conciliación lo que se estaría buscando son puntos de acuerdo para finalizar el proceso y llegar a una etapa en la cual ambas partes se sientan satisfechas con lo acordado.

“La declaración de nulidad es un hecho que se tiene que dar”, afirmó el mandatario luego de ser cuestionado en varias ocasiones por periodistas que lo acompañaron a un recorrido en la Escuela Tipo Federación José de San Martín, ubicada en la zona 1 de Mixco.

Los comunicadores debatieron al gobernante el hecho de que el pasado lunes dijo que la Procuraduría General de la Nación (PGN), tenía que establecer el camino, pero esta ya había dicho antes que el camino era declararlo nulo.

“No es que le quiera corregir la plana a la PGN, pero la nulidad no la hace el presidente, sino el abogado del Estado y ese abogado es la PGN”, afirmó Morales.

Sobre el mismo tema el presidente aseguró que desde las 6 horas de este martes se reunió con ministros y especialistas, para analizar lo legal, político y económico del contrato.

El mandatario recordó el caso de Ferrocarriles de Guatemala cuando se anuló un contrato y dejó pérdidas para el Estado, por lo que pidió tiempo hasta el jueves cuando se dará a conocer todo el tema procesal por TCQ.

El gobernante dijo que se evidenciará que el contrato de usufructo oneroso “es el negocio de algunas personas que ya están señaladas de actos de corrupción”.

Testigos revelan trama

Mientras el presidente Jimmy Morales ofrecía las declaraciones, en el Juzgado de Mayor Riesgo B, el Ministerio Público presentaba el testimonio de Juan Carlos Monzón, como colaborador eficaz en el caso TCQ.

Monzón sostiene que fue por orden del entonces presidente Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, que negoció el usufructo de Puerto Quetzal a cambio de unos US$30 millones en sobornos, dinero repartido entre varias personas, en mayor proporción para los exmandatarios.

También se presentó el testimonio de Guillermo Enrique Molh Salazar, uno de los testigos en el caso, quien dijo que él vendió lanchas a Pérez Molina y Baldetti, a través de la empresa Representaciones Marinas, Sociedad Anónima.

El testigo afirma que en octubre de 2012 Pérez Molina comtró una lancha valorada en Q1.5 millones, pagados con cheques de la empresa Montaña, además en 2014 por solicitud de Juan Carlos Monzón se negoció otra lancha que sustituyera la primera, comprada dos años antes, por la cual todavía pago un saldo pendiente en efectivo.

 Los católicos deben obtener la nulidad eclesiástica si quieren volver a casarse por la Iglesia, pero el proceso de nulidad era criticado por ser complicado, caro y estar fuera del alcance de muchos católicos, en especial en países pobres donde las diócesis no tienen tribunales del matrimonio.

¿Qué pasos hay que seguir para obtener una nulidad?

Para inciar una demanda de nulidad hay que acudir al tribunal eclesiástico de la diócesis donde se celebró la boda. Allí un perito en derecho canónico hace una primera orientación sobre la viabilidad de emprender el procedimiento.

No hace falta que ambos cónyuges estén de acuerdo en presentar la demanda, basta con la determinación de una de las partes. Si es viable, el demandante deberá elegir un abogado especialista en derecho matrimonial canónico.

¿Cuánto dura el proceso?

El proceso puede durar más o menos tiempo dependiendo del número de testigos, la intervención o no de peritos, así como de otras posibles incidencias en el transcurso de la causa. Actualmente una causa normal suele tardar en dos años en obtener la doble sentencia conforme requerida hasta ahora por el Derecho.

Con la reforma introducida por el Sumo Pontífice los tribunales de primera instancia tendrán un plazo máximo de un año para declarar nula una unión. Además ya no será necesario recurrir a un segundo tribunal –como se exigía hasta ahora– si no hay recurso de ninguna de las partes.

Los nuevos cánones otorgan responsabilidad directa al obispo diocesano, que será juez único en los casos más claros de constatación de la nulidad de un matrimonio.

¿Cuánto costará el proceso?

El Papa ha pedido a las conferencias episcopales que se asegure la gratuidad del proceso. Esto significa que los promotores de una causa podrán hacer aportaciones voluntarias y que la diócesis puede aceptar donativos para el funcionamiento de los tribunales, pero el procedimiento en sí debe ser gratuito.

Actualmente el coste de una nulidad puede variar mucho de acuerdo a la gran cantidad de factores que intervienen en el proceso judicial.

La reforma más importante implica un nuevo procedimiento más rápido, gestionado por el propio obispo, que se puede utilizar cuando ambos cónyuges solicitan el trámite o no se oponen a él.

También es válido para cuando hay pruebas que descartan la necesidad de realizar una investigación más amplia.       

La medida contempla que el proceso sea completado en 45 días. 

Para las personas sin recursos ya existe el “patrocinio gratuito”. Aunque su funcionamiento es desigual en las diócesis, esta figura permite aplicar una reducción de hasta el 75% en las tasas judiciales y asignar al demandante un abogado de oficio.

En la Rota Romana, el 70 o el 80 por ciento de los casos son ya gratuitos, según recordó este martes el presidente de la comisión de reforma y decano del Tribunal de la Rota Romana, Pio Vito Pinto.

 Francisco también pidió que sean exentados los cobros, excepto por el pago “justo” al personal del tribunal.      

Durante mucho tiempo los católicos se han quejado de que tardan años para anular su matrimonio, si es que lo logran.

Los costos pueden llegar de hasta cientos de miles de dólares por cuotas legales y de tribunales.       

Sin la anulación, los católicos divorciados que se vuelven a casar fuera de la iglesia son considerados adúlteros que viven en el pecado y están excomulgados.

¿Cuáles son los motivos para la nulidad matrimonial?

Las causas están fijadas en el código de Derecho Canónico. Las más frecuentes suelen ser por incapacidad para asumir las obligaciones del matrimonio y la simulación en el consentimiento.

En el caso de incapacidad, la mayoría de las demandas que se tramitan responden a grave inmadurez o dependencia psicológica de uno de los cónyuges al padre, la madre o amigo.

Cuando se trata de una simulación en el consentimiento, hablamos, por ejemplo, de un cónyuge que en su fuero interno excluye alguna de las características esenciales del matrimonio como la fidelidad, la indisolubilidad o la procreación.

Es decir, se casa pero no con la intención de tener hijos y su cónyuge no lo sabe.

Demanda de nulidad

Entre los motivos para presentar una demanda de nulidad por la vía breve el documento del Papa menciona explícitamente “la falta de fe que lleva a simular el consenso” en la boda, “la brevedad de la convivencia conyugal”, “el aborto para impedir la procreación”, “una relación extraconyugal en la época de la boda o inmediatamente sucesiva”, así como el “ocultamiento de la esterilidad”, de “una enfermedad contagiosa» o de “hijos nacidos de una relación anterior”. Incluye también causas que pueden disminuir la libertad en el consenso como “un embarazo imprevisto” o “la violencia física para arrancar el consenso”, la “falta de uso de razón”, etc.

Una vez obtenida la sentencia favorable se notifica a las parroquias donde se bautizaron los cónyuges para inscribirla declaración de nulidad en los libros correspondientes.

Después se puede contraer matrimonio por la Iglesia. La gran mayoría de las nulidades se pueden convalidar civilmente.

Por ello y tras crear una comisión de expertos, hoy se publicaron los dos “motu proprio”   (documentos vaticanos) , llamados “Mitis Iudex Dominus Iesus”  y “Mitis et misericors Iesus” , con los que Francisco ha reformado el proceso de nulidad matrimonial en el código de derecho canónico y en el código de los cánones de las Iglesias orientales y que entrarán en vigor el próximo 8 de diciembre.

Una respuesta, apunta el papa en sus documentos, para “los fieles que se alejan ante las estructuras jurídicas de la Iglesia a causa de las distancias física o moral” .

Una de las grandes novedades que introduce el papa es la de la institución de un “proceso breve”  para conseguir la nulidad con la condición de que los dos cónyuges estén de acuerdo y que las condiciones para ello sean evidentes.

En estos casos, la reforma de Francisco da la potestad al obispo de la diócesis de pertenencia de la pareja o de donde se casaron para que se encargue de juzgar “los casos de nulidad más evidentes” , o que nombre un juez único bajo responsabilidad del obispo.

En los procesos ordinarios, como hasta ahora, los casos serán estudiados por un tribunal formado por tres jueces, cuyo presidente debe ser un religioso, mientras que los otros dos pueden ser laicos.

El plazo para la primera audiencia, que puede ser también la última si las dos partes están de acuerdo, será de treinta días desde el momento en el que se presente la petición y se podrán requerir otros 15 días más en el caso de que falte algún documento.

Entre los argumentos para un proceso matrimonial más breve, la nueva ley enumera: la falta de fe que puede generar la simulación del consenso, la brevedad de la convivencia conyugal, el aborto para impedir la procreación, la continuada permanencia de una relación extra conyugal, ocultar la esterilidad o una grave enfermedad contagiosa, ocultar tener hijos nacidos en una anterior relación, de haber estado encarcelado, violencia física para obtener el consentimiento del matrimonio, un embarazo imprevisto antes de casarse o no estar en uso de facultades mentales.

Pero además para acelerar la sentencia otra de las novedades más importantes es la introducción de una sola sentencia a favor de la nulidad ejecutiva, “y que no sea necesario una doble decisión a favor de la nulidad del matrimonio” .

Hasta ahora, el Derecho Canónico exigía que cada causa fuese analizada por dos tribunales en instancias sucesivas, por lo que tras terminar una primera fase, un tribunal inmediatamente superior tenía que confirmar la de primera instancia para que la sentencia pudiese ser considerada en firme.

Francisco explica que un juicio breve puede “poner en riesgo el principio del que el matrimonio es indisoluble”  y por tanto se ha introducido la posibilidad de “apelación”  pero directamente a la sede metropolitana.

También existirá la posibilidad de, si se desea, realizar el recurso de apelación a la sede apostólica, es decir al llamado Tribunal de la Rota Romana.

Otro de los puntos principales de la reforma de Francisco es el tema de la “gratuidad”  de los procesos, ante las denuncias que el mismo pontífice citó de quien pedía dinero para que se obtuviese la nulidad.

El Papa insta a que, excepción hecha de la justa y digna retribución de los empleados de los tribunales, “se garantice que el procedimiento sea gratuito” .

Las diócesis tendrán que hacerse cargo de los gastos y pueden aceptar donativos, pero el procedimiento para los cónyuges “debe ser gratuito.

Debido a que no puede declararse lesivo, la Procuraduría General de la Nación (PGN) solicitó al presidente Otto Pérez Molina la nulidad del contrato de usufructo oneroso firmado entre la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) y la firma española Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).

Luego de que la Contraloría General de Cuentas (CGC) remitió la investigación a la PGN se hizo un análisis detallado del convenio, firmado por 25 años,  y se determinó que debe ser anulado, por existir anomalías en su adjudicación.

María Eugenia Villagrán, titular de la Procuraduría, manifestó que el informe fue enviado ayer a la Secretaría General de la Presidencia, y en él se hizo la petición de nulidad al mandatario.

“De acuerdo a su mandato legal, la PGN recomienda al señor presidente de Guatemala que se declare nulo de pleno derecho el contrato en mención, debido a que presenta ilegalidades y procedimientos erróneos”, publicó esa entidad.

“Se traslada a la Presidencia de la República y queda  a la espera de las instrucciones, de acuerdo a lo que marca la ley, para iniciar acciones para plantear la demanda de nulidad del contrato”, indica la publicación oficial.

No estaba facultado

Villagrán explicó que la PGN hizo un análisis jurídico del contrato y se determinaron varios puntos, entre ellos que el exinterventor Allan Marroquín no estaba facultado para suscribir el convenio.

Según la procuradora, el objetivo principal de una intervención es prestar esencial servicio a la comunidad para que continúe el servicio y debe limitarse a una adecuada administración para normalizar el funcionamiento.

“En este caso, a criterio nuestro, él no tenía facultad para autorizar el contrato, ni firmarlo”, refirió Villagrán.

Mencionó también que no se respetó la Ley de Contrataciones del Estado, pues además de un usufructo hay una concesión de un servicio público, debido a que la terminal especializada es de uso público.

“El contrato se realizó en contra de normas imperativas y prohibitivas expresas, precisamente por no haber observado la Ley de Contrataciones del Estado, el Código de Comercio y el Código Civil”, señaló.

Después de recibir el informe enviado por la PGN, el presidente Otto Pérez tiene un plazo de 15 días para dar instrucciones respecto del tema.

“Si vence el plazo y el presidente no me da instrucciones, interpondré la demanda de nulidad del contrato ante la Sala de lo Contencioso Administrativo, que es donde se conocen las contiendas entre el Estado y empresas privadas”, explicó la procuradora.

Villagrán refirió que este caso ejemplifica claramente que la Ley Orgánica de la PGN debe ser modificada, pues debería ser obligatorio pedir el visto bueno de la PGN antes de celebrar contratos y no después de firmarlos.

Lesividad no prospera

El contrato de usufructo oneroso entre EPQ y TCQ se firmó el 11 de julio del 2012. Según la jefa de la PGN, la lesividad  fue conocida en Consejo de Ministros ese mismo año, pero no prosperó. Debido a ello, ahora no puede solicitarse la lesividad, sino la nulidad.

El convenio consiste en la ampliación del Puerto Quetzal, en Escuintla. En el mismo se determina que TCQ construirá y operará por 25 años una terminal especializada de mercancía que tiene un área de 348 mil 171.81 metros cuadrados.

En agosto del 2012, el español Ángel Pérez Maura, presidente de TCQ, aseguró que la primera fase estaría lista antes de finales del 2015 y que consistía en dos grúas que debían ser instaladas en un plazo de  14 meses.

Esa fase también incluía 350 metros de línea de atraque y dos hectáreas de superficie para manejar 400 mil contenedores al año. En ese entonces Pérez Maura calculó la inversión de esta fase en US$177 millones, unos Q889 millones.

Sin embargo, Javier Reyes, del Sindicato de Trabajadores Organizados del Puerto Quetzal (Stopq), expresó ayer que actualmente la construcción no ha sido terminada, por lo que las instalaciones no están en funcionamiento.

“Ellos todavía están en un proceso de construcción. No han terminado las instalaciones. Considero que han fallado en el cumplimiento de los tiempos establecidos en la escritura pública”, afirmó.

Expuso que el Sindicato se opuso al contrato desde el  principio y sigue opuesto. “Creemos prudente que se declare lesividad y nulidad. Las instalaciones se entregaron seis meses después, así que todavía se puede pedir la  lesividad”, explicó.