Una nueva sede y frenar dos reglamentos ocupa la agenda del 2025 para la Anam de Sebastián Siero

El anterior presidente ofreció e inauguró un edificio, que meses después, se descubrió que no pertenecía a la institución.

Fátima Najarro

3 de enero de 2025

|

05:00h

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El alcalde, Sebastián Siero, promoverá también una nueva ley de contrataciones para las municipalidades. (Foto Prensa Libre: Esbin García).

Sebastián Siero, alcalde de Santa Catarina Pinula, cumple la mitad de su mandato como presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) este mes. Como parte de sus planes está comprar una casa para instalar ahí la sede central de la Asociación, al mismo tiempo que mantiene la postura de no buscar su reelección por otro periodo más al frente del grupo de alcaldes.

Siero ganó el 27 de enero del 2024 la presidencia de la Anam, luego de que el presidente Bernardo Arévalo le diera su respaldo. Lideraba la oposición Francisco Mejía, alcalde de El Jícaro, El Progreso, que buscaba reelegirse por segunda ocasión, y también tenía aspiraciones Juan Carlos Pellecer, edil de San Juan Sacatepéquez; ninguno de los dos consiguieron competir porque no tuvieron el respaldo mínimo para integrar las planillas.

El presidente de la Anam detalló que se buscará en la asamblea de enero, la cual se convocará en las siguientes semanas, que se apruebe el uso de fondos para la compra de una casa, ya que actualmente la Anam funciona en una parte del edificio del Instituto de Fomento Municipal (Infom), en la zona 9 capitalina.

“Vamos a buscar que la asamblea nos habilite para poder —utilizar—, como están los fondos ahí para lo de la casa, que la asamblea dé las autorizaciones correctas para poder obtener una propiedad para la Anam, y que ya la Asociación tenga sus propias instalaciones”, anunció Siero.

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La aspiración de conseguir un edificio propio para la Anam no es nuevo. En el 2022, Mejía junto con el mandatario Alejandro Giammattei prometieron a los ediles que la Anam compraría un terreno y el Gobierno construiría un edificio.

El año pasado, antes de finalizar el período presidencial de Mejía se realizó un acto de inauguración de la supuesta sede, tan solo un día antes de la elección de la Anam; sin embargo, cuando Siero asumió denunció que los fondos estaban en una cuenta de la institución y que no existía escrituras de la propiedad.

Ahora, Siero explicó que la asamblea debe aprobar que los Q5 millones 100 mil que posee la Anam para la compra de un terreno, como se aprobó en la administración anterior, puedan ser destinados ahora para la compra de una propiedad.

“Vamos a pedir la modificación a ese punto —donde se aprobó la compra de un terreno— para salir a buscar unas nuevas instalaciones para la Anam”, recalcó Siero.

Pendientes

Otro punto en el que se enfocarán en 2025 los alcaldes es en promover la aprobación de la iniciativa de ley que busca crear una nueva normativa de compras y contrataciones específica para municipalidades, la cual se encuentra en segunda lectura. Esta normativa, según los alcaldes, reduciría los plazos de licitaciones y aumentaría el monto de compras que puede aprobar un jefe edil sin necesidad que el Concejo lo apruebe.

Otro tema de interés para las municipalidades en este 2025 son modificar los reglamentos que obligan a los gobiernos locales a construir plantas de tratamiento de aguas y de desechos sólidos. Son dos reglamentos que la Anam ya los impugnó ante la Corte de Constitucionalidad, pero solo consiguió frenar de manera provisional el de aguas residuales. La fecha de entrada en vigor del reglamento de manejo de desechos sólidos es el próximo febrero, lo que preocupa a las comunas porque no tienen capacidad de cumplirlo.

“La ministra de Ambiente, Patricia Orantes, salió hace como un mes ofreciendo hacer una prórroga —del reglamento— porque también el Ministerio ha incumplido, porque tienen que tener por 18 meses la socialización —del reglamento— y en el año 2024 no se hizo nada”, argumentó el edil.

Diagnóstico

Para el 2025 los Consejos Departamentales de Desarrollo tendrán más de Q12 mil millones que las municipalidades tendrá que ejecutar, más el situado constitucional, lo que hará que los alcaldes estén centrados en ejecutar, por lo que la demanda de la Anam será poca, de acuerdo con el experto en gobiernos locales, Edy Cifuentes.

“Creo que que va a ser muy poco requerimiento de apoyo a la Anam. Los alcaldes van a estar metidos de lleno en los procesos de inversión, porque es un reto. Saben que es un año crucial para ellos en donde realmente determinan su reelección”, puntualizó el analista.

Cifuentes añadió, sobre la gestión de Siero, que no se ha brindado como tal un apoyo a los ediles y que tampoco se ha visto su incidencia en el Congreso, pues las iniciativas de interés no lograron aprobación este año.

“Este año los lo cierra la gestión de Anam con números rojos”, dijo.

Por otro lado, el expresidente de Anam, Selvin García, observó que Siero cierra el primer año con algunos logros, como haber mantenido la gobernabilidad local. También que la gira que realizó junto a Arévalo en los primeros meses de gobierno se capitalizó en acciones políticas a favor de los gobiernos locales.

“Creo que la Anam jugó ese papel de hacer esa interlocución entre los actores del Estado que, por supuesto, hay que mejorar bastante, claro que sí, pero por lo menos empezó con pie derecho y que la administración pública no se aprende de un día para otro”, argumentó.

Hace unos meses surgió un descontento en la junta directiva de la Anam, protagonizada por el alcalde de Moyuta, Jutiapa, Roberto Marroquín, por el traslado de fondos de la ampliación presupuestaria. Con el transcurso de las semanas, se enfrió la discrepancia, pero el edil —miembro de la junta directiva— dejó de ser convocado a las reuniones mensuales.

“Es normal que se tengan personas que no compartan la forma de administrar desde el punto de vista local, un presidente de la Anam está sujeto a críticas o divergencias con los mismos alcaldes. Yo creo que al final es parte de la democracia que las personas puedan opinar totalmente diferente”, apuntó García respecto al tema.

El Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 indica que tiene más de 1.2 millones de habitantes. No obstante, solo 62 mil 356 están afiliados a las 30 organizaciones políticas que participan en los comicios generales de junio próximo.

En el evento electoral 2019, en Alta Verapaz la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) obtuvo más de 100 mil votos, mientras que FCN-Nación, en ese entonces oficialista, registró 29 mil.

Estos resultados permitieron que la UNE ganara cuatro escaños en el Legislativo por ese distrito, dos el partido Victoria, otros dos Valor y FCN-Nación, uno.

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El proceso electoral en ese año registró una reestructuración y el poder se modificó. Caciques habían dominado hasta entonces el departamento, como la familia Quej, que desapareció del mapa político en el 2019.

“Hubo una recomposición de liderazgos en todos los departamentos”, refiere un exlegislador distrital del desaparecido Partido Patriota.

Las nuevas caras

Alta Verapaz no fue ajena a estos cambios de liderazgo. En la actualidad la región está dividida en cuatro áreas, donde igual número partidos políticos tienen control sobre ellas.

La región poqomchí y el valle del Polochic son controlados por el Valor. En Cobán y Senahú, por el oficialista Vamos. San Pedro Carchá y Panzós se los disputan la UNE y Victoria. En la Franja Transversal del Norte la lucha de poder está entre la UNE y Valor.

En cada partido hay personajes con cierto poderío y recursos económicos, pero sin un amplio recorrido político.

Vamos tiene la estructura del Estado a su favor y los alcaldes de Cobán, Leonel Arturo Chacón, y de Senahú, Ariel Gonzalo Leal, toman ventaja de ello. Ambos candidatos buscan la reelección y controlan esos municipios que más votantes concentran.

Entre Cobán y Senahú suman 160 mil 932 las personas aptas para votar.

La familia Moll, según los datos del Registro de Ciudadanos, del Tribunal Supremo Electoral (TSE), hasta el sábado por la noche había inscrito candidatos para 10 de las 17 corporaciones ediles del departamento.

Eduardo Moll se postuló para ser reelecto y dirigir de nuevo la alcaldía de Tamahú, mientras que sus hijos Pablo Rolando y Mayra Karina Moll Girón ocupan la primera y segunda casilla para diputados al Congreso.

Óscar Corleto, quien llegó al Legislativo en el 2011 con la alianza UNE-Gana y en el 2015 con el desaparecido Libertad Democrática Renovada (Líder), para luego incorporarse durante ese mismo periodo parlamentario al partido FCN-Nación. Ahora un nuevo período, esta vez con la UNE.

El parlamentario, junto con el exalcalde de San Pedro Carchá, Víctor Hugo Cifuentes Delgado, han unido fuerzas para que el diputado Darwin Lucas repita en el Congreso y el exjefe de Tránsito, Ramiro García Chamán obtenga una curul.

San Pedro Carchá es otro territorio en disputa y ahí el poder descansa en el alcalde Winter Coc, quien busca renovar su mandato con la agrupación Victoria, con la que llegó a ocupar la silla edil en el 2019.

Sin embargo, esta vez Coc condicionó su participación en que se le permitiera decidir la lista de candidatos al Legislativo de Alta Verapaz por ese partido. De ahí que ubicó en la primera casilla a su hijo Randy Araely Coc y en la tercera a su hermano, Miguel Ángel Coc.

El Partido Humanista, de la mano del candidato a la vicepresidencia y exalcalde Rubén Darío Rosales, también busca su cuota de poder y cierto control sobre la población q´eqchi´.

Mercantilismo

“Los políticos ven Alta Verapaz como un espacio potencial para ser electos. Aquí ya son comunes los regalos, el acarreo de personas y la compra de votos”, de acuerdo con el exparlamentario por Alta Verapaz, Carlos Enrique Chavarría.

Añade que el voto que emite la población en este departamento no está lo bastante informado —más de 200 mil personas son analfabetas, según el TSE— por lo que los políticos se aprovechan de ellos y compran los sufragios valiéndose de la necesidad de la gente.

Según el exlegislador, tanto en Cobán como en San Pedro Carchá, los municipios más poblados de la región altaverapacense, los políticos que tienen un alto nivel económico pueden conseguir votos con diversos subterfugios.

Los caciques que se han consolidado son personas de dudosa reputación y un ejemplo del mercantilismo que se vive en Alta Verapaz es que la población desconoce, en su gran mayoría, quiénes son los diputados que los representan en el Congreso.

Rubén Hidalgo, del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep), coincide en las características antes descritas del departamento y refiere que allí se da el “efecto clientelar”.

Dice que existe una mezcla de cacicazgo y mercantilismo de la política, porque el que tiene dinero puede comprar un espacio para ser candidato y esto le permite garantizarse ser electo.

“En Alta Verapaz no se gana con base en un programa de gobierno, sino por medio de la captación de votos y ofrecimientos vacíos, compadrazgo y mercantilización del voto”, puntualiza.

El investigador del Incep hace énfasis en que al grueso de la población rural, que vive en condiciones precarias, le preocupa sobrevivir el día a día, mientras que los candidatos solo se acercan para entregar regalos y ofrecer beneficios que después no llegan a estas personas.

Nota del editor: Esta nota se modificó de su versión original el 30 de marzo, luego que el candidato a diputado por la UNE, Óscar Rolando Corleto Rivera, a través de un memorial corrigió una imprecisión contenida en este artículo, donde por error se consignó que buscaba su cuarto periodo parlamentario, cuando lo correcto es que compite por tercera ocasión.

Me puse a pensar cuál debe ser la ruta para que Guatemala tome el camino del desarrollo sostenible y así en 2050 sea un país próspero, seguro, educado y competitivo. Sin duda alguna, la base constitucional del estado de Derecho y consolidar el sistema republicano es una necesidad. Para lograrlo es necesario que existan adecuados pesos y contrapesos en política, que el sistema de justicia no sea politizado ni corrupto y que tengamos una justicia proba, pronta y cumplida, y que todos nos pongamos a trabajar y así crecer económicamente con sostenibilidad.

La mejor política de desarrollo económico es crear y crear más empleos, y eso se logra con mayor inversión en todo el país.

Para que haya mayor inversión en todo el país se necesita seguridad jurídica, seguridad física, infraestructura vial y adecuada infraestructura de comercio nacional e internacional —puertos y aeropuertos—. Guatemala es un país cuya población es de alrededor de 15 millones, de los cuales viven en el área metropolitana de Guatemala alrededor de cuatro millones y en el área metropolitana de Quetzaltenango se calcula un millón. Los otros 10 millones están en lo que llamo urbano del interior y lo rural.

Guatemala sigue siendo un país con base económica agrícola y pecuaria. En lo agrícola es ejemplo en producción por hectárea y en competitividad en cultivos como el banano, la caña de azúcar, la palma de aceite, el hule y otros. De los cuatro mencionados su mayor destino es el internacional, pero generan desarrollo económico local importantísimo. La agricultura siempre tiene cómo mejorar si los cultivos están en el lugar donde deben estar —las condiciones apropiadas—. Es muy importante la industrialización de todo lo que produzcamos en el agro guatemalteco para generarle más valor al producto.

El desarrollo económico local se puede definir como un proceso donde la inversión privada o pública se establece en un territorio —municipio o región— y mediante la utilización del potencial de ese territorio se eleva el bienestar de la población, siempre y cuando las comunidades organizadas y el poder local sean facilitadores para que con orden y paz se genere esa economía local y sea sostenible.

El desarrollo económico local evita la migración a los Estados Unidos e invita a mayor inversión en el territorio. Por ejemplo, el cultivo de la palma de aceite ocupa solo el 4% del territorio agrícola del país y, a cambio, al industrializarlo y producir el aceite de palma se cubre la demanda del país con menos del 20% de la producción. El otro 80% se exporta. Se genera empleo permanente y hay multiplicadores indirectos de empleo porque la producción es todo el año. Eso es base de un desarrollo económico local porque hay dinero circulante en el territorio. Los municipios con más prosperidad, a donde han llegado inversiones pequeñas complementarias de comercios y servicios pero que suman son los municipios donde existen buenas relaciones comunitarias y buenas relaciones con el poder local. Donde hay comunicación apropiada con Cocodes, alcaldías y gobernaciones es donde mejor se coordina todo. Hace falta inversión de gobierno en educación, en salud, en seguridad local y en infraestructura vial, pero juntos y coordinados buscan la solución.

Y así hay más ejemplos exitosos en otras agroindustrias en clima cálido, pero también en el altiplano. Las frutas y vegetales son un buen ejemplo. Ahí también hay muestras de desarrollo económico local.

josesmolinam@gmail.com

Aunque no ha vivido en el departamento, Barillas asegura que tiene amplio conocimiento de los problemas este, los cuales ofrece solucionar con base en estrategias que tiene junto a su equipo de trabajo, de quienes no quiso proporcionar detalles.

Inestabilidad atrasa proceso

Carolina López, directora ejecutiva del Consejo Departamental de Desarrollo (Codede), aseguró que la inestabilidad en el cargo de gobernador representa un grave retraso en los procesos administrativos de los proyectos de esa entidad. Con los cuatro cambios que ha habido tienen al menos tres meses de atraso.

Señaló que los constantes cambios ponen en riesgo la ejecución del 100 por ciento de obras programadas, pues hay plazos que se vencen y no pueden cumplirse las metas, porque para registrar una firma se tarda el trámite 15 días hábiles.

“Los afectados no somos los funcionarios, sino las comunidades a donde ya no llegan las obras, lo cual considero grave”, resaltó.

La funcionaria explicó que, pese a todo, ya se han firmado 90 convenios y esperan autorización con la nueva firma del gobernador para suscribir otros 20, para esperar la asignación de cuota para que empiecen a ejecutarse las obras.

Según Barillas, su nombramiento no es político, tampoco está “apadrinado” por diputados, sino que él fue seleccionado en la primera terna propuesta por sociedad civil el año pasado.  “Si bien fui candidato a diputado todos tenemos el derecho constitucional de hacerlo. De ese momento a la fecha ya han pasado diferentes personas y las circunstancias administrativas me dan la oportunidad”, indicó.

El funcionario señaló que no tiene ningún proceso legal. Su compromiso es alcanzar las metas de ejecución, para lo cual pidió un voto de confianza para beneficiar al departamento con las obras.

Insta a los periodistas a investigarlo, pues dijo que carece de procesos penales, luego de que fue vinculado en el caso de Fulanos y Menganos, del cual enfrentan juicio el hermano e hijo del presidente Jimmy Morales. “Participación con esas personas, ninguna, porque eso fue en el 2013”, señaló.

Prioridad vial

El nuevo funcionario explicó que ya se ha reunido con el ministro de Comunicaciones, Aldo García, para que se retomen los trabajos en la carretera Interamericana y las rutas nacionales de Huehuetenango, por la importancia que tienen los tramos que requieren una intervención inmediata.

Respecto de la conflictividad social manifestó que el gabinete departamental de seguridad integrará mesas técnicas para abordar cada problema y encontrar las mejores soluciones para bajar los indicadores negativos que tiene el departamento.

Jorge Morales, integrante de la sociedad civil, señala que es una burla para el pueblo huehueteco el “manoseo” que el presidente realiza al nombrar a cuatro gobernadores en los primeros dos años de su gestión lo que demuestra incapacidad, cuyo efecto perjudica el desarrollo del departamento.