Política
|Suscriptores
El 15 por ciento de los fondos extraordinarios se repartió entre 16 municipios
Expertos señalan capacidades limitadas en municipalidades y entidades del gobierno central involucradas en los procesos de obras de los Codedes.
El año entrante las municipalidades deben ejecutar Q12 mil millones en obras de desarrollo. (Foto Prensa Libre: MuniGuate)
El techo más alto asignado a un municipio en los aportes extraordinarios aprobados en el Presupuesto del 2025 es de Q50 millones, mientras el mínimo fue de Q1 millón. Las entidades correspondientes aseguran que la ejecución se agilizará, aunque expertos en la materia dudan de los mecanismos de transparencia y personal disponible para los procedimientos y supervisión de las obras.
Entre los 16 municipios se distribuyeron Q765 millones, que corresponden al 15 % de los Q5 mil millones de los aportes extraordinarios; sin embargo, algunas de esas comunidades reflejan baja inversión de los fondos ordinarios que tienen este año.
Aunque la aprobación de la Ley para la Agilización en la Ejecución de Obras de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural permite que se terminen de ejecutar los recursos de este año en el 2025, los montos representan un reto para las alcaldías, consejos departamentales y entidades del Gobierno Central.
De esos 16 municipios, en tres de ellos el alcalde fue electo por el partido Vamos, en dos por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Victoria, Cabal y Nosotros, y uno de Valor-Unionista, Valor, Todos y un comité cívico.
Algunos de los municipios reportan incluso 5 % de los fondos de los Codedes.
En la reciente aprobación del presupuesto, uno de los puntos de crítica fueron los fondos a los Codedes, por parte de la opinión pública e institutos de análisis. Sobre todo, porque la distribución respondió a criterios políticos y porque en años anteriores se ha cuestionado la capacidad de ejecución de los gobiernos locales y la vulnerabilidad en cuanto a acciones de posible corrupción.
En declaraciones recientes, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia indicó que la ejecución se elevaría el año entrante, debido a la experiencia y conocimiento que los equipos de los gobiernos locales adquirieron este año. En promedio, los departamentos alcanzan a la fecha una ejecución del 35 %, según el Sistema Integrado de Administración Financiera, del Ministerio de Finanzas.
Responsabilidad
Por medio de un comunicado, la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes) hizo el llamado a que los equipos de las gobernaciones, direcciones ejecutivas de Codedes y unidades técnicas estén capacitados, acompañados por el más alto nivel político y dominen la normativa vigente para la ejecución de fondos. Puntualizan que el monto total del que dispondrán, Q12 mil millones, es una cantidad sin precedentes.
“Debe asegurarse la transparencia y rendición de cuentas de los recursos asignados. Para el efecto, la fiscalización que realizan los órganos de control del Estado, desde sus respectivas competencias —Contraloría de Cuentas, Ministerio de Finanzas Públicas, Segeplán, Intendencia de Verificación Especial y Superintendencia de Administración Tributaria— debe acompañarse de portales específicos de información en los que, en forma comprensible para la ciudadanía, se incluyan los proyectos y obras identificados como prioritarios, se lee en el comunicado.
Para el analista Edy Cifuentes, experto en gobiernos locales, la responsabilidad recaerá en las alcaldías, porque son las encargadas de ejecutar y rendir cuentas, además de superar los obstáculos que lleguen a afrontar respecto de las capacidades.
“Es un reto bastante grande para el equipo de profesionales de las municipalidades, porque visto está que sí adolecen”, opinó Cifuentes.
El experto agregó que algunas alcaldías, sobre todo las cabeceras departamentales, están mejor integradas y equipadas, pero hay otras en las que la dinámica no es la misma. Además, señaló que puede haber problemas respecto de la calidad del gasto.
Seguimiento
Los portales gubernamentales de información pública serán una herramienta en el seguimiento de las obras que se ejecuten con tales fondos, según el análisis de Rony Linares, asesor en el marco normativo del Estado y municipios. Consideró que las medidas de transparencia que ya se tienen son suficientes para la fiscalización y supervisión, pero deben ser más accesibles y fortalecerse con más personal.
“Esa es la principal medida de transparencia, que los vecinos o ciudadanos que no somos empleados públicos tengamos acceso directo a las páginas, sin necesidad de que nos autoricen previamente —el usuario y contraseña—”. indicó.