Ministra de Trabajo dice que es viable un aumento al salario mínimo para el 2026

La ministra de Trabajo, Miriam Roquel, dijo que información técnica en el expediente de la CNS para el salario mínimo del 2026, soporta la posibilidad de un incremento. Menciona entre un 6% y 7%, pero refiere que será decisión del presidente de la República

Rosa María Bolaños

13 de diciembre de 2025

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05:00h

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El salario mínimo para el 2026 debe ser decidido por el Presidente antes del 31 de diciembre, ya que debe entrar en vigencia el 1 de enero. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

La ministra de Trabajo, Miriam Roquel, afirmó que sí es viable un aumento al salario mínimo para el 2026, con base en los informes técnicos presentados por diversas instituciones ante la Comisión Nacional del Salario (CNS).

La CNS trasladó al Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) el expediente con los dictámenes técnicos. Esta cartera debe remitirlo al presidente de la República, Bernardo Arévalo, quien tomará la decisión final.

La viceministra de Trabajo, Damarys Oliva, explicó que la ministra únicamente traslada al Ejecutivo el contenido del expediente aprobado en la CNS. Aclaró que este órgano es un ente tripartito de carácter técnico y asesor, por lo que no corresponde a la titular hacer recomendaciones individuales al presidente.

En declaraciones a la prensa, Roquel señaló que entre las recomendaciones figura que el incremento sea por circunscripción y no de forma general, en concordancia con los análisis realizados.

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Consultada si estaría de acuerdo con un aumento al salario mínimo para el 2026, la ministra respondió que sí, ya que “técnicamente, el expediente determina que es posible un incremento”. Recalcó que las evidencias presentadas por el Banco de Guatemala (Banguat), el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), el Instituto Nacional de Estadística (INE) y otras entidades lo respaldan.

Indicó, no obstante, que en la CNS las posiciones fueron diversas: el sector empleador propuso un ajuste mínimo, mientras que el sector trabajador planteó un incremento del 100%.

La funcionaria comentó que no se puede pasar de un extremo a otro, pero los documentos técnicos dan viabilidad al ajuste.

En relación con los porcentajes sugeridos en las comisiones paritarias, que van del 1% al 12%, dependiendo de la actividad económica y la región, Roquel indicó que un aumento intermedio, como del 6%, sería una posibilidad.

Aclaró que las comisiones paritarias son autónomas, cada integrante plantea su porcentaje, y posteriormente esos datos se elevan a la CNS, donde se analiza técnicamente y se elabora una propuesta. “No es nada aventurado; se basa en evidencia”, recalcó.

Recordó que el año pasado, el Gobierno propuso un 10% de aumento al salario mínimo, debido a la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, lo cual fue sustentado técnicamente.

Este año, el Ejecutivo no fijó una postura concreta, pero la documentación presentada ante la CNS sí permite una eventual alza.

Sobre un posible rango de incremento entre 6% y 7%, Roquel consideró que el expediente técnico lo respalda, aunque la decisión final corresponde al presidente.

El expediente se encuentra actualmente en la Procuraduría General de la Nación (PGN). Luego regresará al Mintrab y será trasladado a la Secretaría General antes de llegar al despacho presidencial, para que Arévalo tome la decisión final.

La ministra espera que el documento regrese el próximo lunes al Mintrab, ya que el anuncio del salario mínimo deberá hacerse después del 15 de diciembre y, posiblemente, el 28 de este mes, para cumplir con la publicación antes del 31 de diciembre.

Preocupación del sector empleador

Durante las últimas semanas, diversas cámaras empresariales han manifestado su preocupación por la forma en que se fijará el salario mínimo para el 2026. Solicitan que el proceso se base en criterios técnicos y de productividad.

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Amador Carballido, director general de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), destacó que los mensajes del sector se enfocan en evitar que se repita el precedente fijado en el 2025, y que se exponen argumentos técnicos sólidos para definir la postura del sector exportador.

La entidad advirtió que el aumento aprobado para el 2025 rompió con la tendencia de los últimos 17 años y temen que para el 2026 ocurra lo mismo.

Carballido señaló que el sector exportador no puede trasladar el incremento salarial al precio final de sus productos, debido a que operan como tomadores de precios en el mercado internacional. Agregó que el costo principal de operación es el pago de salarios y prestaciones. Un aumento discrecional puede afectar la capacidad de las empresas para continuar funcionando.

También advirtió que, al no establecerse una diferenciación territorial en la fijación del salario para el 2025, se observa una desaceleración del empleo formal en ambas circunscripciones.

Además, indicó que un incremento desproporcionado reduce el margen para incentivar la productividad laboral.

Agexport explicó que, entre septiembre y octubre del 2025, se inician las negociaciones de compromisos futuros, antes de fijarse el nuevo salario mínimo.

Y, añadió que el sector empresarial suele presupuestar incrementos salariales anuales entre 4% y 5%, pero dentro de márgenes que no comprometan la rentabilidad.

Por su parte, Carla Caballeros, directora ejecutiva de la Cámara del Agro (Camagro), señaló que el presidente Arévalo considera como variables el crecimiento económico y la inflación. Sin embargo, aclaró que el PIB no mide la productividad laboral, la cual debe ser el referente técnico para definir la capacidad de pago sostenible.

Añadió que en países donde se combinan el PIB y la inflación, un aumento del 10% como el aprobado para el 2025, sumado a factores como el deterioro de la infraestructura vial, podría generar un efecto negativo en las fórmulas técnicas.

Tanto el CACIF como la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) han manifestado su preocupación por la pérdida de dinamismo en el empleo formal durante el 2025.

Finalmente, advirtieron que un alza sin sustento técnico podría afectar aún más la competitividad de las empresas.

El Mintrab informó que no cuenta con estadísticas específicas sobre informalidad, aunque, según Roquel, no se ha registrado una baja en la afiliación al IGSS.

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Salario mínimo e inflación no son totalmente vinculantes si no se toman en cuenta otras variables, refieren analistas

Ante la decisión del gobierno de aumentar 10 % al salario mínimo para el 2025 a las actividades agrícolas y no agrícolas, y del 6 % a las actividades de maquila y exportación, se puede recordar otros años en donde el incremento fue igual o mayor a ese porcentaje, según los datos históricos, o los que por el contrario fue menor, pero en la mayoría no coincide con los indicadores de inflación.

Rosa María Bolaños

28 de diciembre de 2024

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Según la recopilación de datos del Ministerio de Trabajo, del 1995 al 2024 hay períodos donde el salario mínimo se ha subido en 10% o más. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Los analistas Hugo Maul, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) y Luis Linares, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes) exponen su punto de vista respecto de la relación entre el salario mínimo y la inflación, así como con otros indicadores.

Más del 10 %

Según los datos históricos desde 1995 al 2024 y lo aprobado para el 2025, han sido los gobiernos de Alfonso Portillo y Álvaro Colom, lo que más aumentos anuales han brindado, y 13 años después, en este 2024 vuelve a autorizarse un incremento que cuyo porcentaje de variación es de doble dígito para dos actividades, ahora en la administración del presidente Bernardo Arévalo.

Los incrementos más altos que se han tenido son el aprobado en el gobierno de Portillo en el 2003, para el salario mínimo del 2004 que fue de 21.3 % para la actividad agrícola y de 16.3% para el no agrícola, que llegaron a Q1 mil 177.30 y Q1 mil 209.90 mensual respectivamente.

Un año antes, para el salario del 2003, la misma administración había dado aumentos de 16 % y 14 %, cada uno.

Mientras que para el 2001 el aumento había sido de 15.7 % para las dos actividades.

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En tanto en el gobierno de Álvaro Colom, el aumento más alto fue para el año 2011, con 13.8 % para cada actividad de las mencionadas, llegando a Q1 mil 937.50, mientras que el de maquila y exportación aumentó en 14.9 %, y se situó en Q1 mil 808.90.

Luego, en nivel de porcentaje, le sigue el entonces presidente Alvaro Arzú. En el primer año de su mandato fijó un salario mínimo para 1997 pero no hubo incremento. Para 1998 subió en 11.7%, mientras que para 1999 y 2000 fue de 10 % anual a cada actividad.

Menos del 10 %

Dos períodos antes de esto, para el 2009, el primer año de gobierno de Colom, subió en 10.3 % el agrícola y en 6.9 % en el no agrícola, en esa ocasión se igualó la paga mínima para las dos actividades en Q1,581.7 mensual para el período 2009. Al año siguiente, para el 2010, el aumento fue de 7 % para ambas actividades y 8.4 % el de maquilas.

Mientras que en para el 2012 fue de 7 % para mencionadas actividades y 5.4 % para maquila.

En tanto, los siguientes años, en el gobierno de Otto Pérez Molina (período completado por Alejandro Maldonado), el aumento al salario mínimo aprobado en esa administración (del 2012 al 2016), para los años del 2013, 2014, 2015 al 2016 varió en 4.7 %. 5 %. 5 % y 4.3 %, respectivamente.

En el período presidencial de Jimmy Morales, para el 2017 se aprobó el incremento de 5.9 %; para el 2018 fue de 3.8 %, sin embargo, para el 2019 no hubo aumento en ninguna de las actividades, y hasta ese año se mantuvieron iguales los montos del agrícola y no agrícola llegando a Q2 mil 742.20, y la de maquilas en Q2 mil 508.20.

Para el 2020, en salario aún aprobado por Morales, solo se aumentó la paga no agrícola en 3 % y la exportadora en 2.9 %. Los salarios quedaron en por lo que de nuevo se diferenció el monto entre la agrícola y no agrícola, quedando en Q2 mil 742.20, y Q2 mil 825.10 respectivamente, mientras que para las maquilas quedó Q2 mil 581.80.

Para el 2021, ya en la gestión presidencial de Alejandro Giammattei, derivado de la pandemia no se incrementó el salario mínimo.

En tanto para el 2022, el aumento fue de 4.7 %.

Para el año 2023 se crearon dos regiones, divididas en la circunscripción económica 1 conocida como CE-1, que comprende el departamento de Guatemala, y la CE-2 que abarca el resto de los departamentos, aunque se tuvo aumento generalizado del 7 %.

Y se empezó a hacer más grande la brecha entre actividades y circunscripciones en el 2024, ya que los incrementos fueron más altos para la CE1, de 6.3 % para la actividad agrícola; mientras que la no agrícola y la de maquila subieron 6.6 % cada una, y para el resto de los departamentos en la CE2, de entre 3.6 % y 4.6 %.

Para el 2025

En tanto para el 2025 el salario mínimo aprobado por Arévalo, tendrá un aumento del 10% para actividades agrícolas y no agrícolas y del 6% para maquila y exportaciones.

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Con ello, las pagas mínimas vigentes en el 2025 para la CE1 quedan en:

• Agrícola, son de Q118 diarios y Q3 mil 593.55 mensual. La no agrícola es de Q122.40 diarios y Q3 mil 723.05 mensual. Y la actividad de maquila y exportación de Q107.79 diario y el mensual de Q3 mil 278.59

En la CE2 los montos quedan en:

• Para la actividad agrícola de Q112.99 diarios o Q3 mil 436.86 mensuales. La actividad no agrícola, Q116.73 diarios o Q3 mil 550.60 mensual. Y, la de maquila y exportadora está en Q101.83 diarios y el mensual de Q3 mil 097.21.

A todos se les debe sumar los Q250 mensuales de bonificación incentivo.

Opiniones: dos puntos de vista

Maul, refiere que el salario mínimo ha subido más que la inflación durante algunos períodos y ha disminuido en otros.

En los períodos del Frente Republicano Guatemalteco (FRG) y la Unidad Nacional de la Esperanza (Une) subió más que la inflación, así como en dos de los cuatro años del Partido Patriota (PP) y del Frente de Convergencia Nacional (FCN).

Maul expone que, aunque el salario mínimo ha aumentado más que la inflación en 18 de los últimos 29 años, “no hay indicación acerca de si este crecimiento está alineado con aumentos en la productividad, ya que la economía en este mismo período ha crecido siempre lo mismo, en promedio”.  Explica además que, si los salarios crecen más rápido que la productividad, esto puede generar tensiones inflacionarias o dificultades en el mercado laboral, como reducción de empleo formal o mayor informalidad.

“Un aumento constante del salario mínimo real es positivo desde el punto de vista de la justicia social, pero es crucial evaluar cómo estos incrementos han impactado la competitividad del país y las oportunidades de empleo, especialmente en sectores agrícolas y no agrícolas”, agrega el analista del Cien, al explicar que economías abiertas al comercio internacional, aumentos en los costos laborales que no sean acompañados de aumentos en la productividad podrían hacer que los productos nacionales sean menos competitivos en el mercado internacional.

Añade que, si las empresas no pueden absorber los mayores costos salariales, podrían reducir contrataciones o recurrir a la automatización, afectando negativamente el empleo, especialmente en sectores con alta sensibilidad a los costos laborales.

“Vincular exclusivamente el salario mínimo a la inflación sin considerar los aumentos en la productividad podría generar distorsiones, ya que el crecimiento de los salarios debería idealmente estar alineado con el crecimiento de la productividad”, insiste.

Entre los efectos menciona, que, dado que el 75% de la población activa ya se encuentra en la informalidad, el incremento salarial puede desincentivar la formalización de nuevos empleos y las pequeñas empresas podrían optar por mantener o incrementar su fuerza laboral informal para evitar los mayores costos laborales.

En el caso de las empresas que operan con márgenes ajustados, en especial en sectores intensivos en mano de obra como agricultura o confección de vestuario, entre otras, podrían enfrentar dificultades para absorber los mayores costos laborales, y esto podría llevar a despidos, reducción de contrataciones o cambios en las condiciones laborales, comenta Maul.

“Sin evidencia de un aumento equivalente en la productividad laboral, este incremento puede afectar la competitividad de las empresas locales, especialmente en un contexto de competencia internacional” añade el analista al exponer que la inflación esperada es moderada, de alrededor del 3 % para 2025, y considera que el aumento del salario mínimo podría trasladarse parcialmente a precios, especialmente en sectores con menor competencia, contribuyendo a una inflación de costos.

Maul menciona desafíos como la segmentación, al explicar que el aumento solo beneficiará directamente al 25 % de la fuerza laboral formal, dejando sin impacto directo a la mayoría de los trabajadores en la informalidad.

Además, considera que “para mitigar los efectos negativos potenciales, es crucial que los aumentos en el salario mínimo estén acompañados de políticas para incentivar la productividad y la formalización, porque sin estas medidas, un incremento significativo del salario mínimo podría erosionar la base del empleo formal en sectores vulnerables”.

Al analizar esos puntos es importante observar la necesidad de un enfoque equilibrado como ajustar los salarios mínimos de forma moderada y vinculada a incrementos de productividad, junto con políticas activas que promuevan la formalización y reduzcan los costos de cumplimiento para las empresas, recomienda Maul.

Consultado si el aumento aprobado para el 2025 es positivo o no, el analista del Cien refiere que depende del contexto económico:

• En economías en crecimiento, donde los ajustes salariales están bien planificados y acompañados de políticas que fomenten la productividad, esta práctica es positiva, ya que protege a los trabajadores y fortalece la economía.
• En economías con alta inflación o bajo crecimiento, ajustar el salario mínimo según la inflación sin considerar otros factores puede ser problemático, ya que puede perpetuar ciclos de inflación y presiones en el mercado laboral (destrucción de empleo formal, informalidad, desempleo).

Por aparte Linares, brinda su punto de vistas. Considera que es importante el porcentaje aprobado de incremento para el 2025, tomando en cuenta que en los últimos tres años se han registrado inflación de alrededor de 3 % y 4 %, además de la del 2022 que se situó en 9.24 %.

Sin embargo, recordó que el salario mínimo tuvo desde el 2019 varios años sin aumento para todas o algunas actividades económicas.  

Linares refiere que, según un análisis efectuado, en cinco años, del 2019 al 2024, el salario mínimo aumentó 18 %, que representa alrededor de 3.5 % anual. Mientras que otro estudio da a conocer que el poder adquisitivo de salario mínimo real se redujo en Guatemala entre 2015 y 2022, por lo que a su criterio es conveniente el incremento acordado por el gobierno actual.

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“El incremento viene con un jalón un poco fuerte, pero es para tratar de buscar la recuperación del salario real”, por ello es necesario que los aumentos sean sostenidos y constantes para que sean graduales cada año, pero, como los gobierno no lo han hecho así, en un momento se tiene que reajustar con incrementos más fuertes, añadió el analista de Asíes.

“La inflación no es el único criterio (para definir la paga mínima) está también el crecimiento del PIB, que permite medir la productividad” ya que al incrementarse el crecimiento a la producción significa que hay incremento a la productividad, y cuando no crece el PIB quiere decir que está estancada también, explica Linares.

A su consideración es importante observar lo que ha dicho la OIT, acerca de que los criterios para dichos salarios son las necesidades del trabajador y las posibilidades de las empresas.

Por lo que considera que se deben hacer aumentos moderados, y de 6 % o 7 % como máximo, pero cree que este año se necesitaba ese empuje por el estancamiento que hubo en años anteriores.

Respecto a impacto a las empresas, comenta que las microempresas de subsistencia no pueden pagar la mitad del salario mínimo, pero la fijar la paga mínima sirve para un efecto faro, es decir que tienen un efecto indirecto en que van subiendo de acuerdo a sus capacidades, pero si no también tiene efectos indirectos.

Me parece que todo obedece a una estrategia de delincuentes, detenidos, huidos, en busca y captura o temerosos de ser descubiertos. Muchos de los escapados o internados en prisión es posible que jamás regresen a sus casas porque las condenas que se avecinan, en función de lo mostrado, pueden ser de por vida. Por tanto, únicamente cabe subvertir el orden. Es decir, dar un golpe de Estado técnico para librarse de sus perseguidores judiciales. De esa cuenta, y con colaboración de ciertos golpistas que hacen videos, usan las redes sociales o tergiversan artículos de la Constitución —amén de otros de similar calaña— decidieron actuar primero en Washington haciendo lobby y ahora, aquí, animando al presidente, que es parte del grupo de sindicados —al igual que miembros de su familia— a seguir ese miserable guion. Una ley de punto final es lo que persiguen y dejar la corrupción olvida lo que pretenden.

Se podrá o no estar de acuerdo con Iván Velásquez, achacarle diversos errores o incluso posicionarlo en un determinado sector del espectro ideológico, pero esto que ocurre es un intento golpista sustentado en la venganza y en el interés por no seguir limpiando el país de delincuentes. No hay que darle muchas vueltas al tema. Estén atentos al Congreso y cómo botarán el antejuicio.

En medio de este lodazal, se encuentran atrapados millones de ciudadanos honestos que deben tomar cartas en el asunto antes de que un grupito de descerebrados retome nuevamente el control del país y continúe con cooperachas, líneas, puertos, aeropuertos, carreteras, medicamentos, construcciones, sindicalizaciones y otros formas de robar fondos públicos. De momento, la Corte de Constitucionalidad ha puesto un alto temporal cuyas bases algunos cuestionan y otros justifican. Cualquiera que sea la decisión final, hay que asumir el destino más fieramente que en 2015, porque ahora se sabe de algunos que están detrás. Es momento de convertirse en ciudadanos de tiempo completo y decir no a la ruptura del orden, a la manipulación de la justicia ni a la protección del crimen organizado.

El país se salva o se pierde en las próximas semanas y seremos parte de esa historia. Se pudo con Baldizón y con el PP, ahora, a la tercera, seguramente vaya la vencida para derrotar a criminales profesionales. Es un duelo por el que hay que pasar si queremos cambios, pero el país se lo merece. Luego, no nos quejemos.

www.miradorprensa.blogspot.com

“Mentira, me acompañaron el 14, y el 15. Me han acompañado siempre que he tenido que hablar, pero voy a hablar con quien deba hablar y de lo que deba hablar con cada quien”, expresó.

El mandatario ha evitado durante las últimas dos semanas a la prensa y, hasta este lunes, se ha negado a comparecer ante los medios de comunicación.

Morales continuó con críticas a la prensa.

“Se acabó la fafa, se acabó la publicidad. Q150 millones en 2015; Q160 millones en el 2014, más de Q160 millones en el 2015 (sic). Guatemala ya no puede seguir pagando publicidad, perdónenme señores de los medios de comunicación. Si ese es el dolor, perdónenme”, afirmó.

El presidente no mencionó que buena parte de la publicidad gubernamental en esos años la recibieron canales de televisión abierta involucrados en el caso Cooptación del Estado, uno de ellos donde Morales vendió producción -según lo afirmó él mismo el 3 de junio último-, y donde aún aparece su hermano, Samuel “Sammy” Morales.

También se refirió al escándalo que involucra a su hijo, José Manuel, y su hermano Sammy.

El silencio del mandatario sobre la coyuntura del país fue más evidente desde el pasado martes 13 de septiembre, cuando a través de un video difundido en los canales de Gobierno, el mandatario y su esposa informaron que su hijo, José Morales y el hermano Samuel Morales, habían declarado en el Ministerio Público por un caso de corrupción en el Registro General de la Propiedad.

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La incomparecencia de Morales ante los medios de comunicación comenzó a inicios de septiembre, luego la destitución del secretario y subsecretario de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS), Jorge Ignacio López Jiménez y César Sagastume, respectivamente.

Los exjefes de la SAAS son investigados por un supuesto espionaje desde esa dependencia del Ejecutivo.

A la crisis que atraviesa el Gobierno se suma una propuesta de reforma fiscal que fue presentada el 12 de agosto y, 13 días después, el Ejecutivo tuvo que dar marcha atrás, sin mayores detalles de la decisión.

También resaltará puntos de la Constitución Política de la República y pedirá reflexionar acerca de las responsabilidades de los guatemaltecos.

“Los temas son la Constitución, la responsabilidad individual y nacional. Es lo que hemos dicho y lo que hemos hecho; esos serán puntos torales”, explicó Morales.

Previamente había adelantado que hablará de “la nueva cara de Guatemala”, del aprovechamiento de los recursos, de la participación de todos y de solucionar problemas.

“Que cada guatemalteco solucione un problema”, propuso.

Cambio, otra vez

Asimismo, Jimmy Morales hará referencia a que él representa el cambio, y que fue buscado por los guatemaltecos ante la falta de resultados de la política tradicional, comentó un integrante de su equipo que pidió no ser citado.

Se haría hincapié en que el país tomará un nuevo rumbo con gente proba y que, una vez más, es un gobierno de cambio.

El llamado a diferentes acciones, especialmente a la unidad nacional, así como el ofrecimiento de cambio se ha vuelto común en los últimos relevos presidenciales.

De hecho, la palabra “cambio” o “cambios” fue utilizada 27 veces por el expresidente Otto Pérez Molina en su discurso del 14 de enero del 2012, y también mencionó la “participación ciudadana”.

“Con la bendición de Dios y la voluntad del pueblo de Guatemala, el cambio ha comenzado, el cambio ha llegado”, expresó el exmandatario, quien ahora se encuentra en prisión preventiva por el caso La Línea.

El exgobernante Álvaro Colom también utilizó esa palabra al menos ocho veces en su primera declaración como presidente de la República.

“Quisiera terminar pidiéndole al pueblo de Guatemala unidad nacional”, dijo Colom cuando estaba por concluir su inicial intervención.

Entretanto, cuando Óscar Berger tomó posesión, en enero del 2004, expresó: “El momento del cambio ha llegado. Y juntos lo vamos a hacer posible. Y vamos a encarar los cambios con decisión y con coraje, avanzando sin pausas. Vamos a lograr el cambio de la visión que tenemos de este país”.

Dentro de las especificaciones que se encuentran en Guatecompras se incluye que debe ser elaborada en seda podesua o brillante, de dos metros de largo, con remates de barbilla dorada, por 12 centímetros de ancho a dos colores formando la bandera de la República de Guatemala. Cada franja deberá medir cuatro centímetros de ancho.

Las bases establecen que la banda presidencial deberá tener el escudo de Guatemala, bordado a color, el cual debe estar ubicado a 27 centímetros del hombro derecho, con una dimensión de  7.5 centímetros de altura y 9 centímetros de ancho.

Además se solicita un estuche de madera fina con acabados elegantes y tapadera de cristal con marco de madera, forrado en terciopelo corinto en su interior, con medidas de 1 metro de largo por 22 centímetros de ancho y 11 centímetros de alto.

El marco de la tapadera deberá tener 5 centímetros de ancho de cada lado y el vidrio deberá medir 90 centímetros de largo por 12 centímetros de ancho.

La cotización deberá ser enviada de forma electrónica a través del portal de Guatecompras. La adjudicación se hará en base a los criterios de precio, calidad y plazo de entrega, así como otras condiciones que favorezcan a los interéses del Estado.

El secretario de comunicación de la Presidencia, Alejandro Palmieri, explicó que por la altura del vehículo presidencial, Maldonado Aguirre optó por utilizar su vehículo particular y prescindir también de la ambulancia que en algún momento lo trasladó a actividades públicas.

“Por la altura –del vehículo- él puede estirar la pierna y para no usar la ambulancia que estaba generando costos”, explicó a Prensa Libre Palmieri.

Cada viaje en ambulancia costaba unos Q2 mil, pagados por el Centro Médico Militar, beneficio que tiene derecho Maldonado por su calidad de Comandante General del Ejército.

Maldonado viaja en el asiento del copiloto y dos agentes de la Secretaria de Asuntos Administrativos y Seguridad de la Presidencia (Saas) lo acompañan en el asiento trasero, seguidos de la tradicional comitiva presidencial de vehículos blindados y elementos de la Policía y Ejército.

Según el secretario de Comunicación de la Presidencia, Maldonado utilizará su vehículo particular durante el tiempo de convalecencia, no descarta que luego utilice de nuevo el vehículo presidencial.

“Si Dios lo permite, van a pasar la Navidad bajo techo” , aseguró Maldonado Aguirre al visitar uno de los albergues municipales donde están alojados más de 200 vecinos sobrevivientes de la tragedia.

El mandatario detalló que se construirán “alrededor de 200 viviendas”  para los sobrevivientes, quienes perdieron todos sus bienes materiales, y añadió que las autoridades “serán muy cuidadosas”  para que se beneficie a los afectados.

La visita del Presidente a los albergues, situados en  Santa Catarina Pinula, se llevó a cabo en silla de ruedas debido a que Maldonado Aguirre aún se recupera de una operación en su rodilla en septiembre.

El mandatario subrayó que el terreno donde se construirán las viviendas ya está habilitado al sureste de la capital, después de que pasara a ser propiedad del Estado tras ser decomisado al crimen organizado.

El alud se registró la noche del pasado 1 de octubre en El Cambray 2 y dejó más de 270 personas fallecidas. Al principio se dijo que había unos 300 desaparecidos, pero el fin de semana anterior las autoridades indicaron que la cifra era de 30.

Nuevos hogares

De acuerdo al presidente, la urbanización donde serán construidos los nuevos hogares será bautizada como “Familia Querida”.

Maldonado Aguirre dialogó con algunos de los vecinos afectados y le mostró su solidaridad por lo sucedido, además de mantener charlas con las autoridades locales.

De acuerdo con fuentes oficiales, el deslizamiento de tierra enterró a alrededor de un centenar de hogares a más de 25 metros de profundidad, y desde el 1 de octubre se realizan tareas de rescate para recuperar los cadáveres de las víctimas mortales.

Adán de León Argueta, médico tratante del presidente, informó que este sufrió una rotura total de cuádriceps de la pierna derecha; es decir que sufrió la lesión en el tendón que se une a la rótula en la rodilla.

“El músculo se rompió; es una lesión frecuente. Los deportistas la sufren constantemente y el paciente se recupera totalmente”, aseguró el profesional.

Ante las preguntas sobre el estado general de salud del mandatario, De León Argueta dijo que todos los estudios a los que fue sometido dieron un resultado normal, a excepción de la lesión.

Recuperación

Para que el mandatario se recupere del todo deben pasar unas seis semanas, de las cuales, una o dos debe seguir en tratamiento médico y podría ser dado de alta del hospital entre mañana y el lunes, según el facultativo, ya que la evolución es la esperada.

Durante la cirugía, explicó el médico, “fue necesario utilizar todo el protocolo quirúrgico” y debido a la tecnología empleada se requiere anestesia general

De León Argueta también informó que la edad del presidente es un factor en su recuperación, aunque no es determinante.

Jorge Ortega, vocero presidencial, aseguró que el accidente de Maldonado Aguirre no retrasa los cambios planificados en el Ejecutivo, ya que el mandatario solo pierde movilidad.

“No hay inconveniente para que el Ejecutivo continúe con la agenda. Las semanas que debe estar en recuperación no le impiden cumplir con sus funciones. Quizá deba estar una semana en reposo, pero después podrá seguir”, aseguró el portavoz.

Agregó que es una coincidencia que el gobernante debiera ser operado un día después de que fuera nombrado el vicepresidente Juan Alfonso Fuentes Soria, y descartó que haya visitado a Roxana Baldetti, quien se encuentra internada en el mismo hospital.

Pendientes

Ortega informó que los seis funcionarios que fueron nombrados el jueves recién pasado para formar parte del Gabinete no han sido juramentados, y aunque ya fueron notificados y están listos los acuerdos gubernativos, quienes dejan el cargo deben continuar en sus despachos hasta terminar los procesos administrativos y legales.

Maldonado Aguirre anunció hace dos semanas que asistiría a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, la cual se llevará a cabo del 24 al 30 de septiembre, aunque ahora el viaje está en duda, a causa de la lesión y el tiempo de recuperación necesario.

Mientras el mandatario vuelve al trabajo, Fuentes Soria asumirá las funciones y asistirá a las actividades que requieran la presencia del gobernante.