5 ciberdelitos cuya redacción podría dejar impune a estafadores digitales, según expertos 

Experta en temas penales ve mala redacción y ambigüedades legales sobre inteligencia artificial en la Ley de Ciberseguridadd que se discute, y que podrían dejar impunes a estafadores digitales.

Ximena Fernández

14 de octubre de 2025

|

06:00h

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Ley de ciberseguridad podría dejar de lado la prevención civil. Para enmendarlo, es necesario contar con diálogos entre diferentes actores. (Foto Prensa Libre: Freepik)

La apropiación de identidad ajena, la falsificación informática y el abuso de dispositivos son algunos de los ciberdelitos incluidos en la Ley de Ciberseguridad que no benefician del todo al usuario. Esta situación podría desembocar en la impunidad de ciertos delitos o generar confusión al momento de aplicar la norma, según Marta Paola de la Cruz Bianchi, directora legal de Novales Abogados.

La iniciativa 6347, conocida también como Ley de Ciberseguridad, recibió críticas después de haber superado la primera y segunda lectura en el pleno. Sin embargo, los expertos consideran que aún podría corregirse para mejorar la seguridad de todos.

Para lograr enmiendas y garantizar mayor protección a los usuarios guatemaltecos, es necesario que se promueva un diálogo entre el sector público, la academia y los actores privados. “Nadie va a pelear con la ciberseguridad. Pero es preocupante que, bajo su sombra, se estén creando una serie de instituciones nuevas y facultades cuestionables”, advirtió un especialista de un bufete que analizó la ley pero que prefirió no ser mencionado.

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Los cinco delitos mal tipificados

El principal problema en la tipificación de delitos contemplados en la iniciativa es la mala redacción y su desactualización frente a los avances tecnológicos actuales, según De la Cruz.

Para De la Cruz, los delitos incluidos en la ley fueron redactados de forma repetitiva, ambigua o sin considerar todos los casos posibles, lo que podría perjudicar a los ciudadanos que resulten vulnerados por delincuentes cibernéticos.

“Una cosa es que aparezca que esté vigente una norma y otra cosa es que pueda ser ejecutada de forma adecuada”, señala De la Cruz.

Entre los ciberdelitos contemplados en la ley, De la Cruz menciona cinco de especial importancia para la seguridad de los usuarios y cuya deficiente redacción podría generar perjuicios.

1. Apropiación de identidad ajena

Este delito sanciona la acción de suplantar la identidad de otra persona en internet. No obstante, no contempla las consecuencias jurídicas de los actos cometidos por el delincuente mientras usurpaba dicha identidad. Esto implica que, si una persona estafa a otra utilizando el nombre de alguien más, el único delito sancionable sería la suplantación, y no la estafa, ya que esta, al haberse cometido por medios digitales, no está tipificada en el Código Penal, según De la Cruz.

Para mejorar este artículo, es necesario ampliar su redacción e incluir las consecuencias derivadas de los delitos vinculados con la suplantación, como la estafa cibernética, destaca De la Cruz.

2. Falsificación informática

La redacción de este delito es limitada. De la Cruz señala que el artículo solo menciona los verbos “introducir, alterar, capturar, borrar o suprimir”, por lo que excluye nuevas formas de manipulación digital vinculadas con la evolución tecnológica, como el uso de inteligencia artificial.

“Si el delincuente realiza cualquier otro tipo de acción que no esté entre esos verbos, ya no podríamos incluirlo en el delito de falsificación informática”, argumenta De la Cruz. Esto significa que, si alguien es víctima de manipulación digital mediante otras formas, no podría denunciar formalmente el delito.

3. Ataque a la integridad de los sistemas informáticos

Este delito, según la iniciativa, solo contempla ciertas formas de acceso a sistemas de información, lo que excluye otros mecanismos posibles. En particular, no considera que estos ataques puedan ejecutarse mediante inteligencia artificial.

La abogada señala que este tipo de intrusión no necesariamente es cometido por personas físicas. Al no incluir a sistemas automatizados, el delito podría quedar impune.

4. Abuso de dispositivos

Este artículo repite en su mayor parte la redacción y los verbos del delito anterior, de fraude informático, lo que genera confusión al momento de aplicar la norma o investigar el caso, ya que no se distingue con claridad de qué delito se trata, señala De la Cruz.

Cada delito, según la experta, debería contar con verbos propios, redacción específica y formas claras de comisión, para evitar ambigüedades en su interpretación.

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5. Fraude informático

Este delito no está desarrollado ni adaptado a la realidad actual de las estafas digitales. Para la abogada, la normativa no ofrece una protección adecuada a las personas potencialmente afectadas, ya que necesita una actualización conforme a las necesidades de la población guatemalteca.

Asimismo, advierte que Guatemala carece de herramientas informáticas suficientes para llevar a cabo las investigaciones penales requeridas en este tipo de delitos.

Otros problemas

Por otra parte, la ley se enfoca principalmente en la seguridad nacional, lo que deja desprotegidos a los usuarios más vulnerables, como los niños, adultos mayores y pequeñas empresas. Sigfrido Lee, investigador asociado al CIEN, señala que las grandes compañías cuentan con recursos para contratar ciberseguridad privada, mientras que los sectores más frágiles necesitan una red de protección más amplia.

La seguridad nacional no equivale a la seguridad civil, explica Lee, quien advierte que, al asignar a una entidad militar la responsabilidad de dar seguimiento a los ciberdelitos, la protección no será abordada desde una perspectiva ciudadana.

Además, la ley no garantiza la protección de datos sensibles como la correspondencia, los documentos o cualquier comunicación digital. “Creo que es importantísimo que en cualquiera de estas dos situaciones, sea ciberseguridad o ciberdefensa, se respete esto”, subraya el especialista de una firma de abogados.

Este colaborador también advierte que los ataques cibernéticos, aunque puedan originarse fuera del país, pueden ejecutarse mediante infiltraciones en servidores locales. Esta situación podría ser utilizada como pretexto para acceder a dichos servidores con el fin de investigar, poniendo en riesgo información sensible.

Soluciones

Si estos problemas no se corrigen, los ciudadanos guatemaltecos tendrán una falsa sensación de protección. En su lugar, el analista advierte que el país contará únicamente con un ente investigador con amplias facultades, pero sin capacidad real de prevenir la comisión de delitos.

Un país inseguro implica la pérdida de inversiones que podrían traducirse en más y mejores empleos para la población. Lee señala que este será uno de los costos más altos, ya que los inversionistas no percibirán a Guatemala como un lugar con garantías mínimas de seguridad.

“Te cazaremos”: las frases más polémicas de Kristi Noem, la funcionaria de EE. UU. que visitará Guatemala

Conocida por aplicar las políticas migratorias de Donald Trump, Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU. visitará Guatemala.

Pavel Arellano

25 de junio de 2025

|

16:30h

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La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, habla en una reunión este martes, en Ciudad de Panamá. (Foto Prensa Libre: EFE)

Kristi Noem es la actual secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., quien actualmente se encuentra de visita en varios países de Centroamérica, incluida Guatemala.

Como figura importante dentro de la administración de Donald Trump, Noem no solo es conocida por estar a favor de las políticas migratorias del mandatario estadounidense, sino por otras frases calificadas como “polémicas” que ha dicho en diferentes momentos de su gestión.

Por ejemplo, el pasado 10 de junio, Noem había acusado a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, de alentar las protestas que se llevaban a cabo en Los Ángeles en contra las redadas migratorias y las políticas de Donald Trump.

“Sheinbaum alentó más protestas en Los Ángeles y lo condeno. No debería alentar las protestas violentas que están ocurriendo. La gente tiene derecho a protestar de forma pacífica pero la violencia que hemos visto es inaceptable“, dijo Noen en una conferencia en la Casa Blanca.

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Tras estas declaraciones, Sheinbaum compartió una publicación en sus redes sociales en donde calificaba de “falsas” las declaraciones de Noem.

Hace unos momentos, ante una pregunta de un medio, la secretaria de Seguridad Interior de los Estados Unidos, equivocadamente mencionó que alenté protestas violentas en Los Ángeles. Le informo que es absolutamente falso. Aquí dejo mi declaración del día de ayer donde claramente… pic.twitter.com/LEiVxdmvJv

— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 10, 2025

“Te Cazaremos”

En marzo de este año, la funcionaria estadounidense visitó El Salvador y Colombia como parte de su gira por Latinoamérica.

En el país centroamericano, Noem visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megaprisión del mandatario Nayib Bukele que ha ganado notoriedad por ser el lugar en donde llegaron varios migrantes deportados desde EE. UU.

Mediante un mensaje en su cuenta de X. Noem lanzó una advertencia a los migrantes que se encuentren en situación irregular, y dijo que, si no se iban de EE. UU. los iban a “cazar”.

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“El presidente Trump y yo tenemos un mensaje claro para los inmigrantes ilegales criminales: VÁYANSE AHORA. Si no te vas, te cazaremos, te arrestaremos y podrías terminar en esta prisión salvadoreña“.

President Trump and I have a clear message to criminal illegal aliens: LEAVE NOW.

If you do not leave, we will hunt you down, arrest you, and you could end up in this El Salvadoran prison. pic.twitter.com/MmlOa5UpJa

— Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) March 27, 2025

Además, en el 12 de junio y también en su cuenta de X, Noem reiteró que los migrantes deben “irse ya” de EE. UU., además de que se les iba a dar a los migrantes que se “autodeporten” la cantidad de US$1 mil.

“La autodeportación es la mejor manera, la más segura y la más rentable de salir de los Estados Unidos para evitar el arresto. Si no te vas ahora, te encontraremos, arrestaremos y deportaremos”, dijo Noem en redes sociales.

Our message to illegal aliens is clear: LEAVE NOW. The U.S. taxpayer is generously offering those in the country illegally $1,000 and a free flight home through the CBP Home app.

Self-deportation is the best, safest and most cost effective way to leave the United States to avoid… pic.twitter.com/P0iTx18TTu

— Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) June 12, 2025

Además, en marzo de este años, durante su visita en El Salvador, medios de EE. UU. criticaron a Noem debido al uso de un supuesto reloj Rolex, valorado aproximadamente en US$50 mil.

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Una agencia para defenderse de ataques digitales y 3 propuestas más de ciberseguridad

Guatemala no tiene una autoridad ni un centro de respuesta a incidentes especializado en ciberamenazas, por lo que se preparan iniciativas legales para sobrellevar esas eventualidades.

Juan Manuel Fernández C. y Ximena Santiago

5 de junio de 2025

|

06:00h

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La iniciativa de ley sobre ciberseguridad e infraestructuras críticas espera dictamen. Implica crear un centro de respuesta y una secretaría

Aunque se descartó que fuera un ciberataque, en abril de 2025 España y Portugal sufrieron un apagón eléctrico masivo que activó los mecanismos de respuesta a nivel nacional. Estos centros coordinan la respuesta a incidentes en sectores estratégicos como energía, transporte, banca, salud y telecomunicaciones.

En Guatemala, en este momento no existe un centro de respuesta con estándares internacionales, aunque en estos momentos se trabaja un paquete de tres iniciativas de ley que busca acelerar la reglamentación que persigue a los estafadores en línea y a los cibercriminales que atacan a escala nacional.

“No podemos tener infraestructuras críticas comprometidas”, sentencia Jorge Mario Villagrán, diputado presidente de la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional del Congreso de la República durante un foro transmitido por Guatevisión dentro de la alianza con Guatemala No Se Detiene.

La preocupación del panel de expertos se centró en que en Guatemala no existe un marco normativo uniforme que obligue a hospitales, centrales eléctricas, redes de agua o al control del tráfico aéreo a adoptar estándares mínimos de ciberseguridad.

“Hoy nadie nos defiende, porque no tenemos un marco regulatorio que nos haga perseguir los ciberdelitos… muy pronto vamos a tener un marco legal en el cual podemos trabajar para protección de los ciberdelitos” dice Villagrán.

Particularmente se refirió al paquete de iniciativas que incluye la 6347, Ley de Ciberseguridad; la relativa a infraestructuras críticas, y la de protección de datos. Todas están a la espera de dictamen para iniciar su camino en el pleno legislativo.

En el foro, transmitido el pasado 2 de junio por Guatevisión –y disponible en YouTube–, también participaron Amílcar de León, experto privado en ciberseguridad, y María Zaghi, comercializadora de CampusTec y representante del Observatorio de Tecnología. El conversatorio fue moderado por el periodista Guillermo Velarde.

Vea aquí el foro completo:

Las propuestas incluyen puntos específicos que podrían cambiar la forma en la que Guatemala se defiende de los cibercriminales.

Un catálogo infraestructuras críticas

Según De León, “en Guatemala no contamos con un listado de qué es una infraestructura crítica o cuáles son, por ejemplo, el sector financiero, el azucarero, el cafetalero”. Sin embargo, añadió que unidades como la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público o el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) han creado dependencias especializadas ante el aumento de incidencias.

Entretanto, los expertos abogaron por que Guatemala cuente, por primera vez, con reglas claras y un sistema coordinado para proteger sus servicios más vitales de las amenazas cibernéticas.

Dicha ley sentaría las bases legales para crear un catálogo oficial de infraestructura crítica, definir y clasificar qué tipo de instalaciones y sistemas deben incluirse e identificar activos concretos que, de ser comprometidos, pondrían en jaque al país. Además, establecería métodos y criterios para evaluar riesgos y vulnerabilidades de cada elemento.

“Tenemos el ejemplo del sitio arqueológico Xayá-Pixcayá, que en 2023 sufrió un ataque, y de la hidroeléctrica Chixoy, que ha sido blanco de intentos. No podemos tener infraestructuras críticas comprometidas”, complementa Villagrán.

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Añade que cada ministerio debería elaborar un catálogo de lo que considera sus activos críticos. “La ley contempla que estos catálogos no serán públicos para evitar que los ciberdelincuentes tengan acceso a la información”.

Su visión es que las cámaras también deben señalar cuáles son sus empresas críticas. “Debemos tener muchísimo cuidado con esa parte porque se puede creer que se está tratando de invadir la propiedad privada, pero no es así”, asegura.

Además de ríos, subsuelos o yacimientos minerales, que pueden ser considerados como infraestructuras críticas naturales, en Guatemala se han identificado otras como hospitales, puentes, aeropuertos, carreteras, puertos, aduanas, depósitos de combustible y centrales hidroeléctricas, que cada órgano del Ejecutivo debería categorizar de manera institucional.

Un centro de respuesta a incidentes

Para Zaghi, en esta etapa de discusión es importante coordinar lo que llama una “gobernanza inclusiva” y “descentralizada”, quizás apoyada en tecnologías como blockchain.

Según Villagrán, la ley contempla la fundación de una Secretaría de Infraestructuras Críticas dentro del Consejo Nacional de Seguridad, con autonomía para coordinar a todos los actores involucrados en la estrategia de ciberseguridad.

“Anualmente se registran más de 360 mil millones de intentos de ataques solo en Latinoamérica, según De León. Aquí estamos hablando solo de Guatemala. ¿Cuántos de estos llegan a ser efectivos? Hay un déficit de profesionales de más de 4 millones en el mundo. Entonces, no es solamente una cuestión de decir que existe o no una ley”.

En este marco, los panelistas también coincidieron en la necesidad de crear institucionalidad alrededor de la ciberseguridad y la ciberdefensa. En primer lugar, con la secretaría autónoma que mencionaba Villagrán, y en segundo, con lo que se conoce en inglés como un centro de respuesta a incidentes, o CSIRT (Computer Security Incident Response Team).

Según una definición solicitada por Prensa Libre al equipo de Comunicación de Villagrán, este centro “contará con las facultades para dirigir y coordinar la respuesta a incidentes de seguridad informática con instituciones públicas y privadas; sean estos relativos a la ciberseguridad y ciberdefensa del Estado de Guatemala”.

“El problema que tenemos es dónde lo vamos a colocar –el centro de respuesta–, porque la gobernanza es una parte muy importante del sistema de seguridad no solo nacional, sino que de toda Guatemala”, dice Villagrán.

La propuesta debe establecer la institucionalidad, principios y normativa general que permitirán estructurar, regular y coordinar las acciones de ciberseguridad de los diferentes organismos del Estado y particulares.

De León aporta que “España tiene siete CSIRT especializados; (pero) nuestro objetivo debe ser, primero, contar con un CSIRT robusto y luego descentralizar”. Para Villagrán, también el centro de respuesta debe ser autónomo, con participación público-privada y “sin politización”.

Ciberdelitos definidos

“En donde tuvimos un poco de más retraso fue en los ciberdelitos, que requería mucho trabajo de cómo tipificarlos. La ley va a estar un poco dura en lo que respecta a las penas, y evitar que sean de esas de que usted salga de prisión con un pago, porque si no los jueces se van a ir por lo más fácil”, informa.

De León complementa que existen en el Código Penal “algunos pocos artículos que no hablan de cibercrimen ni de ciberseguridad, pero es lo que tenemos hoy”. Por ejemplo, agrega, “la extorsión es un delito que ya está tipificado, solamente que hoy en día lo tenemos ejecutado con herramientas digitales, lo que ya crea el nuevo término de ciberextorsión”.

La Convención de la ONU contra el Delito Cibernético establece por lo menos una decena de nuevos ciberdelitos, que van desde el robo o fraude relacionados con un sistema de tecnología hasta la difusión no consentida de imágenes de carácter íntimo o la falsificación informática. La lista la continúan violaciones como la instigación con fines sexuales contra menores o la interceptación ilícita de datos no públicos transmitidos a través de diversas tecnologías.

“Los que están detrás del ataque no están en Guatemala, y eso complica la situación enormemente porque, a diferencia de un crimen convencional, en donde tenemos un arma homicida en una escena del crimen, acá no sabemos en qué parte del mundo se puede encontrar a la persona que está detrás de la computadora haciendo el ataque”.

Según el equipo de comunicación de Villagrán, ya se completó la revisión de la mayoría de los puntos referentes a la iniciativa de ley de ciberseguridad, a excepción del apartado de ciberdelitos y gobernanza. Estiman que, en un mes, se contaría con el dictamen de la ley, no obstante, señalan que este podría retrasarse por motivos de agenda y reuniones.

Cooperación internacional

El experto De León es enfático en que Guatemala necesita del apoyo internacional. “No hay país que pueda independientemente con un ataque donde estamos hablando de que cuatro, cinco, seis países se unen con un ejército de cibercriminales para atacar una víctima”.

En este sentido, Villagrán informó que Guatemala renovó su suscripción al Convenio de Budapest el 12 de abril y tiene tres años más para alinearse.

El Convenio de Budapest es un instrumento que incluye estándares internacionales mínimos y normativa de derecho internacional relacionada con el tema de ciberseguridad.

“Es clave la cooperación público-privada e internacional (Convenio de Budapest). Sin regulación local no podemos formalizar un CSIRT ni hacer efectivo el convenio”, añade De León.

Paralelamente, está pendiente la socialización de las iniciativas mencionadas y su trámite para dictamen.

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“La determinación de solicitar visa a terceros países para ingresar al país es una facultad soberana que ejerce Costa Rica a través de la Dirección General de Migración y Extranjería, y en esta ocasión obedece a razones de seguridad nacional”, indicó la Dirección de Migración sin precisar más detalles.

Los viajeros hondureños que deben hacer escala en los aeropuertos costarricenses no necesitarán esa visa. Esta medida fue publicada en el diario oficial La Gaceta el pasado viernes y rige a partir de este martes.

El ministro de Seguridad, Mario Zamora, dijo el lunes que la medida obedece a que se ha detectado la presencia de sicarios y grupos delictivos de hondureños que tienen lazos con bandas narcotraficantes del Caribe costarricenses, y que incluso han ingresado al país con vehículos blindados.

“Las barreras migratorias son barreras de protección que estamos usando para proteger al país ante la influencia sicarial y de bandas organizadas que desde Honduras, en ese proceso de expansión del norte hacia el sur (de Centroamérica), pretenden sobre nuestro país”, afirmó Zamora.

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Los datos oficiales indican que en lo que va de 2023, han ingresado a Costa Rica 25.900 personas hondureñas.

Requisitos de la visa para los hondureños

La visa consular deberá ser gestionada personalmente por la persona hondureña ante los agentes consulares costarricenses en su país de origen, quienes serán los funcionarios competentes para otorgarla por un máximo de 30 días, prorrogables a 90.

Entre los requisitos que Costa Rica solicita para esta visa se encuentran presentar una solicitud formal al consulado con la información personal, motivo del viaje, tiempo previsto de permanencia, profesión u oficio, y la dirección exacta del lugar donde va a permanecer en Costa Rica.

Los hondureños también deberán presentar una reserva tentativa del boleto o pasaje de regreso, un comprobante de los medios económicos para su subsistencia, documento de antecedentes penales.

Costa Rica solicita visa consular a ciudadano de 80 países, de los cuales 5 son de Latinoamérica: Colombia, Venezuela, Nicaragua, Ecuador y ahora Honduras.

Honduras aplica reciprocidad

El Gobierno de Honduras anunció este lunes que aplicará el principio de reciprocidad a Costa Rica, por lo que a partir de este martes se exigirá visado consular a los ciudadanos costarricenses que quieran ingresar a territorio hondureño.

“Que, aplicando el principio de reciprocidad, a partir del día martes 10 de octubre, el Gobierno de la República de Honduras exigirá la visa consular a todos los ciudadanos costarricenses, sin excepción alguna”, indicó la Secretaría de Relaciones Exteriores en un comunicado.

“Respetamos las decisiones soberanas de los Estados, pero consideramos que entre naciones hermanas debe primar el diálogo para solventar cualquier diferencia en visiones, sobre temas de interés mutuo”, subrayó la Cancillería hondureña.

Las autoridades de Migración y de la Cancillería de Honduras acordaron el fin de semana con las de Costa Rica “posponer” la medida, por 72 horas, con el objetivo de “solucionar el problema a las personas en tránsito”,

El canciller hondureño, Eduardo Enrique Reina, dijo que la visa que exige Costa Rica a los hondureños “es un retroceso” y señaló que, según las autoridades costarricenses, la medida obedece a un “tema de seguridad” en su país.

La exigencia de una visa “es un retroceso y un trámite engorroso que va a provocar que hondureños que viajan normalmente por temas comerciales o de estudio, tengan que pedir visa, es un retroceso a las prácticas centroamericanas”, subrayó.

Reina indicó que el canciller de Costa Rica, Arnoldo André, le comentó que la medida se aplicó debido a “un aumento de la participación de grupos criminales en Limón (en el Caribe costarricense) y la llegada de algunos sicarios hondureños” a este país centroamericano.

Uno de los costarricenses intentó ingresar a Honduras por el punto de El Guasaule, fronterizo con Nicaragua, y otro por el punto de Agua Caliente, frontera con Guatemala, señaló.

“No ingresaron ellos (los dos costarricenses) y toda persona costarricense que no tenga visa consular no va a poder ingresar”, subrayó Alvarenga, quien enfatizó que todas las personas de Costa Rica que quieran ingresar al país deben “cumplir con el requisito de tramitar su visa”.

Expresidente Arias: “Es desacertada la medida”

El expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz, Óscar Arias, afirmó que el comercio, el turismo y la inversión en Centroamérica sufrirán trastornos con la decisión del Gobierno costarricense de exigir visa consular a los ciudadanos hondureños por motivos de seguridad nacional.

“Esta desacertada medida no solo trastorna el comercio, el turismo y la inversión centroamericana , sino que evidentemente el gobierno hondureño también nos impondrá el requisito de visa para viajar a ese país”, expresó Arias en un comentario que publicó en sus redes sociales.

El exmandatario dijo que “lo que cabe ante una disposición tan perjudicial es rectificar” y comparó la medida del gobierno con el fusilamiento en San José del prócer Francisco Morazán el 15 de septiembre de 1842, cuando luchaba por la unión de Centroamérica.

“Desde que fusilamos a Francisco Morazán un inolvidable 15 de setiembre, no habíamos tomado una decisión tan equivocada como exigirle al pueblo hondureño visa para visitar nuestro país”, aseveró Arias.