Cada vez está más cerca el plazo en que el Ejecutivo debe enviar su propuesta de Presupuesto 2022 para su aprobación a un Congreso que aún no consolida sus criterios para apoyar el plan de gastos de la nación.

El presupuesto del Estado no se ha aprobado desde el 2018 y para no repetir los mismos errores, expertos financieros recomiendan que desde ya se deben generar los espacios de diálogo y discusión para evitar contratiempos.

El Ejecutivo debe presentar la iniciativa de ley, a más tardar, el 2 de septiembre. Luego el documento debe ser conocido por el pleno y enviado a la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda para su dictamen. Esa mesa la integran 15 diputados, de los cuales seis son de oposición.

Hay dos caminos para aprobar el presupuesto luego de su dictamen favorable: por el proceso normal de tres lecturas con 81 votos a favor en cada una, o de urgencia nacional, sin discusión, con el apoyo de 107 diputados en una sola sesión.

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El haberlo aprobado sin discusión fue uno de los errores en el 2020. La alianza oficialista promovió la moción de urgencia y evitó la fiscalización ciudadana, aprobando el gasto del Estado por la madrugada.

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Señales de alerta

Paul Boteo, analista de la Fundación Libertad y Desarrollo, considera que se debe comenzar por discutir el monto del presupuesto, y que este no exceda un déficit mayor al 2% del Producto Interno Bruto (PIB).

Un monto exagerado complicaría el pago de la deuda externa del país, y traería como consecuencia posibles reformas fiscales que se materializarían en un aumento de impuestos, agrega Boteo.

“Para Guatemala esto puede significar desestabilidad política. En primer lugar, por la pretensión de incrementar impuestos para pagar esa deuda, pero también causa incertidumbre entre los inversionistas internacionales, porque los desequilibrios macroeconómicos de deuda a veces se ven reflejados en el tipo de cambio, por ejemplo”, expuso.

Boteo también estima prudente desarrollar un ejercicio democrático y transparente en el pleno, ya que no hacerlo podría traer las mismas consecuencias que el año pasado, de grandes manifestaciones ciudadanas en contra de los diputados.

Sin embargo, la discusión del presupuesto ahora debe incluir otro componente: la pandemia.

Según Édgar Balsells, economista investigador del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), esta variable se debe tomar en cuenta, porque hay muchos bolsones de dinero que se deben dirigir a la protección, tanto sanitaria como económica.

“Tiene que escucharse al grupo de epidemiólogos, de virólogos, porque esto viene peor que el año pasado”, advirtió.

Más allá de los criterios técnicos, el presupuesto finalmente será aprobado con criterios políticos y ahí el panorama es más difuso, porque depende de cabildeos y negociaciones entre las diferentes bancadas, en un Congreso donde el oficialismo y los bloques afines tienen un peso considerable.

Ofrece puertas abiertas

Duay Martínez preside la Comisión de Finanzas y espera que este año sí se apruebe el Presupuesto 2022. ¿Cómo se prepara la Comisión para este nuevo desafío?

Las próximas dos sesiones de trabajo son para la planificación de cara al presupuesto 2022. Sin embargo, somos la mesa con la carga laboral más alta en el Congreso, porque casi todas las de iniciativas de ley terminan llegando con nosotros. Ahora la prioridad nuestra va a ser tratar de dictaminar las iniciativas de ley que no tienen nada que ver con el presupuesto, para que podamos tener el tiempo necesario y suficiente. Las condiciones nunca van a ser las favorables para dictaminar una iniciativa de ley; casi siempre esta situación es bastante complicada y más en estos tiempos.

El año pasado se tuvo que dar marcha atrás a lo aprobado. ¿Qué errores se cometieron?

En lo personal creo que lo que el gobierno hizo mal, en buena parte, fue la comunicación, entre lo que se estaba aprobando y lo que estaban solicitando, y ganó la desinformación. El discurso de aquel entonces, según decía la oposición al gobierno, es que era el presupuesto más grande de la historia. Luego fue archivado. Entonces, lejos de ayudar, creo que se terminó haciendo un daño al país. Como se recordará, en el transcurso de las manifestaciones el tema fue coherente con el momento, era una bandera política.

¿Cómo va a evitar la Comisión de Finanzas que se repita lo del año anterior?

Recordemos que las decisiones en el Congreso al momento de votar son personales. Se toma la decisión de votar o no por algo, pero el resultado es colegiado. Al final, el resultado es la decisión de un cuerpo colegiado, tanto en la comisión como en el seno del Congreso. Hubo muchos temas que a lo largo del año trataron de desgastar al gobierno de turno. Todos los gobiernos tienen su propio desgaste, el actual tuvo el suyo.

El año pasado abrimos las audiencias donde recibimos, si no a todos, a la gran mayoría. Tratamos de atender para poder responderle a la mayoría. Creo que lo otro que tenemos que hacer es lo que hicimos del año pasado. Es imposible quedar bien con todos, no se puede realmente, pero al final del día ya se tiene comprometido cerca del 90 por ciento del gasto, con nombre y apellido. Lo único que se puede orientar un poco es un 7 u 8 por ciento del total. Argumentaré la necesidad de un salón más amplio, de eso va a depender que podamos replicar el número de audiencias o que nos tengamos que limitar, posiblemente.

Hasta la noche del jueves (24 horas después del anuncio en cadena nacional de radio y televisión) no se había publicado el Acuerdo Gubernativo que dispondrá las readecuaciones presupuestarias internas.

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Uno de los cambios fundamentales dentro de lo anunciado por Giammattei es que la readecuación será interna, por lo que no acudirán al Legislativo, como se planteó en noviembre, luego de las jornadas de protesta y rechazo al presupuesto aprobado por la ciudadanía. Además, el mandatario dijo que el nuevo techo era de Q94 mil millones, lo que generó confusión en la opinión pública.

El presupuesto vigente será de Q107 mil 760 millones con el que trabajará el Ejecutivo, aclaró el ministro de Finanzas Públicas, Álvaro González Ricci, luego de acudir a una citación al Congreso este jueves.

En esa citación se confirmó que, por ley, el único órgano competente para hacer modificaciones al plan de gasto es el Legislativo.

Minfin: “No se usurparán funciones”

González Ricci afirmó que la redacción del comunicado oficial no está clara, y señaló que el Ejecutivo no puede pedir una reducción del gasto, ya que como indica la ley, el presupuesto vigente es de Q107 mil 760 millones.

Mencionó que se realizará la readecuación para que los ministerios tengan un techo ajustado a lo que van a ejecutar durante el ejercicio fiscal.

Citó como ejemplo que el Ministerio de Desarrollo tuvo una asignación de Q7 mil millones en 2020, por el manejo de los programas sociales, y eso recursos ya no estarán disponibles. En este contexto, se separarán las fuentes de financiamiento no ejecutables para colocarlas en una cuenta de obligaciones -para los efectos contables- y no cambiar el techo de Q107 mil millones. “La idea es dejar a los ministerios las cuotas que sean ejecutables este año, para que la evaluación de su ejecución no sea sobre recursos con fuentes no ejecutables”.

“No se quiere usurpar funciones del Congreso, y estamos claros de que son readecuaciones internas en que el techo se mantiene en Q107 mil millones, y se están congelando las fuentes no ejecutables”, aseguró el ministro.

El ministro resaltó que se creará una cuenta de Q13 mil 888 millones en Obligaciones a Cargo del Tesoro que no será ejecutable porque no tendrá financiamiento y se congelará ese espacio presupuestario.

El monto ejecutable sería de Q94 mil millones, pero se mantendría el techo que dicta la ley que es de Q107 mil millones.

Espacio libre para más deuda

El diputado Carlos Barreda expuso que al haber quedado libre ese espacio presupuestario de Q13 mil millones, no garantiza que a futuro el Ejecutivo pueda presentar alguna iniciativa de contratar más deuda pública, que le corresponde conocer al Congreso, con el argumento de que existe espacio.

Fernando Spross de Fundesa, añadió que sigue siendo un tema de incertidumbre, sobre todo para la evaluación de las agencias de calificación de riesgo país, que puede afectar las transacciones en los mercados internacionales, así como la desconfianza para Guatemala.

Al respecto, el ministro detalló que no se solicitarán nuevos préstamos para financiar el plan de gasto, asumiendo que con las fuentes existentes en el presupuesto se llegaría a los Q94 mil millones (y no a Q107 mil millones).

La estructura de financiamiento del presupuesto que presentó Giammattei el miércoles fue Q64 mil 27 millones en funcionamiento que representa 67.9%; por emisión de bonos y préstamos aprobados Q22 mil 147 millones, 23.4%; ingresos no tributarios y donaciones, Q4 mil 799 millones, 5.1%, y saldos y caja Q3 mil 380 millones, 3.6%.

Aunque queda libre ese espacio presupuestario que no cuenta con financiamiento, González Ricci reconoció que, si se utilizara ese techo, tendrían que acudir al Congreso para hacer una solicitud de bonos, que es la vía legal.

Barreda expuso que los ministerios más beneficiados en cuanto a las readecuaciones son el de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) con un techo de Q7 mil 409 millones, y Salud, con Q10 mil 621 millones.

Además, en automático, denunció que los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), recibirán un aporte extraordinario de Q600 millones, como fueron aprobados en 2020.

El ministro expuso que la parte numérica de las asignaciones las llevó a cabo el gobernante.

Se encienden alertas

Los representantes de los tanques de análisis también fueron citados al Congreso y se mostraron sorprendidos por la decisión de Giammattei. Mencionaron que aún estaban trabajando en la propuesta de normas presupuestarias en la mesa convocada por el vicepresidente Castillo Reyes, que se incluirían en la propuesta de modificación que conocería el Congreso.

Pedro Prado, de Asíes, dijo que fueron convocados con el vicepresidente para diseñar mecanismos en las modificaciones de un manejo adecuado del déficit fiscal, transparencia y el destino de recursos para infraestructura productiva, y los grandes temas de urgencia que hay que atender –la pandemia, las vacunas y la población afectada por las tormentas Eta e Iota– pero tomó con sorpresa la cifra que brindó el gobernante en cadena nacional.

Recordó que, en la última reunión de análisis, se había hablado de un presupuesto de Q98 mil 969 millones, y se había consensuado en llegar a un máximo de Q96 mil millones, pero se confirmó la cifra de Q94 mil millones.

Ricardo Barrientos, analista del Icefi, manifestó que hay una preocupación y una alarma grave, ya que el presidente “se puso a negociar directamente las asignaciones presupuestarias y los techos a los ministerios, sin el acompañamiento técnico del Ministerio de Finanzas”.

En todo caso, dijo, que se puedan corregir la falta de respaldo técnico en la elaboración del acuerdo gubernativo.

Spross dijo que se tiene que diseñar un presupuesto que busque reducir el déficit fiscal para este año, así como 2022 y 2023, y enmarcar las prioridades en Salud y combate a la desnutrición.  Por otro, lado definir mecanismos de austeridad y reducir las asignaciones que no brinden resultados.

Mantiene alianza

Rubén Hidalgo, director del Incep, comentó que en este momento Giammattei cuenta con una alianza legislativa y no le representa desgaste, sino un respaldo a cualquier iniciativa que presente al ritmo que necesite.

“Hay un trabajo coordinado entre el Ejecutivo y Legislativo que priorizan ellos”, sostuvo, y el mensaje a la ciudadanía es quitarle presión al presupuesto de los Q107 mil millones al argumentar que bajó a Q94 mil millones, pero sin poner los candados por la vía legal.

Marvin Flores, analista de Acción Ciudadana, remarcó que, al continuar el presupuesto del 2020, hay normas presupuestarias vigentes, pero hay un golpe de credibilidad al gobierno.

El intento del Ejecutivo de aplicar modificaciones ocurre luego del archivo de la aprobación, así como los acontecimientos suscitados hace una semana.

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Todo apunta a que el Congreso podría responder con la aprobación de las reformas que diferentes sectores están planteando, pero a la vez podrían incluir aspectos que les interesan a los diputados, sobre todo a los distritales, según la percepción de analistas políticos.

Las autoridades informaron sobre los avances del diálogo convocado por el Gobierno, y se confirmó que las conclusiones y resultados para modificar el plan de gasto estarían siendo presentadas en la tercera semana de diciembre, fuera del período ordinario de sesiones.

La apertura del presupuesto es el 1 de enero del 2021 con el inicio del año fiscal en Guatemala.

Guía de diálogo

El ministro de Finanzas Álvaro González Ricci y Marco Tulio Leonardo Bailón, subsecretario de la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia, presentaron la guía del proceso de diálogo con los diferentes sectores.

El próximo 3 de diciembre se cerrará la recepción de propuestas y luego vendrá el proceso de sistematizar del 7 al 11 de diciembre y plantear el borrador final.

Para ello se estaría nuevamente citando a los representantes de los tanques de pensamiento y sectores para abordar las conclusiones en una reunión pública y en la tercera semana de diciembre se estaría presentando al Congreso.

La SAT estaría presentando un nuevo escenario de recaudación tributaria. Leonardo Bailón, dijo que se está en la fase de sistematizar los planteamientos formulados esta semana.

Enfoques

Las propuestas estudiadas coinciden en cuanto grandes temas, expresó González Ricci.

El primero es bajar el techo del monto del presupuesto de Q107 mil millones, reducir el monto de la deuda; que en el presupuesto vigente es de Q14 mil millones por las ampliaciones del covid-19; elevar la recaudación para reducir el porcentaje de contratación de nueva deuda y la implementación de las normas de transparencia y calidad el gasto.

También se incluyen medidas de fiscalización para los aportes a los Consejos Departamentales de Desarrollo y onegés, así como priorizar el gasto en áreas como salud, educación, combate a la desnutrición e infraestructura.

Lectura

Rubén Hidalgo, director general del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep), remarcó que se presentó la oportunidad para corregir el presupuesto, y se tuvo que hacer de una manera más responsable para que el gasto del 2021 respondiera al de un proyecto de país.

“Era la oportunidad de hacer que, entre el Ejecutivo y Legislativo, hablaran con el liderazgo de la sociedad civil y los tanques de pensamiento al enmendar la plana… que el Congreso atendiera esa construcción de puentes para llegar a donde se quería ir, pero todo se quedó corto”, consideró Hidalgo.

A su criterio, el escenario que se abrió es muy limitado, y apunta a que el presupuesto esté sujeto a un recorte, con restas y divisiones, y se percibe que está divorciado de las aspiraciones a un verdadero proyecto de país.

Maniobras

Luis Linares López, analista de la Asociación de Investigación de Estudios Sociales (Asíes), declaró que ante los resultados del diálogo, el Congreso tendrá margen de intervención, ya que ese organismo aparece como el más responsable en este proceso.

“En la forma en que se aprobó el presupuesto anterior, el Congreso tendrá un margen de maniobra muy grande y cualquier cosa que haga puede utilizar en su contra”, explicó.

Dijo que algunos alcaldes en áreas inundadas están culpando al Legislativo por la falta de recursos para atender la emergencia en el 2021 por los efectos de las tormentas en noviembre, y eso se traduce en presión para los políticos distritales.

Voluntad política

Hidalgo reiteró que, para la aprobación de estas correcciones, lastimosamente los diputados adolecen de voluntad política y de conocimiento que fundamente  el compromiso de país y siempre dan muestra de responder a intereses particulares y sectores.

Solo dar marcha atrás es una muestra de eso, y ahora con la aspiración de reacondicionar el gasto público, para que no allá expresiones ciudadanas en contra del presupuesto que estará divorciado de la realidad de país, y hay algunos diputados que están más preocupados en dejar de hacer obras en sus departamentos y de quedar fuera del listado geográfico de obras.