El 16 de abril se cumple un año de las primeras capturas de los implicados en la estructura criminal La Línea. A partir de ahí, el MP y la Cicig han continuado investigando y presentando casos de alto impacto ante los tribunales.

Con cada uno, la sociedad se conmociona y en la opinión pública se debate sobre la captura del Estado, las implicaciones de que el poder político y económico (tradicional y emergente) sea parte de las mafias o las financie y los alcances que puede tener para el país la batalla que se libra.

Pero no solamente se dan estas reacciones. Al interno de los grupos mafiosos también hay movimientos para impedir que continúe el temblor que está empezando a romper el muro de la impunidad que por décadas los ha protegido. Los casos han develado cómo las instituciones y los organismos del Estado han sido capturados y cómo a través del financiamiento a los partidos políticos se ha tejido una telaraña que propicia el tráfico de influencias y la aprobación de leyes y contratos a la medida, que han derivado en el enriquecimiento ilícito de funcionarios de todos los niveles. También ha quedado claro el contubernio entre bufetes de abogados y operadores de justicia que dictan resoluciones a la carta.

Recientemente, el proceso penal por la defraudación de US$256 millones y la devolución de crédito fiscal a la empresa Aceros de Guatemala permitió comprobar lo que por años fue un secreto a voces: la consuetudinaria y millonaria evasión de impuestos que las mega-empresas guatemaltecas realizan a través de diversos mecanismos.

Si a esto le agregamos los casos de justicia transicional en los que están señalados militares vinculados con las estructuras de la contrainsurgencia, que cometieron gravísimas violaciones a los derechos humanos durante la guerra, el panorama se vuelve más complejo. La captura de 18 oficiales de alto rango que próximamente enfrentarán la audiencia para ver si son enviados a juicio por delitos de desaparición forzada y deberes contra la humanidad, se suma a los procesos por genocidio y esclavitud laboral y sexual.

Por eso, todos estos sectores (funcionarios y políticos corruptos, empresarios tradicionales y emergentes, militares de la contrainsurgencia) se han unido en una causa común: destruir al MP y a la Cicig —y por supuesto, a las entidades internacionales que les apoyan (léase embajadas y Sistema de Naciones Unidas)— e intentar detener los procesos que se avecinan. Porque no se necesita ser muy perspicaz para saber que a partir de los casos que ya están en tribunales se han descubierto otras redes y están por aparecer nuevas acusaciones.

Es en este marco que se inscribe la arremetida contra la comunidad internacional y sus actores más visibles (ver el artículo: Se avecina guerra de Jimmy y G8 contra EE. UU.-Cicig, en nomada.gt). El capital político que ha acumulado Iván Velásquez es muy grande y por eso, hasta ahora, a los que se ataca es a sus aliados o a su contraparte local, el MP.

La estrategia es utilizar un falso nacionalismo y la defensa de la soberanía como bandera, cuando lo que se quiere es destruir a las instituciones que —por fin— han empezado a desbaratar a las redes criminales o cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, como dice el mandato de la Cicig. Ni modo que digan su verdadero propósito lo disfrazan lo suficientemente bien para que parezca un genuino reclamo en defensa de la patria.

A medida que los casos avancen o sigan apareciendo nuevos, el contrataque subirá de tono para evitar que caiga el viejo sistema que construyeron y les sigue dando cobijo.