Los poblados incluso exigen que sean los patrones lo que sean castigados por no pagar.
El incidente ocurrido en Langzhong, en la provincia de Sichuan, subraya los temores de que el sistema chino no protege los derechos de los trabajadores ante empleadores que gozan de vínculos políticos, y ante un gobierno obsesionado con la estabilidad y el orden público, y temeroso de cualquier indicio de protesta.
“¿Dónde está la dignidad de la ley? ¿Dónde está la conciencia?” se preguntó Sima Nan, un estudioso e investigador social conocido por su férrea defensa del sistema político chino.
Los trabajadores fueron castigados por defender sus derechos “pero no fueron castigados los que malintencionadamente se negaron a pagarles, ni siquiera se les dio una condena moral”, escribió Sima en su microblog.
La falta de paga a los trabajadores es un problema grave entre los obreros chinos, especialmente los migrantes que trabajaban informalmente en la industria de la construcción.
Se supone que hay que pagarles antes de que viajen a sus ciudades de origen el mes antes del feriado para el Año Lunar, pero muchas empresas no lo hacen.
A pesar de las exigencias del gobierno central en Beijing de que se les pague completamente y a tiempo a los obreros, el problema perdura, en parte porque a las autoridades locales no les importa, o son cómplices de los empleadores.
La respuesta inicial a cualquier protesta es la represión, en vez de hallar la raíz del conflicto, y usualmente emplean leyes poco conocidas contra la obstrucción de vías o alteración del orden público.
