La primera, el Apolo 11, alunizó el 20 de julio de 1969. El astronauta Vance Brand, ya retirado, viajó en la última nave del programa, la Apolo-Soyuz, en 1975. En su caso, el aparato no tenía como objetivo llegar a la Luna, sino acoplarse por primera vez con una nave soviética, la Soyuz. Brand se muestra a favor de preservar todos los lugares de aterrizaje lunar.
“El programa lunar Apolo fue uno de los grandes logros de la historia estadounidense”, afirma el proyecto de ley presentado en la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, en julio del año pasado por la representante demócrata Donna Edwars, a la que se sumó la también demócrata Eddie Bernice Johnson.
El documento, remitido al Comité de Ciencia, Espacio y Tecnología y al Comité de Recursos Naturales, todavía no ha sido presentado en este período de sesiones –que concluye en enero de 2015– y los expertos no confían en que prospere. “Por la información que me llega desde el Comité de Ciencia, Espacio y Tecnología, la iniciativa será revisada y se volverá a presentar”, adelanta Beth O’Leary, arqueóloga de la Universidad de Nuevo México, Estados Unidos, especializada en cuestiones espaciales.
Para que saliera adelante tendría que aprobarse por las dos cámaras del Congreso –la Cámara de Representantes y el Senado– y, posteriormente, ser firmada por el presidente Barack Obama, algo muy difícil hoy por hoy. El proyecto de ley pretende proteger a los lugares lunares que tocaron las naves Apolo, incluida su tripulación, de iniciativas comerciales o naciones extranjeras que ya tienen capacidad para aterrizar en la Luna, como es el caso de China ,explica O’Leary.
En su opinión, la iniciativa está mal planteada porque no engloba a la comunidad internacional, y choca con el Tratado del Espacio Exterior de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), firmado en 1967 y al que se han adherido más de 100 países, entre ellos, Estados Unidos. En su artículo II, el Tratado establece que el espacio ultraterrestre, incluida la Luna y otros cuerpos celestes, no podrá ser objeto de apropiación nacional por reivindicación de soberanía, uso u ocupación, ni de ninguna otra manera.
Hay otras voces que se muestran partidarias del proyecto de ley, como Pete J. Capelotti, antropólogo de la Universidad Penn State, Estados Unidos. “El proyecto debería aprobarse”, asegura. En su libro La Arqueología Humana del Espacio (2010), Capelotti propone que estos lugares sean tratados como reservas arqueológicas, con áreas delimitadas claramente para protegerse del deterioro ambiental y de los efectos de la exploración futura, las visitas y una potencial explotación.
Mientras tanto otros científicos opinan que declarar estas áreas parque nacional podría ser percibido como reclamo de soberanía de Estados Unidos sobre la Luna, lo que contradice a la ONU, pero opinan que sí se podría administrar como los océanos, lugares que también interesan a toda la humanidad. “La Luna debería ser considerada como la Antártida, una reserva internacional para la ciencia y la educación”, dice Pete J. Capelotti, antropólogo de la Universidad Penn State, de Estados Unidos, autor del libro La Arqueología Humana del Espacio (2010).
En el continente helado rige, desde 1961, el Tratado Antártico, un documento que consiguió poner de acuerdo a los países más enfrentados en esa época, Estados Unidos y la antigua Unión Soviética, sumidos entonces en plena Guerra Fría. Este acuerdo evitó que potencias como Reino Unido, Estados Unidos o Argentina siguieran usando el territorio como zona de pruebas militares y consagró a la Antártida como un territorio utilizado exclusivamente para fines pacíficos, con libertad total para la investigación científica. Con información de:www.agenciasinc.es
