Este gran volumen de recursos de inconstitucionalidad recuerdan el también voluminoso número de inconstitucionalidades que contenía el paquete fiscal del presidente Vinicio Cerezo, aprobado el 15 de septiembre de 1987. En esa ocasión señalé públicamente 33 inconstitucionalidades, que finalmente fueron eliminadas de las leyes. Se hizo revisión de las mismas en 1988 y después de pasar por el filtro de la Corte de Constitucionalidad, se aplicaron íntegramente. La más famosa de esas leyes fue la Ley del Impuesto sobre Inmuebles que estableció el autoavalúo. En ese gobierno, el partido Democracia Cristiana en el ejercicio del poder tenía la mayoría de votos en el Congreso de la República, y una vez presentada la iniciativa del Organismo Ejecutivo al Organismo Legislativo, colorín colorado y ese cuento se había acabado.

Con motivo de ese paquete fiscal, surgió un grupo de especialistas tributarios, que hoy dominan el espectro público en ese tema, siendo columnistas de prensa, capacitadores en la aplicación de las leyes tributarias y asesores fiscales. Esta nueva profesión ha tomado mucho impulso, y se observan académicamente las maestrías y doctorados en Derecho Tributario. Confirma el dicho popular: lo más seguro en la vida son la muerte y los impuestos.

La prueba del ácido

En febrero del 2012 se aprobaron las leyes citadas con una rapidez que fueron motivo de alabanza política, dado que recién acaba de asumir el nuevo gobierno dirigido por el presidente Otto Pérez Molina, y se le dio el beneficio de la duda a esas leyes. Ahora viene la prueba del ácido, como se dice en contabilidad. Se trata de comparar el texto de la Constitución Política con el texto de las nuevas leyes tributarias. En el caso de que se ajusten al texto de la Constitución, serán constitucionales. Si no se ajustan, serán inconstitucionalidades.

A mí siempre me ha llamado la atención en las reformas fiscales que, si bien el Organismo Ejecutivo tiene la iniciativa de ley, falla en disponer de un buen grupo de abogados competentes y con experiencia constitucional.

En la actualidad, el Organismo Ejecutivo no tiene mayoría en el Congreso de la República, y además, no hay posibilidad rápida de aprobar ninguna reforma de ley tributaria, mientras se llevan a cabo las interpelaciones a los ministros de Estado. En el Congreso se encuentra la propuesta de reformas a la Ley Aduanera Nacional; si el Ejecutivo presenta enmiendas a los decretos 4-2012 y 10-2012, estarán en lista de espera al igual que los ministros sujetos a la interpelación.

La lluvia de inconstitucionalidades presentada la semana pasada por distintos gremios empresariales de Guatemala, se hizo con el objeto de que se conocieran y resolvieran tales inconstitucionalidades. Se ha hecho público que habrá una mesa diálogo fiscal entre el Organismo Ejecutivo y los técnicos tributarios de los sectores empresariales, pero aún cuando éstos lleguen a un acuerdo, en el Congreso tendrían que aprobarse las reformas a las leyes. Se da el caso de que el intríngulis fiscal se resolverá vía la Corte de Constitucionalidad, o bien, alternativamente, por las reformas que apruebe el Congreso de la República, el que llegue primero.

La CC está preparada

La Corte de Constitucionalidad, por su parte, también se encuentra preparada para conocer los recursos de inconstitucionalidad. Desde febrero del 2012 decidió prepararse para ello. Inicialmente me solicitó colaborar con dicha Corte preparando un programa de capacitación tributaria. Por falta de tiempo no pude preparar ese plan, aun cuando les presenté a algunos especialistas tributarios, que junto con la Superintendencia de Administración Tributaria, dieron la capacitación correspondiente a los Letrados de esa Corte. Para mí fue una experiencia interesante, porque no conocía el funcionamiento interno de esa institución, ni a los mandos medios que forman el cuerpo de Letrados. Sí conocía a algunos magistrados de la Corte.

El programa de capacitación se llevó a cabo y me correspondió inaugurarlo en el Salón Principal de la Corte de Constitucionalidad, exponiendo la política fiscal de los mandatarios de Guatemala del siglo XX y lo que va del siglo XXI.