Economía

Año nuevo, desafíos viejos

El país requiere   decisiones basadas en una visión de desarrollo nacional y no solamente en la búsqueda de la supervivencia política.

Por Erick Coyoy

Con el inicio del año nuevo se ratifica la necesidad de corregir el rumbo del país. El desempeño económico nacional en el año que recién termina fue el segundo más modesto en los primeros lustros del siglo XXI, después de la significativa desaceleración económica ocurrida en 2009, como consecuencia de la crisis mundial que tuvo su detonante en Estados Unidos en 2008.

En aquel momento fueron los factores externos los principales determinantes del estancamiento registrado.

Un año después empezaron los indicios de la recuperación internacional, y el aparato productivo nacional volvió casi inmediatamente a sus niveles promedio de crecimiento mostrados desde 1990.

Pero en 2017 el panorama fue distinto. La economía estadounidense, principal socio comercial de Guatemala, tuvo un positivo resultado en el primer año del nuevo gobierno.

Sin embargo, el efecto favorable que en otras ocasiones se ha percibido del exterior no se logró en el año anterior, debido a los factores internos que llevaron en octubre último a una de las principales calificadoras internacionales de riesgo país a rebajar la calificación de Guatemala. Esto se debió a que el país no ofrece las condiciones adecuadas para la inversión productiva  y el Gobierno no cuenta con una estrategia que promueva el crecimiento económico y la generación de empleo.

La inversión pública se encuentra estancada desde 2012, durante el período   del binomio presidencial Otto Pérez y Roxana Baldetti, ahora en prisión.

Como porcentaje del gasto total del Gobierno, la inversión se redujo del 33% en 2006 al 26% en 2011, y al 16% en 2017.

El efecto de esta tendencia negativa es notablemente visible en la red vial del país, que muestra un creciente deterioro.

Por el contrario, el gasto en funcionamiento del Gobierno Central ha seguido una tendencia ascendente, por cuanto fue equivalente al 50% del gasto total en 2006, aumentó al 60% en 2011 y al 68% en 2017.

A lo anterior debe  agregarse la falta de transparencia y de calidad en el gasto público, y si bien el gobierno  destina cada año una mayor proporción de su gasto al funcionamiento, esto no se ha traducido en  mejor calidad y cobertura de los servicios públicos de educación, salud, seguridad y justicia.

En su tercer año de gestión, el Gobierno tiene la última oportunidad de pasar de la inacción a la acción positiva en materia económica e inversión pública.

Se necesitan decisiones basadas en una visión de desarrollo nacional, y no solamente en la búsqueda de la supervivencia política, como ha sido el caso de las recientes decisiones en materia diplomática.

* erickcoyoy@gmail.com