La metodología de incluir un paquete de nuevos impuestos, de la mano de la aprobación del plan de gastos, la aplicaron el Partido Patriota y el entonces ministro de Finanzas, Dorval Carías, en noviembre del 2013, cuando se aprobó una minirreforma fiscal.
En esa ocasión, los diputados legalizaron impuestos al cemento, un aumento a las regalías por explotación minera y un impuesto al uso de las telefonías celular y fija.
Los tres impuestos fueron suspendidos por la Corte de Constitucionalidad (CC).
Pese a ello, dos de esos tributos fueron retomados en la propuesta de reforma que se presentó ayer a la Dirección Legislativa.
Estudio
Estrada subrayó ayer en el Legislativo que se analizaron esas situaciones que se presentaron en el 2014 y las resoluciones de por qué la CC resolvió suspenderlas.
“Los impuestos se botaron porque hubo aspectos que no se evaluaron y que ahora los retomamos”, enfatizó Estrada.
El ministro dijo ayer que no existe un plan B si el Congreso no avala el paquete de impuestos, que generaría ingresos adicionales al fisco por Q5 mil 869.2 millones.
El ministro confirmó ayer que para el proyecto de gasto del 2017 no se está contando con los recursos que se obtendrían con su propuesta fiscal.
David Casasola, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), calificó la situación de “delicada”, porque podría traducirse en una “sobredimensión” de los ingresos al elevarse el gasto, bajo el supuesto de que aumentará la recaudación.
Ese esquema, dijo Casasola, se tradujo en una eterna contención del gasto público, que impactó a la población con una menor calidad de servicios estatales, una limitación de programas y aprobación de deuda pública que no estaba contemplada.
“Es sabio ver el pasado y no incluir el resultado, en el plan de gasto, de la reforma tributaria, porque no hay nada seguro, es una actitud prudente de parte de las autoridadades, pero es peligroso y fatal hacer una mezcla de discusión entre nuevos impuestos y presupuesto”, subrayó el investigador del Cien.
En todo caso, dijo Casasola, las autoridades deben pensar en un plan B de la reforma fiscal, como mecanismo para ampliar la base tributaria y mejorar la eficiencia de los recursos.
Estrada resaltó que hacen los últimos ajustes al proyecto del presupuesto, pero que han recibido nuevas solicitudes de incremento, sobre todo del Ministerio de Gobernación.
Por ley, el 2 de septiembre se debe presentar la iniciativa y el Congreso tiene hasta el 30 de noviembre para conocerla.
