Economía

Ley de Tarjetas de Crédito

El Congreso de la República aprobó la Ley de Tarjeta de Crédito por medio del Decreto No. 7-2015, publicado en el Diario de Centro América el 8 de diciembre del 2015 y que entrará en vigencia el martes 8 de marzo del 2016.

Por José Molina Calderón

Es un cambio en la legislación guatemalteca de gran magnitud y gran impacto para los tres agentes económicos que intervienen en la nueva ley, que consisten en los emisores, el tarjetahabiente y los afiliados. Estos últimos son los comercios o personas individuales o jurídicas que aceptan en pago la tarjeta de crédito. Asimismo, involucra a dos reguladores: la Junta Directiva del Banco de Guatemala, llamada Junta Monetaria, y la Superintendencia de Bancos.

Tamaño del Mercado

El crédito a través de tarjetas de crédito es el 8.8% de los préstamos totales, bancarios y no bancarios. Los cuentahabientes en moneda nacional son dos millones de personas con un financiamiento de Q11 mil 700 millones. En moneda extranjera son 1.4 millones de tarjetahabientes, con un financiamiento de Q1 mil 400 millones. En total, son 3.4 millones de tarjetahabientes, con créditos por Q13 mil 100 millones. La nueva ley afecta al 85% de los créditos en moneda nacional, y a la totalidad de los préstamos en moneda extranjera, por sobrepasar el tope de la tasa de interés del 26.3%, que por primera vez es móvil y flexible. Dicho de otra manera, los bancos bajarían las tasas de interés al 26.3% del 44.7% en promedio actual, y las empresas especializadas en tarjetas de crédito del 40.7% también actual.

Tres Agentes Económicos

El emisor es quien provee las tarjetas de crédito. Actualmente, son 14 entidades bancarias y 5 entidades no bancarias.

El emisor tiene que proveer los contratos, establecer las reglas económicas que incluyen la tasa de interés, comisiones, seguros y otros cargos si hubiera, aparte de hacer lo que los bancos dicen “conoce tu cliente”, y fijar el costo del seguro por robo, extravío, uso no autorizado o para cobertura de los riesgos asociados. Además, tiene la obligación de educar y capacitar al tarjetahabiente y al afiliado, lo que tiene un costo. El usuario tiene que identificar si existe algún costo explícito por esta última función.

El tarjetahabiente, el ciudadano de a pie, es la persona individual o jurídica que usa la tarjeta de crédito. Su tarea es analizar las distintas opciones que ofrecen los emisores. Tendrá que conocer cuál es el costo por disponer de la tarjeta, la tasa de interés normal y la proveniente de un retraso o mora, el costo de tener premios y el monto del seguro. El extorno, que consistía en anular el cobro por la membresía, al igual que las populares “visacuotas” para pagos mensuales sin intereses, se acabaron en Guatemala.

Además, también tendrá que decidir con cuántas tarjetas de crédito podrá trabajar si utilizaba más de una.

Los afiliados deben hacer un contrato con el emisor, con tamaño de letra en Arial 10, tal como lo establece la ley. Son los que reciben la tarjeta por el pago hecho.

Los reguladores

La Junta Monetaria, a propuesta de la Superintendencia de Bancos, deberá emitir los reglamentos necesarios para la adecuada aplicación de esta ley. Todas las entidades emisoras de tarjetas de crédito estarán sujetas a la vigilancia y supervisión de la Superintendencia de Bancos. Sin embargo, aunque esta tenga libre acceso de información, solo podrá revisar las operaciones que se refieran a tarjetas de crédito en el caso de emisoras comerciales y cooperativas de ahorro y crédito.

La Corte de Constitucionalidad recibirá acciones de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Tarjeta de Crédito, en los siguientes aspectos: el tope a la tasa de interés, las reservas de capital por riesgos que deban constituir los bancos, la violación de la autonomía constitucional del Banco de Guatemala, la libertad de comercio y la limitación de disponer de tarjeta de crédito del doble de los ingresos mensuales del solicitante.