Economía

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El G40, grupo independiente de economistas y analistas fiscales, reunido el viernes 22 de abril del 2016, dio su apoyo a una reforma de la Ley Orgánica de la SAT, en forma condicionada.

El Grupo conoció la iniciativa de ley para el Fortalecimiento de la Transparencia Fiscal y la Gobernanza de la SAT, identificada con el número correlativo 5056, elaborada por el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) y algunos diputados de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso, y asesores de la misma.

Dicha reforma está dirigida al fortalecimiento institucional de la SAT, para cumplir en forma transparente y proba con sus funciones de recaudación, aumento de los ingresos tributarios, ampliación de la base tributaria y combate a la defraudación aduanera y la evasión tributaria.

En esta oportunidad no se consideran participantes del grupo quienes, por función pública, nacional o internacional, o de asesoría, están vinculados a esta iniciativa de Ley. La opinión se expresa seguidamente.

El Grupo da a conocer la necesidad de contar con una instancia independiente a intereses gremiales y al Directorio de la SAT, que conozca de los recursos y apelaciones presentados por los contribuyentes. Y da su opinión a favor de facilitar el acceso a la información bancaria de los contribuyentes, por parte de la autoridad tributaria.

Preocupaciones

No obstante, lo anterior, expresa el G40 las preocupaciones siguientes: su rechazo a la eventual vinculación de la aprobación de la iniciativa 5056 a la aprobación de la readecuación presupuestaria presentada por el Minfin.

Su preocupación porque lejos de un modelo de anticorrupción y transparencia, la propuesta se orienta al control del Ejecutivo sobre las decisiones tributarias y aduaneras de un ente descentralizado, al mismo tiempo que concentra el poder en la figura del superintendente para decidir sobre los recursos financieros de la entidad.

Su objeción a la politización y al control de la institución por el gobierno de turno, expresado, por ejemplo, por las reformas propuestas siguientes: un Directorio conformado por ministros de Estado con funciones políticas, nombrados por el Presidente de la República. Dichos funcionarios políticos nombrarían al superintendente y a los miembros de la nueva instancia de resolución de recursos propuesta. Si el superintendente es separado del cargo por someterse a investigación, quien lo sustituye sería el intendente que él designe.

Su preocupación porque la iniciativa de ley contiene normas que afectan la eficacia y efectividad de la SAT y atentan en contra de su autonomía e independencia, por ejemplo: se elimina la naturaleza descentralizada de la SAT. La instancia propuesta para el conocimiento de los recursos está jerárquicamente supeditada al poder político del Directorio.

Y su inquietud por el poder y discrecionalidad que se otorga al superintendente, expresado en que ya no será el Directorio quien emita opinión sobre iniciativas de legislación tributaria y aduanera, exenciones y exoneraciones o asesore al Ejecutivo en materia tributaria, sino el superintendente en exclusiva. Será el superintendente quien apruebe la ejecución presupuestaria de la institución y la contratación de la auditoría externa y quien emita el reglamento de viáticos de la misma.

Solicitud del G40

El G40 opina que el acceso de las autoridades tributarias a la información bancaria de los contribuyentes tiene que ser en estricto apego a la ley y al debido proceso, resguardando su confidencialidad y sancionando drásticamente a quienes violenten lo anterior.

También solicita que el proceso de formación de ley se apegue a lo preceptuado en la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, atendiendo los dictámenes y opiniones de las entidades públicas involucradas; y que la iniciativa de ley número 5056 no se apruebe de urgencia nacional por parte del pleno del Congreso. Y que las comisiones de Finanzas Públicas y Moneda y Extraordinaria de Apoyo a la Recaudación Tributaria emitan el dictamen que corresponda de manera técnica, independiente y objetiva.

Finalmente, que el Directorio de la SAT sea nombrado mediante un mecanismo transparente y esté conformado por personas que acrediten experiencia en función pública proba y académica, ajenos a intereses gremiales y políticos; y que la instancia administrativa que resuelva los recursos y apelaciones de los contribuyentes sea nombrada y opere en forma independiente.

ESCRITO POR:

José Molina Calderón

Economista. Consultor en gobierno corporativo de empresas familiares. Director externo en juntas directivas. Miembro de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala. Autor de libros de historia económica de Guatemala.