A pesar de eso el ministerio de Gobernación amplió hasta 2017 el contrato de las cámaras de vigilancia, en la fase dos, por un total de Q152 millones 993 mil 558, con la empresa Internet Telecomunication Company de Guatemala, S.A.

Sin embargo Gobernación analiza detener el proyecto debido a la falta de fondos para continuar, que contempla 808 cámaras en las estaciones, y la instalación de 10 centros de monitoreo para hacer un total de 20.

El contrato también incluye el servicio del botón de emergencias, y la ampliación de las áreas geográficas de cobertura, situación que no ha ocurrido por no haber disponibilidad presupuestaria.

Juan Carlos Argueta, viceministro de Tecnología de Gobernación, detalló que la primera fase esta en funciones pero las imágenes no pueden ser usadas por la policía, ya que pertenecen a la empresa, porque no le han pagado.

En un recorrido realizado por Prensa Libre, se constató que los botones de pánico no funcionan y en la mayoría de paradas solo está el armazón de las cámaras.

Argueta añadió que ya se realizó un pago pero cuando haya disponibilidad financiera lo recibirá la empresa. “Ahorita está como lo dejaron” dijo.

No funcionan

La Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), realizó una inspección en marzo del año pasado y detectó que las cámaras y los botones de pánico no funcionaban.

Edgar Guerra, defensor del usuario del transporte público comentó que en realizaron las pruebas y nunca hubo respuesta.

“Para la otra semana tenemos contemplada una nueva supervisión del transporte público” afirmó el defensor.

En mayo de 2011 la Contraloría General de Cuentas (CGC), presentó una denuncia en contra el entonces director de la Policía Nacional Civil (PNC), Baltzár Gómez Barrios por anomalías identificadas en el contrato de la primera fase.

Según información de la Fiscalía Contra la corrupción del Ministerio Público (MP), la denuncia continúa en fase de investigación con el expediente MP 001-2011-47298 y se están realizando peritajes contables financieros de los contratos realizados.

“Se establecieron las deficiencias siguientes: los contratos fueron adjudicados en el régimen de excepción, es utilizado cuando existe una urgencia institucional”, decía el expediente presentado por CGC al MP.