Comunitario

Tragedia en Hogar Seguro comenzó en 2013

La tragedia, ocurrida en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, no fue el 8 de marzo pasado, comenzó en el 2013, con las denuncias de las niñas por los abusos a los que eran sometidas en dicho lugar.

Por Geldi Muñoz Palala

Niños se abrazan al salir del Hogar Seguro luego de incendió que mató a 19 niñas. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
Niños se abrazan al salir del Hogar Seguro luego de incendió que mató a 19 niñas. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Las 40 adolescentes que murieron, producto de un incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, fue la tragedia dolorosa consecuencia de un modelo fracasado de protección y cuidado a niños y adolescentes que han sido vulnerados en sus derechos por parte del Estado, opinan defensores de la niñez y la juventud.

Hasta ahora, las diferentes instituciones a cargo del resguardo de los menores siguen echándose las culpas de lo sucedido mientras el caso se declaró en reserva, sin embargo para algunos sectores esto es el reflejo de la falta de coordinación entre entidades en cuanto a las responsabilidades que tenían.

Andrea Barrios, coordinadora del Colectivo Artesanas, refirió que se presentó una denuncia por tortura y violencia institucional en contra de la autoridades de la Secretaría de Bienestar Social (SBS), y piden que se resuelva de manera individual la responsabilidad de los agentes de la Policía Nacional Civil que estuvieron el 7 y 8 de marzo en el lugar de la emergencia.

Según Barrios, se ha podido determinar que los adolescentes, mujeres y varones, que quisieron escapar del hogar eran por las situaciones de maltrato y de violencia que estaban viviendo. El Problema, de acuerdo a Barrios, está en que cuando lograron evadir el proceso de protección se les agarra y regresa al hogar, donde fueron sometidos y puestos a condiciones peores de las que pretendían huir.

Habrá que determinar cuáles eran las condiciones en las que estaban para querer salir del lugar, expuso Barrios.

Agregó: “Lejos de haber sido comprendidas (las jóvenes) en ese intento, fueron criminalizadas. Se criminalizó el hecho de escapar. Entonces criminalicemos a las mujeres que escapan de sus casas porque están siendo víctimas de la violencia, lo que pasa aquí es que el agresor no era el esposo, ni el papá, aquí el agresor era el Estado y por eso hablamos de la violencia institucional”.

Barrios sostiene: “por eso la denuncia la presentamos por los hechos sucedidos desde el 7 de marzo, por la falta de comprensión en el sentido de resguardo de la vida de huir de la situación de violencia”.

La coordinadora de Artesanas cuestionó que en el país no existen procesos para atender a jóvenes abusadas en los lugares de resguardo estatales.

Barrios explica el caso de violencia contra la mujer, donde actualmente sí existe un proceso que garantiza la protección cuando se denuncia la agresión:  “ella (la esposa) logra escapar, el marido la regresa y ella lo mata, porque ella estaba en un estado de emoción violenta. Ella ya había logrado poner a salvo su vida y en el momento en que su agresor la vuelve a agarrar, no le queda más que actuar por salvar su vida. Siempre hemos dicho que en los casos de violencia contra la mujer siempre es uno de los dos quien muere, y por eso hay tanto femicidio”.

Añadió: “Yo no entiendo porque si ahora todo esto que lo tenemos bien institucionalizado, tan comprendido y hay tanta teoría sobre el tema (violencia contra la mujer)  ¿por qué cuando resulta que es una niña y su agresor el Estado, se nos desdibuja todo el contexto? y ya no es eso. Ya no se comprende esa similitud que hay en cuanto a la necesidad de ir y escapar para resguardar su vida”.

Para la coordinadora de Colectivo Artesanas, en el  momento en que las niñas se vieron atrapadas, lejos de haber sido atendidas por la problemática que estaban viviendo, nadie les puso atención o se preocupó de qué y de quién estaban huyendo, más bien se les encerró y es muy probable que por eso ellas hayan decidido incendiar los colchones, como otra forma de llamar la atención y atendieran sus demandas.

Barrios considera que en este caso, se tenía que haber llevado a las menores a la Procuraduría General de la Nación y allí un equipo psicosocial entrar a conocer qué había motivado la fuga, y qué  motivó el escape. “Para mí en ese aspecto radica la responsabilidad absoluta del Estado, en lo que allí sucedió, porque lejos de apoyar a estas niñas, lo que hicieron fue criminalizarlas y revictimizarlas”, puntualizó.