Autoridades investigan muerte de reo

Investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio Público (MP) no descartan la posibilidad de que algunos presos y agentes policiales estén involucrados en la muerte de José Sánchez Gabriel, de 47 años, quien ingresó el 17 del mes en curso en el Centro Preventivo para Hombres de Huehuetenango, y murió a golpes tres días después, informaron fuentes oficiales.

Por La Redacción / Huehuetenango

La PNC investiga muerte de un reo en Huehuetenango. (Foto Prensa Libre: )
La PNC investiga muerte de un reo en Huehuetenango. (Foto Prensa Libre: )

El cuerpo de Sánchez fue localizado en uno de los pasillos del penal, y testimonios de algunos privados de libertad aseguraban que su muerte había sido natural; sin embargo, el informe preliminar brindado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), detalló que el cadáver tenía golpes internos.

Esta versión fue confirmada por una fuente oficial, quien aseguró que al hombre le rompieron dos costillas y habría sido atacado por no pagar la extorsión que se cobra en algunos centros preventivos, por lo que su muerte pudo haberla ocasionado alguna persona.

La fuente agregó que en el centro carcelario se debe pagar una cuota de Q6 mil a un grupo de reos que tienen el control de la prisión, y que además cuentan con apoyo de custodios policiales.

Sánchez ingresó en la prisión por el delito de violación con agravación de la pena, sindicado de abusar sexualmente de una menor en el caserío Santa Teresa, aldea Santa Rosa, La Democracia, Huehuetenango, y algunos de sus familiares aseguraron que los presos exigían dinero a cambio de no golpearlo.

Relataron que los prisioneros exigían Q6 mil, pero que negociaron una rebaja a Q5 mil; sin embargo, por ser de escasos recursos únicamente reunieron Q2 mil.

Ocho denuncias

Sergio Tumax, Auxiliar Fiscal del MP, informó que en lo que va del año se han recibido ocho denuncias de familiares de presos, quienes son víctimas del cobro de Q6 mil, por concepto de la extorsión conocida como “talacha”.

Tumax indicó que los reclusos pagan esa cantidad para que no los golpeen, y que además se ven obligados a efectuar tareas de limpieza en la prisión, que actualmente tiene un población de 253 privados de libertad.