El desempleo también obliga  a  muchos a viajar de manera ilegal  a  EE. UU., en busca del denominado sueño americano.

Gabriel Miranda, de 20 años,  vecino de Huehuetenango, refirió que  cuando tenía 18 se graduó de diseñador gráfico, pero no ha logrado conseguir trabajo en su profesión. Al igual que  sucede con  cientos de jóvenes, Miranda mantiene la ilusión de viajar a México o  EE. UU. en busca de mejores oportunidades.

“Aquí uno no  encuentra cómo desarrollarse,  y para colmo vemos cómo  funcionarios se roban los fondos públicos. Es frustrante”, indicó.

La migración ha sido siempre una  opción para los desempleados, en especial en departamentos fronterizos como   Huehuetenango y San Marcos,  donde  la falta  de trabajo  empuja a la población a buscar ocupaciones  en granjas pecuarias,  fincas agrícolas y empresas de comercios y servicios de México.

Saúl Quiñónez, huehueteco y propietario de un taller de mecánica en EE. UU., indicó  que encontrar una oportunidad de trabajo en Guatemala es difícil, y que por eso decidió migrar hacia ese país del norte,   donde  da empleo a dos personas.

Expertos aseguran que la falta de oportunidades de trabajo también  genera migración interna. Allan Figueroa, de la delegación del Ministerio de Trabajo (Mintrab) en Chimaltenango, indicó que en ese departamento un buen número de vecinos  opta por irse a la capital o  Sacatepéquez en busca de  empleo, mientras que la población campesina viaja  a  fincas de la costa sur.

Otra opción que han encontrado miles de personas desempleadas es  la comercialización de productos mexicanos, en especial mercadería de contrabando, una práctica común en Malacatán y Tecún Umán, San Marcos;  La Mesilla, Huehuetenango; y Coatepeque, Quetzaltenango, según autoridades.

Demanda laboral

Julio Rodríguez,  del Mintrab, expuso que la demanda de empleo es alta,  mientras que  la oferta es mínima en  Huehuetenango,  segundo departamento  más poblado del país,  después  de Guatemala.

“La PEA es de 700 mil 906, pero el mercado laboral —formal e informal— solo absorbe al 69.5 por ciento”, indicó Rodríguez.

Un programa que implementa el Mintrab para ayudar a los desempleados es generar  un banco de datos sobre estos y de una red de empresas  para facilitar la contratación de personas.

Solo en Escuintla  cada año se gradúan,  en promedio, nueve mil jóvenes del nivel diversificado, de los que la mayoría  busca integrarse al mercado laboral para pagar la universidad o satisfacer  sus necesidades básicas; sin embargo,  Luis Carlos González,  de la  oficina de Gestión de Empleo  del Mintrab en ese departamento, indicó que solo 340 personas han solicitado trabajo en lo que va del año. 

Se considera que en todo el país cada año  160 mil personas  se integran a la fuerza laboral, entre estos unos 110 mil son recién graduados.  “Hay escasas  oportunidades porque hay pocas empresas”, señaló  Óscar Jiménez, poblador de Escuintla.
La vecina Juana Mejía considera que la falta de trabajo incrementa  la delincuencia y violencia en ese departamento, por lo que espera que el Gobierno revise sus políticas en esa materia.

En Jalapa, la tasa de desempleo es alta, a pesar de que la mayoría de sus 355 mil 566 habitantes dependen  de la agricultura, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el más reciente censo poblacional, del 2002, se determinó que en Jalapa el 61% de la población es inactiva y no cuenta con un trabajo formal, por lo que expertos consideran que a la fecha las cosas no han cambiado de forma positiva; sin embargo, no fue posible establecer datos actuales debido a que Manuel Vásquez, del Mintrab,  se negó a proporcionar información.

Sistema funcional

Recientemente, Carlos González, analista de la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales, señaló: “El sistema económico no es capaz de generar suficientes fuentes de trabajo que le den la oportunidad a los jóvenes que buscan integrarse a la vida laboral”.

Hugo Maúl, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien),  señaló dos causas de la  falta de empleo formal en la provincia: un anticuado marco jurídico laboral, y la falta   de centros urbanos en los departamentos.
Maúl detalló que las leyes laborales no contemplan jornadas menores de ocho horas, lo que permitiría emplear, por ejemplo, a  estudiantes y mujeres con responsabilidades de estudio y de familia.

Recordó que empresarios, alcaldes y pobladores de varios municipios buscaron promover el salario diferenciado en el 2014, pero el proyecto quedó detenido   en la Corte de Constitucionalidad, luego de que sindicalistas y la Procuraduría de Derechos Humanos se opusieron.

En cuanto a centros urbanos en la provincia,  Maúl señaló que los empresarios no se instalan en los departamentos  porque carecen de las facilidades que ofrece el distrito metropolitano,  por  ejemplo: el acceso a servicios —electricidad, agua, infraestructura vial, oficinas y bodegas—, mano de obra calificada y cobertura estatal —seguridad y oficinas de entidades públicas—.

“Se debe impulsar  la creación de más centros urbanos, pero eso es un trabajo integral”, indicó Maúl.