Justicia

Cuando el agresor vive en el hogar

La vida de una menor ya no es  la misma cuando es su propio padre quien abusa de ella.    Las secuelas durarán mucho tiempo porque el victimario fue el ser que le dio la vida y  en lugar brindarle protección violenta su integridad.

Por Andrea Orozco

El  Informe Nacional de Desarrollo Humano, presentado en el 2012 por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo indica que aumenta la violencia sexual en contra de niñas y mujeres adolescentes en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)
El  Informe Nacional de Desarrollo Humano, presentado en el 2012 por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo indica que aumenta la violencia sexual en contra de niñas y mujeres adolescentes en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

La historia se repite en todo el país. En lo que va del año se han registrado más de     mil 200 casos de violencia sexual  contra   mujeres de  entre 0 y  17 años, según la Procuraduría de  Derechos Humanos (PDH). De las víctimas, 427 eran menores de 12.

Los días martes y jueves son  los más violentos, y en el 89 por ciento de los casos el agresor es un familiar. En  el 30 por ciento de hechos es el padre el victimario, según la PDH.

Aunque se trata de un problema generalizado, la mayor cantidad de embarazos en niñas menores de 14 años  se registra en Guatemala, Petén, Escuintla y Huehuetenango, según el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (Osar).

Problema Social

El  Informe Nacional de Desarrollo Humano, presentado en el 2012 por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), indica que “la violencia sexual en niñas y adolescentes es cada vez mayor en Guatemala”.

El estudio detalla que, “generalmente, el abuso sucede dentro de las familias, por parte de los seres más cercanos, como el padre, tíos, abuelos y primos”.

El PNUD afirma que este tipo de agresiones “representa un importante problema social y de salud”.

Entre los factores  que, de acuerdo con el informe, impiden que las niñas y adolescentes denuncien el delito  se encuentran la vergüenza, temor a la venganza, el castigo de la sociedad y falta de apoyo comunitario y familiar.

María Eugenia Solís, asesora de la PDH, señala que el hogar debería ser el espacio más seguro para la niña, y el padre, la persona que más la debería cuidar. Por eso considera que    la menor abusada no confía en nadie, no sabe cómo cuidarse y se siente insegura.

“Se arruina  el proyecto de vida de las niñas; la dignidad y su derecho a soñar se vedan. Se le impone el ejercicio de la  sexualidad, y en muchos casos les  toca hacerse cargo de una vida”, dice Solís.

La razón por la cual los padres cometen este abuso, según la experta, es que “hay un  poder construido en el imaginario de muchos hombres y que la sociedad construye sobre el cuerpo de la mujer”.

Solís agrega que “la mujer  —que  representa el  51.2 por ciento de la población del país— se utiliza para  publicidad, su cuerpo se usa como un objeto para  vender productos, lo cual refuerza la idea de que es un objeto sexual”.

La Víctima

En el primer trimestre del año se  registraron  17 casos de niñas de 10 años embarazadas, otras 31 de 11, y 80  de 12.

El embarazo solo es “la punta del iceberg”, refiere Mirna Montenegro, directora del Osar, y asegura  que las secuelas de un ataque sexual, en especial a corta edad, van más allá.

Montenegro dice  que las niñas embarazadas tienen problemas físicos, son más propensas a abortos, tienen bajo peso, sufren de anemia, sus partos pueden ser prematuros y los niños nacen con bajo peso.

Además, esas menores tienen mayor tendencia a la depresión, están ansiosas y son más vulnerables a pensamientos suicidas, según la experta.

Resalta que existe  desprotección social hacia las menores abusadas. “En  justicia no se tiene claro qué pasa. En el mejor de los casos la niña se queda con la familia si el agresor es apresado,  pero si no,  es  institucionalizada”, dice.

En un hogar estatal, según Montenegro, la niña recibe tratamiento psicológico y controles prenatales,  pero no se sabe qué pasará con ella. Deberían pasar entre tres y seis meses y regresar a su hogar, pero algunas han pasado hasta un año, durante el cual no finaliza el proceso.  “No hay respuesta del sistema de justicia para ellas”, enfatiza.