Galindo argumentó que la investigación del caso se desarrolló de manera paralela a la del contrato oneroso entregado de manera irregular a la Terminal de Contenedores Quetzal para utilizar un terreno en la Empresa Portuaria Quetzal, lo cual calificó como “fraude de ley”.
Empezar de cero
El abogado le dijo al juez que supuestamente por esa razón no tiene competencia para conocer las diligencias del caso Cooptación.
También pidió anular todas las diligencias efectuadas entre el 6 de junio y el 4 de agosto pasados, y que se ordenara la libertad inmediata de los procesados.
Gálvez informó que el defensor no pudo explicar de manera adecuada la acción legal a la que se refería, pues se expresó como si se tratara de una distinta, por lo que rechazó darle trámite.
Explicó que la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia autorizó que las investigaciones por posible lavado de dinero, en el expediente 01074-2015-00017, se trasladaran al juzgado a su cargo y que al caso se le denominó Cooptación del Estado de Guatemala para identificar de qué se trataba y se dividió en fases, las cuales se nombraron Cooptación, TCQ y Cooperacha.
Galindo pide que se anule lo actuado entre el 6 de junio y 4 de agosto, y la libertad de su cliente. @prensa_libre pic.twitter.com/ESkq3qrhnC
— Jerson Ramos (@Jerson_Ramos_C) August 5, 2016
Otro intento
El abogado Mario Cuevas, defensor de la exdirectora del Registro de Información Catastral Emilia Ayuso, interpuso un incidente de competencia por declinatoria, con el cual busca que Gálvez declare su “incapacidad para continuar con el caso”.
Aseguró que los juzgados de Mayor Riesgo tienen una competencia especial y conocen procesos que, por su complejidad, no pueden tramitarse en juzgados comunes, y que por el hecho de diligenciar el caso TCQ no puede atribuirse el de Cooptación.
Gálvez dio trámite a la petición del abogado y dijo que entre el 17 y 19 de agosto próximos se discutirá.
Saúl Zenteno Téllez, defensor del banquero Julio César Aldana, pidió que se notifique la resolución con la que se aprobó que Salvador González, alias Eco, sea colaborador eficaz en el caso, porque su testimonio fue usado por el juez en su resolución.
También solicitó que aún no sean trasladados 18 procesados a la cárcel de la base militar Matamoros, zona 1.
Gálvez respondió que González no figura en el proceso y que se refirió a esa declaración porque el MP pidió que se incorporara al caso.
Abogado exige fianza
Galindo pidió además a Gálvez que se fije una caución económica a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y aseguró que la ley señala la obligación de las entidades que funcionan en el país, pero que tienen sede en el extranjero, y que participan como querellantes en procesos judiciales, garantizar el resarcimiento a personas que acusen en los juzgados y que resulten declaradas inocentes.
Pendiente de fecha
El juez Miguel Ángel Gálvez afirmó que por ahora no se tiene fecha para comenzar la audiencia en la que se discutirá la acusación del caso de defraudación aduanera La Línea, y adelantó que por lo menos se requerirían cuatro semanas para efectuar la diligencia completa.
Manifestó que los procesos por corrupción en el Estado son complejos y cada uno tiene características especiales.
Retomará casos
En conferencia de prensa, el juzgador explicó que durante el tiempo en el que se finalizará la investigación del caso Cooptación retomará otros procesos, en los cuales debe celebrar audiencias de primera declaración, por ejemplo.
Citó las audiencias indagatorias del magistrado Douglas Charchal y del exmagistrado Vladimir Aguilar, así como la sentencia de Édgar Barquín.
Envía a prisión a 26
El juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, resolvió el pasado jueves que 26 procesados por el caso Cooptación del Estado de Guatemala deberán permanecer en prisión preventiva.
En el grupo se encuentran exfuncionarios nombrados por los exgobernantes Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, y ex empleados públicos que laboraban en instituciones estatales que habrían sido dominadas por la estructura criminal, así como contratistas que se beneficiaron con adjudicaciones a cambio del pago de sobornos, y supuestos lavadores de dinero.
Otros ocho permanecerán en la misma situación, derivado de que afrontan a la justicia por otros casos judiciales y se les ordenó guardar prisión preventiva, seis por la investigación del caso TCQ, entre ellos Pérez Molina y Baldetti; Juan de Dios Rodríguez por el caso IGSS-Pisa, en el cual se busca determinar acciones irregulares que dejaron la contratación de la Droguería Pisa para dar tratamiento médico a enfermos renales afiliados al Instituto Guatemalteco de Seguro Social (IGSS), y Gustavo Alejos, procesado por el caso Negociadores de la Salud, también en el Seguro Social.
Al cerrar la audiencia el juez dictó prisión preventiva contra 26 de los 57 sindicados de participar en la Cooptación del Estado y la Cooperacha, y ordenó al Ministerio Público concluir la investigación en tres meses; el ente investigador había solicitado seis meses al juez.
