Justicia

Detenidos 12 por desfalco de Q52 millones en la PNC

El ex subdirector de la Dirección General de Apoyo Logístico de la Policía Nacional Civil (PNC), Héctor Florentino Rodríguez Heredia, y diez personas más, fueron detenidas por el Ministerio Público (MP) y la Cicig, señalados de desviar unos Q52 millones de la esa institución a cuentas personales y a una empresa en Panamá.

Por Hugo Alvarado y Geovanni Contreras

Un nuevo escándalo de corrupción sacude al gobierno de Otto Pérez Molina, esta vez dentro de la Policía. Preliminarmente se informó que el dinero estaba destinado para el remozamiento de las comisarias del país, pago a los proveedores de gasolina, compra de repuestos para motos y autopatrullas.

La investigación está a cargo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Los Q52 millones habrían sido desviados a cuentas personas de los detenidos y familiares, pero también a una sociedad anónima recién creada en el país canalero.

Los operativos se efectúan en Chiquimula, la capital y otros departamentos de país.

Fueron 12 órdenes de captura ejecutadas entre trabajadores de la PNC y del ministerio de Gobernación; pendiente de captura Miguel Ángel Arana Paz.

  1. Héctor Rodriguez Heredia,   ex subdirector general de apoyo logístico
  2. Juan Carlos Oliveros Bethancourt
  3. Elden Leonel Cabrera Chan
  4. Audrey Fabiola Gutiérrez Letona
  5. Mario de Jesús Ovando López
  6. Cleotilde Elvia Cabrera Chan
  7. Byron Regalado España
  8. Gaby Francineth Regalado España
  9. Otto Aníbal Escalante Miranda
  10. Fredy Arnoldo García Sical
  11. Dirk William Alfredo Zea Muñoz
  12. Aura Chic

Las aprehensiones se dan por las acusaciones de asociación ilícita, fraude, concusión, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Versiones preliminares indican que esa red mandaba a reparar las autopatrullas a talleres fantasmas y con sobrevaloración de los servicios y repuestos.

La conferencia de prensa para ampliar los detalles de la investigación y cómo operaban los funcionarios será a las 16 horas en el MP, donde también participará la Cicig.

Empresas no existen

Primero, la Revista ContraPoder reveló el 21 de noviembre de 2014 que la subdirección que dirigía Rodríguez Heredia adjudicó Q33 millones a cinco empresas que no existen y vinculadas a Cabrera Chan.

Asimismo, esa investigación comprobó que por lo menos Q10 millones se pagaron por servicios de los que no hay evidencia de que fueron prestados, es decir, vehículos que nunca fueron reparados o que se les arregló lo mismo dos veces.

ContraPoder también determinó que se pagaron montos millonarios por el remozamiento de estaciones policiales por parte de una constructora, pero que en realidad ese trabajo lo hicieron trabajadores de la misma Policía.

Después, en enero de este año, el diario elPeriódico publicó un reportaje en el que cita las conexiones entre varios de los implicados en la red de corrupción con una empresa registrada en Panamá.

En esa nota, Rodríguez Heredia negó vinculación con esa compañía, pese a que su nombre y el de sus exasesores aparecen como socios en el  Registro Público de Panamá.

Cómo operaban

La fiscal general, Thelma Aldana, y el jefe de la Cicig, Iván Velásquez, informaron por la tarde que la red de corrupción constituyó una sociedad anónima en Panamá, a la cual desviaban los recursos y a cuentas bancarias.

Las formas para sacar el dinero de la PNC eran tres: adquirir bienes y servicios para autopatrullas –reparaciones mecánicas-, contratación de obras y servicios para subestaciones –reparaciones y remozamientos- que fueron realizadas por el mismo personal de la Policía, y la adjudicación de un evento de cotización de repuestos para patrullas por más de Q12 millones.

En ninguno de los tres casos se concretó el servicio de la contratación, o éste era realizado por trabajadores de la PNC, pero se pagaba a una empresa fantasma.

“¿Cuántos de esos Q52 millones fueron apropiados por los integrantes de esta red?”, indicó Velásquez. Ese dato se obtendrá, añadió, con lo que se averigua en Panamá más lo que se consiga en el curso de la investigación que, estimó, podría llevarse “máximo tres meses”.