La Asociación Bancaria de Guatemala (ABG), y la Asociación de Emisores de Medios de Pago de Guatemala (AEMPG), presentaron en enero ante la Corte de Constitucionalidad (CC), dos recursos de amparo y una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Tarjetas de Crédito, pues consideran que la norma tiene vicios al no haberse respetado “el debido proceso” para su aprobación.

La Ley de Tarjetas de Crédito fue publicada el 8 de diciembre del año pasado en el Diario de Centro América, y entrará en vigor el 8 de marzo de 2016.

Entre los aspectos de la nueva normativa que más destacan a favor de los consumidores están: evitar  abusos en el cobro de intereses al ordenar un tope de tasas  del 26%, y castigar el hostigamiento a morosos. Según la norma, los emisores estarán obligados a ejecutar programas de educación financiera.
 
La iniciativa de ley permaneció en el Congreso durante dos años a la espera de ser  aprobada, y fue hasta el pasado 5 de noviembre que fue aprobada la normativa, que  además de regular las tasas de interés limitará los gastos de los usuarios.
 

Dificultades

Luis Lara, en representación de la Asociación Bancaria de Guatemala, informó que con ambas acciones se pretendía hacer notar que en el momento en que el Congreso aprobó la Ley no se siguió un procedimiento adecuado, entre estos la consulta a la Junta Monetaria para hacer un análisis de la legislación.

Agregó que una de las dificultades que propicia la puesta en vigencia de esa normativa es que hay poco tiempo para modificar los sistemas de los emisores de tarjetas de crédito, así como la aprobación de los 17 reglamentos respectivos.