El expediente fue remitido con carácter urgente a la Comisión de Depuración, que lo recibió dos días después. Esa instancia fue creada por el Congreso para sanear la institución, plagada de filtración del crimen organizado y corrupción.

Las víctimas fueron Francisco Boteo, Arnoldo Leonel Boteo y Erick Rodolfo Paz Matus, de origen guatemalteco, quienes murieron acribillados.

Un ex suboficial y siete policías activos tendrían relación con el múltiple crimen, el cual derivó de un asalto y robo a un furgón, al cual le fue removida la mercadería que transportaba.

La masacre ocurrió después de desocupar el vehículo, en el sector de Los Navas, kilómetro 67, carretera a la zona sur de Honduras.

Los guatemaltecos viajaban en el cabezal con placas C932MBZ, que jalaba el furgón, y fueron obligados a descender, donde fueron abatidos.

También se indica que un comisionado y tres subcomisionados activos serían los responsables de proteger a la estructura criminal.

“Ese mismo día en el momento de los hechos desde Choluteca (el clase III) realizaba llamadas telefónicas a la estación policial de Sabanagrande para pedirle que no se les diera detención a los policías…”, detalla el informe.

El único sobreviviente del hecho fue el conductor, identificado como Franklin Estin Girón Bustillo, también guatemalteco.