Justicia

Posturas defienden y rechazan la pena de muerte

Los argumentos a favor y en contra de la pena de muerte han salido a relucir desde que la semana recién pasada se presentó una iniciativa para regular el indulto presidencial, razón por la cual está suspendida su aplicación.

Por Jessica Gramajo

Elmer Palencia, del Movimiento Cívico Hoy por Guatemala, defiende la aplicación de la pena máxima, mientras que Zoel Franco Analista, coordinador del Instituto de Ciencias comparadas en Ciencias Penales de Guatemala, considera que no es disuasivo del crimen.

A continuación, un extracto del tema abordado ayer.

¿Por qué es necesario discutir de nuevo si vale la pena aplicar la pena de muerte?

Palencia: Como Movimiento Cívico decidimos impulsarlo, ya que la pena de muerte está vigente en el andamiaje legal, pero está suspendida. En ningún momento se ha abolido.

“Creemos que hay que ser más responsables en la discusión y entrar a hablar de la abolición de la pena de muerte”. Zoel Franco, analista en seguridad.

Hay un último eslabón, que es el recurso de acudir al indulto. Pero de forma cobarde e irresponsable ciertos gobernantes lo dejaron sin efecto y esto es lo que evita la aplicación de esta pena como tal.

Franco: Luego de algunas decisiones jurídicas de 2008, Guatemala avanzó en la abolición de la pena de muerte como un Estado garante de derechos.

Esta pena promueve acciones violentas y si se le transmite a la sociedad que el Estado puede matar personas, entonces la población también reacciona de la misma manera violenta.

Han habido bastantes iniciativas para reactivar la pena de muerte. Lo hizo Líder (Libertad Democrática Renovada), a través de Roberto Villate, y antes lo habían hecho otros diputados. En la misma iniciativa que presentaron los diputados Marcos Yax, Álvaro Arzú y Juan José Porras, a solicitud de Zury Ríos, indican que Guatemala es uno de los países que tiene ejecuciones extrajudiciales, es decir que la pena de muerte funciona bajo la mesa y no ha solucionado nada.





¿Por qué deciden reactivar la pena de muerte?

Palencia: Creo que este debate ya se llevó a cabo hace más de 30 años, cuando los constituyentes decidieron establecerla en la Constitución.

Como organización civil, lo que pedimos es que se aplique la ley. Hay que tener certeza de la falta y del castigo, de lo contrario se crea un incentivo perverso como ha ocurrido en los últimos días.

Póngase a pensar y trate la manera de visualizar el momento en el que a un niño, de 4 años, se le dispara en el rostro... ¿Será que esa persona se puede volver a insertar en la sociedad?

Por ello consideramos que es prudente que se haga cumplir nuestro marco constitucional. La aplicación correcta de las leyes brindará la seguridad que necesitan los guatemaltecos.

¿Se va a lograr que no se cometan más crímenes ejecutando a delincuentes?

Palencia: Disuadir no es el objetivo; la disuasión para los delincuentes va a ser la aplicación certera del castigo. Si se le establece pena de muerte a una persona, que se ejecute.

Franco: Precisamente por la certeza la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), junto con la Corte de Constitucionalidad (CC), que la respaldó, prohibieron que se ejecutara la pena de muerte en el país porque contemplaba siete tipos penales para aplicarse; uno de ellos es la peligrosidad, la cual no se puede medir y la misma CC dijo que la Constitución establece que la pena de muerte existe, pero no para establecerla, sino para fijar los casos en que no podrá imponerse.

“La última (ejecución) fue en 2000 y de ahí los gobernantes no tuvieron la capacidad ni el carácter para aplicarla”. Elmer Palencia, activista a favor de la pena de muerte.

La CC indicó que Guatemala tiene una Constitución orientada a la restricción de la pena de muerte, incluso a su abolición. Allí entran temas más pragmáticos. No es disuasiva desde un punto de vista práctico. Si se ven los datos estadísticos de los hechos delictivos de 2009 a 2015, vemos que hay una tendencia de disminuir.

Cuando se reformó el Código Penal, en 1994,  se estableció la pena de muerte para el secuestro y hubo ejecuciones a través de la inyección letal. Lo que se hizo fue poner en riesgo a la víctima y encareció la economía política criminal.

¿Por qué?

Franco: Porque desde un punto de vista criminológico, la persona que secuestra ve peligro en que la maten y reacciona matando a la víctima.

Palencia: Algunas organizaciones han tratado de engañar diciendo que el Pacto de San José o la CIDH prohíbe que se aplique la pena de muerte cuando está vigente. El Pacto de San José fue firmado en 1978 y hubo ejecuciones posteriores a ello. La última fue en 2000 y hasta allí llegó, debido a que los gobernantes no tuvieron la capacidad ni el carácter para aplicarla.

Como organización pedimos la reactivación de lo que establecen las leyes. ¿Será que pedir que se cumpla la ley es un delito o va a crear más violencia?

Franco: La moratoria que estableció la CIDH fue para los tipos penales establecidos, y la prohibición establece que no se pueden agregar tipos penales, porque contenían conceptos que no eran válidos. Las ejecuciones se dieron contra la misma convención firmada, por lo que Guatemala esta en una moratoria de hecho.

Palencia: La iniciativa que se impulsa en el Congreso no establece nueva tipificación delictiva, solo establece reglas claras del indulto, ese eslabón que hace falta.

¿Hacia dónde va Guatemala en este tema?

Franco: Ofrecerle a las personas que se va a disminuir la violencia o a tener mejor justicia, es negar el debate sobre la finalidad de la pena. ¿Qué vamos a lograr con la aplicación? Hay que discutir temas más serios como la forma de fortalecer al Estado en   seguridad.

Palencia: La pena de muerte va a generar certeza jurídica del cumplimiento de la norma establecida.

El indulto tampoco está tipificado en la Constitución, pero hay que darle una certeza de cómo aplicarse.