Justicia

PDH advierte malos tratos en centros de privación juvenil

Los centros juveniles de privación de libertad, a cargo de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, vulneran los derechos de los menores, según una supervisión efectuada por la PDH.

Por Geldi Muñoz Palala

Se ordenó el cierre de un área del centro de detención de menores Etapa 2, por las condiciones infrahumanas en que alberga a los adolescentes. (Foto Prensa Libre: PDH)
Se ordenó el cierre de un área del centro de detención de menores Etapa 2, por las condiciones infrahumanas en que alberga a los adolescentes. (Foto Prensa Libre: PDH)

La Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), en una supervisión que efectuó el 26 y 27 de julio pasado, para atender las 40 denuncias presentadas desde 2004 a julio de este año, encontró que los equipos técnicos no están completos, y casi el 50 por ciento de las plazas se encuentran vacantes.

Abner Paredes, defensor de la Juventud, refirió que en la supervisión los jóvenes manifestaron que las actividades que corresponden a formación y extracurriculares son limitadas y los materiales son insuficientes, además de la infraestructura que es inadecuada.

Paredes resaltó que los adolescentes tienen sarcoptosis y presentan cuadros de diarreas, debido a la alimentación y agua que consumen.



Los servicios sanitarios no son higiénicos ni privados, lo que vulnera los derechos de los menores privados de libertad, según la PDH. (Foto Prensa Libre: PDH)
Los servicios sanitarios no son higiénicos ni privados, lo que vulnera los derechos de los menores privados de libertad, según la PDH. (Foto Prensa Libre: PDH)


El defensor de la Juventud refirió que no hay suficientes monitores y los que hay no han tomado vacaciones desde hace cinco años. Respecto a la capacidad de los centros, indicó que se encuentra rebasada, ya que tiene capaciadad para no más de 550 personas y en la supervisión se encontraron 1 mil 77.

En cuanto a las instalaciones de los centros, indicó que en las habitaciones se observa moho, filtración de agua, humedad, carencia de pintura y no cuentan con suficientes literas ni colchonetas; además en los baños no hay privacidad, lo cual vulnera la integridad e intimidad de los menores.

El defensor comentó que hay centros con grupos de 12 a 16 adolescentes un espacio aproximado de dos por dos metros, incluso hasta 73 menores comparten un espacio de cinco por 15 metros.

Paredes señaló que en todos los centros hay dormitorios que por sus características podrían considerarse calabozos, celdas de castigo o de aislamientos, los cuales son utilizados en la fase de adaptación y para los que se portan mal.

La PDH señala que las condiciones de los centros no son adecuadas, en especial de los dormitorios, por lo que los adolescentes están en situación de vulnerabilidad en cuanto a acceder a un proyecto de vida idóneo para su rehabilitación y reinserción, además se vulnera su derecho a la salud y están expuestos a tratos crueles, inhumanos y degradantes.

La PDH pide que se clausure las áreas con características de bartolina o calabozo, separar a los jóvenes que hayan cumplido mayoría de edad, mejorar los ambientes destinado para actividades recreativas, entre otras.

Resolución

Verónica Galicia, jueza de Control de Ejecución de Medida para Menores en Conflicto con la Ley Penal, ordenó mediante resolución el cierre temporal del área de adolescentes que no pertenecen a grupos disociales o paisas, del Centro de Privación de Libertad para Varones, Etapa Dos (Cejupliv), ubicado en San José Pinula.

El cierre según la resolución es por un año para que la SBS pueda proceder a los cambios estructurales que se adecuen a los requisitos mínimos, ya que las condiciones en que se encuentra los adolescentes son infrahumanas.

La jueza indicó que los jóvenes duermen en el suelo, cerca del área de sanitarios donde las heces están expuestas y los drenajes colapsados. La SBS tiene tres meses para buscar donde ubicar a los menores.

Galicia también pidió al presidente, Jimmy Morales, que provea de insumos a la SBS para cumplir con esta resolución, a otras entidades como el Ministerio de Educación a coordinar programas de prevención e inserción, entre otras.

En caso que no se atienda esta resolución en los plazos que contempla la resolución se certificará lo conducente al Ministerio Público y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, advirtió Galicia.

De la oficina de Comunicación Social de la SBS indicaron que ante la resolución de la jueza Galicia se reunieron la tarde de este martes para evaluar las medidas a tomar, porque deben acatar dicha disposición, y que en los proximos días se conocerá el proceso, porque clausurar la parte de un centro no es algo sencillo.