El monto de lo defraudado que se registra en las 12 denuncias suma Q24 millones 162 mil 139.02. En la mayoría de las querellas no se explica  la cantidad de  personas a quienes  se les pagó sin documentos de respaldo, pero sí el monto de la posible  estafa al Estado.

La mayoría de los hallazgos son del renglón 036 denominado  retribuciones por servicios. Ese renglón comprende pagos por asignación a personas que llevaron a cabo actividades en áreas rurales, marginales y urbanas. El trabajo consistía en asistencia a  comadronas, promotores sociales y  capacitadores, los cuales se efectuaron de manera temporal y  sin relación de dependencia.

En el 2015,  el director del Centro de Atención Permanente de Panajachel, Marlon Elfrid Monroy, pagó  Q277 mil 27.92 por concepto de vacaciones a ocho personas en los renglones 036, 182 y 189. Los trabajadores no tenían ese derecho, según el Manual de Clasificación Presupuestaria del 2012.
Falta de contratos

En otra de las denuncias se señala que el jefe de Recursos Humanos del Área de Salud de Santa Rosa, Élmer Efrén Soto, no entregó 39 expedientes del renglón 036 al retirarse del cargo. Los auditores encontraron que los 39 expedientes están extraviados y que en otros casos solo se ubicaron fotocopias del documento personal de identificación (DPI) o el número de identificación tributaria (NIT).

La Contraloría le corrió audiencia a Soto, y en su descargo presentó fotocopias de los DPI de las 39 personas. Sin embargo, para los auditores, los expedientes deben tener como mínimo la hoja de vida y  copia de los informes de las actividades mensuales. Otra documentación de respaldo de los trabajos no es válida.

En el Hospital Regional de Cuilapa  se pagaron  Q1 millón 513 mil 589.62 por concepto de honorarios,  por medio de emisión de cheques. Según la Contraloría, los  pagos no tienen respaldo, porque  no se suscribieron contratos.
En esa querella están denunciados Byron Emilio Velásquez, director ejecutivo; José Antonio Silva Martínez, gerente administrativo  financiero, y Hugo Américo Cabrera García, gerente administrativo financiero —quien sustituyó a Silva Martínez—.

Las personas denunciadas, como pruebas de descargo, indicaron   que en ese renglón no hay relación de dependencia, y por tal motivo no suscribieron contratos. Los auditores explicaron que no hay certeza ni evidencia de que los  trabajos se hayan efectuado,  porque no existen documentos que justifiquen los desembolsos.

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Sin laborar

En otra denuncia,  Silva Martínez y Cabrera García son señalados de haber pagado salarios a Carlos Humberto Rivera Contreras, paramédico 2, del    1 de enero del 2015 al 30 de septiembre de ese mismo año. Según su expediente, dejó de trabajar desde el 12 de noviembre del 1998. La suma erogada asciende a Q48 mil 133.55.

Los señalados, en su defensa, manifestaron que  entre sus funciones no se incluía llevar el  control de personal; sin embargo,  avalaron y aprobaron los procesos para cubrir el salario de Rivera Contreras, quien recibió el pago.

  Cabrera García manifestó a los auditores  que Rivera Contreras tiene proceso de despido desde hace varios años por no presentarse a laborar. El señalado dijo que Rivera debe devolver el dinero que recibió.

Monterroso asegura que denunció 

El exministro de Salud Luis Enrique Monterroso explicó que desde que asumió el cargo llevó a cabo auditorías que determinaron que había plazas fantasma en diferentes dependencias de esa cartera.

“Desde mi llegada al ministerio detectamos una gran cantidad de personas que probablemente no cumplían con los perfiles, y en otras ocasiones no llegaban a su lugar de trabajo. Por lo que establecimos mecanismos de auditoría interna y conteo físico del recurso humano. No tenía un mes en el ministerio y  había presentado 18 denuncias penales en el Ministerio Público”, dijo Monterroso.

El exministro  recordó que se habilitó un centro donde todo el personal tenía que registrarse, y por seguridad se tuvo que pedir apoyo la Policía Nacional Civil.

“Los datos de los 21 mil trabajadores fueron resguardados en  una  nube, la información. En el primer día hubo 28 ataques de hackers que buscaban violentar el sistema”, detalló el exfuncionario.
Monterroso manifestó que las plazas fantasma que lograron ubicar  fueron denunciadas.