El documento destaca a Sololá como uno de los departamentos más pacíficos, con 12 municipios sin homicidios, entre ellos San Juan La Laguna, San José Chacayá y San Pedro La Laguna; además, Huehuetenango, seis municipios; Quiché, cinco; Chimaltenango y San Marcos, cuatro cada uno; Sacatepéquez, Quetzaltenango, Totonicapán y Baja Verapaz, dos; y Suchitepéquez, uno.

En doble vía

Sololá es considerado el más pacífico de los 22 departamentos, según la PNC; sin embargo, Ana Cumes, de la Red de Mujeres Sololatecas de Convivencia, ha manifestado en reiteradas ocasiones su preocupación por  el aumento de violencia contra las mujeres.

Manuel Mendoza, integrante de la Comisión de Seguridad de San Pablo La Laguna, señaló que debido a  la falta de cobertura de la PNC  se  vieron en la necesidad de  organizarse sin transgredir la  ley.

El líder comunitario agregó que los problemas más comunes   en el lugar son la violencia intrafamiliar, conflictos sentimentales y limítrofes y el alcoholismo.

A escala  departamental las cosas cambian, pues en Sololá hay lugares donde los ánimos  de los habitantes se exaltan con facilidad.  El  hecho  más reciente ocurrió  en octubre del año pasado, cuando una turba vapuleó y quemó al alcalde de Concepción, Bacilio Juracán Lejá, a quien sindicaron de ser el responsable de un ataque armado  contra  el excandidato a la alcaldía  Lorenzo Sequec Juracán, en el que también murieron dos mujeres.

En enero último, el exagente de la PNC  Manuel Tzoc  ultimó al comerciante José Elías Chumil Par, cuando atendía una tienda en Santiago Atitlán y se negó a venderle licor. Por ese hecho la población causó disturbios. Los  linchamientos disminuyeron   en ese departamento desde el 2011, cuando se  registraron 14  casos.

Pasado conflictivo

Entre los seis municipios de Huehuetenango que destaca la PNC está Santa Bárbara,   donde desde el  2002 no hay sede policial ni Juzgado de Paz, ya que  los pobladores los expulsaron.

“Aquí se puede caminar a cualquier hora sin preocupación”, afirmó el vecino Jacinto Sales, quien agregó que  han aprendido a vivir con tranquilidad gracias a la organización comunitaria.

Sales recordó que en el 2008 se registraron varios linchamientos en ese lugar, lo que generó una imagen negativa para el pueblo, pero a la vez “ahuyentó” a  los delincuentes.

Agregó que la comunidad tiene su propia forma de solucionar los conflictos y que no necesitan la presencia de la Policía ni de un juez. “Quienes tienen algún proceso penal deben acudir a la cabecera”, señaló.

María Margarita López, ama de casa, indicó que en Santa Bárbara hay mucha migración de hombres a EE. UU., pero no significa que estén desprotegidas, porque  los vecinos se encargan de patrullar  en la noche para evitar  hechos delictivos.
Otro caso en Huehuetenango es en San Gaspar Ixchil, también mencionado en el informe, que es un  municipio pequeño  ubicado a 44 km al sur  de la cabecera y que nunca ha  contado con  subestación policial.

Pedro Gaspar,  vecino, afirmó que los ancianos son quienes actúan como mediadores cuando surge algún problema, y  al tratarse  de un delito, los alcaldes auxiliares  ejercen autoridad y los responsables son llevados al Juzgado de Paz.
En el lugar solo hay concentración de vecinos los domingos, el resto de la semana hay poco movimiento, pues la mayoría trabaja en la agricultura  y otros se fueron en busca del sueño americano.

Prohibido ser pandillero

En Santa Apolonia, Chimaltenango, no hay PNC y según los vecinos, la clave para mantener la tranquilidad es impedir el ingreso de pandillas.

“Los jóvenes han intentado formar maras, pero no se les ha permitido. Quienes son sorprendidos son castigados”, expuso Coronado Batz, residente de la aldea La Vega.

Juan Tamat, líder comunitario, afirmó que las últimas muertes que se han registrado en el lugar han sido por intoxicación  alcohólica y personas sin hogar que fallecen de frío. Además, señaló que hay algunos casos esporádicos de robo de aves de corral, marranos y hortalizas. Muertes violentas no se registran desde hace más de cinco años.

La aplicación de los reglamentos municipales y control de los expendios de licor podrían ser la clave para mantener baja la incidencia delictiva en  San Antonio Aguas Calientes y Santa Catarina Barahona, Sacatepéquez.

Otro factor es el control que llevan en la renta de inmuebles a personas desconocidas, pues los propietarios  primero dan aviso a la Municipalidad para que en coordinación con la PNC revisen los antecedentes de los posibles inquilinos, según Mynor López, alcalde del lugar.

Cinco años sin Policía

El 12 de septiembre próximo se cumplirán cinco años de que en Zacualpa, Quiché, no hay presencia de la PNC; sin embargo, junto a Chiché, Chinique, Patzité y San Bartolomé Jocotenango registran bajo índice delictivo, aunque proliferan  cantinas y venta de drogas.

Sabino Calachij, alcalde de Zacualpa, refirió que la disminución en el índice delincuencial obedece a la labor de sensibilización que  efectúan la PNC y la comuna  junto a los 40 líderes comunitarios del pueblo.

Hugo Noriega, vecino, explicó que la disminución de homicidios en ese lugar es importante, pero afirmó que el consumo de licor, drogas y la prostitución afecta a la población.

Río Blanco  se encuentra a 28 kilómetros de la cabecera de San Marcos y  se ha caracterizado por ser un municipio tranquilo, que tiene siete mil habitantes, la mayoría  indígenas.

Ilsa Barrios, vecina, afirmó que  sus  antepasados  se caracterizaron por ser gente trabajadora y de paz, por lo que  cualquier vecino que comete algún delito es entregado a las autoridades. “Tenemos Policía desde  hace 14 años, pero no han tenido mayor trabajo”, enfatizó.

Similar situación ocurre en San José, Petén, que no figura en el listado de la PNC,  pero es el más pacífico de los 14 municipios de ese departamento.

Se localiza a la orilla del Lago Petén Itzá y tiene cinco mil 278 habitantes, según el censo  del 2002 del Instituto Nacional de Estadística.

San José está ubicado a 22 kilómetros de Ciudad Flores, y   según  la PNC, la última vez que se registró un hecho violento fue durante  las elecciones generales del 2011, y de acuerdo con vecinos, en la última década  han ocurrido  cinco ataques armados  con saldos mortales.

Por M. Castillo, A. Julajuj, J. Rosales, O. Figueroa, A. Marroquín y R. Escoba