De estos ataques, los más comunes fueron las amenazas de muerte, con 71 víctimas, una cifra que sigue siendo “preocupante” para la FLIP, a pesar de haberse registrado una bajada con respecto a 2013, cuando hubo 75 amenazados.

La FLIP destacó cuatro panfletos intimidantes contra periodistas, especialmente en Bogotá y el departamento del Valle del Cauca (oeste), que incluye las ciudades de Cali y Buenaventura, con altos índices de delincuencia. Estos volantes, que amenazaron a 22 periodistas en diferentes momentos del año, fueron firmados por bandas narcotraficantes de origen paramilitar (grupos irregulares de extrema derecha), como el Clan Úsuga (Los Urabeños), las Águilas Negras y el Bloque Capital.

Además, se registraron 34 casos de obstrucción al trabajo periodístico, como detenciones ilegales y eliminación de materiales. El texto señaló que 16 de esos casos ocurrieron durante “el cubrimiento de manifestaciones sociales”, de los cuales, en 13 los agresores fueron agentes de la Policía.

Al repasar seis décadas de espionaje a periodistas en Colombia, la FLIP indicó que “esta forma de agredir a la prensa, lejos de ser un asunto del pasado, es un problema vigente”. Como ejemplo, citó la interceptación de comunicaciones por parte de una célula de escuchas ilegales en el Ejército, conocida como ‘Andrómeda’ y desmantelada en febrero de 2014, a periodistas que cubrían el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, comunistas). Y agregó que luego se supo que la Central de Inteligencia Militar tenía una lista de correos electrónicos personales y oficiales de comunicadores nacionales y extranjeros.

El informe de la FLIP señaló que 114 periodistas en Colombia cuentan con medidas de seguridad por parte de la estatal Unidad Nacional de Protección (UNP), de los cuales 50 “manifestaron problemas con sus esquemas” por la reducción del presupuesto de la entidad.