Pero el anuncio, hecho cuatro días después de la suspensión de un proceso de referendo revocatorio contra el mandato del presidente Nicolás Maduro que llevó a la oposición a denunciar una ruptura del hilo constitucional, fue desmentido por uno de los más importantes líderes de la disidencia, el excandidato presidencial Henrique Capriles.

“¿Cuál diálogo? En Venezuela no se ha iniciado ningún diálogo (…). Ellos pretenden usar la buena fe del papa Francisco, la buena fe del nuncio (Tscherrig), para decir acá no ha pasado nada”, dijo Capriles horas más tarde.

“Una reunión en Margarita jamás estuvo planteada. Yo me entero por televisión”, expresó.

Igualmente, Voluntad Popular, partido del dirigente opositor Leopoldo López, actualmente en prisión, sostuvo que “no están dadas las condiciones”.

Poco después, la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD), en la que participan Capriles y también Voluntad Popular, emitió un comunicado en el que intentó aclarar los términos del diálogo.

“Ratificamos que para nosotros cualquier proceso de diálogo tiene cuatro objetivos fundamentales: respeto al derecho al voto, libertad para los presos políticos y retorno de los exiliados, atención a las víctimas de la crisis humanitaria y respeto a la autonomía de los poderes”, indicó la MUD, al calificar como “un triunfo la presencia del Vaticano en el conflicto venezolano”.

Sin embargo, la MUD precisó que el diálogo “debe realizarse en Caracas, de cara a la opinión pública”.

A lo largo del día hubo diversas protestas de estudiantes universitarios, que fueron reprimidas y que en la ciudad de San Cristóbal (oeste) dejaron al menos 27 heridos y un detenido, según los manifestantes.

Pactan dialogar el 30 de octubre

El gobierno de Venezuela y la oposición habían acordado este lunes iniciar un diálogo formal el próximo domingo en isla Margarita para superar la grave crisis política, según un anuncio del enviado del papa Francisco, Emil Paul Tscherrig, nuncio apostólico en Argentina.

“Hoy se ha iniciado el diálogo nacional durante un encuentro entre representantes del gobierno y de la oposición, con el propósito de establecer las condiciones para convocar una reunión plenaria en la isla Margarita el día 30 de octubre”, aseguró el emisario en conferencia de prensa.

Tscherrig manifestó que el encuentro, efectuado bajo los auspicios de la secretaría general de la Unasur, “ha transcurrido en un clima de respeto, cordialidad y voluntad política para hacer avanzar este proceso”.

El enviado del Papa manifestó que el diálogo busca “la superación de las coyunturas económicas, sociales, políticas, institucionales, fundamentales para la necesaria convivencia democrática” en Venezuela.

Los representantes del gobierno y de la oposición propusieron temas, metodología y cronograma del diálogo, precisó.

Además, acordaron trabajar en conjunto “las condiciones para garantizar la seguridad y el desarrollo pacífico y democrático de las manifestaciones públicas previstas para los próximos días”, agregó.

El anuncio sorpresivo se produjo en momentos en que Maduro fue recibido por el papa Francisco en el Vaticano, sin previo aviso y tras el cierre de una gira por Medio Oriente.

Durante la audiencia privada, el Papa instó “al diálogo sincero y constructivo” entre el gobierno y la oposición a fin de “aliviar el sufrimiento” de la gente, precisó un comunicado de la Santa Sede.

Las conversaciones se anuncian en plena crispación por la suspensión del referendo revocatorio con el cual la oposición buscaba sacar a Maduro del poder.

En una sesión especial el domingo, el Parlamento, de mayoría opositora, declaró que la suspensión del referendo consumó un “golpe de Estado”.

Batalla política

Dominada por la oposición, la Asamblea Nacional, declaró el domingo que la paralización del referendo consumó un “golpe de Estado” y anunció acciones para “restituir el orden constitucional”.

El parlamento debatirá el martes “la situación constitucional del presidente”, a quien culpa de la “ruptura de la democracia”, mientras la MUD organiza una protesta nacional que convocó para el miércoles, llamada la “Toma de Venezuela”.

El secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, destacó que el diálogo llega “en momentos muy duros para el país” por la “operación de secuestro judicial” del revocatorio.

“Para nosotros es fundamental que este diálogo aborde los temas que más le importan a los venezolanos, de los cuales el económico y social es de singular importancia”, indicó por su parte el portavoz presidencial Jorge Rodríguez.

El jefe de la bancada opositora, Julio Borges, planteó un posible “juicio político” contra Maduro, a quien la oposición también acusa de tener doble nacionalidad, venezolana y colombiana, que lo inhabilitaría para el cargo.

El constitucionalista José Ignacio Hernández señaló que un juicio político no está expresamente contemplado en la Constitución, pero implica una sanción política y moral.

El conflicto entró en una nueva fase luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) aplazara el jueves, indefinidamente, la recolección de cuatro millones de firmas necesarias para llamar al referendo, que estaba prevista para esta semana.

El poder electoral, acusado por la MUD de estar controlado por el gobierno al igual que la justicia, argumentó el acatamiento a sentencias que anularon por “fraude” un primer recaudo de rúbricas que abrió el proceso.

“La batalla institucional está perdida, por tanto la Asamblea estableció los lineamientos de su futura batalla política: la protesta popular, la demostración de mayoría, el llamado a la presión internacional”, declaró a la AFP el analista Luis Vicente León.

Pero los expertos advierten que el gran desafío de la MUD es movilizar masivamente a la población, lo que no ha ocurrido, con excepción del 1 de septiembre.

“Estamos en una gran encrucijada, grave. El término medio: la participación activa, pacífica, inteligente y permanente, es una línea muy complicada de conseguir, es un proceso largo que incluye la negociación”, aseguró León.

Los oficialistas han amenazado ya con el levantamiento de la inmunidad parlamentaria y la ilegalización de la MUD como agrupación política.

Mientras, la MUD anunció que enviará una comisión para pedir a la Organización de Estados Americanos (OEA) que aplique la Carta Democrática, que prevé sanciones en casos de ruptura del hilo democrático.

Human Rights Watch (HRW) exhortó a la OEA a presionar al gobierno para que permita ayuda internacional frente a lo que considera una “crisis humanitaria”.