Más allá de las críticas al proceso de comicios, marcado por la ausencia de un bloque opositor fuerte debido a maniobras de las que detractores responsabilizan a Ortega, lo cierto es que los analistas coinciden en que en materia económica el país ha registrado avances bajo la administración que comenzó en el 2007 del líder sandinista.

Pero Nicaragua sigue siendo el país más pobre de América Latina después de Haití, con datos oficiales indican que cuatro de cada 10 nicaragüenses viven en situación de pobreza y cerca de dos en pobreza extrema.

El desempleo en Nicaragua es del 5.72%, según cifras del Gobierno, pero más del 70% de las plazas está en el sector informal, lo que complica a esa población el acceso a la canasta básica, que cuesta poco más del doble del salario mínimo promedio, de unos US$180 y que sólo se cumple en el sector formal.

Eso explica en parte por qué el 34% de los nicaragüenses piensa que el desempleo es el principal problema que afronta Nicaragua, seguido de la pobreza, con un 21.1%, según la última encuesta de la firma M&R Consultores, divulgada el pasado 23 de octubre.

Los temas de la pobreza y el desempleo está presente en los mensajes de los seis partidos políticos y alianzas que participan en la contienda electoral, pero solo el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional  (FSLN) ha mostrado un plan para combatirlos.

El mismo consiste en ampliar la infraestructura, mejorar la producción y facilitar el comercio para atraer mayores inversiones, lo que requiere un financiamiento de US$5 mil 229.23 millones, según el documento “Políticas y Proyectos de Desarrollo para Potenciar la Inversión 2017-2021”, revelado semanas atrás por el Gobierno.

Ese plan no incluye el controvertido proyecto del canal interoceánico que la empresa china HKND pretende construir en Nicaragua con la promesa de duplicar el Producto Interno Bruto  (PIB) nacional y ocupar a 50 mil personas, lo que, según el Gobierno de Ortega, mantendrá el crecimiento económico del país en al menos 4% anual.

Aún sin anunciar su propuesta contra la pobreza, Ortega ya contaba con más del 66% de las preferencias de voto, mientras que el resto de aspirantes no alcanzan el 10%, según las encuestas de M&R, la única firma que ha difundido sondeos.

¿Murillo detrás del poder?

Ante ese escenario que parece pronosticar una victoria de Ortega, de 71 años, que en esta ocasión se presenta con su esposa, la influyente Rosario Murillo, como candidata a la Vicepresidencia, hay voces que alertan que “los mejores años”  del líder sandinista “ya pasaron”, como es el caso del sociólogo, exministro de Educación y analista político, Humberto Belli.

Si Ortega es reelegido no tendrá las ventajas que encontró en el 2007, como unas arcas estatales saneadas, altos precios de materias primas, cerca de US$500 millones anuales de ayuda de Venezuela sin obligación de rendimiento de cuentas, una seguridad ciudadana establecida y fuertes desembolsos económicos del Banco Mundial  (BM) y del Banco Interamericano de Desarrollo  (BID) .

Además, agregó Belli, Ortega tendrá como “espada de Damocles” las sanciones económicas promovidas en Estados Unidos para impedir desembolsos a Nicaragua si no brinda espacios a la democracia, pues una vez aprobadas por el Congreso de ese país generaría un efecto en cascada que acentuarían la pobreza y el desempleo.

La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social  (Funides) estimó que Nicaragua verá frenada su economía a partir del 2018 si las sanciones, conocidas como Nica Act, son aprobadas.

El asesor presidencial, Bayardo Arce, ha insistido en que los críticos de Ortega están equivocados en sus cálculos, ya que Nicaragua tiene una economía sólida.

Unos 4.34 millones de nicaragüenses, de una población de 6.3 millones, están habilitados para elegir el 6 de noviembre próximo a un presidente, un vicepresidente, 90 diputados ante la Asamblea Nacional y 20 representantes ante el Parlamento Centroamericano.