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05/04/13 - 00:00 Justicia

Controversia gira en torno a fallo de Corte de Constitucionalidad

Incertidumbre y controversias giran sobre el desarrollo del juicio por genocidio que se sigue contra el general retirado Efraín Ríos Montt, por el amparo provisional que emitió el miércoles recién pasado la Corte de Constitucionalidad (CC), que ordenó al Juzgado Primero B de Mayor Riesgo que resuelva sobre medios de pruebas ofrecidos por el militar.

A las 9 horas de ayer recibió la notificación el juez Miguel Ángel Gálvez y a partir de ese momento empezó a correr el plazo de 24 horas, que vence hoy, para que las actuaciones del proceso estén en sus manos y dé cumplimiento al fallo de la CC.

Al ser consultado, a las 11.30 horas, Gálvez indicó a Prensa Libre que “el amparo ya está notificado y lo que corresponde ahora es pedir el proceso al Tribunal y dictar la resolución”. Sin embargo, no tramitó la solicitud.

Afirmó que en la resolución no dice que el debate contra Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez deba suspenderse. El juez añadió que en todo caso para hacer la enmienda se solicitaría al Tribunal una copia certificada del proceso para evitar suspender el debate.

Mientras eso sucedía se supo de manera extraoficial que Gálvez envió al máximo tribunal un oficio en donde le informa que él ya no es el juez y que le indiquen qué es lo que procede.

Se logró establecer que el caso fue trasladado ayer al Juzgado Primero A de Mayor Riesgo, pero allí se dio a conocer que se ignoraba lo que ocurría, pues el caso recién llegaba.

Se explicó que el traslado del caso obedecía a que la Sala Primera del ramo Penal había revocado su resolución por medio de la cual se retiró del proceso contra los militares a la jueza Patricia Flores.

En forma paralela, en el Tribunal en donde se desarrolla el juicio contra Ríos Montt y Rodríguez Sánchez, enjuiciados por los delitos de genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad, se cumplió el décimo día de audiencia, en donde desfilaron peritos y testigos, sin que la resolución alterara su curso.

No se suspende el juicio

Según el abogado Danilo Rodríguez, defensor de Ríos Montt, la CC señala un proceso administrativo más que jurídico.

“Es un proceso administrativo que no da lugar a la suspensión del debate, entonces, en mi opinión así es como va a actuar el Tribunal, por eso no dijeron nada hoy y así seguirán”, expresó Rodríguez.

Añadió que esperan el fallo definitivo de la Sala Cuarta de Apelaciones del ramo Penal, el cual deberá suspender indefinidamente la resolución del 4 de febrero del 2013.

Rodríguez mencionó que el proceso contra Ríos Montt es nulo, debido a que con la revocatoria ordenada por la CC a la Sala Primera del ramo Penal, todo el proceso tiene que regresar al Juzgado Primero A de Mayor Riesgo, hasta al etapa preparatoria.

“Entonces, allí es otro terreno el que tenemos que caminar, porque resulta que todo lo que hizo el juez —Miguel Ángel— Gálvez no tiene validez, porque ya se declaró improcedente la recusación, y la consecuencia es que la jueza —Flores— debe conocer a partir de donde dejó el proceso”, dijo el defensor de Ríos Montt.

Explicó que eso significa que se tendría que regresar el caso hasta el 13 de febrero del 2012, cuando se planteó la recusación, a tan solo 17 días de haber ligado a proceso a Ríos Montt por genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad.

“Esto lo que quiere decir es que el debate está condenado al fracaso, porque no tiene ninguna consecuencia jurídica válida lo que hizo el juez Gálvez, y como consecuencia de ello no tiene ninguna validez que haya mandado a juicio a Ríos Montt, y por ende lo que está haciendo el Tribunal es nulo”, reiteró el abogado.

CC señala a juez

El magistrado de la CC Roberto Molina Barreto, ponente, afirmó que el juez cometió una arbitrariedad al no haber aceptado las pruebas presentadas por Ríos Montt y Rodríguez Sánchez.

“Creemos que con esto se enmienda una arbitrariedad, porque eso es lo que hace un amparo, restituir un derecho cuando se ha cometido una arbitrariedad, como era rechazarle estos medios de prueba que oportunamente se ofrecieron”, aseguró Molina.

Refirió que la consecuencia de un amparo “no es del tribunal constitucional que lo decreta”, sino consecuencia de los jueces que en algunas oportunidades cometen arbitrariedades. “Por eso se les obliga a regresar a esa etapa para que enmienden ese error”, dijo el magistrado.

Añadió que por tal razón no se puede decir que la CC está suspendiendo un debate o anulando actuaciones. “Creo que eso es una consecuencia de la arbitrariedad que se cometió en aquella oportunidad —el 4 de febrero del 2013, cuando el juez Gálvez rechazó las pruebas a los militares—”, aclaró Molina.

Para este día se espera que se despejen las dudas en torno a lo que sucederá en el juicio contra Ríos Montt y Rodríguez Sánchez, debido a que empiezan a correr las 48 horas para que se dé cumplimiento a lo ordenado por la CC, y se determinará si se suspende o continúa el juicio sin alteración.

POR BYRON ROLANDO VáSQUEZ /

Juez no sabe qué hacer

Miguel Ángel Gálvez, juez primero B de Mayor Riesgo, dijo ayer: “No se sabe quién va a dictar la resolución, si ella —la jueza Patricia Flores— o yo”, al referirse a la resolución de la Sala Primera del ramo Penal que denegó una recusación presentada por la defensa de Ríos Montt, el 13 de febrero del 2012.

Como consecuencia de ello el caso fue remitido ayer al Juzgado Primero A de Mayor Riesgo.

Al preguntarle sobre que en el fallo de la CC se señala que es él quien debe dar cumplimiento a la resolución, indicó que en todo caso quien debería habilitarlo sería la juzgadora.

Sin embargo, hasta ayer por la tarde aún no se había despejado la incertidumbre de quién será el responsable de dar cumplimiento al fallo del máximo tribunal, pues cada juzgador continuaba con el desarrollo de su agenda normal.

Magistrado debe recibir pruebas

Roberto Molina Barreto, magistrado de la Corte de Constitucionalidad, afirmó que el máximo tribunal ordena que el Juzgado Primero B de Mayor Riesgo debe recibirles las pruebas a los militares José Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez, enjuiciados de genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad.

“La Corte ordena la recepción de los medios de prueba y que devuelva el expediente al Tribunal de Sentencia para lo que corresponda”, dijo Molina.

Al cuestionarlo en torno a que significa “lo que corresponda”, señaló que esto lo deberán resolver los jueces, primero el juez que va a cumplir con la resolución y después el Tribunal de Sentencia, que incluirá las pruebas admitidas.

Molina resaltó que los plazos establecidos por la CC no afectan el desarrollo del juicio, porque son cuatro días.


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