Una de las hipótesis que sostiene el órgano investigador apunta a que algunas de esas muertes violentas se debían a que comerciantes y vecinos de la zona 6 se oponían a pagar la extorsión.

Operaban en La Reinita, Treinta de Junio y el asentamiento Diecinueve de Mayo, en la zona antes mencionada.

En las pesquisas se determinó que en seis meses se habrían cometido los crímenes. El primer caso ocurrió el 25 de enero del 2013, y el más reciente que se les atribuye fue en junio pasado.

En el Juzgado Undécimo Penal se les imputan asesinato y asociación ilícita.