Guatemala

Vinculan en dos casos a esposo de jueza Gil

Dos juzgados del ramo Penal ordenaron al Ministerio Público (MP) que investigue a Óscar Homero Juárez Calderón, esposo de la jueza Flor de María Gil Ovalle, asesinada el 3 de agosto del 2009, en la zona 9, por sus supuestos vínculos con redes de despojadores de bienes inmuebles.

Veinticinco supuestos miembros de la red los Topacio enfrentan proceso por delitos de asociación ilícita y caso especial de estafa, entre otros.

Veinticinco supuestos miembros de la red los Topacio enfrentan proceso por delitos de asociación ilícita y caso especial de estafa, entre otros.

La declaración de Rosario Floridalma Mijangos García, colaboradora eficaz en ambos casos, propició esas pesquisas.

El pasado martes el Juzgado Primero A de Mayor Riesgo indicó a la Fiscalía que debe determinar si Juárez Calderón tiene relación con la estructura los Topacio, formada por 45 personas, entre notarios, testaferros y colaboradores.

Las pesquisas contra esa organización se iniciaron en el 2009. El expediente del caso se identifica con el número 01077-2009-02510.

Según la colaboradora, la organización despojó al menos 50 inmuebles a sus legítimos dueños, entre los cuales podría estar el que propició la muerte de Gil Ovalle, quien descubrió que le fue arrebatada una propiedad. Por el momento la Fiscalía tiene documentados 19 casos de expropiación.

Mijangos García explicó, en una declaración como prueba anticipada, que Juárez Calderón conspiró en la muerte de su esposa. Sin embargo, la supuesta participación de este en los fraudes al Registro General de la Propiedad (RGP) comenzaron al menos tres años antes.

Antecesores

En el Juzgado Segundo Penal se tramita un expediente contra 14 personas, presuntos miembros de una red similar a los Topacio, pero que comenzó sus operaciones en el 2006.

La estructura no tiene nombre, está integrada por notarios y colaboradores, y el expediente en su contra se identifica con el número 01075-2006-03672, en el cual se detalla la expropiación de ocho inmuebles.

Mijangos García refirió en este caso que Juárez Calderón era dueño de una agencia de bienes raíces, la cual le compró algunas propiedades a la red de estafadores y posteriormente las vendió.

Según la colaboradora, Juárez Calderón sabía cuál era la procedencia de los inmuebles. También dijo que eran cuatro las estructuras de notarios que defraudaban el RGP y que el esposo de Gil Ovalle tenía comunicación con todas esas organizaciones.

Crímenes

La juzgadora fue ultimada el 3 de agosto del 2009, en la zona 9, y esa pudo haber sido la razón de que Juárez Calderón se desligara de las acciones de despojos de inmuebles.

Los jueces Carol Patricia Flores y Carlos Aguilar, de los juzgados Primero A de Mayor Riesgo y Segundo Penal, respectivamente, ordenaron investigar la muerte de Gil Ovalle.

La colaboradora expuso que el crimen contra la juzgadora originó que Juárez Calderón se separara del robo de bienes, lo cual generó la ira de los miembros de las estructuras que intentaron matarlo.

Por una confusión murió baleado Homero Juárez Gil, hijo de Gil Ovalle y Juárez Calderón. El hecho se registró el 22 de octubre del 2010. Juárez Gil conducía el vehículo de su padre. El atentado en su contra ocurrió en la colonia Miraflores, zona 11.

Grupo de notarios

Mijangos García también mencionó que las estructuras dedicadas al despojo de bienes inmuebles cuentan con el apoyo jurídico de los 12 Apóstoles, un grupo de 12 notarios a quienes generalmente se acudía para que faccionaran las escrituras de traspaso de las propiedades.

Entre los 12 Apóstoles se encontraba el notario José Mauricio Ovares Heer, quien ya murió.

Fiscalía debe indagar

Otro de los hechos que el Ministerio Público debe investigar es la relación de la banda los Topacio  con la muerte de la abogada Lea Marie de León Marroquín, quien fue asesinada  el 14 de febrero pasado.

La colaboradora eficaz, Rosario Floridalma Mijangos García, dijo que la estructura había despojado una propiedad a la abuela de De León Marroquín, Lea D’Arcy Castañeda de León.

La Fiscalía cuenta con la grabación de una llamada telefónica sostenida por uno de los miembros de la red y un notario que no está ligado al proceso, en la cual los interlocutores hablan sobre el crimen contra De León Marroquín.

Uno de ellos dice que después de la muerte de la abogada sería más fácil quedarse con el inmueble.

ESCRITO POR: