Al grupo se le imputa los delitos de trata de personas, asociación ilícita, promoción, facilitación o fomento de la prostitución y uso de documentos falsificados.

Sus víctimas eran jóvenes de entre 14 y 17 años, que fueron rescatadas en agosto de 2012 durante operativos en la Terminal, zona 4, la zona 11 y Amatitlán.

Investigaciones detallan que la banda era dirigida por Hernández Coj y Hernández Julián, propietarios de negocios que funcionaban como fachadas de venta de licor, comida y hoteles.

Las pesquisas señalan que Cornelio Silvestre Luis Cux intimidaba a las menores con armas de fuego para que no salieran o tuvieran comunicación con sus familiares.

El Ministerio Público determinó que Hernández Cój inspiraba confianza porque era pastor evangélico y viajaba a la provincia, lo cual pudo facilitar el reclutamiento de las menores.

El resto de los sindicados se desempeñaban como encargados de los comercios y facilitaban la explotación de las menores.

Varias de las jóvenes rescatadas estaban embarazadas, como consecuencia de la explotación sexual.

*Con información de Jerson Ramos